Fernández de Córdoba y Melgarejo de las Roelas, Diego. Marqués de Guadalcázar (I), conde de las Posadas (I). Sevilla, 9.II.1578 – Guadalcázar (Córdoba), 6.X.1630. Caballero de la Orden de Santiago, XIII virrey de Nueva España (1612-1621) y XIII virrey del Perú (1622-1629).
Hijo segundo de Francisco Fernández de Córdoba, descendiente directo del Gran Capitán, y de Francisca Melgarejo de las Roelas, ilustre dama hispalense, fue bautizado en la iglesia de San Miguel Arcángel de su ciudad natal el 9 de febrero de 1578. Siendo muy joven, en 1598, viajó a Alemania en calidad de embajador extraordinario, para traer a Margarita de Austria, que venía a desposarse con Felipe III. Se casó, por su parte, con Mariana Riederer de Paar, una de las damas de corte de la reina Margarita, a la que había acompañado desde Baviera.
Gentilhombre de cámara del Rey, en 1606 obtuvo de Felipe III el privilegio de vestir el hábito de Santiago y fue caballero veinticuatro de la ciudad de Córdoba, igual que su padre. Al morir su hermano mayor, Antonio, heredó el señorío de Guadalcázar, que elevó a la categoría de marquesado. Fue el I conde de las Posadas, por Real Orden de 28 de enero de 1609, y vinculó la villa de ese nombre a su casa, eximiéndola de la jurisdicción del Concejo de Córdoba.
En enero de 1612, Felipe III le nombró virrey de la Nueva España. Le acompañaron en su nuevo destino su esposa, Mariana, y sus hijas Mariana y Brianda. A su llegada resultó forzoso cambiar la costumbre de la recepción, tal y como se había venido haciendo habitualmente, debido a problemas económicos.
Las tensiones existentes entre las autoridades de la colonia se reflejaron en estos hechos: el cabildo preparaba un programa con todo entusiasmo, cuando la Real Audiencia comunicó que sólo podía disponerse de una cantidad mucho menor de la habitual y que deberían suprimirse “los actos de regocijo que se acostumbran a hacer en el pueblo de Guadalupe”. Una segunda negativa a que tuvieran lugar las escaramuzas de Guadalupe enfrió los ánimos de los concejales, y la posesión y entrada se celebraron el 28 de octubre de 1612. Resultado de este enfrentamiento fueron las disposiciones de Felipe III, fechadas en 1619 en una Recopilación de leyes, que decían: “Mandamos que a los virreyes no se les haga gasto del camino ni se les den comidas, presentes, dádivas ni otros cualesquier regalos para sus personas, criados ni allegados, en mucha ni en poca cantidad, por ninguna ciudad, villa o lugar, justicias y oficiales de los concejos por donde pasaren...”.
Pero con la llegada del nuevo virrey se aquietaron los ánimos y los negocios volvieron a su curso anterior.
A partir de entonces, sin embargo, los encargados de desempeñar los cargos de miembros del Tribunal de Tributos y Repartimiento de Azogue fueron ministros nombrados directamente en la Corte por el Monarca para tales funciones.
Las instrucciones que recibió el marqués, fechadas el 11 de junio de 1612, fueron copiadas de las primeras que se habían entregado a Luis de Velasco, con ligeras modificaciones en algunos artículos. El Consejo insistía en que no era necesario promover la fundación de nuevos monasterios, pero que se le enviase relación de los existentes, “de cada religión, en qué parte, y las doctrinas que están a su cargo y hacienda que tienen, y cuántos religiosos hay comúnmente en cada convento”.
Exigía rigurosamente que no se construyera ninguno sin licencia.
Recomendaba llevar una buena relación con los inquisidores, “proveyendo y procurando que las audiencias, gobernadores, corregidores y otras justicias [...] se lleven bien con sus comisarios y oficiales, por lo mucho que importa [...] que sea el santo oficio reverenciado, temido y estimado”. Era evidente que se trataba de una pieza clave en el engranaje real de control en toda la extensión del Imperio.
También se refería al “buen tratamiento de los naturales, por ser del que depende la segura conservación de esos reinos y provincias”; a las invasiones indias y guerras de los chichimecas; al control de los paños que se fabricaban en Puebla y que al parecer se introducían en el Perú, lo que desfavorecía el comercio directo entre los fabricantes de España y los compradores del Perú. Finalizaban recomendando la construcción y la reparación de caminos y la conquista de Nuevo México. En las instrucciones al virrey Velasco, a las que éstas se referían, los capítulos más importantes tenían que ver con la Hacienda Real, por lo que se copiaron con toda exactitud.
En 1613 se fundó la ciudad de Lerma, que desde entonces lleva el título de Gran Ciudad, como muestra de agradecimiento al ciudadano Martín Reolín de Varejón, gallego, “que había librado el lugar de los peligrosos atracadores y bandidos que lo habitaban”.
En el norte, por la parte de Sinaloa, el caballero Hurdaide seguía enfrentándose al peligro de las tribus que con frecuencia atacaban los presidios construidos y, gracias a la ayuda de otras tribus, desalojó a los más ariscos. En 1614, en la ciudad de México, el mismo Hurdaide solicitó del virrey el establecimiento de las misiones del río Mayo, por lo que Diego Fernández de Córdoba nombró a los jesuitas para acompañarle con el encargo de fundarlas. En el curso de esta expedición se establecieron siete pueblos.
Al año siguiente se reanudaron las expediciones a las costas de California, pero el objeto del viaje no consistía en el reconocimiento científico, sino en la pesca y el rescate de perlas en el mar de Cortés. Armó la flotilla el vecino de Sevilla Tomás de Cardona, y estuvo al mando de las dos naves el capitán Juan de Iturbi, que se internó en el golfo hasta los 30º de latitud.
Falto de víveres, tuvo que retroceder hasta un puerto de Sinaloa, donde le auxilió Hurdaide. Cuando estaban dispuestos a reemprender la navegación, llegó la orden del virrey de que tomaran a bordo a Bartolomé Suárez, encargado de salir en busca de la nao de Filipinas, advirtiéndoles del peligro de los barcos piratas que esperaban su llegada. Cuando Iturbi regresó a México era portador de gran cantidad de perlas, algunas en mal estado, por la exposición al fuego que hacían los nativos para extraerlas, pero las que habían sido pescadas directamente ofrecían un aspecto extraordinario.
También en 1615, cerca de San Luis Potosí, hacia la parte de Peotillos, se descubrió una nueva mina de plata de gran calidad y riqueza, a la que se puso por nombre el de Guadalcázar en honor del virrey. Este descubrimiento, obra de Pedro de Arizmendi, que había formado compañía con Esteban de Acevedo, reimpulsó la minería en la región.
El año 1616 fue de desastres por la intensa sequía que se abatió sobre todo el país, lo que provocó pérdida de siembras y semillas y, por consiguiente, exacciones y recursos menores que afectaron a las arcas virreinales.
Sin embargo, en la región minera se operó una gran recuperación. En 1617, Pedro de Arizmendi fundó una hacienda de beneficio por azogue en las minas del Palmar de Vega, San Luis Potosí, con cuatro ingenios de moler metales, de más de diez mazos, con lavadero e “incorporadero”. Las minas de Guadalcázar producían cada vez más metal y en La Portuguesa, la más rica y abundante, se instalaron “haciendas de beneficio con hornos e ingenios”. Un aspecto negativo de esta actividad consistía en el empleo de esclavos, el maltrato a los indios y las prisiones privadas de que disponían los dueños en la finca de la Sauceda, por lo que fueron denunciados.
En medio de esta situación, la rebelión de los indios tepehuanes se extendió por las posesiones del norte, poniendo en peligro las poblaciones de minas y otros ingenios. Se trataba de una insurrección generalizada que fue difícil atajar. El virrey reunió a una junta de teólogos y jurisconsultos para determinar “cómo se hacía la guerra a los apóstatas” y obtuvo los recursos necesarios de las Cajas reales de Durango y Zacatecas, las zonas mineras más amenazadas. Gaspar de Alvear, gobernador de la provincia, armó cuantos españoles pudo y desarrolló varias campañas de castigo, incursionando en territorio indio. La intervención del padre Andrés López, único misionero sobreviviente de las matanzas, permitió la reducción de las tribus.
En Sinaloa, en cambio, las misiones tuvieron más éxito y se completó la conversión de los indios hasta los límites del río Yaqui, al que los misioneros llamaron “del Espíritu Santo”. A partir del río Mayo se estableció otra base de predicación, en la que participaron veinticuatro misioneros sostenidos por el Rey. El territorio de esta misión incluía a los indios yaquis, los mayos y los cebones, que fueron reducidos y adoctrinados.
En 1618, los negros cimarrones ocupaban una amplia zona de la provincia de Veracruz. Para tratar de pacificar esta región y dotarla de habitantes y recursos se fundó el 26 de abril la villa de Córdoba, llamada así en honor del virrey, con treinta vecinos españoles, a los que se otorgaron distintos privilegios. Simultáneamente sufrió un gran incendio la zona del puerto nuevo de Veracruz, en cuyo arreglo se gastaron dos millones de pesos.
A lo largo de este año y del siguiente, los misioneros franciscanos intentaron extender su predicación por las tierras mayas del sur, partiendo de su base en Mérida.
Hallaron grandes dificultades, pero fueron bien tratados por los indígenas.
El 25 de febrero de 1619 falleció en la ciudad de México la esposa del virrey, Mariana Riederer, “lo que se comunicó al cabildo y fue muy sentido por la población”.
Era la primera virreina que moría en Nueva España y la primera no española de nacimiento.
En 1621 se terminó la construcción del acueducto de la capital, que empezaba en Chapultepec y terminaba en el llamado puente de la Mariscala, compuesto por novecientos arcos y mediante el cual llegaba el agua potable procedente de Santa Fe.
En San Luis Potosí se descubrieron nuevos yacimientos de minerales, actividad que se había ido haciendo cada vez más compleja y productiva. En su entorno prosperaron las haciendas de beneficio o de minas, donde se refinaba el metal extraído, pero también carboneras, molinos y caleras. Allí acudían oficiales y mercaderes que se enriquecían muy pronto, logrando fáciles ingresos.
Uno de los problemas, pronto detectado, fue el contrabando de la plata “sin quintar”, negocio de mercaderes recién llegados, que pasaban a los reales de minas, vendían sus mercancías por plata en pasta y regresaban a España, defraudando el derecho del quinto real. El virrey ordenó que se prohibiera cualquier asiento de mercaderías o de tiendas en los lugares de minas y, en noviembre de 1621, decretó la expulsión de los españoles recién llegados y de los extranjeros sin licencia.
En premio, y como merecimiento por su labor, el marqués de Guadalcázar se ganó en México el sobrenombre de el Buen Virrey, pero el 22 de agosto de 1620 Felipe III lo nombró virrey de Perú, por lo que salió de la ciudad de México el 14 de marzo de 1621, cediendo el gobierno a la Audiencia Real. Su sueldo se estableció en 30.000 ducados, 10.000 más que en Nueva España, además de concedérsele la dispensa de pago del almojarifazgo y una subvención para los gastos de recepción.
El marqués de Guadalcázar viajó a Perú, viudo, pero en compañía de sus dos hijas. Haciendo la navegación desde Acapulco hasta Paita, siguió por tierra a Lima, donde entró por el camino del Callao el 25 de julio de 1622, fecha en que la Audiencia, que gobernaba provisionalmente el virreinato, le entregó el poder.
Al parecer no se le enviaron “instrucciones”, por lo que debió regirse por las de su predecesor, príncipe de Esquilache, aunque las cartas, cédulas y órdenes reales fueron constantes y sobre todos los temas. Por otra parte, el marqués de Guadalcázar procuró asesorarse previamente y dispuso de varios informes y estudios sobre la región, incluso antes de salir de Nueva España.
En el virreinato estaban de moda las corridas y fiestas de toros, por lo que para festejar su llegada, el día 27 de julio se celebró en la Plaza Mayor de Lima un agasajo muy especial, según refieren las crónicas. Se daban con frecuencia y se conserva la relación del que tuvo lugar dos meses después: “Se hicieron fiestas reales de toros y cañas y se convidó al virrey, Audiencia y Universidad [San Marcos] para que las viesen en las casas de Cabildo, cuyas galerías estuvieron ricamente colgadas y se dio colación a todos sus concurrentes y sus mujeres. Salieron a caballo muchos caballeros ricamente vestidos a lo cortesano, con rejones en mano [...] y se jugaron veinte toros; los caballeros hicieron algunos lances y mostraron su bizarría”.
Se sabe que pocos años más tarde triunfó en Lima el famoso Juan de Valencia, muy diestro en el toreo como rejoneador, y que escribió una preceptiva taurina.
A lo largo de los siete años que duró el gobierno del marqués de Guadalcázar se celebraron las fiestas más suntuosas conocidas hasta entonces, entre otras las del nacimiento del príncipe Baltasar Carlos. Se prolongaron siete días y fueron organizadas por los siete gremios de la ciudad: confiteros, pulperos, sastres, zapateros, plateros, herreros y mercaderes.
Pero los problemas a que tuvo que enfrentarse Guadalcázar fueron numerosos. Estaba en crisis la producción de las minas de plata de Potosí; había retrocedido fuertemente la extracción de azogue de las minas de Huancavelica, que cayó por debajo de los cuatro mil doscientos quintales por año; se mantenía la huida de los indios vinculados a través de la mita a los trabajos mineros en Potosí, región en la que era cada vez más violento el enfrentamiento entre las familias de los Vicuñas y los Vascongados.
Por aquellas fechas, Felipe IV había firmado una Real Cédula en Madrid, relacionada con las comunidades indias del sur del río Biobío, reconociendo la promesa del rey Felipe III de eximirles de tributos si se sometían a obediencia. La penetración en los territorios del Chile actual se había logrado con gran dificultad y los sucesivos gobernadores tuvieron que enfrentarse a revueltas y sublevaciones incesantes. La Real Cédula de 17 de julio de 1622 ordenaba al virrey que cumpliese la promesa, procediendo a tasar el tributo que debían pagar las tribus situadas a ambas riberas del río, con el fin de que los encomenderos obtuvieran una tercera parte y que, a cambio, pudieran disponer de servicio personal, reducido a doscientos siete días al año, aunque por el resto se pagara a los indios el jornal habitual.
Una de las primeras actividades del virrey fue dedicarse al reforzamiento de la defensa marítima, ya que cada vez era más frecuente la llegada de corsarios y navíos enemigos, por lo que se instalaron baterías y se establecieron cuarteles en los puertos, especialmente en el Callao, además de colocar vigías costeros. En mayo de 1624 apareció frente al Callao una escuadra holandesa, al mando del almirante Jacobo Clerk (apodado L’Hermite), compuesta de trece buques y numerosa tripulación y soldados, que durante más de cinco meses mantuvo el bloqueo, con la intención de desembarcar y ocupar la ciudad de Lima. El virrey había reforzado la fortaleza de Guadalcázar (castillo del Real Felipe), que poseía una artillería poderosa, y para la defensa de la costa desplazó un amplio contingente de militares y civiles. Finalmente, fallecido el almirante Clerk por disentería el 2 de junio, la flota holandesa, al mando del vicealmirante Huygen Escafoman, tras recorrer las costas por Chincha y Pisco intentando vengarse, se dirigió de nuevo hacia el estrecho de Magallanes, pero quemó antes la ciudad de Guayaquil, y siguió su rumbo navegando hacia Brasil.
La famosa crisis monetaria del Perú se relaciona con las irregularidades en la acuñación de moneda encontradas en Potosí. El virrey príncipe de Esquilache, en la Relación de Gobierno que dejó para que fuera entregada a su sucesor, dice: “Para saber si la moneda que se labra es de ley y se guardan los preceptos dados para ello [...] será bien que V. E. pida razón del estado en que éste se encuentre”. La situación, dudosa hasta entonces, se probó cierta cuando, en 1623, una tasación hecha en la Casa de Contratación de Sevilla dio como resultado la falta de ley, por lo que el virrey destituyó y procesó a varios “ensayadores”.
En la Audiencia de Charcas continuaban los enfrentamientos entre las familias de los conquistadores, los Vicuñas (llamados así por la piel de los sombreros de piel de vicuña que usaban) que procedían de diversas regiones de España, y los Vascos o Vascongados, ambos bandos fuertemente armados, que provocaban revueltas y cometían asesinatos y saqueos, con triunfo alternativo de cada grupo y episodios de pacificación que se rompían con facilidad. En 1624, siguiendo órdenes reales, se decidió destruir las viviendas de los Vicuñas, pero a requerimiento de la población y dispuestos, a la reconciliación, el virrey promulgó un perdón general que fue aceptado por todos. No obstante, pocos años más tarde se reabrió el enfrentamiento.
En cuanto a la regulación de la mita, el trabajo indio al servicio de los hacenderos, en especial en las minas de Potosí, el virrey propuso a la Corte que se redujera a la séptima parte de los indios libres, en los pueblos señalados para este servicio, pero tal iniciativa no prosperó debido al enfrentamiento de los propietarios de haciendas.
Se mantenía vivo el conflicto relacionado con el galeón de Manila, y la prohibición de trasladar a Perú, desde Acapulco, algunas de las mercaderías traídas de China, una reivindicación peruana contra la actividad que desarrollaban grupos de contrabandistas.
En cuanto a la Hacienda Real, el virrey trató de sanearla y desarrolló al máximo su capacidad de atender las peticiones de la Corte, sin aumentar el número de impuestos, sino tratando de mejorar y sanear los existentes, por lo que reorganizó el Tribunal de Cuentas, intentó acabar con las evasiones y cobros atrasados, aumentó notablemente la recaudación de los impuestos de “avería” y el almojarifazgo, y el 21 de mayo de 1625 restableció el estanco de la aloja. La cesión al Tribunal del Consulado de la recaudación del impuesto de la alcabala se consideró en su momento una decisión excesivamente audaz, aunque en el plazo de unos años supuso un considerable aumento de la recaudación.
Se recuerda su fracaso en relación con la reforma de las costumbres, ya que por medio de una llamada “Pragmática de las Tapadas”, del 4 de diciembre de 1624, se decretó prohibir que las mujeres limeñas, españolas y criollas, salieran a la calle a pie o en carruaje, o se mostraran en sus balcones, e incluso en las iglesias o claustros, tapadas o “arrebozadas en su manto”, novedad que no prosperó. La respuesta fue el encierro en sus casas o la exhibición pública con vestidos lujosos y cubiertas de joyas. También prohibía que los españoles y criollos “andaran en machos y en mulas, en vez de ir a caballo”, al parecer con el propósito de fomentar la cría caballar.
El Patronato regio tuvo un notable incremento. En 1624 se había inaugurado el monasterio de Santa Catalina de Lima y el 19 de octubre de 1625 se concluyó la catedral de la capital, que fue consagrada por el arzobispo Gonzalo de Ocampo, en el curso de una solemne fiesta, en la que la autoridad eclesiástica se enfrentó nuevamente al virrey. Al año siguiente se fundó el Colegio de San Pedro Nolasco, bajo el patrocinio de la Orden de la Merced y poco después se publicaron unas ordenanzas que regulaban la actividad de los maestros “en las escuelas de enseñar a leer y escribir”, por las que se establecían cuáles eran los requisitos necesarios para el desarrollo de esta función.
Fueron muy graves y trascendieron públicamente los conflictos entre el virrey y la Inquisición, a pesar de las recomendaciones de la Corte sobre competencia jurisdiccional en temas religiosos. Era un cuestionamiento permanente, de difícil solución, que se basaba en las contradicciones contenidas en las “Instrucciones a los virreyes”. Como consecuencia, dejaron de celebrarse autos de fe, con la excepción del que tuvo lugar el veinticuatro de diciembre de 1625, en el que se condenó a veinticuatro penitentes, entre ellos a Inés de Castro la Voladora, que se tenía por iluminada y escritora mística, los portugueses Diego de Aranda y Juan de Acuña y Noroña, que fueron quemados vivos, así como los cadáveres de Garci Méndez de Dueñas y del presbítero Manuel Núñez Almeida.
En mayo de 1625 se fundó la villa de Santa Catalina de Guadalcázar de Moquegua en honor del virrey, como resultado del fallo que resolvía el pleito entre dos poblaciones que se peleaban por tener la capital de la provincia.
En lo que se refiere al servicio de correos, el marqués de Guadalcázar, decidido a reorganizarlo, ordenó la reconstrucción de los “tambos”, que habían desaparecido de los caminos, y nombró superintendente de este ramo a Juan de la Celda, oidor de la Audiencia.
Se obligó a que los destructores de tambos sufragasen los gastos y se pagó a los indios los salarios que se les adeudaban.
Interesado en el fomento de las misiones, apoyó la de los franciscanos en Huanuco, los agustinos en Larecaja y los jesuitas en el Paraguay. Las reducciones guaranís se inspiraron en las de Juli, lo que permitió la cristianización de los indios chiriguanas, a la vez que significó un claro freno en la extensión de los portugueses hacia el sur. En 1627, en Trujillo, se dio cumplimiento a la Real Orden que establecía la fundación de los jesuitas en la región, con apoyo del obispado.
Su “Relación” o “Razón del estado en que dejaba el gobierno del Perú al virrey conde de Chinchón”, fechada el 14 de diciembre de 1628, es un modelo de documento bien preparado y redactado con precisión y esmero. Consta de ciento tres apartados, agrupados en los cuatro grandes capítulos de Gobierno, Gobierno Eclesiástico, Hacienda y Guerra. En la introducción se puede leer este párrafo: “Aunque son muy varios los negocios que se ofrecen en este cargo y grande la diferencia de algunos a los que se experimentan en España, excusaré el cansar a V. E. con la prolijidad a que obligará el querer referirlos todos [...] y que los señores Marqués de Montesclaros y Príncipe de Esquilache dirían a V. E. mucho de esto, de cuyas prudentes y bien advertidas noticias se valdrá justamente, pues será el más seguro camino de acertar”.
El capítulo de “Gobierno”, que consta de cuarenta y cuatro apartados, contiene una descripción física, humana, social y administrativa del virreinato, seguida de una serie de reflexiones de “buena política y mejor gobierno”, que se completa con temas y cuestiones concretas, las grandes cuestiones políticas de su período de mando: las audiencias y sus competencias, los corregimientos, las reducciones de indios (critica el intento de reducción general del virrey Francisco de Toledo), medidas favorables a la causa de los indios, los problemas de las mitas de Potosí, el apaciguamiento de los bandos y sediciones en la villa de Potosí, “gracias a la prohibición que hice de no traer armas de fuego en ella y sesenta leguas en su contorno”, el cuidado de las mitas de Huancavelica y del trabajo y descanso de los indios; sobre los “tambos” y la obligación de guardar en ellos las cabalgaduras de los pasajeros, reponiendo el servicio de “correspondencia de las repúblicas del reino”, las obras públicas, la administración de justicia, la visita del distrito de La Plata por parte del oidor licenciado Gabriel Gómez de Sanabria, vistas de Lima y Quito, el problema de los fraudes de ley en la plata acuñada en la Casa de Moneda de Potosí castigando a los culpables, etc.
En cuanto al “Gobierno eclesiástico” y patronazgo real, en veinte apartados, tras hacer una breve historia de su origen y decadencia, refiere la manera de resolver las competencias reales y la función virreinal en todas las materias: propuestas de nominación, estipendios, descentralización provincial, fundación de iglesias y hospitales, la obra de cristianización por parte de franciscanos y jesuitas, la celebración de Capítulos en la ciudad de Lima, el funcionamiento del Colegio Real de San Felipe y San Marcos, la terminación de la iglesia catedral de Lima y otras en construcción en Cuzco, Arequipa y Huamanga, sobre el Tribunal de la Inquisición y otras materias.
Sobre “Hacienda”, cuya administración estaba a cargo del virrey, en veintiséis apartados describe el funcionamiento de los instrumentos de gestión y control, especificando los problemas de recaudación, la necesidad de establecer “esperas”, tan criticadas en la Corte, el escaso rendimiento de los “quintos” del Rey y otros impuestos, las dificultades encontradas en las minas de Huancavelica, las alcabalas de esta localidad y del Cuzco, los derechos de almojarifazgos en el Callao, y la visita de las Cajas reales de las ciudades y provincias del virreinato.
Finalmente, en el capítulo “Guerra”, integrado por diez apartados, se refiere al nombramiento de un auditor general, a la provisión de los oficios militares, al reclutamiento de efectivos para la defensa, pero los dedica también a reflexionar sobre la actividad militar en el virreinato y las características de la población a este respecto.
Al terminar su período de gobierno en Perú, regresó a España y fue a recluirse en Guadalcázar, la villa de su título, donde falleció el 6 de octubre de 1630.
Bibl.: M. Orozco y Berra, Historia de la dominación española en México, México, Imprenta Robredo, 1938; J. I. Rubio Mañé, Introducción al estudio de los virreyes de Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1955-1963; R. Vargas Ugarte, Historia General del Perú, Lima, 1966-1971; L. Hanke, Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria, Madrid, Editorial Atlas, 1976; E. de la Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes Novohispanos, México, Editorial Porrúa, 1991.
Manuel Ortuño Martínez
