Martínez de Villela, Ignacio. Calcena (Zaragoza), 4.VI.1749 – Aranjuez (Madrid), 12.V.1827. Magistrado, consejero de Castilla, de la Cámara y de la Suprema, diputado y gobernador del Consejo de Castilla.
Se doctoró en ambos Derechos por la Universidad de Zaragoza. Con veinte años, realizó una brillante oposición a la canonjía doctoral de la catedral cesaraugustana, de cuyas resultas el arzobispo le otorgó una beca para el colegio de San Clemente de Bolonia.
Allí permaneció seis años y el Senado de Bolonia le confió una cátedra de Cánones. En 1778 volvió a España y al año siguiente fue nombrado alcalde del Crimen y de hijosdalgo de la Chancillería de Granada, ascendiendo siete años más tarde a una plaza de oidor de la misma. En el quinquenio de 1790 a 1795 desempeñó arduas e importantes comisiones. Se encargó de la dirección de la Casa de Corrección de los Cayetanos, conocida como “los Toribios”; fue juez protector de los hospitales de San Lázaro y de Nuestra Señora del Pilar, llamado “de los tiñosos”; ocupó la Real Junta de Caminos, la presidencia de la Junta de Comercio y Moneda, Minas y Tesoros, y la presidencia de la Mesta, de la Cartuja y de la Real Maestranza.
Fue también asesor y juez nombrado por la Junta Suprema de Estado de todas las comisiones destinadas a la persecución de contrabandistas y subdelegado general de rentas de todo aquel reino, con facultades para proceder por sí solo contra los contrabandistas y contra todos los dependientes así de oficinas como de resguardos. Visitó todas las oficinas y resguardos de rentas reales de Málaga y Vélez, reasumiendo enteramente la jurisdicción de la Real Hacienda, con la que hizo que sin extorsión ni gastos de los pueblos se cobraran muchos millones que se le adeudaban.
Durante los años 1793 y siguientes se le encargó la revisión de todas las causas criminales del territorio y la formación de una leva general, para lo cual destinó, para el servicio de las armas, a más de siete mil hombres. También fue comisionado por el Rey para investigar las causas de un atentado ocurrido en Coín y para limpiar aquella tierra de la multitud de contrabandistas y forajidos que había en ella, apadrinados por su justicia.
Una vez convertido en alcalde de Casa y Corte, se le atribuyó la judicatura de vagos, restableciéndose así este juzgado que había extinguido el ministro Urquijo.
Como alcalde se encargó del pósito, que abastecía a Madrid en tiempo de escasez de trigo y mala calidad del pan, así como de las testamentarías del infante don Luis y de la duquesa viuda de Medinaceli.
En 1803 ascendió a consejero de Guerra honorario, encargándosele la intervención de la casa de Osuna y por muerte de este duque la de su testamentaría.
Manuel Godoy le confió a mediados de diciembre de 1807 la Superintendencia General de Policía, a la que se añadió una plaza de consejero de Castilla. En ese siempre escabroso, difícil y peligroso empleo, se condujo de modo que no tuvo tropiezo con nadie. Suprimida la Superintendencia, en el primer breve reinado de Fernando VII, el Consejo le comisionó junto a otros dos ministros el embargo y secuestro de los bienes del referido Godoy. El 19 de mayo de 1808, el ministro de Justicia Piñuela expidió una orden del gran duque de Berg, lugarteniente general del reino, y de la Junta Suprema de Gobierno, por la que se convocaba para el 15 del mes siguiente en Bayona a una diputación de ciento cincuenta personas, compuesta del clero, nobleza y estado general, que ha de tratar sobre la “felicidad” de España. El Consejo de Castilla nombró a cuatro de sus miembros: Sebastián de Torres, Martínez de Villela, que se encontraban en Bayona el 19 de mayo, Gonzalo José de Vilches, que vetado por Murat fue sustituido por Manuel de Lardizábal, y José Joaquín Colón. En Bayona, el 17 de junio tres de estos consejeros, excepto Martínez de Villela, presentaron un dictamen de tono claramente conservador en el que abogaban por conservar el Tribunal del Santo Oficio como medio útil para mantener la unidad de la religión católica consagrada en el proyecto de la Constitución. El 8 de julio, los cuatro consejeros aceptaron el texto definitivo, al que no se habían incorporado sus reflexiones, jurando fidelidad y obediencia al rey José, a la Constitución y a las leyes.
Villela será más tarde elegido, junto al príncipe de Castelfranco y al alcalde de Casa y Corte Marcelino Pereira, para ir a Aragón a aquietar los focos insurrectos que había en dicho reino. Evacuará su comisión extendiendo una circular de la Junta extraordinaria de Bayona, a cuyo fin llevaba multitud de ejemplares impresos de los que se repartieron algunos pocos.
Francia se fijaría en él para desempeñar un ministerio y así, un decreto del 25 de julio de 1808 le nombraba miembro del Consejo de Estado josefista, puesto al que renunció. Villela representó a la Junta de Gobierno su intención de no ir a Bayona, declarando que había actuado bajo la fuerza y dominación francesa.
El 1 de agosto las tropas imperiales abandonaron Madrid y el Consejo de Castilla le encargó el 19, junto a Arias de Prada, el embargo y secuestro de los bienes de aquellos españoles que se habían ido con el rey intruso, a consecuencia de lo cual intervendrán las casas de Frías y Campo Alange. El 15 de octubre se presentó un memorial a la Suprema Junta Central instalada en Aranjuez solicitando poder aclarar su conducta acerca de su viaje a Bayona y a Aragón, para que aquélla diera un testimonio público de su inocencia. La Junta Suprema recibiría benignamente esta súplica, pero la inesperada y repentina vuelta de los enemigos el 4 de diciembre a Madrid suspendería el curso del juicio principiado en el Tribunal de Vigilancia.
Su casa fue objeto de robo, él fue encerrado en el Retiro y más tarde conducido entre bayonetas a Francia. Volvería, sin embargo, a Madrid por haberse revocado el decreto de su alejamiento de la Corte. Las operaciones que realizó Villela en favor de Francia, que fueron públicas y notorias, escandalizaron a la nación y en Cádiz el Tribunal de Seguridad Pública continuó el expediente para averiguar si su conducta era objeto de infidencia y traición. El fiscal del Tribunal, considerando que Villela no se había portado con un patriotismo heroico contra el tirano opresor de la libertad y del legítimo Soberano, dictaminó su jubilación. El 27 de mayo de 1809 se dictó sentencia, publicada en la Gaceta del Gobierno del 7 de julio del mismo año, en la que se declaraba no resultar cargos contra Villela por los que pudiera ser reputado de infidente y que este procedimiento no debía perjudicar su buen nombre.
La Suprema Junta Gubernativa decretó, el 25 de junio de 1809, la creación del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, denominado Consejo Reunido, en lugar de los hasta entonces existentes Consejos de Castilla, Indias, Órdenes y Hacienda, y del que formará parte Villela. El Consejo de Regencia, por otro decreto de 21 de septiembre de 1810, reimplantó los antiguos Consejos, y Villela pasó a integrar el de Castilla. Las Cortes de Cádiz liquidaron el 17 de abril de 1812 los Consejos —entre ellos el de Castilla— y erigieron en su lugar el Supremo Tribunal de Justicia. Solamente dos ex consejeros de Castilla serán nombrados a consulta del Consejo de Estado del 14 de mayo para el nuevo Tribunal: José María Puig y Antonio Ignacio de Cortabarría. Martínez de Villela pasó a tener la condición de cesante, conservando sus honores y percibiendo el mismo sueldo que tenía.
El 15 de octubre de 1811 las Cortes resolvieron suspender en el ejercicio de sus funciones a catorce ministros —entre ellos a Villela— del Consejo de Castilla por haber acordado una consulta en la que presuntamente se dudaba de la legitimidad, autoridad y validación de los decretos de las Cortes, y que incorporaba observaciones sobre algunos artículos de la primera parte del proyecto de Constitución. El Tribunal Especial, creado al efecto por las propias Cortes dos días después, sentenciaría la causa el 29 de mayo de 1812 declarando a los consejeros libres de toda culpa y cargo. Suprimido en Cádiz el Consejo Real, permaneció sin destino hasta que fue elegido por sus paisanos aragoneses diputado a Cortes, cuyo cargo desempeñó dejando consignados sus principios bien opuestos a las novedades que se establecían.
El año 1814, con el regreso del Rey fue nombrado presidente de la Junta de Estado, creada para formar las causas de acusación a los diputados y a otros liberales.
Cuando Fernando VII llegó a Madrid y restableció la Sala de alcaldes de Casa y Corte, fue nombrado gobernador de ella, si bien el 4 de julio de 1814 fue exonerado de ese gobierno a causa de sus continuas indisposiciones, ocupando su lugar Benito Arias de Prada.
Una Real Orden del 9 de marzo de 1815 ordenó que las dos Juntas de los Montepíos del Ministerio y Reales Oficinas volvieran a separarse, y que se restablecieran en el mismo pie en que estaban en 1808.
En su cumplimiento se instaló la primera Junta del Montepío del Ministerio el 30 de abril, que estaba integrada por el presidente del Consejo Supremo de Castilla, duque del Infantado, y por los consejeros Ignacio Martínez de Villela, el de Castilla, Manuel María Junco, el de Indias, Diego López Vadillos, el de Órdenes, y Pedro Nicolás del Valle, el de Hacienda.
El 22 de mayo de 1815 solicitó plaza del Consejo de la Cámara y el 16 de octubre del año siguiente obtuvo los honores de ministro de ese Consejo. El día 26 de junio se presentaron a besar la mano del Rey y la de su hermano el infante Carlos María, Ignacio Martínez de Villela; Tomás Arias, auditor del Tribunal de la Rota; José Duaso, capellán de honor real; Manuel Abella, y el barón de Castiel, oficiales de la primera secretaría de Estado y del Despacho, todos ellos comisionados por la Universidad de Zaragoza para agradecer a ambos haberse dignado a acceder a la solicitud para que el infante fuese protector de dicha universidad. También el 23 de diciembre tendría la honra de felicitar a Fernando VII por su enlace con María Isabel de Braganza la Universidad de Zaragoza por medio de una diputación compuesta por Pascual Vallejo, consejero honorario de Estado y ministro plenipotenciario de Su Majestad en Suiza, así como por los consejeros de Castilla Ignacio Martínez de Villela y Nicolás María de Sierra, y Tomás de Arias, auditor del tribunal de la Rota y canónigo de la metropolitana de Zaragoza.
En 1818 se le confirieron plazas en la Cámara de Castilla y en el Consejo de la Inquisición. A finales del año siguiente recibió el encargo del Rey de averiguar la autoría de la suplantación de las órdenes, que bajo la firma supuesta del inspector general de milicias el marqués de Villanueva de Duero, conde de Villariezo, se hicieron llegar, con fecha 22 de noviembre del mismo año, a los coroneles de los Regimientos provinciales, previniéndoles sobre el cumplimiento de un supuesto decreto real del día anterior, e instándoles a que tomaran las armas lo más pronto posible en sus respectivas capitales. Villela tuvo ante sí una comisión muy complicada y se vio obligado a publicar en la Gaceta de Madrid que se concedería un premio de 300.000 reales de vellón, así como un empleo de 30.000 reales de renta anual, al que delatara al autor o a algunos de los autores del expresado delito.
Instaurado el Trienio Liberal pasó a ser cesante del extinguido Consejo de Castilla, permaneciendo apartado de los negocios. El 9 de mayo de 1820, obtuvo licencia para pasar a Aragón a recuperar su salud quebrantada.
Fijó su residencia en Xea de Albarracín, donde tenía sobrinos que le ayudaron en su notoria escasez de medios. En enero de 1821, después de la oportuna licencia, se trasladó a Leganés. Finalizado el Trienio y restablecido el Consejo de Castilla, Villela fue nombrado gobernador del mismo el 2 de diciembre de 1823, vacante por renuncia del presidente el duque del Infantado. Al final de su vida obtendrá los honores de consejero de Estado.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Consejos, legs. 11.887 y 51.433; Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, leg. 4576/494.
Gazeta de Madrid, 24 de mayo de 1808; 26 de julio de 1808; 6 de junio de 1815; 1 de julio de 1815; 23 de enero de 1817; 11 de diciembre de 1819; 4 de diciembre de 1823; 30 de junio de 1827 (ed. en Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1970); Actas de la Diputación general de los españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808, Madrid, 1864; Actas de las sesiones de la Legislatura ordinaria de 1813, Madrid, 1876; Actas de las sesiones de la Legislatura ordinaria de 1814, Madrid, 1876; C. Sanz Cid, La Constitución de Bayona, Madrid, Editorial Reus, 1922; Documentos del reinado de Fernando VII, III. Arias Tejeiro (1828-1831). Diarios (1828-1831), introd. y notas de A. M. Berasaluze, vol. I, Pamplona, Universidad de Navarra, 1966; S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, Ediciones de la Diputación, 1986; P. Chavarri Sidera, Las elecciones de diputados a las Cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988; R. Gómez-Rivero, El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999.
Ricardo Gómez-Rivero
