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Carlos II

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Biografía

Carlos II. El Hechizado. Madrid, 6.XI.1661 – 1.XI.1700. Rey de España.

Hijo de Felipe IV y de su segunda esposa, Mariana de Austria, el nacimiento del último de los Austrias de Madrid suponía la culminación de una endogamia fa­miliar practicada entre los Habsburgo durante tres ge­neraciones que se reflejó en la extrema naturaleza en­fermiza del recién nacido. Padeció raquitismo infantil y epilepsia. Sólo tenía cuatro años cuando accedió al trono y durante todos ellos se prolongó su período de lactancia. Aunque desde el mismo instante de su existencia se desataron las especulaciones sobre la fra­gilidad del recién nacido y su inminente desaparición —que afectaba a los intereses dinásticos de las más importantes potencias continentales—, éste alcanzó la edad adulta y reinó durante treinta y cinco años.

La educación y formación de Carlos II estuvo las­trada por sus limitaciones físicas e intelectuales. So­breprotegido por su madre, permaneció al cuidado de nodrizas y ayas durante la primera infancia. Su preceptor, Francisco Ramos del Manzano, fue nom­brado maestro del Rey con sesenta y tres años, cuando el Monarca estaba a punto de cumplir los seis (el 5 de junio de 1667). Entre los encargos que le hizo la Reina figuraba que el regio discípulo alcanzara el co­nocimiento de la doctrina cristiana y de las primeras letras, que consiguiera leer y escribir sucesivamente latín, italiano y francés y que aprendiera Geografía para saber localizar en los mapas el resto de los Esta­dos y la situación de sus propios dominios. En 1671, a pocos meses de que el Rey cumpliera diez años, su maestro dulcificaba el fracaso de sus desvelos con un alumno poco aventajado; afirmaba que entendía ru­dimentos de latín, conocía las partes del mundo, se­ñalaba en los mapas y “en las primeras letras y apli­cación al leer y escribir y en lo que ha permitido la viveza y natural grande del rey y de su edad y el nin­gún apremio que cabe en la soberanía, se le ha intro­ducido y aplicado de manera que ha mucho tiempo que como consta a V. Mg. lee clara y perfectamente y escrive en caracteres pequeños con forma bastante y para que el leer le sirviese en los fines que se me en­cargaron por la instrucción de V. Mg., he dispuesto que el rey, después de algunos libros, aya leído las historias reducidas a epítomes de los Señores Reyes Católicos, Emperador Carlos V, Reyes Don Felipe II y Don Felipe III y con la ocasión que ha dado lo que ha ido leyendo, se le ha motivado y propuesto para la imitación y los hechos y virtudes más señalados de sus reales abuelos [...] y juntamente se le ha instruido en las noticias de los Reynos y Estados de que se com­pone su monarquía [...]”.

Durante el período de minoría de Carlos II, el am­biente político —como fue frecuente en circuns­tancias semejantes en el resto de las monarquías eu­ropeas— estuvo marcado por la desestabilización provocada por las distintas facciones aristocráticas que, deseosas de acumular poder, no se sentían su­ficientemente representadas en el gobierno. A ello hay que añadir la presión exterior ejercida por un Luis XIV en pleno proceso de reivindicación hege­mónica en Europa, la incertidumbre ante la mala sa­lud del Rey niño y la penosa situación de la Hacienda Real heredada de su padre.

Según el testamento de Felipe IV, la Reina madre utilizaría el título de “Reina Gobernadora” pero debe­ría ser asesorada por una Junta de Gobierno integrada por los presidentes de los Consejos de Aragón (el va­lenciano Cristóbal Crespí de Valldaura) y de Castilla (el conde de Castrillo: García de Haro Sotomayor y Guzmán, andaluz), un consejero de Estado (conde de Peñaranda: Gaspar de Bracamonte y Guzmán, salmantino), un Grande de España (marqués de Aitona: Guillem Ramón de Montcada, catalán), el inquisi­dor general (Pascual Folch Cardona y Aragón, cata­lán) además del secretario del Despacho Universal (Blasco de Loyola, vasco). Esta junta pretendía ser la expresión de los poderes colectivos que integraban la Monarquía. Sin embargo, la posibilidad de que fuera operativa durante la menor edad de Carlos II se vio frustrada por dos factores: la desconfianza de la re­gente hacia los componentes del organismo y la exis­tencia de un hijo bastardo de Felipe IV, Juan José de Austria, que desestabilizó la situación política del país durante toda la primera parte del reinado, espoleado por sectores destacados de la aristocracia.

Mariana de Austria necesitaba, para ejercer el po­der, personas de su extrema confianza y éstas no eran precisamente las que integraban la Junta. Por ello se sirvió durante sus años de gobierno de dos validos que no pertenecían a la alta nobleza de la que desconfiaba en su mayoría. El primero, el jesuita austríaco Nithard, era su confesor y procedía del séquito inicial con el que Mariana llegó a España. La Reina forzó la legalidad para hacerle formar parte de la Junta de Gobierno nombrándolo inquisidor general. El nuevo valido que no demostró una ambición personal des­medida y que contaba al parecer con un programa de saneamiento hacendístico, no pudo llevarlo a efecto por las difíciles circunstancias exteriores —su pe­ríodo de influencia coincidió con la Guerra de Devolución desatada por Luis XIV—, y por la oposición interior.

De origen modesto y extranjero, Nithard nunca gozó de popularidad y, lo más importante, dado su origen social y geográfico, no contaba con el apoyo de una camarilla cortesana sólida. Su principal detractor público fue Juan José de Austria, quien, en vida de Felipe IV, había intentado sin conseguirlo que su pa­dre le vinculara más estrechamente al poder. Militar aventajado y exitoso en Italia (1648-1651) y Cataluña (1652) se hallaba, sin embargo, resentido tras sus derrotas en los Países Bajos frente a Francia (1656-1659) y Portugal (1661-1664) y mantenía buenas re­laciones con la alta nobleza que al fin y al cabo le con­sideraba un príncipe de sangre real que despertaba esperanza y simpatías entre el pueblo. De notable ca­pacidad intelectual, parecía estar capacitado también políticamente.

A partir de 1667 se agudizó el enfrentamiento entre el bastardo real, la Reina y el favorito. Los dos últimos decidieron alejar a Juan José de la Corte nombrándole general del ejército de Flandes, pero éste se excusó de acudir al destino en dos ocasiones con varios pretextos e inició una virulenta campaña publicística contra Ni­thard y la regente. La Reina madre ordenó entonces a don Juan que se retirara a Consuegra, capital de la Orden Militar de San Juan de la que era gran prior, al tiempo que se descubría un complot para asesinar al valido. La Junta de Gobierno decretó la detención de don Juan al que se relacionaba con el atentado frus­trado, pero él escapó a Cataluña, donde tenía muchos apoyos, entre ellos el del propio virrey —el duque de Osuna—, que sin embargo, en público, mantuvo una actitud ambigua ante el enfrentamiento. Don Juan José redactó una carta pública en la que justificaba su fuga e intensificó la difusión de panfletos contra el valido y la regente. Finalmente, para rematar su ofensiva, inició una marcha hacia Madrid en enero de 1669 acompañado de cuatrocientos soldados que decía necesitar como escolta personal y que al parecer le había proporcionado el propio virrey de Cataluña. La mediación del nuncio pontificio destacado en la Corte detuvo el avance de don Juan. La condición para no proseguir con su intervención militar era que Nithard saliera sin demora del Gobierno y del país, circunstancia que efectivamente se produjo en marzo de ese mismo año. Era la primera vez que un valido dejaba de serlo en contra de la voluntad real, pero no sería la última.

El hermanastro se instaló después del incidente en tierras de Aragón, en concreto en el palacio arzo­bispal de Zaragoza, con el título de vicario general. Mientras, Mariana de Austria creaba la “Chamberga” —una guardia palatina destinada a la defensa de las personas reales—, y en apariencia aceptaba ejercer el poder asesorada por la Junta de Gobierno. Sin em­bargo, a partir de 1669, un nuevo personaje proce­dente del círculo íntimo de la Reina se vislumbraba como el nuevo valido.

Fernando de Valenzuela y Enciso, de origen hi­dalgo y nacido en Nápoles, era hijo de Gaspar de Va­lenzuela, capitán y aposentador real. Protegido de la Casa del Infantado, sirvió en ella como paje cuando el duque era virrey de Sicilia. En 1659 ya estaba en Madrid, donde casó con Ambrosia de Ucedo, ayuda de cámara de Mariana de Austria desde 1658. Apren­dió pronto a desenvolverse en el microcosmos corte­sano, razón por la que se convirtió en informador y confidente de Mariana. Su proximidad a la regente databa de los tiempos del valimiento de Nithard. Del oficio de caballerizo mayor, que fue el regalo de bodas de la Reina a su esposa, pasó a disfrutar en 1671 de un hábito de caballero de Santiago y obtuvo el nom­bramiento de introductor de embajadores. Los cargos de alta responsabilidad política comenzaron a llegar a partir de 1674. Para entonces, ya se le consideraba el nuevo favorito de la regente, razón por la que Peñaranda alentó su entrada en el Consejo de Indias. En 1675 entró finalmente en el círculo de los nobles ti­tulados como marqués de Villasierra. Consciente de que uno de los déficits de Nithard había sido su falta de apoyos dentro de la Corte, procuró asegurarse una camarilla cortesana urdiendo una red de intereses en torno a él de la que participaron cortesanos y nobles, mientras administraba estratégicamente el reparto de cargos para atraerse voluntades.

En el inicio de su período de influencia, Valen­zuela buscó aliados y tejió su propia red de supues­tos incondicionales. Era consciente de la necesidad que tenía de asegurase el apoyo no sólo de los gran­des comprometidos con la Reina, que eran pocos, sino de los que, de algún modo, se habían mostrado proclives a don Juan. Entre los primeros se encontra­ban el almirante de Castilla, los condes de Aguilar, Oropesa y Melgar y entre los segundos, el Príncipe de Astillano, el duque de Alburquerque, los marque­ses de Castromonte, Villalobos y Falces, el conde de Galve (hermano de Pastrana que seguía próximo a don Juan José), Medinaceli y los condes de Montijo y de la Monclova o el conde de Baños. Sólo fueron excluidos de este complejo entramado de intereses el duque de Alba y su círculo más estrecho, el conde de Monterrey y el cardenal Portocarrero, junto con su tío Pascual de Aragón.

Su programa de actuación política consistió en ase­gurar los abastos y el trabajo para los habitantes de la Corte mediante la intensificación de obras públi­cas (por ejemplo, la reconstrucción de la Plaza Ma­yor de Madrid parcialmente destruida en el incendio de 1672) como medida de seguridad para el Rey y la regente. Por ello, procuró la mejora del abastecimiento, la vigilancia de las tasas en los productos de primera necesidad e impulsó las obras públicas. El incremento en la venalidad de los oficios y puestos de la Monarquía, era también una parte básica de su programa. Otorgar mercedes a cambio de dinero sirvió para engordar las maltrechas arcas de la Mo­narquía, pero, sobre todo, añadió colaboradores afi­nes a su círculo de intereses. También la intensifi­cación de las diversiones palaciegas es imputable a su período de influencia política. Justificadas como un instrumento de educación para Carlos II —que podía aprender en el escenario lo que no conseguía entender en los libros—, era también, y sobre todo, una estrategia de integración social para ser aceptado por los grandes.

El 6 de noviembre de 1675 era la fecha señalada para dar por finalizado el tiempo de minoría de Car­los II pero a los ojos de la regente y del valido, los catorce años no eran edad suficiente para tomar las riendas del poder. Sin embargo, los grandes pensa­ban que la proclamación de su mayoría de edad era una oportunidad para reconducir la situación polí­tica. Las filas de don Juan José habían vuelto a engro­sar y además de Alba, Monterrey y los cardenales de Aragón y de Toledo, estaban ahora Medellín, Ayala, el marqués de Castel Rodrigo e incluso el príncipe de Astillano. Todos se movilizaron para crear un estado de opinión favorable al llamamiento de don Juan a la gobernación.

Mariana de Austria, temerosa de estas maniobras, había planeado alejar a don Juan José de su hijo en los momentos previos a la regia ceremonia de eman­cipación. Dio orden —ateniéndose al parecer uná­nime del consejo de Italia— de que marchara a Me­sina con el nombramiento de virrey para aplacar el levantamiento iniciado el año anterior, pero don Juan no lo hizo esperando que llegara una señal que le indicara que había llegado el momento de su asalto al poder, ya que gentes pertenecientes a los círculos cortesanos, habían conseguido burlar el control que la Reina y Valenzuela ejercían sobre Carlos II y le convencieron de las bondades que entrañaba tener a don Juan a su lado para ayudarle en las tareas de gobierno.

El 6 de noviembre de 1675, fecha del cumpleaños del Rey, cada consejero y grande residente en Ma­drid recibió una carta firmada por don Juan infor­mando que su hermano le había llamado a la Corte. Don Juan llegó al Alcázar, fue recibido como infante de España y mantuvo una entrevista con el Monarca. Tras ella, se alojó en el Buen Retiro mientras el Rey visitaba a su madre. La larga conversación que man­tuvo durante dos horas con la regente acabó con sus planes de independencia. A las seis de la tarde, el duque de Medinaceli se encaminó al Retiro para entre­gar a don Juan una Real Orden que le instaba a mar­char a Italia de forma inmediata. Don Juan abandonó Madrid, pero hizo público, a través de una carta que difundió por toda la Península, que no estaba dispuesto a aceptar ningún destino o nueva responsabi­lidad mientras su hermano estuviera con la voluntad secuestrada, según él interpretaba.

Tras el incidente, los Consejos de Estado y Casti­lla enviaron sus consultas a Mariana de Austria indi­cando que a partir de entonces el Rey debía firmar los decretos aunque la Junta de Gobierno siguiera fun­cionando bajo la presidencia de la Reina madre, du­rante dos años más. Sin embargo, Valenzuela debía alejarse de la Corte. Los grandes, aunque divididos, parecían convertirse en los árbitros de la situación.

Valenzuela, destinado al principio como embajador en Venecia, finalmente logró permanecer en la Penín­sula con el nombramiento de capitán general de Gra­nada. Mariana de Austria reorganizó la Junta de Go­bierno con los aristócratas más afines: Medinaceli, el condestable, el almirante de Castilla y el conde de Aguilar y alejó a los que consideraba peligrosos. Al conde de Santiesteban le envió al virreinato de Cer­deña y al marqués de Villagarcía a la embajada de Ve­necia. Ya estaba en Roma el marqués de Heliche y del Carpio (desde 1675 hasta 1682) y también Luis Por­tocarrero, a raíz de la elección de Inocencio XI, como nuevo Pontífice.

La culminación del triunfo de la Reina madre fue la vuelta de Valenzuela a la Corte en abril de 1676, con un cúmulo de nuevas funciones y honores. En el orden privado, obtuvo el título de Grande de España, lo que definitivamente le valió la animadversión de la alta nobleza. En los asuntos políticos fue nombrado “Primer Ministro” con el encargo específico de coor­dinar la labor de los distintos consejos. Aunque este nombramiento significaba sobre el papel un paso im­portante en la modernización de la maquinaria es­tatal —ya que era la primera vez que se respaldaba con un cargo institucional de estas características al hombre de confianza del Monarca—, Valenzuela no contaba con el apoyo de ninguna facción cortesana sólida. Muy al contrario, una parte importante de ella hizo público su malestar el 15 de diciembre de 1676, a través de un escrito conocido como el “Do­cumento de la Grandeza”, en el que más de una veintena de nobles destacados denunciaban como causa de los males de la Monarquía a la Reina madre y a su favorito y exigían la separación permanente de Car­los II de Mariana de Austria, el encarcelamiento de Valenzuela y la designación inmediata de don Juan José como máximo colaborador en el gobierno del Rey. Los firmantes fueron: el duque de Alba, el duque de Osuna, el marqués de Falces, el conde de Altamira, el duque de Medina Sidonia, el duque de Uceda, el duque de Pastrana, el duque de Camiña, el duque de Veragua, don Antonio de Toledo, don Juan, el duque de Gandía, el duque Híjar, el conde de Benavente, el conde de Monterrey, el marqués de Liche, el duque de Arcos, el marqués de Leganés, el marqués de Villena, el conde de Galve, la duquesa del Infantado, la duquesa de Terranova, la condesa de Oñate, la condesa de Lemos y la condesa de Monterrey (Ms. de la Real Academia de la Historia, Papeles de jesuitas). El pronuncia­miento, tradicionalmente imputado al hermanastro, era sobre todo de los aristócratas. Don Juan no habría podido conquistar el poder sin sus apoyos como se había demostrado en anteriores intentonas.

Dos días después de la declaración aristocrática, los Consejos de Castilla y de Estado resolvían el en­carcelamiento de Valenzuela, aunque advertían a don Juan que no avanzase sobre Madrid. Mariana de Austria intentó reprimir la conjura, pero dada la marcha de los acontecimientos tuvo que disolver la Junta de Gobierno. Carlos II había enviado a su her­manastro una orden secreta el 27 de diciembre en la que le instaba a acudir a Madrid. Los condes de Baños, Mónclova, Montijo y Medellín y los duques de Alba e Híjar habían organizado una fuerza mili­tar que fue aumentando a medida que se acercaba a Castilla y que llegó a ser de más de quince mil solda­dos que, procedentes de Valencia, Cataluña y Ara­gón y encabezados por don Juan, se encaminaban hacia la Corte. A la Reina madre no le quedó margen de maniobra. Abandonó a un Valenzuela acosado que buscó refugio en El Escorial y el 11 de enero de 1677 el hermanastro entró en Madrid. Mariana de Austria intentó la reconciliación con don Juan, pero fue desterrada a Toledo, aunque aquella salida for­zada de la Corte se camufló formalmente como un retiro voluntario, casi un premio, tras haber cum­plido su deber como regente. Mientras, Valenzuela resultó apresado “en sagrado” dentro de El Escorial y más tarde desterrado a Filipinas; murió en México en 1692.

Carlos II nombró de inmediato a don Juan primer ministro. El acto de anuencia de la aristocracia con todo el proceso quedó exteriorizado en la ceremonia de traslado de la Corte y del Rey desde el Palacio del Buen Retiro al Alcázar el 7 de marzo de 1677. Según una relación contemporánea del acontecimiento, en el coche real, enfrente de Carlos II, se sentó don Juan, acompañados ambos por el condestable a la derecha (mayordomo mayor de la Casa del Rey) y por Medinaceli (sumiller de Corps) a su izquierda, aunque ninguno de estos dos grandes había firmado el manifiesto contra Valenzuela y se habían mante­nido al margen del pronunciamiento. Se iniciaba así una etapa en la que se abrigó la esperanza de poder remediar los males anteriores, pero que en realidad coincidió con uno de los momentos más críticos de la situación económica y de la evolución política in­ternacional, con un Luis XIV en plena expansión, lo que impidió poner en práctica la mayor parte de los planes de gobierno que el nuevo primer ministro había ideado.

Decidió también reforzar el programa de prepara­ción de Carlos II para su oficio de Rey. Un nuevo ma­nual para la educación del príncipe editado en 1678, El cetro con ojos, de Andrés Ferrer de Valdecebro, que consagraba su obra a don Juan, aunque lo dedicaba a Carlos II, proclamaba que la insistencia en el trabajo era la clave del éxito. Parecían cobrar fuerza de nuevo las viejas tesis de Ramos del Manzano con las que don Juan parecía haber sintonizado súbitamente, y prueba de que las tuvo en cuenta fue el lugar especial que en su gobierno ocupó el viejo maestro del Rey. El anti­guo preceptor recibió el título de conde de Francos durante el mes de noviembre de 1677 y, además, fue nombrado jurista del reino y principal consejero del nuevo primer ministro. Detrás del nuevo programa educativo al que se pretendía someter a Carlos II, que había cumplido en 1677 dieciséis años, podían apre­ciarse los procedimientos y metas del viejo maestro. Un plan que abarcaba la mejora de la lectura y la es­critura, el conocimiento de los asuntos de gobierno, la Historia, la Geografía y que ponía especial énfasis en los pasatiempos físicos, particularmente en la caza y en la esgrima. Los ejercicios memorísticos volvieron a hacer acto de presencia. También la caligrafía debía reforzarse, aunque el modo era despachar por escrito con don Juan José mediante preguntas y respuestas sencillas. También, dentro del programa de prepa­ración regia, se organizó el viaje de Carlos II a Ara­gón para jurar sus fueros. Un viaje preceptivo, pues desde 1676 la Diputación de aquella ciudad venía re­clamando esta ceremonia, necesaria para legitimar al Monarca una vez había sido proclamada su mayoría de edad, aunque de paso sirvió para dar satisfacción a cuantos desde aquel reino habían apoyado a don Juan. El Rey salió de Madrid con destino a Zaragoza y el viaje se realizó durante diez jornadas. La jura tuvo lugar el 1 de mayo en el templo del Pilar. La apertura oficial de las Cortes aragonesas se consumó el 14 de mayo. El 2 de junio Carlos II y su séquito emprendie­ron viaje a Madrid por Tarazona, Ágreda, Almazán y Jadraque. El 12 de junio hacían su entrada en la villa madrileña. El viaje aragonés transcurrió a lo largo de cincuenta y tres días.

Pero la camarilla palaciega que sostenía al hermanas­tro era prestada y movediza. La solidez de sus apoyos dependía del grado de satisfacción que tuvieran las as­piraciones de los grandes que le habían encumbrado. De la unanimidad que parecía haber concitado entre los magnates la defenestración de Valenzuela, se pasa­ría progresivamente al malestar de la alta nobleza por la promoción de nobles de segunda a altos puestos de representación, desde los cuales pretendían competir con los grandes en preeminencia y poder. Don Juan, además, había exteriorizado ciertos gestos cortesanos que causaron profundo malestar. Por ejemplo en los actos de la Semana Santa de 1677 colocó una almo­hada al lado del Rey para seguir desde tan privilegiado puesto la ceremonia. Una posición que ya no perdería en los actos de la Capilla Real hasta su fallecimiento y que se interpretó por los grandes como un gesto re­presentativo que le señalaba como directo sucesor de Carlos II. El fuerte control personal ejercido en el acceso a las habitaciones del Rey y a su persona también excluyó progresivamente a los grandes y títulos del entorno más cercano a Carlos II. Don Juan vigilaba las pocas audiencias del Monarca, sus escasas lectu­ras y también la correspondencia privada que mante­nía con su madre. Cartas que doña Mariana escribía dentro de un plano puramente personal sin aludir a ningún tema político que su hijo no hubiera citado previamente. Las contestaciones de Carlos II siempre eran corregidas y supervisadas por su hermano obli­gándole a hacer un borrador en el que tachaba, no sólo las noticias indiscretas o inexactas, sino las frases demasiado espontáneas de cariño. La Reina intentó romper este cerco en varias ocasiones aunque sólo lo logró después de la firma de la Paz de Nimega (1678), cuando el embajador francés, el marqués de Villars, se reincorporó a la Corte madrileña y quiso, por encargo de Luis XIV y desobedeciendo las instrucciones de don Juan, cumplimentar a la Reina madre al conside­rarla un miembro de su familia.

Después de dos años de gobierno, el desgaste del primer ministro era manifiesto. Don Juan fracasó en las reformas que intentó acometer en materia hacen­dística y administrativa, las crisis de subsistencia en Castilla fueron particularmente agudas mientras las guerras del Rosellón y de Mesina situaron a la Mo­narquía en una situación económica extrema. Fue en­tonces cuando hubo de pedir a los aristócratas un do­nativo “voluntario” en abril de 1679. La negativa de la mayor parte de ellos se convirtió en un acto público de recusación que agravó los síntomas de unas fiebres periódicas que padecía y que acabaron con su vida el 17 de septiembre de 1679 a la edad de cincuenta años. Sólo cuatro días después, Carlos II se reencon­traba con su madre en Toledo.

Antes, en febrero de ese mismo año, Carlos II co­municaba al Consejo de Castilla su decisión de con­traer matrimonio con la sobrina de Luis XIV, María Luisa de Orleans. Aunque en 1673, cuando el Rey contaba once años, el embajador del Emperador en Madrid hizo una propuesta de matrimonio ofre­ciendo como Reina a la archiduquesa María Antonia, hija de Leopoldo I y de Margarita Teresa de Austria, hermana de Carlos II, la diferencia de edad entre la candidata y el Rey que obligaba a esperar varios años hasta que la archiduquesa llegara a la edad fértil pos­puso el acuerdo, si bien al parecer sólo faltaba firmar los documentos que dieran carácter oficial al compro­miso. Tras el acceso al poder de don Juan, la idea de una esposa real austríaca quedó desechada, consciente de la influencia que ésta podría ejercer en el joven Rey a favor de las tesis políticas de la Reina madre. La Paz de Nimega y el fin de la guerra con Francia inclinó la elección hacia la sobrina del Rey Sol.

Parece ser que Carlos II se enamoró súbitamente de su joven esposa cuando la vio por primera vez en un cuadro que le mostró su hermanastro. El matrimo­nio por poderes tuvo lugar en Fontainebleau el 31 de agosto y la boda efectiva se celebró el 18 de noviem­bre de 1679 en el pequeño pueblo de Quintanapa­lla (Burgos). Hasta allí llegó Carlos II en el segundo viaje extenso que emprendía el Monarca en su vida. Salió de Madrid el 21 de octubre llegando a Burgos el 5 de noviembre. Tras el encuentro, la nueva Reina permaneció en el Retiro hasta el 18 de enero, fecha de su Real Entrada. Desde el principio del matrimo­nio se temió que éste no pudiera ser fértil por algu­nos problemas físicos de nacimiento que presentaba el Rey y que María Luisa de Orleans reveló en su co­rrespondencia privada. Una enfermedad identificada hoy como “Síndrome de Klinefelter”. No obstante, la Reina fue sometida a todo tipo de tratamientos que condujeran a un embarazo sin resultado alguno hasta que murió en 1689 como consecuencia de una peri­tonitis.

Los primeros ministros que sucedieron a don Juan no habían sido expresamente elegidos por el Rey. Fueron más bien los triunfadores en las luchas de las distintas facciones aristocráticas. Sin embargo, de­mostraron un notable sentido práctico a la hora de emprender ciertas reformas imprescindibles para la supervivencia de la Monarquía. El VIII duque de Medinaceli, Juan Francisco Tomás de la Cerda y En­ríquez de Rivera, era uno de los grandes más ricos y poderosos de la época. Protagonista de la vida de la Corte desde su oficio de sumiller de Corps se ins­taló con pie firme en el gobierno de la Monarquía en 1680. Ya en 1679 formaba parte del consejo de In­dias y desde él impulsó la creación de la Junta de Comercio que sobre todo se encargó de promover la actividad industrial autóctona. Era consciente de la necesidad de acometer reformas en el sistema co­mercial con Indias cuando se restituyó a Cádiz el Juz­gado y el tercio del tonelaje y al tomar personalmente las riendas del poder prosiguió ese programa y alentó una reforma heredada de tiempos de don Juan que convirtió a la ciudad de la Bahía en el primer puerto del comercio americano en detrimento de Sevilla. También conocía muy de cerca los planes de sanea­miento hacendístico abordados durante el período de influencia política del hermanastro e impulsó una re­forma monetaria cauterizadora en febrero de 1680, destinada a frenar la imparable inflación del vellón. Dicha reforma era absolutamente necesaria si se que­ría iniciar la recuperación económica de Castilla que venía posponiéndose, por prioridades de índole polí­tica, desde 1640.

Pero si las reformas interiores se acometían con cierta valentía, la imparable presión ejercida por Luis XIV en los frentes europeos sólo dejaba espacio a Medinaceli para asumir los retrocesos territoriales, siendo uno de los más escandalosos el consumado en la Tregua de Ratisbona (1684), que suponía la cesión de la fortaleza de Luxemburgo por veinte años. Frente al poderío militar exhibido por Luis XIV, la imagen de Carlos II quedaba bastante deteriorada y fue en­tonces cuando se intentó, desde círculos intelectuales próximos al Monarca —la Academia del Alcázar, por ejemplo—, transmitir una imagen regia alternativa a la del “Gran Luis”, por ejemplo, la de “Rey Piadoso”. Desde una noción política providencialista, la piedad del Rey era un pilar básico para recuperar la grandeza de la Monarquía y de ahí la popularidad que alcanzó por estas fechas el célebre encuentro de Carlos II con un sacerdote que llevaba el viático a un moribundo y al que el Soberano prestó su coche acompañándole a cumplir su misión.

Desgastado por la acción de gobierno, Medinaceli, que había conducido los destinos de la Monarquía tras la muerte de don Juan José y que había sabido si­lenciar los distintos movimientos de las banderías pa­laciegas, comenzó a preparar su sucesión en junio de 1684. Razones de salud y la merma de sus apoyos en la Corte reflejados en los continuos enfrentamientos que sostuvo con María Luisa de Orleans, le impulsa­ron a dar este paso. Primero reemplazó al obispo de Ávila en la presidencia del Consejo de Castilla por Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal, conde de Oropesa, que ya era consejero de Estado. Poco después, tras un último episodio de enfrentamiento con la Reina, presentó su dimisión al Rey el 18 de abril de 1685, aunque conservó su puesto de caballe­rizo mayor, sumiller de Corps y presidente del Con­sejo de Indias. Tras su retirada, Oropesa no le sucedió abiertamente en el puesto. Los meses siguientes fue­ron de desconcierto político y de toma de posiciones, pues se consideraba que el lugar dejado por Medina­celi se hallaba vacante. Sin embargo, desde la presi­dencia del Consejo de Castilla, Oropesa fue ganando protagonismo hasta conseguir ser nombrado por el Rey primer ministro en 1688. Su tarea se orientó so­bre todo a la reforma hacendística. El proyecto de una única contribución que sustituyera a los millones, la reducción de la deuda pública y la modernización ad­ministrativa en la gestión fiscal fueron sus objetivos nominales. Para ello, contó con la colaboración del marqués de los Vélez nombrado superintendente ge­neral de Hacienda, un cargo unipersonal innovador en el contexto administrativo de la Monarquía, que pretendía poner al frente de la gestión de la Hacienda Real a un experto. También durante su mandato se revalorizó la figura del secretario de Despacho Uni­versal, que poco a poco se convertiría en eje de toda la administración. Estas novedades aplicadas en la úl­tima parte del reinado vienen a demostrar que el re­formismo borbónico emprendido en el siglo XVIII no partía de cero. Mientras tanto, la cuestión sucesoria seguía abierta y vino a agravarse el 12 de febrero de 1689 cuando la reina María Luisa de Orleans murió.

En medio de los preceptivos lutos, tan sólo diez días después del fallecimiento, el Consejo de Estado ela­boró una consulta para que Carlos II iniciara cuanto antes los trámites para casarse de nuevo. Aunque el Rey lamentó sinceramente la muerte de María Luisa, no puso impedimentos para que se empezara a es­tudiar un nuevo enlace. La candidata con más posi­bilidades que al final resultó elegida fue Mariana de Neoburgo, hija del elector del Palatinado y candidata del Emperador. La fertilidad de su familia fue la me­jor carta de presentación, pues en Madrid se deseaba con ardor un heredero. El 28 de agosto se celebró la boda por poderes en la capilla mayor del colegio de los Jesuitas de Neoburgo.

La situación económica en 1690 resultaba particu­larmente grave. Los gastos se intentaron excusar por todos los medios hasta el punto que, cuando se dieron las instrucciones para el viaje de la Reina a España, se advirtió expresamente al mayordomo mayor que al atravesar los territorios de los Países Bajos no hiciera entrada pública a caballo para excusar gastos. Pero a pesar de los propósitos de austeridad hubo una serie de inversiones inexcusables. La casa entera de la Reina se trasladó a Santander primero y a La Coruña des­pués para recibirla. Llegó el 13 de abril a Ferrol tras un accidentado viaje en el que hubo que evitar tierras y barcos franceses, ya que en 1689 había comenzado la Guerra de los Nueve Años. El Rey la esperó en Valladolid, donde se ratificó el matrimonio el 4 de mayo. Cuando los Reyes llegaron por fin a Madrid lo hicieron sin ceremonia. El 16 de mayo ya estaban ins­talados en el Buen Retiro. Todos los fastos represen­tativos se guardaron para la Real Entrada del día 22.

La nueva Reina no tardó en empezar a trabajar a favor de los intereses austríacos. El responsable de la sobriedad de su boda, al que no tenía ninguna sim­patía, era además un obstáculo para las aspiraciones de Leopoldo I a la sucesión. Por fortuna para los pla­nes de la Reina, Oropesa había acumulado muchos enemigos políticos. El imperio le consideraba uno de los principales protagonistas de la etapa de apacigua­miento frente a Luis XIV y además, según el emba­jador inglés Stanhope —que definía a Oropesa como “el hombre más capaz que me he encontrado en Es­paña”—, tuvo que hacer frente a la abierta oposición de la mayor parte de los grandes, que, encabezados por el duque de Arcos, se manifestaron abiertamente en contra de su gestión a través de un memorial enviado al Rey un mes antes de su cese, responsabilizán­dole de todos los males de la Monarquía. Carlos II despidió a Oropesa el 24 de junio de 1691 con estas palabras: “eso quieren y es preciso que me conforme”. Nunca como entonces las descripciones que han lle­gado hasta nosotros de la personalidad de Carlos II quedaron más demostradas por el testimonio de sus actos.

El enviado de Saboya en la Corte madrileña, conde de Vernon, señalaba en 1686 el natural de su perso­nalidad indecisa: “El rey por naturaleza está inclinado a la justicia y a la piedad, no le falta entendimiento, lo cual he notado muchas veces [...] cuando llegando a él y habiendo preparado muchas razones que le conven­cieran del negocio que allí me llevaba, observaba que atendía estudiando los motivos auténticos y más importantes [...] Pero es especialmente desconfiado. Fía de todos y de nadie; y de ahí nace su irresolución”.

Y la propia Reina en su correspondencia privada con el elector palatino, daba testimonio de las difi­cultades de su esposo para tomar decisiones. Al final, el que había ejercido las máximas responsabilidades de gobierno hasta entonces fue cesado. Con la caída de Oropesa se inició el período de influencia política de Mariana de Neoburgo. Esta nueva etapa coincidió con un relevo generacional en las filas de las persona­lidades que habían protagonizado los avatares de la gobernación desde la regencia. Habían muerto Astillano, Medinaceli, Alba y Pedro de Aragón. Esta cir­cunstancia y el extrañamiento de Oropesa propiciaron la reestructuración del Consejo de Estado. Ingresó el duque de Pastrana y del Infantado, el marqués de Vi­llafranca que en esos momentos era virrey de Sici­lia e interino de Nápoles, Juan Tomás Enríquez de Cabrera, conde de Melgar, que al poco se convirtió también por muerte de su padre en almirante de Cas­tilla, el marqués de Borgomanero y Pedro Ronqui­llo, conde de Gramado, además de Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana junto con el conde de Aguilar. Por su parte, la Reina se apoyó en su propia camarilla austríaca: Godofredo y Enrique Wisser, su secretario, la condesa Berlips, su confesor el padre Rehim, el nuevo embajador del Emperador: el conde Lokowitz y el príncipe Darmstadt, primo de la Reina que fue nombrado virrey de Cataluña. Este “núcleo duro” austríaco arrinconó temporalmente a muchos nobles españoles, relanzó los gastos de mer­cedes y sobresueldos y aceleró los gastos de guerra, pues la continuidad del enfrentamiento con Francia favorecía al Emperador.

Con buena parte de los grandes en retirada, a co­mienzos de 1692 la discusión política sobre la cues­tión sucesoria se había desatado. Los dos matrimonios de Carlos II no habían proporcionado la descenden­cia deseada y los Austrias de Madrid se veían abocados a su fin. La muerte de la Reina madre se pro­dujo el 16 de mayo de 1696 y en su lecho de muerte Carlos II le había prometido elegir como heredero a José Fernando de Baviera, nacido el 28 de octubre de 1692 y nieto de Margarita Teresa, la hermana de Carlos II.

En junio de 1696 una nueva grave crisis en la salud del Monarca hizo temer seriamente por su vida. Ma­riana de Neoburgo enfermó un mes después, lo que facilitó al cardenal Portocarrero y a otros miembros del Consejo de Estado el acceso al Monarca. El testamento redactado el 13 de septiembre tenía el res­paldo de Oropesa y Portocarrero. Una solución que la Reina rechazaba y a la que se había opuesto in­cluso intentando movilizar los efectivos militares que había en Cataluña bajo el mando de Darmstadt. En el verano de 1697 Barcelona había caído frente a la presión de Luis XIV. Mariana de Neoburgo manio­braba para proseguir la contienda contra Francia se­gún las directrices marcadas por Leopoldo I mientras el llamado “partido bávaro” del que formaban parte el cardenal Portocarrero, Montalto y Monterrey, defen­dían una apuesta de paz ya que la pérdida del resto de Cataluña, dada la extrema situación financiera de la Hacienda Real, era sólo una cuestión de tiempo. Fue entonces cuando en una hábil maniobra diplomática Luis XIV se avino a firmar el tratado de Riswick (20 de septiembre de 1697).

En aquella nueva situación, resultaba fundamental para el sector político que había apoyado la paz ra­tificar el testamento firmado por el Rey durante su enfermedad, y para hacerlo había que procurar dis­tanciar al Monarca de Mariana de Neoburgo. La recuperación de su salud en un lugar fuera de Madrid resultaba un buen motivo para conseguir esta separa­ción y el mejor sitio, sugerido por Portocarrero, era Toledo, la residencia oficial del cardenal. Era cierto que cuando el Rey salía fuera de Madrid parecía me­jorar mientras que en la Corte empeoraba. Este he­cho comprobado aumentaba los rumores sobre los hechizos sufridos por el Monarca. En realidad, semejante dinámica en su quebrantada salud obede­cía a que fuera de Madrid Portocarrero daba carta blanca a los médicos antigalenistas que administra­ban a Carlos II terapias de quinina que favorecían su recuperación, mientras en la Corte este tratamiento era imposible, pues los médicos galenistas incluidos en la nómina oficial de la Casa del Rey se negaban a eliminar los tradicionales métodos de agua ferru­ginosa mezclada con vino y de lavativas de toda ín­dole que empeoraban el estado general del enfermo. La creencia de que los hechizos pudieran influir en la salud de un Rey no fue algo exclusivo de la Corte de Carlos II, aunque dados sus problemas de salud y de falta de descendencia era más fácil que tales hi­pótesis alcanzaran en su caso mayor credibilidad. En la sociedad de los tiempos modernos, plena de con­trastes, convivía al lado del naciente desarrollo cien­tífico del siglo XVII la creencia en supersticiones o encantamientos que en realidad eran, según la creen­cia común, armas ocultas en manos de los servidores del diablo para impedir los designios divinos. De este modo, cuando algo marchaba mal en la Monarquía, tanto en el plano personal como en el gubernamental, surgía invariablemente el rumor del hechizo. Por ejemplo, de Felipe III se dijo que estuvo hechizado por el duque de Lerma. Lo mismo ocurrió respecto a Felipe IV y el conde-duque de Olivares o en Fran­cia de Luis XIII y su privado Luynes e incluso de aquél y el cardenal Richelieu. En realidad, los hechi­zos de Carlos II no fueron más que armas arrojadizas en manos de las distintas facciones políticas que atacaron por este medio y alternativamente a la Reina madre (1675), a Luis XIV (1694) o a la segunda es­posa del Rey, Mariana de Neoburgo (1698). El epi­sodio más conocido fue el que protagonizó el Mo­narca en 1698 cuando a instancias de su confesor, el fraile dominico fray Froilán Díaz, pidió al inquisidor general, cardenal Rocaberti, que investigara su posi­ble encantamiento. A medida que las investigaciones y los exorcismos apuntaban como causa de los males a la Reina, ésta consiguió colocar en la cúpula de la Inquisición a un firme partidario suyo, Baltasar de Mendoza, obispo de Segovia, que desautorizó a los responsables de este oscuro asunto, siendo más tarde encarcelados. La principal víctima de todos estos pro­cesos fue el Rey, pues murió convencido de que los maleficios sufridos a lo largo de su vida habían sido los causantes de todos sus problemas.

El problema sucesorio acaparó toda la atención po­lítica durante los dos últimos años de la vida del Rey. La “solución bávara” que había aglutinado al sec­tor más nutrido de la Corte se extinguió cuando el 3 de febrero de 1699 José Fernando moría. La op­ción “austríaca” defendida por la reina Mariana de Neoburgo e instigada por el emperador Leopoldo I, contaba en la Corte con un número menor de segui­dores aunque recogió para la causa a algunos grandes destacados. El grupo que defendía la candidatura borbónica, se fortaleció tras la desaparición del sobrino nieto de Carlos II, ya que sus integrantes considera­ban que sólo Luis XIV podría ser capaz de mantener la integridad territorial de la Monarquía. Al frente de este grupo se resituó el cardenal Portocarrero, arzo­bispo de Toledo y primer ministro nombrado por Carlos II en su último año de vida que al final inclinó la voluntad del Monarca hacia esta opción. En el tes­tamento, el elegido era el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, con la condición expresa de que éste, de aceptar su herencia, renunciaría a cualquier derecho a la Corona francesa.

 

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Carmen Sanz Ayan