Medina y García, Diego. Montoro (Córdoba), 3.III.1866 – Córdoba, 3.II.1942. Magistrado, jurista y presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Estudió las primeras letras en su pueblo natal y cursó el bachillerato como alumno interno del Colegio de Nuestra Señora de la Asunción del instituto provincial de Córdoba. A continuación se trasladó a Madrid, en cuya Universidad Central se licenció en Derecho en el mes de julio de 1886, cuando contaba sólo veinte años. Si bien su familia nada tenía que ver con el mundo del Derecho, sí su familia política, pues el padre y el tío de su esposa fueron Antonio Garijo Lara y Santos de Isasa y Valseca, magistrados ambos del Tribunal Supremo y presidente del Alto Tribunal respectivamente.
Tras su licenciatura, en julio de 1886, fue nombrado oficial de 1.ª Clase de la Administración, con destino en la provincia de Valencia y sin llegar a tomar posesión, por Real Orden de 18 de julio del mismo año fue promovido a oficial de 2.ª Clase, auxiliar de cuartos del Ministerio de la Gobernación. También fue auxiliar de la de terceros en la Dirección General de Administración Local y secretario del Gobierno Civil de Cáceres.
El 2 de agosto de 1890 fue nombrado aspirante a la judicatura con el número dos en la escala del Cuerpo.
El 2 de abril de 1891 fue nombrado en turno primero juez de primera instancia de Fuente de Cantos.
Con fecha 13 de julio siguiente se trasladó, a su solicitud, a Archidona, y, nuevamente, con fecha de 19 de agosto de 1892, igualmente a su instancia, tomó posesión del juzgado de Lora del Río. Luego llegaría el juzgado de Montilla (1893), de donde fue promovido a la plaza de abogado fiscal en la Audiencia de Badajoz. El año 1901 fue nombrado teniente fiscal en la Audiencia de Lérida y al año siguiente abogado fiscal en la de Granada, donde prestó sus servicios algunos años. En 1906 fue trasladado esta vez a Barcelona como abogado fiscal y al año siguiente a la Audiencia de Madrid. Cuatro años después, promovido por la Ley de Presupuestos a la sazón vigente, cambió dentro de la Audiencia de Madrid y de aquí, en el año 1919, fue promovido a fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla. El día 11 de julio de 1919 (Gaceta de Madrid, 13 de julio), fue nombrado abogado fiscal del Tribunal Supremo.
Un par de años después le llegó el nombramiento de fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona (Gaceta, 6 de abril) y el día 19 de mayo de 1923 el rey Alfonso XIII, siendo ministro de Gracia y Justicia el conde de Romanones, firmó su traslado de fiscal a la Audiencia Territorial de Madrid. En el año 1923, y a propuesta de la Junta Organizadora del Poder Judicial, fue promovido a magistrado del Tribunal Supremo, sirviendo además en determinados asuntos de interés en la vida judicial en funciones de juez especial y como inspector fiscal en dicho Alto Tribunal.
Sus ascensos en la carrera judicial siguieron y con fecha de 13 de octubre de 1930 fue promovido a la plaza de presidente de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, vacante por defunción de Mariano Avellón.
Su nombramiento aparece en la Gaceta el 14 de octubre de 1930 y lo firman Su Majestad el rey Alfonso XIII y el ministro de Gracia y Justicia José Estrada y Estrada. Finalmente, en el año 1931, el presidente del Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá-Zamora, firmó un Decreto con fecha de 7 de mayo, por el que se le nombró presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por jubilación de José María Ortega Morejón. En la Gaceta del 13 de julio de 1933 —vista la propuesta de la Asamblea a que se refiere el artículo 96 de la Constitución de 1931—, el presidente de la República nombró presidente del Tribunal Supremo a Diego Medina García.
Diego Medina fue un excelente profesional de la magistratura, como puede apreciarse tanto en los discursos leídos con motivo de la apertura de los tribunales (así el de 15 de septiembre de 1933 —que parece ser, tuvo que preparar precipitadamente por relevo del ministro de Justicia, Albornoz— y el de 16 de septiembre de 1935) como en muchas de sus excelentes ponencias (sentencias, entre otras muchas, de 22 de marzo de 1924, 3 de mayo de 1924, 29 de septiembre de 1925, 24 de junio de 1926, 25 de septiembre de 1926, 28 de septiembre de 1926, 25 de noviembre de 1926, 14 de noviembre de 1927 y muchas más), en las que se pone de manifiesto su sentido de la independencia judicial, que es donde, precisamente, radica la efectividad de la Justicia. Es destacable su ponencia de 14 de noviembre de 1927 referida al jurado en materia civil que tiene un único considerando, en el que se aprecia la finura jurídica de Diego Medina.
Como presidente del Tribunal Supremo le tocó vivir momentos muy difíciles, que desembocaron en la Guerra Civil Española. Se vio involucrado en el Consejo de Guerra y procedimiento sumarísimo ordinario 2/198, instruido contra el Personal de Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo del que fue juez instructor el coronel de Caballería Manuel Chacel y Norma. La sentencia de 15 de diciembre de 1939, por un presunto delito de rebelión militar, condenó a Diego Medina y García a siete años de inhabilitación especial para cargos públicos. Fue visto por el auditor militar Eugenio Percio y con el “Conforme” del general jefe Saliquet.
Obras de ~: La Justicia en la Constitución Republicana y la Ley Orgánica: la independencia de los Jueces y la Inspección de Tribunales [discurso de apertura de los tribunales leído en sesión solemne el día 15 de septiembre de 1933], Madrid, Editorial Reus, 1933; La Justicia según la Constitución de 1931 [discurso de apertura de los tribunales, en sesión solemne el día 16 de septiembre de 1935], Madrid, Reus, 1935.
Bibl.: M. Criado Hoyo, Apuntes para la Historia de la Ciudad de Montoro, Córdoba, Diputación Provincial, 1983.
José Manuel González Porras
