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Fernando VII

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Biografía

Fernando VII. El Escorial (Madrid), 14.X.1784 – La Granja (Segovia), 29.IX.1833. Rey de España.

Fueron sus padres los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, de quienes —especialmente de su madre— recibió desde niño un trato frío y distante, que debió de influir en su carácter receloso y en la doblez de su conducta, siempre al acecho y en guardia ante peligros imaginarios o reales. Visto igualmente con suspicacia y antipatía por el favorito Godoy, ello acrecentó lo taimado de su comportamiento y la reserva permanente de su actitud en los círculos cortesanos y gobernantes; compatible, sin embargo, con una gran llaneza y hasta bonhomía en su contacto con las esferas populares, que haría de él durante todo su reinado uno de los monarcas españoles con mayor halo y simpatía entre los estamentos humildes. Quien, pese a lo antedicho, ha sido el personaje quizá más unánime y perdurablemente odiado de la contemporaneidad española, fue para muchos autores (Marañón, Natalio Rivas, Salvador de Madariaga, el doctor Izquierdo Hernández, todos ellos muy adversos a su memoria) el más inteligente de los Borbones, dotado, además, de algún gusto por la lectura, cierto sentido estético, notable capacidad de análisis político e ingenio mordaz, protector de su ingénita e inembridable cobardía pero también, con frecuencia, amplificador de sus defectos.

A juicio de Carlos Seco Serrano, “el caso personal de Fernando VII sólo puede ser entendido profundizando en los hechos que, desde la infancia, y, gravitando sobre una auténtica tara esencial —la cobardía, nunca vencida—, acabaron por moldear una personalidad muy común en el ámbito de la vida vulgar, pero forzada fatalmente, por circunstancias excepcionales, a poner de relieve, en la cúspide de la política de la sociedad, todas sus aristas negativas”.

Una de las personas a las que más detestó, Manuel Godoy, situado, quizá, en el mejor escenario para calibrar ese núcleo articulador de la biografía del último monarca del Antiguo Régimen español, la cobardía, describió en sus Memorias con precisión algunas de sus causas: “[...] no aprendió nunca a amar, sino a recelar y temer: temió en su adolescencia, temió en su juventud, y pasó toda su vida temiendo siempre y sospechando, sin creer jamás en la virtud de ningún hombre, sin excepción [...]. Cuál se pudo formar el carácter de aquel príncipe, que en su primera edad, en la edad de las impresiones eternas, se le hace concebir que sus padres lo detestan, que lo posponen a un extraño, que lo rodean enemigos y que peligra en ellos su porvenir y su Corona?”. Objeto de más de un estudio psicológico hasta el momento, empero, ninguno muestra una vitola científica convincente, a la espera que la cada vez más floreciente rama de la psicohistoria dé lugar a una monografía bien cimentada, que ayude a explorar zonas recónditas de una figura asaz compleja. Por ejemplo, su populismo no le llevó a halagar las inclinaciones y aficiones del estamento llano, según lo evidencia el dato sintomático de su menguada y convencional taurofilia, insólita en la sociedad de su tiempo (su asistencia a las corridas fue casi siempre producto del aburrimiento o de plebeyismo calculado). Muy poco propicio al oficio de las armas en contraposición a la mayor parte de los soberanos españoles y extranjeros de la modernidad, tampoco dio muestras de simpatía alguna por los ejercicios cinegéticos, tan arraigados en su dinastía.

Hogareño y aburguesado, amante de la música, de la conversación y el bricolaje, su austeridad rayó a las veces con el ascetismo. Rasgos todos que, según ha observado buidamente un hispanista como Raymond Carr, hacen de su etopeya un empeño más difícil que la simple demonización, explicable, no obstante, por los perfiles tenebrosos y las densas sombras de su actuación en muchos y, sobre todo, trascendentes episodios: abyección, crueldad, insensibilidad, maquiavelismo tortuoso, inquina imborrable... Finalmente, en cuanto a la fibra moral del Soberano que tuvo la rara fortuna de que su figura fuese inmortalizada por los dos mejores retratistas españoles de un siglo abundante en ellos —Goya y Vicente López—, más de un estudioso ha mostrado empeño en señalar —adentrándose por un terreno en esencia discutible y movedizo— que su andadura biográfica sufrió un punto de inflexión decisivo con la muerte o desaparición de su entorno de sus dos primeros preceptores, el salesiano Fernando Scio (1752-1806) y el obispo orcelitano Francisco Javier Cabrera, prelado abulense desde 1797, y su reemplazo, a sugerencia del Príncipe de la Paz, del canónigo Juan de Escoiquiz, contrafigura de los citados; pero tal es un dato o hipótesis de difícil o imposible verificación, sin que por ello tampoco pueda desdeñarse por entero a la hora de analizar la semblanza ética de tan controvertido Rey.

Casado cuatro veces al igual que Alfonso VI y Felipe II, su primer matrimonio fue con su prima la princesa María Antonia (17861806), hija de los francófobos reyes de Nápoles, Fernando IV y María Carolina. Celebrado el desposorio en Barcelona en octubre de 1802, ello le permitió conocer en la edad juvenil el principado, que, tras los Sitios Reales, fue el territorio español que más veces recorrió, experiencia privilegiada, no atesorada por ningún otro soberano desde Fernando el Católico hasta Alfonso XIII; fenómeno que había de tener alguna incidencia en el reinado fernandino, singularmente en su última etapa, sensible y receptora al puesto de vanguardia ocupado por Cataluña en el despegue económico de la nación tras el trauma de la Guerra de la Independencia. En los años precedentes a ésta, Fernando, como príncipe de Asturias, vivió en la penumbra de la dictadura godoyesca, afanado por constituir un núcleo de fieles en torno a la política que comenzaba ya a encarnar en la imaginación popular, opuesta a la desplegada por el cada vez más criticado valido extremeño.

Cuando el poder del favorito sufrió la primera gran crisis de su segunda etapa gobernante ante la animadversión de Napoleón ulcerado por su ambigua actitud en la campaña que precediera a su triunfo sobre Prusia —octubre de 1806—, el príncipe, alentado por el más poderoso y representativo de sus íntimos —el duque del Infantado—, por su preceptor Juan de Escoiquiz y tal vez también por su hermano don Carlos, dio alas a la que fue conocida como “conspiración de El Escorial” (noviembre de 1807). Su finalidad no era otra que la exoneración de Godoy y, en caso de resistencia, el propio derrocamiento de los soberanos y su reemplazo por el príncipe de Asturias, quien, con el respaldo del embajador francés, solicitó de Napoleón casarse con una de sus sobrinas, a fin de ganarse la caución de Bonaparte para el éxito de la enrevesada conjura. Descubierta ésta por agentes dobles y algún que otro hampón, don Fernando reveló ya su invencible medrosidad y la artería de su talante al delatar a varios de sus seguidores más cercanos y eximirse de toda responsabilidad, al tiempo que demandaba sin decoro ni dignidad algunos el perdón de Carlos IV: “Señor, papá mío: he delinquido; he faltado a V. M. como Rey y como Padre, pero me arrepiento y ofrezco a V. M. la obediencia más humilde. Nada debí hacer sin noticia de V. M., pero fui sorprendido.

He delatado a los culpables y pido a V. M. me perdone por haberle mentido la otra noche, permitiendo besar sus Reales pies a su reconocido hijo-Fernando”.

En el posterior juicio, celebrado en enero de 1808, quedó a salvo la responsabilidad de la mayor parte de los encausados, con alguna excepción como la de Escoiquiz, desterrado a un monasterio cordobés. Ignorada u oculta a la opinión pública la innoble postura del príncipe de Asturias —perdonado por los Reyes debido fundamentalmente a la intercesión de Godoy, muy temeroso de las eventuales secuelas internas y externas del lance—, el juicio sirvió para aumentar hasta el paroxismo la popularidad del heredero de una Corona que atravesaría una nueva y mayor crisis poco después con el motín de Aranjuez (17-18 de marzo de 1808), cuando, para salvar la vida del depuesto y encarcelado favorito, acusado por los amotinados de inducir a los Reyes a la huida de la Corte camino de Andalucía y, luego, de América, Carlos IV abdicó el trono en favor de su hijo.

Proclamado rey Fernando por un pueblo alzado en armas y rodeado por las de los ejércitos de Murat acampamentados ya en Madrid, padres e hijo buscaron en el emperador francés la sanción o la revocación de los idus de marzo godoyescos. Nimbado por una atmósfera de idolatría popular (el Deseado), tras constituir su primer gobierno y acometer una serie de medidas tan acertadas como el levantamiento del inicuo destierro de Jovellanos, en procura de su legitimación por el dueño de Europa, acabó por entrevistarse con éste en Bayona, después de sucesivos cambios del lugar de su encuentro. Otra vez más, la indignidad de su carácter no encontró límites al devolver la corona a su padre para que éste se la entregase a Napoleón, que llegó a amenazar de muerte a Fernando en caso de no secundar sus órdenes. Exiliado definitivamente en Valençay en compañía de su hermano y su tío el infante Don Antonio, su vileza alcanzó lo inconcebible al felicitar al Emperador por sus victorias en la Península frente a un pueblo que lo adoraba. El sexenio transcurrido en el destierro es la fase de la biografía de Fernando VII menos conocida —los Recuerdos del marqués de Ayerbe son a la vez una crónica detallada y superficial—, no obstante su extensión cronológica, sobre todo en una existencia de tan corto radio como la del hijo y nieto de reyes longevos —Carlos III (17161788), Carlos IV (17481819)—. Según todos los testimonios, la rutina y la monotonía se apoderaron de ella, sin que fuese aprovechada para el conocimiento o ampliación en materias de utilidad para su instrucción personal y formación como gobernante.

Fiestas, celebraciones... napoleónicas, pasatiempos —guitarra y billar—, intentos de matrimonio y algún que otro de fuga, como, por instigación de Inglaterra, el del barón de Kolly, abortado en última instancia por la delación del propio Fernando, distaron, desde luego, de agotar un calendario de más de dos mil días.

Sin duda, tal caracterización oculta episodios y rasgos de honda trascendencia ulterior. El hecho, verbi gratia, de que en tal período Fernando VII llegase con su hermano Carlos (17881855) a la más estrecha identificación que tuvo con ser alguno, y fuese correspondido por éste con un afecto rayano en la idolatría, es un extremo que patentiza la importancia que, a fortiori, debió tener tan dilatado ciclo temporal en la trayectoria ulterior de un Fernando VII el Deseado, mitificado por aquel entonces por un pueblo unánime en inmolarse por su retorno de una cautividad imaginada con las más negras tintas.

Un Napoleón crecientemente cercado por la sexta coalición tras la derrota de sus ejércitos en la famosa batalla de Leipzig (17-19 de octubre de 1813) aceleró las negociaciones que de un tiempo atrás se habían acometido con el fin de terminar la inacabable y sangrienta “guerra de España”. El 11 de diciembre se firmaba en Valençay el tratado del mismo nombre entre Fernando VII y el Emperador. La paz y la amistad entre ambos y sus herederos y la completa retirada de todos los ejércitos extranjeros de la Península, con el reconocimiento de su integridad territorial, eran las cláusulas más trascendentes de los quince artículos del texto del acuerdo, considerado nulo por la Regencia y las Cortes, conforme al decreto promulgado por éstas el 1 de enero de 1811, por el que se invalidaban todos los actos y medidas adoptados por Fernando VII mientras permanecía en cautiverio.

Enmedio de una guerra de rumores contradictorios —alimentados a las veces con gran habilidad desde el palacio de Valençay— acerca de la verdadera posición del Soberano ante la Constitución de Cádiz y una creciente tensión en las esferas gubernamentales por la aspereza cobrada por los enfrentamientos ideológicos entre “realistas” y “doceañistas”, los preparativos del regreso del Monarca se dilataron hasta mediados de marzo de 1814, a consecuencia de las intrigas desplegadas hasta el último minuto por espías y conspiradores de toda suerte, así como por el mismo caos en que estaba sumida ya la Francia napoleónica. Por las mismas fechas, con el objetivo de dibujar con precisión el escenario en que debía desenvolverse el futuro gobierno del Deseado, las Cortes dictaron un decreto que reforzaba el de enero de 1811, al disponer que, con anterioridad a cualquier iniciativa, el Rey jurase el texto constitucional, al propio tiempo que la Regencia le marcaba el itinerario que habría de seguir a su llegada a España.

Sin embargo, nada más atravesar la frontera catalana —señalada entonces por el río Fluviá—, Fernando VII se percató de la exactitud de los informes recibidos en el destierro acerca de la falta de eco popular de la obra de las Constituyentes gaditanas, y comenzó a manifestar su reprobación a la Carta Magna de 1812. Con flagrante y significativa alteración de la ruta indicada por la Regencia, en medio del frenesí popular, y a ruego de la Diputación de Aragón, visitó Zaragoza. Cerca de allí, en Daroca, en compañía de su hermano y el clan nobiliario formado por los duques de Frías, Osuna, San Carlos y el conde de Montijo, así como por el general Palafox, acabó Fernando de completar su estrategia anticonstitucional, rematada con su abierta aceptación del golpe de Estado de Valencia, dado en su presencia por el teniente general Elio (4 de mayo), que puso término a la primera experiencia liberal en suelo español. Pese a que el Decreto de Valencia (4 de mayo de 1814), y aun el mismo y no menos famoso escrito que, parcialmente, lo inspiró —el Manifiesto de “Los Persas”, firmado por sesenta y nueve diputados—, contenía algunas declaraciones y promesas que, aunque muy lejos del talante que caracterizaba la Carta Otorgada promulgada coetáneamente en Francia por Luis XVIII (18141824), anunciaba un cierto reformismo estatal, la política del Deseado se encarriló sin vacilaciones ni tardanza por los derroteros de la pura reacción. Las estructuras y, legislación del absolutismo dieciochesco se reponían ad integrum, incluso instituciones como los gremios o la Inquisición, ya desfasadas por entero y sin vitalidad alguna. Al mismo tiempo, mientras los diputados doceañistas más salientes en su adhesión a una Monarquía constitucional eran inicuamente encarcelados, en las condiciones por lo común más penosas, y otros encontraban su salvación en la huida a países extranjeros, una porción no desdeñable de los jefes y generales más distinguidos en la lucha contra el francés, pero sospechosos de simpatías liberales, fueron igualmente perseguidos o postergados —los ejemplos de Francisco Espoz y Mina y Pedro Agustín Girón son los más relevantes, pero no los únicos—. La damnatio memoriae de la primera etapa constitucional se erigió así en la línea de fuerza más subrayada de la actividad desplegada desde el poder por Fernando VII entre 1814 y 1820. Bien que la tesitura de la nación al término de la guerra era crítica por la devastación de sus fuentes de riqueza, la sangría demográfica y el exilio de gran parte de sus cuadros dirigentes, el capital político de que disfrutaba el Monarca hubiera podido en ancha medida cambiarla con magnanimidad y correcta selección de funcionarios y ministros. Algunos testimonios cualificados, como el del duque de Wellington —visitador de la Corte madrileña en las postrimerías de mayo de 1814—, exculpan al Rey y culpan a su entorno de la mefítica atmósfera que imperaba en el Madrid de su primera restauración absolutista.

El omnipotente poder de ordinario atribuido a la famosa “camarilla” que, como especie de gobierno paralelo, rodeaba a Fernando, se ha aducido igualmente como prueba de sus “amistades peligrosas”, de cuyas malas artes fue víctima la buena intención de un soberano inexperto. Su reivindicación, posible y hasta, si se quiere, necesaria en el plano científico, no ha de llegar, empero, hasta tal punto. La reciente historiografía ha demostrado que la influencia de la “camarilla” fue menor de lo afirmado por los autores decimonónicos y los insertos en su estela durante la siguiente centuria, incluso en el sexenio, etapa de su mayor ascendiente. Pero, por encima de ello, y muy en primer lugar, ha de recordarse que la célebre “camarilla” fue de su exclusiva competencia y obediencia, pues en ningún instante Fernando VII cedió o delegó facultad alguna de gobierno y dirección en cualquier rama de la Administración, civil o militar.

Aunque ello hay provocado la sorpresa de la posteridad, es, sin embargo, bien cierto que ni la felonía ni la avilantez de su comportamiento con parte de los hombres a los que debía la recuperación del trono, así como su desmaña e inepcia en el regimiento de los negocios públicos, se tradujeron en una mengua de la irradiación de su imagen en la masa del país, antes al contrario. Los pronunciamientos que jalonaron todo el Sexenio absolutista —los de Espoz y Mina (1814), Porlier (1815), “El Triángulo” (1816), Lacy (1817), Vidal-Bertran de Lis (1819)—, expresión del descontento de los sectores más ilustrados y concienciados de la nación, no supusieron grave peligro para su posición, debido justamente al escaso o nulo eco obtenido por dichas tentativas de ruptura en el conjunto de la sociedad. Enlazada la trágica crisis de la metrópoli con la revelada por los movimientos emancipadores del Ultramar americano, los intentos de recuperación tras los desastres de la lucha contra el francés no se reflejaron en realidades positivas, tanto por la dificultad de la coyuntura económica como por la desacertada política del Monarca, falto de rumbo y atento primordialmente a la preservación de su poder personal, lindante con lo arbitrario en muchas ocasiones. Obseso por erigirse en centro de todas las fuerzas y corrientes —en 1816, con motivo del segundo matrimonio del Soberano con su sobrina Isabel de Braganza (1797-1818), se promulgó una amnistía a favor particularmente de los afrancesados—, terminó por aquistarse la indiferencia de casi todas ellas. Luego de una inacabable serie de gobiernos cuyas más interesantes iniciativas naufragaron en agua de borrajas —por ejemplo, el proyecto, de corte ilustrado, de contribución única del aragonés Martín de Garay en 1817—, con apenas que alguna otra medida importante a la manera de la fundación, por voluntad expresa del Monarca, del Museo del Prado, en 1819, y con lances tan deprimentes como el affaire de los barcos comprados a Rusia para el transporte de tropas destinadas a América, se llegó al segundo ensayo liberal con el triunfo del pronunciamiento militar del teniente coronel Rafael del Riego —7 de marzo de 1820—. Conseguido el virtuosismo en el arte del doble lenguaje y de la perfidia más dolosa del lado del Monarca durante el Trienio Constitucional (18201823), no por ello vio Fernando rebajada la granítica adhesión demostrada por la gran mayoría del pueblo desde 1808. Infiel a su juramento de marzo de 1820, zapador de la gestión de sus propios gobiernos, atizador de discordias y rivalidades entre la elite dirigente, negociador del retorno de su poder personal en connivencia con las potencias de la Santa Alianza, su prestigio permaneció esencialmente incólume en unas masas anegadas en el pleno delirio fernandino, una vez abrogado el régimen constitucional por los Cien Mil Hijos de San Luis (1 de octubre de 1823). Con su enorme prestigio y su autoridad casi intactos —el viaje de retorno de Cádiz a Madrid fue, en verdad, triunfal, con recibimientos multitudinarios en villas y ciudades, de matriz casi siempre espontánea—, Fernando VII volvió a demostrar que no había aprendido ni olvidado nada en “los tres mal llamados años”. Una actitud mínimamente comprensiva de la triste situación de la Monarquía, un talante algo generoso y una cierta capacidad de piedad hubieran mitigado el dolor de las inevitables venganzas y desquites y dado paso a una página en blanco en la historia de un país martirizado, para ser escrita por la reconciliación y la unidad. La realidad, se sabe, fue muy otra.

Con todo, sin embargo, y obligado en gran medida por la presión de París y Londres, Fernando VII, una vez pasado el clímax de la represión antiliberal, atemperó su política a pautas más institucionales y objetivas que en el Sexenio. La Inquisición no fue restablecida como sucedió en 1814 tras su abolición en Cádiz —febrero de 1813— y el ascendiente clerical y absolutista —el calomardismo— se contrapesó con el abierto respaldo a los moderados y antiguos afrancesados —Miñano, Lista, Burgos, Reinoso, etc.—, partidarios a ultranza de renovar con gran ahínco el reformismo ministerial propio de la tradición dieciochesca.

“Palo al burro blanco, palo al burro negro”, la búsqueda incesante por el Rey del fiel de la balanza de las fuerzas sostenedoras de la Monarquía en la etapa final de la crisis terminal del Antiguo Régimen, halló en la segunda fase de la “década ominosa” su más fiel expresión. En una sociedad sedienta de paz tras las guerras de la independencia metropolitana y ultramarina —batalla de Ayacucho: 9 de diciembre de 1824, fin de facto de la presencia española en el continente sudamericano—, la redimensión de algunas de las actuaciones del despotismo ilustrado, con el resultado de una creciente y mayor prosperidad, no podía por menos de ser bien acogida. La legitimidad y el poder incontestables que Fernando VII seguía teniendo, a despecho de nuevos e incesantes pronunciamientos y asonadas —Valdés (1824), los hermanos Bazán y Bessieres (ambas en 1826), Espoz y Mina y Chapalangarra (1830), Manzanares y Torrijos (las dos y en la misma geografía en 1831)—, nada lo descubre con más patencia que su triunfal viaje por el principado catalán tras la revuelta de los “agraviats”. Aunque su estancia estuviera precedida por la implacable represión del famoso y sanguinario conde de España, el recibimiento de la sociedad catalana, sin excepción de estamentos, se acomodó en verdad a lo descrito por la hábil propaganda gubernamental, en manos entonces de viejos afrancesados... Ni los continuos sobresaltos provocados por las incesantes tentativas armadas, ni el cierre de las universidades por la efervescencia juvenil, ni las amenazas ciertas de una próxima bancarrota lograron imponerse, en una coyuntura decisiva de la Europa del siglo XIX —la revolución de 1830—, al talento prestidigitador de aquellos escritores.

El cuarto matrimonio —junio de 1829, un mes después del óbito de la tercera esposa, María Josefa Amalia de Sajonia (1801-1829)— del Monarca con su sobrina María Cristina de Nápoles (1806-1878) abrió el escenario en el que transcurrió la fase postrera del asendereado reinado. La Pragmática Sanción de 30 de marzo de 1830, que anulaba el Acto Acordado de Felipe V, que introducía en España la ley sálica, dio la señal para la recomposición del panorama político cara a la batalla definitiva por el poder entre los moderados y los que ya comenzaban a llamarse carlistas, partidarios de los derechos al trono del hermano Fernando VII, en el caso de que éste no tuviera descendencia masculina. Enmedio de un sinfín de intrigas palaciegas y maniobras en las altas esferas de la Administración, la Magistratura y el Ejército, e intuyendo la proximidad de su muerte, el Rey, instigado por su esposa —en la que los moderados y los liberales depositaban sus mejores esperanzas—, aceleró los trámites para la jura de su primogénita Isabel —venida al mundo el 13 de octubre del referido 1830— como su legítima heredera. Antes de ello, sin embargo, en septiembre de 1832 —año del nacimiento (30 de enero) de la segunda hija de los Reyes, la princesa Luisa Fernanda—, el paisaje político había dado un espectacular vuelco con los denominados “sucesos de la Granja”. Enfermo gravemente el Soberano y ante su inminente muerte, fue aconsejado por el conde de Alcudia, presidente del Consejo de Ministros, Tadeo Calomarde y algún otro personaje influyente para que revocase la Pragmática Sanción y reimplantara la ley sálica, impidiéndose así el peligro de la división del país e, incluso, de una guerra civil que consideraban ineluctable de no anularse dicho documento. Recuperado a los pocos días el Monarca contra toda previsión, desautorizó a los instigadores de tal providencia la infanta Isabel recobró sus derechos al trono.

Convertida la reina María Cristina en el eje de la coyuntura a causa de la postración física de su marido —que delegó en ella por espacio de un trimestre la gobernación del Estado—, no hubo de tardar en ofrecer satisfacción a las peticiones más urgentes de los elementos moderados, tanto fernandinos como, sobre todo, liberales. El segundo gabinete del malagueño Francisco de Cea Bermúdez implicó de hecho el vértice del anacrónico despotismo ilustrado vigente en la práctica desde tiempo atrás. Entretanto las primeras hornadas de exiliados retornaban al país —en realidad, sólo fueron exceptuados de la amnistía del 15 de octubre los diputados favorables a la deposición de Fernando VII en la Sevilla de mayo de 1823—, se desplegaba desde las esferas ministeriales una frenética actividad para reemplazar en los círculos dirigentes a todos los suspectos de carlismo. El 20 de junio de 1833 tuvo lugar en Madrid el solemne acontecimiento de la jura de la princesa de Asturias como heredera del trono, protestada por su tío don Carlos, exiliado en Portugal desde marzo, de donde, por exigencia del Gobierno español, se trasladó a Inglaterra.

La salud de Fernando VII volvió a agravarse, y ya toda la labor de la Corona estribó en preparar al país para la inminente desaparición del Monarca, sobrevenida al año justo de los sucesos de La Granja y en el mismo lugar en que éstos se produjeron. Horas más tarde, su negro vaticinio de dejar, a su fallecimiento, como herencia a la nación una guerra civil semejó cumplirse fielmente con el surgimiento, en Talavera de la Reina, de una partida alzada al grito de “¡Viva Carlos VI!”. España, que en el instante del nacimiento de Fernando VII disputaba en ciertos aspectos la supremacía internacional a Inglaterra, había perdido a su muerte el estatus de primera potencia mundial.

 

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José Manuel Cuenca Toribio