Garzarón Vidarte, Francisco de. Cerca de Andosilla (Navarra), c. 1670 – México, 19.VI.1727. Visitador general de los tribunales de Nueva España e inquisidor apostólico del Santo Oficio de la Inquisición de México.
Obtuvo el grado de bachiller en Cánones por la Universidad de Sigüenza (Guadalajara) en abril de 1688. El Consejo de Castilla le aprobó y recibió de abogado de los Reales Consejos en marzo de 1696.
Ese mismo año, el provisor y vicario general del Arzobispado de Pamplona, Francisco Navarrete, le despachó título de prior de la iglesia parroquial de Andosilla (Navarra). De este cargo, que fue nombrado y presentado por Juan Diego Castejón y Peralta, marqués de Falces, tomó posesión el 9 de octubre.
El obispo de Ceuta, Vidal Marín, confiando en las cualidades de Garzarón, lo nombró (12 de junio de 1700) provisor de ese Obispado y teniente de vicario general de la guarnición de esa plaza asignándole un sueldo de 80 escudos mensuales. Unos seis meses después, el prelado le ordenó de presbítero concediéndole licencia para oficiar misa y en junio de 1703 le confió la administración del hospital de esa plaza.
Habiendo sido designado Marín inquisidor general (24 de marzo de 1705), llamó a Garzarón a la Corte para que fuera su secretario de Cámara en los negocios tocantes al Santo Oficio, de cuyo puesto tomó posesión el 3 de octubre. En mayo de 1706 lo propuso para que se le diera algún obispado en Indias.
Lo que se le concedió fue el puesto de inquisidor de México, que pasó a ocupar ese mismo año.
En 1708, gobernando el duque de Alburquerque, innovó Garzarón el estilo que tenía el Tribunal de la Inquisición de cumplimentar al virrey en la festividad de la Pascua, por lo que ante la queja de éste, se le recomendó desde Madrid que respetara la práctica usual. El virrey Linares tuvo un alto concepto de los miembros de ese tribunal y así se lo hizo saber al Soberano.
Fue el siguiente virrey, Valero, quien le dio a conocer a Garzarón (3 de julio de 1716) una Real Cédula de 21 de diciembre de 1715 donde se le elegía para que realizara la visita general a la Audiencia de México y demás tribunales de Nueva España. El fin era remediar el desorden a que había llegado la Administración en ese territorio, circunstancia que, paradójicamente, había sido propiciada por la masiva venta de oficios auspiciada por la Corona.
La comisión llevaba unida la residencia que debía de tomar al oidor Miguel Calderón y el inquisidor tendría que ajustarse a las instrucciones del virrey a quien se le había facultado para tal menester, algo no practicado en visitas anteriores. Esta cláusula originaría desavenencias entre ambos y el visitador pediría repetidamente al Monarca autonomía total para continuar su misión. Haciéndose cargo de la escasez de fondos del Erario por las pasadas guerras (Sucesión), renunció a los 6.000 pesos de sueldo asignados, aceptando sólo 2.000 de ayuda de costa anuales.
La visita comenzó en octubre de 1716 y el primer tribunal que inspeccionó Garzarón fue la Audiencia de México efectuando un minucioso estudio de los libros de ese organismo e interrogando a más de setecientos testigos, a través de cuyo examen pudo verificar que no se guardaba el secreto de lo determinado en los acuerdos y que existía el cohecho, la prevaricación y otras irregularidades, así como que algunos ministros se habían agrupado en dos bandos. Apoyó Garzarón la pesquisa que el fiscal Prudencio Antonio de Palacios estaba realizando por ese tiempo a los oficiales reales de México defendiendo que no habría interferencia de jurisdicción entre ambos, como presagiaba el virrey Valero en su afán por apartar a Palacios de la comisión.
En abril de 1719 formularía el visitador una serie de cargos generales y particulares contra los ministros superiores de la Audiencia (oidores, fiscales, alcaldes del Crimen) mediante los cuales trece de ellos, incluido el decano, quedaron cesados de sus empleos (Valenzuela, Suárez de Figueroa, Oyanguren) y se les impuso una multa de diferente cuantía. Poco después suspendió a un buen número de ministros inferiores (relatores, abogados, procuradores). Al Consejo de Indias llegarían quejas del modo de proceder del inquisidor, de sus “injustas y precipitadas” determinaciones, de la influencia que ejercía sobre él José Joaquín de Uribe, oidor de esa Audiencia, para que actuara en contra de sus compañeros y del caos que se había originado en el virreinato con motivo de la visita. El Consejo aprobó las sentencias dictadas por Garzarón en cuanto a los ministros togados, levantando la suspensión a los demás y Felipe V le dio especiales gracias por “el celo, integridad y buena conducta” con que había procedido.
Estaba Garzarón ocupándose de la inspección a la Real Hacienda cuando el malogrado monarca Luis I le ordenó (20 de junio de 1724) que interrumpiera la visita general e iniciara la visita al Tribunal de Cuentas, Consulado y Oficiales Reales de México con carácter particular. El visitador obedeció este mandato (8 de abril de 1725), pero desistió de continuar alegando una serie de razones, entre ellas, la de que se le degradaba porque el encargo primitivo era más amplio.
También estimaba que Valero, en esas fechas presidente del Consejo de Indias, podía interferir en la misma por ser partidario de que se cancelara. La respuesta de la Cámara de Indias a la renuncia y declaraciones de aquel fueron duras. Al reciente virrey, Casafuerte, satisfecho de la actuación del visitador a quien había respaldado desde su llegada, le sorprendió esta dimisión. Felipe V le ordenaría a Garzarón (30 de marzo de 1726) que continuara con la visita.
El inquisidor no terminó el reconocimiento al Erario, enfermo y débil desde octubre de 1726 —también decepcionado—, se había recluido en la hacienda de Santa Mónica, a las afueras de México, a tratar de recuperarse de sus dolencias. Solicitó del Rey (mayo de 1727) que, una vez que finalizase los autos empezados, le permitiera marcharse a Andosilla por tener allí un corto estipendio y la benignidad del clima, pidiéndole, a su vez, una ayuda de 6.000 pesos para él y sus cuatro acompañantes. Murió pocas semanas después, cuando era obispo electo de Oaxaca, ministerio que se le había concedido en premio a sus servicios y por iniciativa de Casafuerte. Tras su fallecimiento, el Tribunal de Cuentas de México quiso empañar su memoria. El virrey defendió su “inflexible integridad” y el Consejo de Indias ordenó que se le diera una severa reprimenda a los del Tribunal por sus acusaciones.
Fuentes y bibl.: Archivo General de Indias (Sevilla), Escribanía de Cámara, 278 A,B y C; 280; Indiferente General, 214; México, 377; 494; 670A; 788.
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Ascensión Baeza Martín