Torres Salazar y Castellanos, Juan Manuel de. Granada, 2.V.1724 – Córdoba, 16.XI.1796. Intendente de ejército.
Hijo de Juan Torres de Salazar González, natural de Granada, y de Francisca Castellanos Ortiz, de la misma ciudad. A los doce años ingresó en el Colegio de San Miguel de Granada, recibiéndose luego de bachiller. Con diecisiete años recibió los grados de licenciado y doctor en Derecho Canónico (1741), dedicándose durante un breve tiempo a la enseñanza, y siendo luego nombrado abogado de los Reales Consejos (octubre de 1745). Aprobada por Felipe V en 1738 la creación de la Real Academia de la Historia, y organizada ésta en 1747, ese mismo año fue admitido Torres de Salazar como miembro de la misma.
Todas esas circunstancias fueron acrecentando el prestigio del joven granadino, hasta el punto de interesarse por él el por entonces omnipotente marqués de la Ensenada. Eran tiempos de reformismo borbónico y de una política progresista de clara apertura a Europa, que, en lo cultural, chocaban con una universidad acartonada. Ésta, dominada por escolásticos y peripatéticos, y ausente del cultivo de las ciencias experimentales, yacía en la más absoluta postración, al tiempo que era criticada por los primeros ilustrados como una rémora para el progreso. En un intento de dar un vuelco a esta situación de los claustros, Fernando VI y su ministro Ensenada promovieron una incipiente política científica impulsando los viajes al extranjero de los españoles mejor dotados, para que pudieran instruirse e importar de los países más modernos los últimos conocimientos en cada uno de los ámbitos de la ciencia.
En este contexto, Torres de Salazar fue encargado por Ensenada en septiembre de 1749 de una larga misión en Francia, Prusia y Alemania con objeto de estudiar los métodos y programas universitarios de estos países y aprovechar, en su caso, los modelos para una reforma de la Universidad española. Después de más de dos años de permanencia en el extranjero, en 1752 el comisionado presentó sus informes, por más que a la postre las circunstancias del país no permitieran la ansiada reforma.
A partir de aquí los servicios prestados a la Administración por Torres Salazar dieron un giro radical, pasando del marco jurídico y académico al militar, al ser habilitado en junio de 1753 como comisario de guerra en el Ejército. Ello suponía ingresar en el Cuerpo político de la Real Hacienda Militar que tenía a su cargo la gestión logística y económica de aquél y su control fiscal, pero que al mismo tiempo gestionaba la mayor parte de la Administración civil del reino.
Con un sueldo de 18.000 reales anuales, más del doble de lo que percibía un capitán o un empleado, rango de teniente coronel, espada y bastón de mando, así como escolta y protección militar, pasó a ejercer la intervención física de las existencias de personal, ganado y material de una unidad militar, además de asegurar el buen orden y policía de las tropas como delegado del Rey a través del secretario del Despacho de Guerra.
Paralelamente, en el ámbito civil tuvo ocasión de colaborar en la ejecución del “Proyecto Económico” que el economista y secretario de la Junta de Comercio Bernardo Ward presentó a Fernando VI, informe que tuvo una gran influencia en las ideas reformistas, y que, entre otras cosas, proponía la construcción de seis buenos caminos que desde Madrid se dirigieran a otros tantos puntos de la periferia. Torres Salazar fue nombrado ministro principal para el camino de Madrid a La Coruña, del que se llegó a construir la carretera del puerto de Guadarrama, y, ya en tiempos de Carlos III, poco más de tres leguas desde La Coruña.
Después de haber recibido el título de comisario de guerra en propiedad (marzo de 1757), en abril de 1770 fue ascendido al empleo de comisario ordenador, categoría superior con la que fue destinado ese mismo mes como ministro principal de Hacienda y Guerra del Ejército y plaza de Ceuta, con rango de coronel.
En marzo de 1774 se le ascendió al empleo de intendente de provincia, destinándole a la de Guadalajara. A pesar de ser ésta una intendencia de tercera clase, y de que desde la Real Cédula de 13 de noviembre de 1766 ya no llevaba incorporado el corregimiento de la capital de la provincia, se trataba de un destino muy apetecido, porque a los 30.000 reales de sueldo anual que llevaba aparejada, había que añadir otros 30.000 como director de las Reales Fábricas de Guadalajara, Brihuega y San Fernando. Desarrollando estas funciones le llegaron los nombramientos de intendente de ejército honorario (marzo de 1776) y de caballero de la Orden de Carlos III (octubre de 1777).
En octubre de 1785 se le encargó la intendencia de la provincia de Córdoba, de primera clase, dotada con 50.000 reales, más otras gabelas complementarias, y donde fundamentalmente desarrolló como delegado real tareas de hacienda (exacción de las rentas reales y otros conceptos fiscales, erradicación de fraudes y evasiones de impuestos, ejercicio de la jurisdicción contenciosa en ese ámbito, etc.) y militares (todos los aspectos económicos y logísticos de las tropas dentro de la provincia).
En una relación de méritos que presentó en 1788 hizo constar también haber sido juez conservador de Correos y miembro de la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Prusia. Se retiró el 31 de diciembre de 1795 y murió al año siguiente.
Había casado en 1763 con María Ventura de Leis y, fallecida ésta, volvió a contraer matrimonio en 1782 con Soledad Retana y Escobar.
Fuentes y bibl.: Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro, invent. 2, legs. 42, 54, 60 y 69; invent. 24, leg. 268; invent. 25, leg. 19; Secretaría de Guerra, legs. 5465 y 6504; Tribunal Mayor de Cuentas, legs. 2041, 2115 y 2131; Archivo Histórico Nacional, Ministerio de Hacienda, leg. 229/1.
F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du xviiie siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 1992, págs. 176 y 177.
Juan Miguel Teijeiro de la Rosa
