Mena y Cortés, Diego Ventura de. Conde de Buenavista Cerro (I). Belmonte (Cuenca), 1772 – VI.1814. Diputado.
Hijo de Bernarda Cortés y de Miguel Gregorio de Mena, regidor de Puebla de Don Fadrique por derecho de su mujer, que era hija de Antonio Cortés y Salazar, regidor de Puebla de don Fadrique, y de Francisca Parreño y Ruiz de Alarcón. Por el lado paterno, Diego Ventura de Mena era nieto de Ignacio de Mena y Cantero, y de Catalina de Perea y Montoya, natural de Barchín, en las cercanías.
El 10 de diciembre de 1794, ingresó en la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Fue colegial en 1803 del seminario de nobles de Madrid y siguió la carrera de las armas. Casó con María Antonia de la Quintana, natural de Madrid, hija de María Francisca Recacoechea Arriguibar y de Francisco de la Quintana y Pando, de origen cántabro avecindado en Bilbao, de sus familias principales en industria y comercio.
Tuvieron descendencia en Juan Ignacio de Mena, también colegial del mismo y maestrante de Ronda, que casó con Josefa Sandoval y Lara; además de cuatro hijas. Felisa —mujer del coronel Joaquín María Melgarejo y Espinosa, natural de Iniesta y colegial también de aquel—, María del Carmen —casada con Francisco de Paula Sandoval y Melgarejo, señor de Jacarilla en Alicante—, María Dulce y Micaela Mena y de la Quintana.
En 1803 también compró el título de Castilla de marqués de Monteverde bajo Real Facultad a Juana de Ugarte y San Pelayos, viuda de Juan Antonio Perea, segundo titular de la merced, vecino de Durango, para que ésta pudiera emplear el importe de la venta en pagar a la Real Hacienda los débitos de media anata y lanzas. Cuatro años más tarde le fue concedido el cambio de denominación a conde de Buenavista Cerro, que escogió tras la cancelación del vizcondado previo de Casa Mena, añadiendo como lema personal a su heráldica de familia: “Mena por la sangre, Buenavista por el Rey”.
Acudió como diputado por la provincia de Cuenca a las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, siendo elegido el día 11 de febrero de 1810 por once votos de los dieciocho posibles de los electores correspondientes en las Salas Consistoriales, según la Instrucción del primer día de ese año y se le otorgó su poder el 13 de febrero, jurando y tomando posesión de su cargo el día 24 de octubre de 1810, en sesión nocturna y secreta.
A finales de 1810, se instaló en la calle de los Cobos, número siete de Cádiz. Expresó respecto del aprovisionamiento de las tropas, que la tarea más importante que entonces tenían las Cortes no eran otras que salvar a la Patria y la subsistencia y provisión de los ejércitos. En su intervención del 18 y 19 de diciembre de 1810, lamentó la orden por la que se mandaba al general Castaños, regente que había sido, abandonar la Isla y Cádiz, añadiendo no se debió declarar sin haber sido oído previamente y, además, que debería apartarse del Congreso a José María Puig, del extinguido Consejo de Castilla y regente interino en lugar del ausente jefe de escuadra Gabriel Ciscar, por haber jurado al intruso rey José, aunque hubiera sido bajo amenaza de prisión como alegó en su defensa, pero tras la discusión quedó con sólo su voto en contra.
Pocos días después, el 25 y 26 de diciembre, en su interés por buscar recursos y economizar gastos, propuso que se tratase de buscar una contrata para procurar abastecimientos y, ante los problemas surgidos con los comerciantes gaditanos, acusó a éstos de intrigar ocultamente, ya que no estaban interesados en que se abaratasen los precios de unos productos que ya tenían previamente contratados. Llegó incluso a ofrecer cincuenta mil fanegas de trigo, “con rebaxa de consideración”, lo que hace suponer su disponibilidad para hacer negocios, en línea de la parentela de su mujer, muy principales en las Vascongadas, pese a que luego afirmara que los diputados no deberían tratar de sus dietas, ni cobrarlas en tiempos de tanta carestía.
Fue uno de los diputados que reiteradamente se opusieron al traslado de las Cortes a Cádiz, a pesar de hallarse la Isla de León con epidemia de peste y peligro de invasión por parte de las tropas francesas que la cercaban. Cuando, finalmente, se aprobó, en la sesión secreta del 10 de enero de 1811, la propuesta de Villafañe para el traslado definitivo, hizo que constara en acta su voto contrario con gruesas palabras. Dos días después, ante la determinación de sus ofendidos diputados de que abandonarían las sesiones para no volver si se mantenían, se vio obligado a hacer una aclaración de arrepentimiento, solicitando que se borrasen de las actas, añadiendo que nada tenía “contra el pueblo de Cádiz, ni su ánimo era agraviar a nadie y que por lo mismo con el mayor gusto y para evitar etiquetas, retiraría su voto escrito y entregaría otro ‘dulcificado’ como así realmente hizo, si bien afirmaba que para mayor seguridad se debería buscar otro lugar, a Poniente y bajo custodia del ejército de Galicia, o en Levante, a seguro del de Aragón, dándose así por concluido el asunto. De este modo, se tomaron las oportunas medidas para ocupar el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, cuya habilitación suponía poco costo y donde se pudo celebrar ya sesión el 24. No sin alguna objeción de los más escrupulosos por considerar era templo consagrado, inapropiado para usos mundanos.
Las Cortes le concedieron una licencia de cuatro meses para volver a Cuenca. Tras su regreso, se instaló en la calle Sacramento de Cádiz, número 254, y, el 8 de marzo de 1813 en que se aprobó la propuesta de Calatrava sobre una Regencia sin diputados, declaró que aquello era “nulo y de ningún valor”, provocando, por ello, “un murmullo extraordinario”.
Cuando tratando sobre el reglamento para el gobierno de las provincias, intervino para que se pusiera límite a la autoridad de los jefes políticos, y se reglamentase la cuota de multa que podían imponer, sin determinar aún, pues de no tenerse en cuenta “se va á establecer el más cruel despotismo”. Y, finalmente, en el asunto de la duda sobre la legitimidad de la diputación de Jiménez del Hoyo, el procurador general tachó su intervención de “arrebato indecoroso”, concluyendo con que “debía haberse portado con la moderación que se le supone y no con la indecencia de hecho que sólo el público presencia”. De pensamiento absolutista, fue uno de los firmantes de la Constitución, aunque sus intervenciones se caracterizaron por suscitar polémica, razón por la cual continuamente se quejaba de ser insultado dentro de las Cortes por el público asistente.
Con la reacción absolutista de 1814 se erigió en delator de los más significados diputados liberales, siendo uno de los veintiún diputados que informaron a los jueces de Policía, entre mayo y junio de 1814, sobre la conducta de aquellos diputados que en las Cortes habían sido “causantes de los procedimientos contra la soberanía de S.M.”, si bien fue junto con Aner, los dos únicos informantes que no sacaron beneficio personal alguno de la nueva situación, pues el conde de Buenavista Cerro, “a pocos días murió en Belmonte de un insulto que le acometió en la misma noche y a la misma hora en que se estaban prendiendo con grande aparato varios sujetos”, según afirma Joaquín Lorenzo Villanueva en sus Apuntes. Su viuda reclamó a la Real Hacienda los 100.000 reales de vellón que se estaban debiendo a su marido por dietas atrasadas de cuando acudió a Cortes, añadiendo que era la razón por la que no había pagado los veinticuatro mil setecientos cincuenta que estaba debiendo por derechos de la media anata de su marido, en referencia a parte de los obligados por la concesión del título de conde de Buenavista Cerro.
A la sucesión de esta merced en su hijo Juan Ignacio de Mena, se ordenó por Real Orden de noviembre de 1817 que se le entregara con el descuento que resultaba.
La primogenitura de la casa, luego de pasar por los linajes de Melgarejo y Sandoval, quedó en los Martínez del Peral, marqueses de Valdeguerrero y vecinos de San Clemente.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sección Consejos Suprimidos, sig. 11590, año 1807, Expediente sobre duda del pago de media anata por don Diego Ventura de Mena, causada por la merced de títulos de Castilla con la denominación de vizconde de Casa Mena, cancelado, y de conde de Buenavista-Cerro, en los cuales se transformó el título de marqués de Monteverde, que poseía doña Juana de Ugarte y San Pelayo, a la cual, por despacho de 3 de octubre de 1803, se concedió facultad para que pudiese venderlo y emplear el importe de la venta en pagar a la Real Hacienda los débitos de media anata y lanzas; Universidades, 667, exp. 55; Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 1 n.º 10; Archivo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.
J. L. Villanueva, Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes. Ejecutado en mayo de 1814. Escritos en la cárcel de la Corona, Madrid, Imprenta de Diego García Campoy y Cía., 1820, pág. 133; Congreso de los Diputados, Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870; R. Comenge, Antología de las Cortes de Cádiz, t. II, Madrid, Congreso de los Diputados-Imprenta de J. A. García, 1912, pág. 736; J. M.ª García León, Los diputados doceañistas, ts. I y II, Cádiz, Ayuntamiento, 2006, págs. 289-290 y págs. 593-594, respect.; M. Parada y Luca de Tena, marqués de Peraleja, “Diputados por la Provincia de Cuenca en las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz. Años de 1810 a 1813”, en Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, vol. XII (2009-2010).
Manuel Parada y Luca de Tena, marqués de Peraleja
