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Fernando VII

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Biografía

Fernando VII. El Escorial (Madrid), 14.X.1784 – Madrid, 29.IX.1833. Rey de España

Noveno hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Al nacer era el tercer descendiente varón de los reyes, pero la muerte prematura de sus hermanos Carlos y Felipe, gemelos, posibilitó que al acceder su padre al trono (diciembre de 1788), Fernando fuera el primero en el orden sucesorio. El 23 de septiembre de 1789 fue jurado Príncipe de Asturias en San Jerónimo el Real en una solemne ceremonia de acuerdo con el ritual histórico.

Sus preceptores, el escolapio Felipe Scío de San Miguel y su sucesor, el obispo Francisco J. Cabrera, le impusieron un estricto régimen de estudio y de vida. Si bien algunos de sus maestros, la mayor parte clérigos, como era usual en este tiempo, demostraron capacidad para desempeñar su cometido, la educación del príncipe distó de ser excelente. Pero no fue un ignorante, ni menospreció la cultura. En su juventud se aficionó a las ciencias experimentales y pasó mucho tiempo en un laboratorio puesto a su disposición, dirigido por el reputado científico Gutiérrez Bueno. Continuamente se preocupó por incrementar su biblioteca, hasta formar una apreciable colección bibliográfica. Adquirió un conocimiento suficiente de francés como para traducir textos de esta lengua. Sintió curiosidad por conocer en persona el estado económico de su reino, que plasmó en los diarios de sus viajes, y continuando la tradición de su padre, se interesó por las artes (durante su reinado fueron creados el Museo del Prado y el Conservatorio de Música de Madrid).

Sin embargo, la imagen de este monarca transmitida por sus contemporáneos es la de un hombre vulgar, sin grandeza, dado al trato familiar con criados, aficionado al lenguaje zafio, apasionado por las diversiones populares –en particular, los toros–, adicto a las salidas nocturnas en busca de aventuras galantes y, al mismo tiempo, imbuido de una religiosidad beata rayana en la superstición.  Quienes lo trataron lo han presentado como una persona de débil carácter, muy influenciable por sus allegados, hipócrita, sumamente desconfiado, tímido y cobarde, incapaz –al decir de lord Holland– de sentir afecto hacia los demás, incluidos sus padres, quienes le correspondieron con la misma moneda. Retraído ante las dificultades hasta caer en la abulia, si las circunstancias le eran favorables se imponía a los demás hasta dominarlos, mostrándose entonces déspota y cruel, dispuesto a cualquier cosa para satisfacer su egoísmo. Fue un hombre muy consciente de su elevada condición, preocupado en extremo por su imagen pública, terco, autoritario. No careció –dijo de él Mesonero Romanos– de sagacidad interesada y traviesa para servirse de los hombres de la más diversa condición.

Apartado de los asuntos públicos, su papel en la corte fue insignificante durante su juventud, pero su matrimonio con María Antonia de Nápoles en octubre de 1802, a los 18 años de edad, cambió radicalmente esta situación. Influido por su esposa, comenzó a interesarse por la política, y como le estaba vedada esta actividad, todo lo hizo en secreto, mediante intrigas. Con el auxilio de un grupo de aristócratas y clérigos, al que podemos denominar “facción” o “partido fernandino” (los más destacados fueron el canónigo Escoiquiz, los duques del Infantado y de San Carlos, y el marqués de Ayerbe) los príncipes de Asturias se fijaron como principal objetivo acabar con el desorden, los abusos y vicios derivados –según dijeron– del gobierno despótico de Godoy, un advenedizo sin méritos encumbrado hasta lo inexplicable por el favor de la reina. No obstante, el móvil principal de los fernandinos consistió en impedir que Godoy obstaculizara el acceso al trono del príncipe de Asturias, posibilidad propalada por ellos mismos sin fundamento alguno. Pretendieron asimismo poner fin al reformismo de raíz ilustrada emprendido durante los últimos años del reinado de Carlos IV, incrementar el peso de la aristocracia en el gobierno de la monarquía, y satisfacer las aspiraciones del clero, radicalmente contrario a la política regalista desarrollada por los monarcas españoles del siglo XVIII. 

España pasaba al inicio del siglo XIX por serias dificultades económicas, que provocaron el generalizado descontento de la población. En otro plano, se vio sometida a una fuerte presión diplomática por parte de Napoleón, quien amparado en la alianza hispano-francesa formalizada en 1796, condicionó considerablemente la política de Carlos IV y le comprometió de lleno en la guerra contra Inglaterra. Los fernandinos aprovecharon este escenario para lanzar una dura ofensiva contra Godoy, plasmada inicialmente en el terreno de la opinión. Organizaron una intensa campaña propagandística inspirada en los procedimientos empleados durante la revolución en Francia, fundada en la dicotomía entre el Bien y el Mal, encarnados respectivamente por Fernando y Godoy. Al despótico y depravado “valido” de los reyes, responsable de todos los males, se contrapuso la figura del príncipe virtuoso e inocente, condición esta última justificada por su alejamiento de la política. Los dardos lanzados contra Godoy alcanzaron a los soberanos, especialmente a la reina. En este punto destaca un proyecto costeado desde 1802 por el propio Fernando. Consistió en la elaboración de varias decenas de estampas a color en las que en tono procaz se criticó a Godoy de manera inmisericorde. En realidad, la más vituperada fue la reina, presentada como la autora del encumbramiento del Choricero, y, por consiguiente, responsable en última instancia de todas las desgracias del reino. Es más, la culpabilidad de la reina no se achacó a error o contingencia política, sino a su depravación sexual; era, pues, producto de su voluntad. El tema central de la sátira no dejaba lugar a dudas: Godoy había ascendido a lo más alto porque dio a la reina “ajipedobes”, neologismo que debe ser leído de derecha a izquierda. Nada más elocuente que esta zafiedad para ponderar hasta dónde eran capaces de llegar el príncipe Fernando y su entorno para satisfacer su ambición.

En 1807 los fernandinos dieron un paso adelante en su plan de acabar con Godoy y obtener, al mismo tiempo, el apoyo de Napoleón, requisito este último que estimaron imprescindible para cubrir el objetivo anterior, que era el primordial. Pensaron lograr lo primero mediante la denuncia ante Carlos IV de los crímenes del odiado advenedizo. Lo segundo, gracias al matrimonio del príncipe Fernando, viudo desde mayo de 1806, con una dama de la familia del emperador francés. Alertado por informaciones diversas, el 27 de octubre de 1807 el rey ordenó el registro del cuarto del príncipe de Asturias. Se hallaron papeles que pusieron al descubierto parte de la trama, la cual abocaba en último término al destronamiento de Carlos IV. Fernando fue arrestado y se abrió un proceso judicial para esclarecer los hechos, conocido como “Causa de El Escorial”. Todo lo confesó el príncipe, pero oficialmente la opinión pública solo tuvo noticas fragmentarias de lo ocurrido a través, para mayor confusión, de dos reales decretos publicados en la oficial Gazeta de Madrid. En el primero, del 30 de octubre, el rey mencionaba una operación para destronarle en la que estaba implicado su hijo, sin especificar en qué consistía tal acción. Por el segundo, del 5 de noviembre siguiente, Carlos IV perdonaba al príncipe y ordenaba seguir la causa contra el resto de los comprometidos en la trama, todos ellos delatados por el propio Fernando, entre quienes se contaban Escoiquiz y el duque del Infantado. Este último Real Decreto incluía sendas cartas del príncipe a su padre y a su madre, en las que se reconocía autor de un “gravísimo delito” e imploraba su perdón en términos vergonzantes.

Mal informada sobre lo sucedido, la población juzgó inverosímil la participación del príncipe de Asturias en una operación contra el rey, y todo lo redujo a una maniobra de Godoy para denigrar al “príncipe inocente”, víctima  de la ambición del déspota y de la depravación de la reina. El fracaso de la conspiración, que a primera vista podría juzgarse un triunfo de los reyes y Godoy, se tornó de inmediato en éxito del príncipe de Asturias, claro vencedor en la batalla de la opinión. Además, Fernando creyó haber obtenido el apoyo de Napoleón, pues los comprometidos en la trama de El Escorial habían contado con el concurso del embajador francés, François de Beauharnais.

Tras los sucesos de El Escorial, la posición de los fernandinos ante la opinión pública era inmejorable. Todo dependía de aprovechar cualquier oportunidad para lanzar una nueva acometida contra Godoy. La ocasión la propició el intento de trasladar la corte al sur de la Península en previsión de cualquier actuación inesperada de las tropas francesas que, según lo estipulado en el tratado de Fontainebleau firmado en octubre de 1807, estaban entrando en España, oficialmente para atacar Portugal. Fernando y sus partidarios se negaron en redondo al viaje de los reyes. En la noche del 17 de marzo de 1808 la población de Aranjuez, donde estaban la familia real y Godoy, incrementada por gentes de pueblos vecinos reunidas ex profeso, asaltó la residencia de este último. Para acallar las voces que pedían su cabeza por traidor, y forzado por los partidarios del príncipe de Asturias, el 19 de marzo abdicó Carlos IV. Reunida la multitud ante el palacio de Aranjuez, aclamó al nuevo rey con extraordinario entusiasmo. Acto seguido, se hizo lo propio en el resto del país. El suceso, conocido como “Motín de Aranjuez”, fue calificado por los fernandinos de acción espontánea del pueblo, dispuesto heroicamente a sanear la monarquía (posteriormente también los liberales se adherirían con matices a esta interpretación). El motín, en realidad, estuvo organizado por los individuos de la corte y de la nobleza próximos a Fernando, con la apreciable participación de nuevo del embajador de Francia. 

Fernando VII inició su reinado obsesionado por terminar definitivamente con Godoy y garantizarse el respaldo de Napoleón. En lo primero no halló dificultades; en lo otro fracasó. Destituido de todos sus cargos y honores, y secuestrados sus bienes, Godoy fue encarcelado y se anunció la apertura de una causa judicial contra él, cuyo resultado no cabía imaginar otro que la pena de muerte. Pero Napoleón no reconoció a Fernando rey de España, si bien le dio a entender que así lo haría tras celebrar ambos un encuentro personal en territorio español para tratar sobre la situación de la monarquía. La entrevista con el emperador se convirtió en el objetivo prioritario de Fernando, de modo que se despreocupó del gobierno. Las medidas adoptadas en los primeros meses de su reinado, de marzo a mayo de 1808, se limitaron a derogar planes reformistas iniciados en el tiempo de Godoy, satisfacer ciertas aspiraciones de la aristocracia y el clero, y complacer con disposiciones de escaso relieve algunas demandas populares. Pero lo más destacado de estos meses fue el sometimiento de Fernando VII a la voluntad de Napoleón. Como resultado de ello, las tropas francesas consolidaron su control sobre la mitad septentrional del país y sin consentimiento del nuevo rey se instalaron en Madrid.

Ante el anuncio de Napoleón de entrar en España para celebrar la proclamada entrevista y reafirmar la alianza entre ambos países, Fernando VII salió de Madrid a su encuentro el 10 de abril. El viaje finalizó el 20 del mismo mes en Bayona, donde lo esperaba el emperador ya con la idea de sustituir la dinastía Borbón por la suya. A esa ciudad francesa había convocado Napoleón asimismo a Carlos IV y al resto de la familia real española.

Napoleón consiguió la corona española con relativa facilidad. El 5 de mayo Carlos IV le cedió sus derechos, al día siguiente Fernando renunció en su padre, y el 10 se adhirió a la cesión efectuada por este en Napoleón, mediante un convenio en el que se establecía que Fernando, su hermano Carlos María Isidro y su tío don Antonio fijarían su residencia en el castillo-palacio de Valençay, y cada uno de ellos recibiría mensualmente un subsidio de las arcas francesas. Desde su llegada, el 18 de mayo de 1808, hasta su salida, el 13 de marzo de 1814, esto es, durante todo el tiempo de la Guerra de la Independencia, “les princes espagnols”, como les denominaron las autoridades imperiales, pues continuaron sin reconocer rey de España a Fernando, permanecieron ininterrumpidamente en Valençay.

La conducta de Fernando durante su estancia en Valençay estuvo determinada por la sumisión a Napoleón y por la desconfianza propia de su carácter. Se acopló sin resistencia a las órdenes recibidas, invariablemente se negó a considerar cualquier plan de fuga (se idearon varios), felicitó por escrito a Napoleón por sus victorias en España y a José por su acceso al trono, y nada hizo por contactar con los españoles que luchaban en su nombre. Durante los seis años pasados en Valençay, “todo lo que se puede decir de los príncipes españoles es que vivieron”, escribió Talleyrand en sus memorias. 

A fines de 1813 se produjo un giro inesperado. Ante el acoso de la coalición internacional, Napoleón tuvo necesidad perentoria de finalizar la guerra en España para disponer de sus tropas allí destinadas, y negoció un tratado con Fernando VII, cuyas cláusulas fueron establecidas por el emperador. Para forzar a Fernando a asumirlo, le prometió que facilitaría su vuelta a España “con la misma autoridad que tuvo su padre,” esto es, como rey absoluto. El tratado, firmado en Valençay el 11 de diciembre de ese año, no fue ratificado por la Regencia constitucional, el poder ejecutivo legalmente establecido en España. No obstante, Napoleón autorizó el regreso de Fernando VII. El 24 de marzo de 1814 llegó el rey a Gerona. Fue recibido de la manera más entusiasta.  Lo mismo sucedió en las restantes poblaciones de su itinerario hasta Madrid, a donde llegó el 13 de mayo, tras pasar en Valencia un par de semanas que resultaron decisivas para preparar el golpe de Estado que posibilitó su instauración como rey absoluto. El regreso del “príncipe inocente” simbolizaba la victoria española sobre Napoleón. Fernando volvía, pues, muy fortalecido ante la opinión pública. Era el rey “legítimo”, frente al “intruso” José Bonaparte y al “tirano” Napoleón, y sobre todo el “príncipe inocente,” que sin ser responsable de los males de la patria, se había inmolado por ella sometido a un duro cautiverio.

Durante la ausencia del rey, las Cortes de Cádiz habían resuelto la crisis de la monarquía tradicional española, crisis a la que tanto había contribuido Fernando en su etapa de príncipe de Asturias, mediante su transformación en monarquía constitucional. Así quedó establecido en la Constitución de 1812. Pero Fernando y su entorno no aceptaron esta solución e interpretaron que el deseo general de los españoles era ver a su rey dotado de plena soberanía, sin las limitaciones contempladas en la Constitución. La promesa recibida de Napoleón en Valençay y la manifiesta antipatía hacia la Constitución de 1812 y, en general, hacia la obra de las Cortes profesada por Wellington, generalísimo de las tropas aliadas hispano-británicas y en consecuencia el hombre con mayor poder militar en España en ese momento, le facilitaron el camino para derogar la Constitución, declarar nulas las decisiones de las Cortes y restaurar la monarquía absoluta.  Así lo anunció Fernando VII en un manifiesto fechado el 4 de mayo de 1814 en Valencia, preludio del golpe de Estado perpetrado a continuación, preparado por el rey y los suyos de acuerdo con sus procedimientos habituales: intrigas, negociaciones secretas, intensa campaña propagandística. 

Fernando VII nunca acató la Constitución de 1812, ni aceptó un sistema representativo, cualquiera que fuera su carácter. No obstante, tras el pronunciamiento de Riego en 1820 se vio obligado a jurarla. Inmediatamente, sin embargo, alentó todo tipo de operaciones en su contra, incluyendo la formación de partidas armadas. Durante los casi cuatro años de vigencia del régimen constitucional (de enero de 1820 a septiembre de 1823, periodo denominado Trienio Liberal), se consideró prisionero de los liberales y privado de sus prerrogativas regias. Insistentemente solicitó ayuda a otros soberanos europeos, en especial al zar Alejandro I, para variar el régimen político español, dominado según él por revolucionarios “anarquistas” y “republicanos,” que odiaban la religión y los tronos y amenazaban su vida y la de su familia. Esa sensación de inseguridad personal, mezclada con un odio visceral a los liberales y al constitucionalismo, caracterizó el resto del reinado.

En 1823 Fernando VII derogó por segunda vez el sistema constitucional. Al igual que en 1814, contó con una parte importante de la población española, en particular el clero, pero para lograr su propósito precisó de la ayuda exterior. En 1814 había dispuesto del impulso inicial de Napoleón y del soporte, más por omisión que por acción, de Wellington, quien a pesar de estar informado sobre la preparación del golpe de Estado contra el constitucionalismo, nada hizo para impedirlo. En 1823 fue decisiva la intervención militar de un ejército extranjero, los “Cien Mil Hijos de San Luis”, acordada por las potencias europeas el año anterior en el Congreso de Verona.

Si bien no cabe hablar de victoria completa de los absolutistas en 1814 y en 1823, dio la impresión de que retornaba la monarquía absoluta tradicional, encarnada en un monarca dotado de plenos poderes, solo limitados por la doctrina católica y por las leyes tradicionales garantes de los privilegios de personas y territorios. Ello se hizo patente en símbolos y ritos, en medidas sociales, y en la retórica de las abundantes disposiciones oficiales de las dos etapas del reinado absoluto de Fernando VII: 1814-1819 y 1823-1833.

Ahora bien, como ha hecho notar Miguel Artola, el sistema político  resultante no respondió al modelo de monarquía del Antiguo Régimen. A partir de 1814, con el intervalo constitucional del Trienio, Fernando VII estableció un nuevo sistema. Gobernó con plena autoridad, sin limitaciones ni ataduras de ningún tipo ni procedencia: desmanteló la obra de los constitucionales, desvirtuó hasta hacerlos inoperantes en la práctica los organismos históricos que atemperaban el poder del monarca, fundamentalmente los antiguos Consejos, no satisfizo las aspiraciones de la aristocracia, y a pesar de las numerosas concesiones a la Iglesia y de la retórica sobre la alianza del trono y el altar, mantuvo el tradicional regalismo. Fernando VII centró su política en el control personal del poder, valiéndose de la represión de toda disidencia, y de unos servidores cuya única pauta de comportamiento fue la fidelidad ciega a su señor. El rey gobernó a su manera, como un déspota, escuchando los consejos que en cada momento le convenían, en particular los de su “camarilla”, sin ajustarse a ningún precedente específico y como ningún soberano lo haría después de él. El régimen político de Fernando VII –ha escrito Brian Hamnett– “nunca llegó a adquirir un carácter definible”, fue sui generis.

Al igual que en otras monarquías europeas, la restauración de 1814 en España no supuso, pues, la vuelta del Antiguo Régimen, sino el nacimiento de un nuevo tiempo político. Pero a diferencia de lo sucedido en otros lugares de Europa, donde se produjo algún tipo de transacción entre lo antiguo y lo nuevo, y se estableció un orden constitucional muy favorable a la Corona, en España se eliminó a los disidentes y se descartó cualquier rastro de sistema representativo. Todo se fundamentó en un rey que se impuso a todos y rechazó las propuestas que pudieran limitar su voluntad, aun cuando procedieran de los sectores contrarrevolucionarios con los que ideológicamente coincidía.

La actitud de Fernando VII ante la cuestión de la jurisdicción señorial y la Inquisición ilustra este último extremo. La obra de las Cortes fue derogada en su conjunto en 1814, y nuevamente en 1823, pero los titulares de señoríos no recuperaron sus derechos jurisdiccionales suprimidos por un decreto de las Cortes en 1811. Estos derechos fueron incorporados a la Corona en 1814, y cuando algunos nobles reclamaron su reversión, la Junta Consultiva, nuevo organismo creado por Fernando VII, respondió que la jurisdicción era inherente exclusivamente a la soberanía y, en consecuencia, solo correspondía al rey. Por su parte, la Inquisición, símbolo del Antiguo Régimen, suprimida en 1808 por Napoleón y en 1813 por las Cortes de Cádiz, fue restituida en 1814, porque Fernando VII la consideró necesaria para perseguir a los liberales. En 1820 el gobierno constitucional la eliminó de nuevo, pero el rey no la restableció en 1823, a pesar de las muchas representaciones en este sentido, procedentes sobre todo del clero. En esta última fecha, el rey disponía de otros organismos de control y represión, entre ellos la policía, que a diferencia de la Inquisición -tribunal mixto eclesiástico y civil- dependía enteramente del monarca. En la decisión real pesó asimismo la presión internacional contra el odiado tribunal.

El sistema político creado por Fernando VII, en suma, se caracterizó por el ejercicio personal del poder regio, un acusado espíritu contrarrevolucionario y la práctica sistemática de una dura política represiva. No hubo rastro de voluntad pacificadora. Fernando VII pretendió borrar de raíz las ideas y la obra de los revolucionarios (“quitarlas de en medio del tiempo”, dijo en su Manifiesto del 4 de mayo de 1814). Para salvar su vida o evitar la cárcel, los liberales que pudieron se exiliaron, mayoritariamente a Inglaterra y Francia. Antes, en 1813, habían hecho lo propio los seguidores del rey José. El exilio político y los intentos de los liberales de levantar a la población española contra el absolutismo (hubo varios, todos saldados en fracaso) constituyeron rasgos sobresalientes del reinado de este monarca. Otros, no menos relevantes, fueron la pérdida de América, salvo Cuba y Puerto Rico (también en este caso se optó por la fuerza militar, sin ofrecer alternativas políticas) y el acusado retroceso internacional de España, hecho este bien patente ya en el Congreso de Viena (1814-1815).

A pesar de la dureza de la represión, de la depuración de la administración y de la  consolidación de los privilegios del clero, pronto se alzaron voces en el interior contra el rey, la mayoría de eclesiásticos. Le exigían mayor firmeza contra el liberalismo y el establecimiento de un sistema absoluto de signo teocrático. Acorralado por la doble oposición de liberales y ultrarrealistas, y por una grave crisis económica y social, el rey dio vía libre a partir de 1826 a una política reformista encaminada a modernizar la administración. Los ejecutores de esta política fueron individuos de talante ilustrado, firmes partidarios de la monarquía absoluta y enemigos declarados del liberalismo, tildados por la historiografía de “absolutistas moderados” o “pragmáticos”, aunque quizá lo más apropiado sea calificarlos de “fernandinos”, por su fidelidad al rey (Martín de Garay, García de León Pizarro, Cea Bermúdez, el conde de Ofalia, López Ballesteros, Javier de Burgos…). Las medidas, algunas apreciables, como la creación del Consejo de Ministros y del Ministerio de Fomento, la ley de minas, el código de Comercio, la fundación de la Bolsa de Madrid, etc., estuvieron encaminadas a garantizar la pervivencia del régimen fernandino. Nunca se abogó por el cambio a un sistema constitucional, pues el rey jamás renunció a sus plenos poderes. 

El reformismo de los “moderados” no contentó a los liberales y tampoco tranquilizó al realismo extremista. Aprovechando el descontento de campesinos, artesanos, clero y notables locales, en 1827 los ultras de Cataluña organizaron un movimiento que amenazó con extenderse a otros puntos, en el que abundaron las críticas al gobierno e incluso al propio rey, a quien acusaron de incapacidad para imponerse a los enemigos de la religión y del trono. Fue la conocida como revuelta de los Agraviats o Malcontents. Sin renunciar a la vía represiva, practicada a veces con suma dureza por el conde de España, Fernando VII decidió visitar personalmente Cataluña. El viaje, prolongado por Navarra y el País Vasco, fue para él un clamoroso éxito, pues el entusiasta recibimiento de la población en todas partes le confirmó su fidelidad. A su regreso a Madrid en agosto de 1828 había recuperado gran parte de la popularidad perdida y los realistas más moderados se forjaron la ilusión de que se abrirían cauces a la participación política y finalizaría la represión. Las líneas maestras de la política real, sin embargo, no se alteraron un ápice.

Uno de los grandes problemas de Fernando VII, convertido al final de su vida en el mayor de todos, fue el de su sucesión. Sus tres primeras esposas: María Antonia de Nápoles (1802-1806), Isabel de Braganza (1816-1818) y María Josefa Amalia de Sajonia (1819-1829) no le dieron descendencia; solo de la segunda tuvo una niña, que no superó los dos meses de vida. De su cuarta esposa, su sobrina María Cristina de Borbón, con quien casó en 1829 arropado por el entusiasmo popular, tuvo dos hijas (Isabel y Luisa Fernanda), pero ningún varón. Meses antes del nacimiento de la primera, que reinaría con el nombre de Isabel II, Fernando VII publicó una Pragmática Sanción (marzo, 1830) por la cual suprimía la ley sálica, vigente en España desde 1713, y restablecía el derecho sucesorio castellano, según el cual, en ausencia de varón por línea directa, podían reinar las mujeres de mejor línea y grado, sin quedar postergadas a los varones más remotos. El rey justificó su decisión aludiendo a que así lo habían decidido las Cortes de 1789, las reunidas para jurarlo como príncipe de Asturias, aunque entonces no se publicó el acuerdo. En contra se manifestaron tajantemente los ultrarrealistas, declarados ya firmes partidarios de su hermano Carlos María Isidro, cuyo acusado talante conservador era bien conocido. A favor se situaron los absolutistas moderados y los liberales, pues creyeron que a la muerte del rey –que se presumía próxima, debido a su precario estado de salud- gobernaría María Cristina, sin otra opción para consolidar el trono de su hija que proceder al cambio político mediante la implantación de un sistema constitucional. Corroboraron esta impresión las medidas adoptadas por María Cristina en 1832, cuando debido a la enfermedad del rey asumió la dirección del gobierno, entre ellas la reapertura de las Universidades y un decreto de amnistía, que si bien resultó muy restrictivo, posibilitó el regreso del exilio de algunos liberales. 

Desde 1830 la política española transcurrió en un ambiente de acusada agitación, provocada por la división entre los que serán llamados “carlistas,” defensores del derecho al trono del infante don Carlos, y los “isabelinos” o “cristinos”, partidarios de la futura Isabel II. La fractura se manifestó en el seno de la familia real y en la corte, y dio lugar a sucesos rocambolescos: derogación y promulgación por segunda vez de la Pragmática Sanción, cambios de gobierno, sorprendentes negociaciones para compaginar los derechos de Isabel con los de don Carlos, etc. Por supuesto, la división afectó asimismo al conjunto del país. Junto a las noticias sobre la formación de círculos carlistas, y el hallazgo de armas en conventos e iglesias, surgieron rumores de distinto signo, unos acerca de la constitución de una Regencia “carlista” que en distintos puntos del país preparaba sublevaciones, otros sobre las maniobras de individuos sospechosos de llevar a cabo innovaciones políticas destinadas a restringir los derechos del trono.

Al margen de la cuestión sucesoria, los liberales prosiguieron en su intento de provocar el cambio político. Amparados en el ambiente creado en Europa por los movimientos revolucionarios de 1830, ensayaron distintas acciones coordinadas entre el exilio y el interior. Todas fracasaron, y muchos de los comprometidos en ellas fueron ejecutados. Muy sonados fueron los casos de Mariana Pineda y el general Torrijos, una y otro elevados por el liberalismo posterior, al igual que Riego, a símbolos de la lucha por la libertad (“mártires de la libertad”).

El 29 de septiembre de 1833 murió Fernando VII, tras padecer durante varios meses graves problemas de salud. La reina María Cristina asumió la función de regente durante la minoría de edad de su hija Isabel II, nacida en 1830. Pero don Carlos declaró con firmeza su derecho al trono. El enfrentamiento, que no fue solo de carácter sucesorio, dio lugar a una guerra civil, prolongada durante siete años.

 

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Emilio La Parra López