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Bernardo Mozo de Rosales

Biografía

Mozo de Rosales, Bernardo. Marqués de Mataflorida (I). Sevilla, 20.VIII.1762 – Agen (Francia), 4.VII.1832. Ministro y jurista.

Nacido en Sevilla, fue bautizado como Bernardo Manuel Josef María del Rosario; sus padres fueron Juan Mozo y Josefa Rosales. Su apellido ha sido utilizado bajo formas diversas: Mozo Rosales, Mozo y Rosales, Mozo-Rosales y Mozo de Rosales.

Contrajo matrimonio con Teresa Enebra y Morago, natural de Almonacid de Zorita (Guadalajara).

Durante su infancia y juventud residió en su ciudad natal, en cuya Universidad obtuvo el título de bachiller en Filosofía (5 de mayo de 1778) y ese mismo año inició la carrera de Leyes. El 19 de mayo de 1781 obtuvo la licenciatura en dicha materia, tras lo que continuó estudiando Cánones. Durante todo este tiempo de formación realizó prácticas con diversos profesionales en Derecho Práctico Real y Cánones.

El 7 de marzo de 1783, solicitó la dispensa de las prácticas obligatorias para poder realizar los exámenes de abogado de los Reales Consejos, objetivo en el que fracasó por ser contrario a las leyes del Reino (3 de mayo de 1783).

Completadas dichas prácticas en el despacho de Josef Morales Gallego, abogado de Sevilla, fiscal de los Reales Alcázares, durante cuatro años, realizó una nueva solicitud para acceder a los exámenes de abogado de los Reales Consejos, que logró superar sin dificultad (9 de enero de 1787).

Una vez obtenido el título se trasladó a Madrid a ejercer la abogacía, en cuyo Colegio de Abogados estuvo inscrito hasta el inicio de la Guerra de la Independencia.

Entre sus clientes se encontraba la casa de Osuna. Según su testimonio, su casa, sita en la Puerta del Sol, sirvió para luchar contra los franceses en las jornadas del 2 de mayo, razón por la que se vio obligado a esconderse durante unos días y a continuación a llevar a su familia a La Alcarria, e inició su colaboración con la resistencia a los franceses. En primer lugar en Vallecas, posteriormente en Méntrida (8 de diciembre de 1808).

A finales de 1809 se trasladó a Andalucía, en primer lugar residió en un poblado de Sierra Morena, y ante la presión de franceses y bandoleros, se instaló en Córdoba.

En las elecciones de diputados celebradas en 1813 obtuvo el respaldo de su tierra natal. El 15 de enero de 1814 juró su cargo. No consta ninguna intervención suya, figuró en tres comisiones ordinarias (Archivos, Hacienda y Crédito Público) y en la extraordinaria sobre las ocurrencias con el diputado conde de Vigo (5 de abril de 1814), y fue elegido en el puesto octavo para integrar el Tribunal de Cortes (2 de marzo de 1814). El último testimonio de su presencia parlamentaria fue su nombramiento para la comisión sobre el conde de Vigo, y casi inmediatamente debió salir hacia Valencia con el texto del Manifiesto.

Sin duda alguna, el momento más importante de la biografía política de Mozo tuvo lugar en 1814, ya que tuvo un importante papel en la anulación de las reformas realizadas en Cádiz. Desde febrero de 1814 se tiene constancia de la existencia de reuniones de diputados destinadas a crear un frente común contra las reformas liberales. En ellas se encontraban el conde del Abisbal, Mozo de Rosales, Antonio Gómez Calderón, etc. Fruto de ella fue la elaboración de un escrito, que fue denominado posteriormente Manifiesto de los Persas, y cuyo autor fue Mozo de Rosales.

Dicha propuesta coincidía plenamente con la opinión de Fernando VII, como se puede observar en la correspondencia del embajador La Forest.

El escrito, como señala el conde de Toreno, es “una reseña de todo lo ocurrido en España desde 1808, como también un elogio de la Monarquía absoluta”, que en opinión de los firmantes debía ser repuesta por el Monarca. El texto fue entregado a Fernando VII en Valencia, y poco después se utilizó como uno de los argumentos a favor de la restauración absolutista.

Tras la Guerra, inició una importante carrera en la Administración. Primero, al restablecerse el Consejo de Hacienda obtuvo (11 de agosto de 1814) una plaza de fiscal del Consejo Real y Supremo de Hacienda, y al mismo tiempo se integró en calidad de tal en la Real Junta que autorizó los actos de extracción [loterías] que se ejecutaban en la Sala de Gobierno del Supremo Consejo de Hacienda. Dos años más tarde pasó a ocupar un puesto de ministro de la Sala Segunda de Justicia del Consejo de Hacienda y de fiscal en la Junta de Represalias, de dicho Consejo.

Se trataba de una persona de la confianza de Fernando VII, de quien solicitó informaciones confidenciales sobre sus compañeros parlamentarios. Al mismo tiempo recibió una demostración del agradecimiento por sus servicios en defensa de los derechos absolutos en forma de concesión del título de marqués de Mataflorida (16 de diciembre de 1817).

El 1 de noviembre de 1819 fue nombrado secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

Poco se puede mencionar de su labor como ministro, salvo algunas medidas racionalizadoras de la Administración (Junta de Competencias 25 de noviembre de 1819), traspaso al Consejo de los expedientes pendientes de afrancesados (1 de enero de 1819), puesta en marcha de un nuevo Código Criminal (2 de diciembre de 1819), y restablecimiento de la Secretaría de la Cámara y del Real Patronato de Aragón (12 de diciembre de 1819).

Tras la jura de la Constitución (7 de marzo de 1820), los liberales exigieron la salida del Ministerio de Mataflorida, lo que tuvo lugar dos días más tarde. Para evitar persecuciones se escondió en Madrid mientras preparaba su salida de España. Las Cortes habían iniciado un expediente destinado a depurar las responsabilidades sobre la abolición del sistema constitucional, y aunque la Comisión propuso que el peso de la responsabilidad recayese en Mataflorida, exonerando a los restantes, el decreto aprobado (26 de octubre de 1820) no hacía distinciones.

A principio de 1821 se encontraba en Bayona, en compañía de sus dos hijos, mientras su mujer e hijas se mantenían escondidas en un convento, en donde con un grupo de notables realistas (Carlos O’Donnell, Joaquín Javier Uriz, obispo de Pamplona, etc.), creó la Junta de Amigos del Orden, que ante las presiones del Gobierno español se vio obligada a disolverse (marzo de 1821). Mientras que Eguía se dirigió a Burdeos, Mataflorida fijó su residencia en Toulouse. Desde esa posición entró en contacto con las partidas realistas de Cataluña, a las que ayudó y dirigió. El éxito de estas partidas, que iniciaron sus operaciones en abril de 1822, acrecentó las tensiones con el núcleo de Eguía.

Pirala le atribuye la autoría del Manifiesto que los amantes de la Monarquía […], que fue dirigido a distintos Soberanos para exponer la situación española. El 15 de agosto quedaba constituida la dirección del movimiento realista que, bajo la denominación de Regencia de Urgell, quedó integrada, además de por Mataflorida, por el barón de Eroles y por Jaime Creus Martí, arzobispo de Tarragona.

La actuación de la Regencia generó mayores tensiones con otros grupos realistas, logró cierta proyección inicial ante las potencias de la Santa Alianza, aunque sus solicitudes de ayuda no tuvieron eco. Las luchas internas y la presión de las tropas liberales acabaron obligándoles a huir en noviembre de 1822, primero a Puigcerdá y posteriormente a Llivia. Algunos autores achacan a la intransigencia de Mataflorida una responsabilidad importante en el fracaso. Tras salir de Cataluña regresó a Toulouse (10 de diciembre de 1822), en donde se mantuvo aislado, sin querer contactar con las autoridades franceses, con las que se mostraba especialmente resentido.

A mediados de febrero, los integrantes de la Regencia se reunieron en Perpiñán para intentar reactivar sus actividades, al tiempo que algunas autoridades francesas trataban de integrar los distintos sectores de exiliados españoles. El distanciamiento del Gobierno francés (había optado por la carta del barón de Eroles) respecto a Mataflorida queda patente en la orden (9 de marzo de 1823) del ministro del Interior de que se trasladase a España o fijase su residencia en el centro de Francia (Limoges). A mediados de dicho mes se trasladaron a Toulouse, a fin de reunirse con el duque de Angulema.

Desde esta plaza marchó a Orthez, y el 2 de mayo, junto con el arzobispo de Tarragona, se dirigió a París, por indicación de las autoridades francesas. Tres semanas más tarde (23 de mayo de 1823) ambos solicitaron fijar su residencia en Tours, hasta que la situación les permitiese entrar en España. Una vez en Tours (31 de mayo de 1823) fueron sometidos a una estrecha vigilancia por parte de la Policía francesa.

A finales de agosto Mataflorida, sin la compañía del arzobispo, que ya se había dirigido a España, solicitó pasaportes para fijar su residencia en Burdeos; a pesar de las seguridades del prefecto de que se encontraba alejado de las intrigas políticas, el ministro fue inflexible y le obligó a optar entre mantenerse en Tours o dirigirse a España, opción ésta por la que acabó inclinándose (10 de octubre de 1823).

Las tensiones existentes entre los realistas fueron manejadas por Fernando VII de acuerdo con su habitual talante: nombramientos, concesión de honores y residencias forzadas, destinos alejados, etc. Esta última solución es la que se adoptó con Mozo. El 28 de diciembre de 1823 fue nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Turín. Los episodios posteriores clarifican la finalidad de este nombramiento.

Mozo agradeció el honor (30 de diciembre de 1823), pero señaló que debía resolver antes diversos asuntos pendientes. No menciona expresamente pero sus instancias inmediatas pueden aclararlo.

El 3 de enero elevó al Monarca un escrito reclamando su reposición como consejero de Estado jubilado.

Además de señalar sus derechos, argumentaba que la posición social (honores) del representante era uno de los signos de la importancia que se concedía a las relaciones con un país determinado. Aunque no se accedió a ello se le concedieron honores del Consejo de Estado (21 de enero de 1824). Unos días más tarde se nombró a su hijo agregado a la Embajada y se le instó a emprender el viaje cuanto antes.

Tras diversos retrasos, finalmente el 26 de marzo se le entregaron los pasaportes para Turín. A mediados de abril llegó a Bayona, en donde se paró en espera de las instrucciones y las credenciales, habiendo previsto inicialmente una estancia de un mes. Desde el primer momento fue sometido a vigilancia por la Policía francesa. El 24 de mayo se cruzaron dos comunicaciones: desde el Ministerio se le urgía a trasladarse a Italia, mientras que él solicitaba ampliar su estancia por motivos de salud. En respuesta a esta última misiva el Gobierno procedió a cesarle, ya que parecía evidente que se trataba de maniobras dilatorias, y escribió al Gobierno francés para que no le permitiera moverse, en tanto se tomaba una decisión sobre su residencia.

En un oficio del sub-prefecto se señalaba (5 de junio de 1824) que vivía de forma retirada en los alrededores de Bayona, y unos meses más tarde (20 de noviembre de 1824) que Mataflorida había comunicado que su actitud se debía a que Fernando VII no había concedido a los españoles las instituciones que deseaban.

Durante los primeros meses de 1825 la situación política española seguía sin consolidarse. Los elementos más absolutistas trataban de imponerse a Fernando VII (altercados en Madrid el mes de junio, sublevación de Bessières, ejecución de El Empecinado, etc.), por lo que en el mes de agosto se decretó la expulsión de Madrid de algunos miembros de dicho grupo.

En este contexto la llegada desde Navarra de un elevado número de cartas a Mataflorida en septiembre de 1825 y los rumores de existencia de un numeroso grupo de cortesanos que le apoyaban disparó las alarmas. Inmediatamente, a instancias del Gobierno español (6 de septiembre de 1825), se ordenó su alejamiento a Laval o Bourges. Contra dicha decisión trató de objetar, argumentando la delicada situación de su salud, que le obligaba a residir cerca de las aguas de Cambó, y problemas familiares y económicos. Antes de que se ejecutase la orden de traslado se produjo un cambio de gobierno en España, que comportó la salida de Cea Bermúdez, contra quien centraba sus críticas.

Poco después recibió autorización para entrar en España (noviembre de 1825), con cuyo permiso se trasladó a Irún, y unos días más tarde (6 de diciembre de 1825) se le conminó a abandonar inmediatamente el territorio español. Las autoridades francesas le permitieron residir inicialmente en Bayona.

A finales de 1826 la Policía francesa informó de envíos de uniformes a Navarra y de viajes de personas de su entorno. Por dicha razón el Gobierno francés le planteó la necesidad de que escogiese entre trasladarse a España o fijar su residencia en Tours. Ante dicha medida, Mataflorida realizó toda una declaración de principios en la que señalaba que no se mezclaba en asuntos políticos de España y que no tenía intención de regresar a ese país. Finalmente y tras achacar a su secretario Rubio de estar mezclado en conspiraciones, optó por ir a Zugarramurdi (25 de enero de 1827) a fin de evitar el viaje a Tours.

Un mes más tarde estaba de nuevo de regreso en Francia, pero tuvo que aceptar fijar su residencia en un lugar alejado de la frontera, optando por Agen, adonde se dirigió el 26 de febrero. El 8 de marzo llegó a su nuevo destino. Al mismo tiempo el Gobierno español le había concedido un permiso ilimitado para viajar por el extranjero y se mencionaba expresamente Italia, territorio al que, al parecer, había mostrado deseos de visitar (16 de febrero de 1827).

El inicio de la Guerra de los Agraviados hizo recaer nuevamente sospechas sobre su conexión con los hechos, por lo que el Gobierno español (28 de julio de 1827) pidió su expulsión de Francia y su traslado a Florencia, Roma o Nápoles. Mataflorida salió al paso de dichas acusaciones y de las aparecidas en la prensa parisina con una carta publicada en el Journal de Lotet-Garonne (1 de septiembre de 1827). A pesar de ello el ministro del Interior francés ordenó someterle a una estrecha vigilancia, que incluía partes semanales de su actividad, cuyo único resultado fue dar constancia de la vida anodina y retirada de la familia. A pesar de ello, algunas declaraciones de los condenados por la revuelta le relacionaban con los hechos.

El Gobierno español insistió en diversas ocasiones en su alejamiento.

Hay ligeras discrepancias sobre la fecha de fallecimiento.

En la placa de su tumba se dice que fue el 3 de julio de 1832, mientras que en la carta de la Embajada Española en París se menciona un certificado señalando que se produjo el día 4.

 

Obras de ~: Manifiesto que los amantes de la Monarquía hacen a la Nación española, a las demás potencias y a sus soberanos, s. l., s. f.

 

Fuentes y bibl.: Archives Nationales (Paris), F7 11.982; Archivo General Militar (Segovia), 1822; Archivo General del Ministerio de Justicia, leg. 261-1 exp. 2.457; Archivo Histórico Nacional, Consejos, legs. 8.979 año 1817, exp. 18, 11.776 año 1817, exp. 4, 12.146, exp. n.º 33, libro 2.753, año 1816, n.º 15; Estado, leg. 247, exp. 24, 252, exp. 97, 878 caja 2, exps. 95 y 5.308; Archivo del Ministerio de Asuntos de Exteriores, Exps. personales, P. 156 exp. 8.068; P. 157 exp. 08163; Servicio Histórico Militar, Exps. personales, rollo 33; Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 5 n.º 13.

J. L. Comellas García-Llera, Los realistas en el Trienio Constitucional (1820-1823), Pamplona, Studium Generales, 1958; M.ª C. Diz-Lois, El manifiesto de 1814, Pamplona, EUNSA, 1967, J. F. Lasso Gaite, El Ministerio de Justicia: su imagen histórica (1714-1981), Madrid, Juan Francisco Lasso, 1984; V. Herrero Mediavilla (dir. y coord.), Archivo biográfico de España, Portugal e Iberoamérica , München, Saur, 1986-2005, I microficha 579, n.º 99-104; microficha 642, n.º 276; II microficha 625, n.º 348-349; VV. AA., Actas del Consejo de Ministros, Madrid, Ministerio de las Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, 1989-1996, vols. 1, 3, 4, 6 y 7; A. Gil Novales (dir. y coord.), Diccionario biográfico del Trienio Liberal, Madrid, El Museo Universal, 1991; A. M.ª García Terrel y Mozo de Rosales, “Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida, un político sevillano de la primera mitad del siglo XIX”, en Archivo Hispalense, LXXIX, n.º 240 (1996), págs. 11-50.

 

José Ramón Urquijo Goitia