Navarro Vidal, José. Albaida (Valencia), 1754 – Madrid, 31.I.1824. Consejero de Castilla y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Fue hijo de José Navarro y Tormo y de Ana María Vidal; un tío suyo, Tormo, fue obispo de Orihuela. Obtuvo los grados de bachiller (1771) y de doctor (1772) en Leyes por la Universidad de Valencia. En 1775 ingresó como abogado en la Audiencia de Valencia y al año siguiente en el Colegio de Abogados de Madrid. Ejerció en 1782 la abogacía de pobres de las cárceles reales de la corte. En la Academia de Santa Bárbara de Madrid los pretendientes a cargos públicos acostumbraban pronunciar discursos y por ello Navarro disertó sobre las rentas del Reino de Valencia, el derecho de amortización, el lujo y la historia de la abogacía. Comenzó su carrera judicial en 1788, al ser nombrado para una alcaldía del Crimen de la Audiencia aragonesa. Más tarde ascendió a una plaza de oidor de la Audiencia de Valencia, vacante por muerte de José Ruiz Santos, para la que fue nombrado el 29 de julio de 1792. En 1794 se le concedió la antigüedad y sueldo, 36.000 reales anuales, de alcalde de Casa y Corte. En 1795 ocupó una alcaldía supernumeraria de este tipo y al año siguiente una numeraria. Cuando fue alcalde de Casa y Corte contrajo matrimonio, el 30 de octubre de 1797, con Elena Núñez de Haro y Ortega, natural de Albacete, hija de García Núñez de Haro y de Elena Ortega.
Un decreto rubricado por Carlos IV el 5 de septiembre de 1802 le otorgó una plaza en el Consejo Real. Detrás de este ascenso se encontraba la mano protectora de Godoy. El 13 de enero de 1808 recibió honores de la Cámara. Formó parte de la Junta Suprema de Gobierno, presidida por Murat, siendo uno de los firmantes de la proclama de ésta del 3 de junio, en la que se exhortaba a los españoles a deponer las armas. Las últimas tropas napoleónicas abandonaron el Retiro el 1 de agosto de 1808. A finales de mes, el pueblo intentó matarle al sospechar que colaboró con José Bonaparte. La Junta de Tranquilidad le aconsejó entonces que, por su seguridad, abandonara Madrid, a lo que se negó. El 2 de septiembre, el Consejo de Castilla le encargó que reuniera en Madrid todos los efectos que habían abandonado las tropas francesas en su huida a Burgos. Por el decreto imperial del 4 de diciembre de 1808, Napoleón destituyó a los consejeros de Castilla. El 8 del mismo mes, fueron arrestados el decano Arias Mon y el fiscal Jerónimo Díez. Dos días más tarde, no obstante el decreto imperial, el Consejo de Castilla celebró una reunión a la que asistieron veinte miembros, entre ellos Navarro. La madrugada del 14 de enero de 1809, ante la llegada de una patrulla francesa a su casa para detenerle, se fugó por una puerta colindante a la de otro vecino, y volvió a conseguir burlar a esas tropas el 20 en Madrid, vestido de arriero. A través de veredas abandonadas y montes alcanzó la ciudad de Huete, donde se escondió en casa de su cuñado Joaquín Chacón. Una vez el enemigo francés ocupó el Alcázar de esa ciudad, se refugió en la Alcarria. En febrero fue a Tarazona y, por la carretera, a Córdoba. Desde esta ciudad, el 29 de marzo, pidió licencia para acercarse a Sevilla. El Tribunal de Seguridad, al que se le asignó este asunto, indicó entonces que esperase en Córdoba la resolución. El 19 de abril, finalmente, la Junta Central le confinó a la ciudad de Carmona, donde se le mantuvo hasta que justificara una conducta patriótica. Navarro consiguió acreditar su fidelidad y adhesión al legítimo gobierno. El Tribunal de Seguridad, siguiendo el dictamen de su fiscal, sentenció la causa de Navarro el 11 de octubre. Acordó sobreseer la causa, ya que no se encontraron pruebas en su contra ni motivos que perjudicasen su buena opinión y patriotismo. Poco tiempo después se despachó un decreto por el que se jubilaba a Navarro con honores y medio sueldo. La Junta Suprema Gubernativa resolvió, sin embargo, en enero de 1810, que no se llevara a efecto tal decreto.
El Consejo de Regencia, por Decreto de 21 de septiembre de 1810, reimplantó los antiguos Consejos —suprimidos el 25 de junio del año anterior—, y Navarro pasó a integrar el de Castilla. Las Cortes de Cádiz liquidaron el 17 de abril de 1812 los Consejos —entre ellos el de Castilla— y erigieron en su lugar el Supremo Tribunal de Justicia. La regencia del reino, por consulta del Consejo de Estado del 8 de julio de 1814, le nombró, el 21 del mismo, uno de sus magistrados, destino que sirvió hasta 1814, momento en que Fernando VII extinguió este Consejo y repuso el de Castilla. El Rey, aun conociendo que Navarro era un vehemente partidario del sistema constitucional, no tuvo por conveniente reintegrarle en su destino de consejero de Castilla, y fue avisado el 9 de junio de 1815 de que se le concedían 18.000 reales anuales por vía de retiro, pagados del fondo del papel sellado. Realmente debía disfrutar de 40.000, que era lo que cobraban los de su clase. Navarro no obtuvo destino alguno desde el año de 1814, en que fue suprimido el Supremo Tribunal de Justicia, hasta 1820. Jurada por Fernando VII en marzo de ese año la Constitución de la Monarquía y repuesto el Tribunal Supremo, fue el 14 del mismo mes reintegrado en la plaza que obtuvo. El 14 de noviembre de 1822 se le concedió una licencia de cuatro meses para restablecer su salud, deteriorada por una fuerte fluxión. El 7 de marzo del año siguiente se le volvió a conceder una nueva licencia de cuatro meses.
A su muerte fue enterrado en el cementerio extramuros de la puerta de Toledo de Madrid. La Junta del Montepío del Ministerio le concedió a su viuda —no tuvieron hijos— una pensión de 12.000 reales anuales. En 1827 Elena Núñez vivía en la calle Jorquera, n.º 23, de Madrid.
Obras de ~: Oración inaugural sobre la Historia de la Abogacía, premiada en la Real Academia del Derecho español y público, bajo la invocación de Santa Bárbara, Madrid, Viuda de Ibarra, 1785.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 11.887; Ministerio de Hacienda, leg. 2.051.
Gazeta de Madrid, 7 de julio de 1808; G. Desdevises du Dezert, “Le Conseil de Castille en 1808”, en Revue Hispanique, vol. XVII (1907), págs. 66-378; S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, Ediciones de la Diputación, 1986; R. Gómez Rivero, El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999; P. Molas Ribalta, La Audiencia borbónica del reino de Valencia (1707-1834), Alicante, Universidad, 1999.
Ricardo Gómez Rivero
