Herrero Prieto, Matías. Villafrades de Campos (Valladolid), 1775 – c. 1846. Consejero de Castilla y magistrado del Tribunal Supremo de España e Indias.
Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Se examinó de abogado y aprobó en 1800 en la Real Chancillería de Valladolid. Inició su carrera al servicio de la Administración con el desempeño de la tenencia general de Guernica, de la que tomó posesión el 26 de julio de 1804. Un Decreto de 23 de mayo de 1805 creó el oficio de alcalde mayor del señorío de Vizcaya, con las mismas facultades, sueldo y emolumentos que los antiguos corregidores. El 19 de junio se expidió su título de nombramiento, y tomó posesión el 21 de agosto. Como tal alcalde mayor fue asesor nato de la Comandancia general, y auditor de guerra; tuvo a su cargo los ramos de sanidad, noveno decimal y otras comisiones, como la especial de la Real Cámara para la averiguación de los patronatos reales usurpados a la Corona en el señorío de Vizcaya. Ejerció el empleo de alcalde mayor hasta que los franceses invadieron la villa de Bilbao en agosto de 1808. El 16 de ese mes, Herrero, que era presidente de la Junta de Armamento y Defensa de Bilbao, creada, como en otras provincias del reino, para la defensa de la patria, fue cogido por las tropas francesas junto a los miembros de la Diputación en el convento de San Francisco. Inmediatamente ingresó en prisión, por mandato del general francés, en compañía de los diputados y el mariscal de campo Benito Zarauz. Permaneció encarcelado hasta que los franceses fueron repelidos por la división del ejército de Galicia, al mando del marqués de Portago, quien lo reintegró el 20 de septiembre en su empleo. En noviembre aquel ejército se replegó a Espinosa de los Monteros, y después a León. Herrero se refugió con su familia el mes de diciembre en Palencia, en casa de su cuñado Gregorio Ceruelo, chantre y provisor de la catedral. En junio de 1809 fue conducido por la policía francesa a la ciudad de San Sebastián, en la que permaneció confinado hasta el mes de agosto, cuando obtuvo permiso para trasladarse a Palencia a las órdenes del comisario general de policía de la provincia. Finalmente, cuando los franceses abandonaron Palencia en junio de 1812, se presentó al capitán general Francisco Xavier Castaños, quien, teniendo en cuenta sus servicios y decidido patriotismo, le habilitó el 22 de septiembre de 1812 para desempeñar interinamente las funciones de ministro de la Audiencia de Valladolid, restablecida en Salamanca; este nombramiento fue confirmado por la Regencia del reino el 17 de noviembre. Tomó posesión el 8 de octubre, y el 8 del mes siguiente emigró con el tribunal a las fronteras de Portugal, con motivo de haberse apoderado el enemigo nuevamente de Salamanca. En junio de 1813 volvió a esa ciudad con los otros magistrados, desde donde finalmente se trasladó a Valladolid. El 22 de junio de 1814 cesó de oidor interino por haberse completado el número de los propietarios con la habilitación y reintegro concedido a Francisco Ulloa y Olmedilla.
El Consejo de la Cámara le propuso el 26 de octubre de 1814, en primer lugar, por unanimidad, para la tercera de las siete plazas de alcaldes del Crimen vacantes en la Chancillería de Granada y fue nombrado por Fernando VII para ella. Cuando se dirigía desde Valladolid a Granada a tomar posesión, fue asaltado por unos ladrones el 20 de noviembre en la villa de Puente Duero y resultaron heridos dos soldados que le escoltaban. Tomó posesión de la Alcaldía del Crimen el 28 de enero de 1815. El 29 de septiembre de ese año, alegando problemas de salud de su mujer, solicitó ser trasladado a otra plaza igual de la Chancillería de Valladolid, vacante por muerte de Vicente Ramón del Vigo. El 5 de octubre el Rey accedió a su solicitud.
Durante el Trienio Constitucional, el Consejo de Estado le consultó el 26 de mayo de 1821, en primer lugar, para una plaza de magistrado de la Audiencia de Galicia y fue nombrado el día 1 del mes siguiente. El 24 de septiembre tomó posesión en la Audiencia de La Coruña de su nuevo destino. En 1823 fue promovido a una Alcaldía de Casa y Corte, la que juró en el Consejo Pleno de Castilla el 4 de junio. En septiembre fue comisionado para averiguar quiénes eran los perpetradores del asesinato del presbítero Matías Vinuesa, capellán de honor del Rey y arcediano de Tarazona —preso a la sazón en la cárcel denominada de Corona—, cometido en la tarde de 4 de mayo de 1821. Herrero instruyó las causas de los principales delincuentes, que fueron sentenciadas por la Sala 1.ª de alcaldes de Casa y Corte. El 16 de junio fueron ahorcados cuatro de los reos acusados del asesinato de Vinuesa. Otro de los condenados a muerte, Paulino de Lacalle, profesor de Cirugía, que se encontraba encarcelado en la sala de presos del hospital general, logró evadirse el 12 del mismo mes. Herrero, previo informe reservado del exconsejero de Castilla Francisco Marín, fue acusado de imprevisión, descuido y negligencia. Responsabilizado de la fuga, Fernando VII le suspendió, el 4 de julio de 1824, de empleo y sueldo durante seis meses.
A comienzos de 1830 se le confirió la superintendencia general y subdelegación de la Corte. Un decreto de 20 de abril de 1833 le concedió honores de ministro del Consejo Real con opción a la primera vacante que ocurriera en dicho Supremo Tribunal. Finalmente accedió a plaza numeraria el 4 de agosto.
El 24 de marzo de 1834 se creó el Supremo Tribunal de España e Indias. Un decreto del 1 del mes siguiente nombró los nuevos magistrados: Andrés Subiza, Rafael Paz y Fuertes, José Montemayor, José Villanueva, José Mier, Teótimo Escudero, Matías Herrero Prieto, Francisco Redondo, José María Calatrava y José María Martínez de Areta. Un año y medio mes después, otro Decreto de la Reina Gobernadora de 13 de septiembre, atendiendo a los achaques y larga carrera de los magistrados del Tribunal Supremo José Martínez Areta, Matías Herrero Prieto y Rafael Paz, los jubiló con los honores y sueldo que les correspondían por clasificación. El sueldo que percibía en activo era de 50.000 reales y como jubilado 10.000 menos.
Fuentes: Archivo Histórico Nacional, Ministerio de Hacienda, leg. 1542/42; Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, leg. 4504/3966.
Ricardo Gómez Rivero
