Tarba, Galacián de. Zaragoza, s. m. s. xiii – Zaragoza, 1349. Justicia de Aragón.
Según Latassa, nació en Zaragoza, de linaje ilustre; vivía en el barrio de la parroquia de San Nicolás, delante de cuyo altar mayor fue enterrado. Lo califica de literato distinguido, que sirvió con honor varios cargos reales y municipales, y tradujo del romance al latín los privilegios de la Unión.
Tuvo un hijo llamado Ramón de Tarba y tres hijas, una de las cuales fue abuela de Ferrer de Lanuza, el iniciador de la dinastía de justicias de esa familia.
También la mujer de Jimeno Pérez de Salanova era del linaje de Galacián, así como Domingo de Tarba, vicecanciller real.
En 1347, a causa de los disturbios de la Unión, Zaragoza estaba dividida en dos bandos, uno lo lideraba el linaje de Galacián de Tarba y de Álvaro Tarín y eran llamados “los Tarines”, y el otro bando eran “los bernaldinos”.
Galacián había sido nombrado, de entre los caballeros, “conservador” de la Unión. Durante la celebración de las Cortes convocadas ese año y que resultaron penosas para Pedro IV, Bernaldo de Cabrera, uno de los consejeros más cercanos al Rey, intentó atraerse a personajes influyentes de entre los unionistas, comenzando por Galacián de Tarba y Álvaro Tarín. Para ello, Bernaldo les aseguró que el Rey al uno lo recibiría en su consejo y al otro en oficio principal de su casa. Galacián, con gran discreción, ayudó al consejero real en la labor de atraerse a Lope de Luna, uno de los principales entre los ricoshombres de la Unión y además emparentado con el Rey por estar casado con su tía Violante.
También medió el futuro justicia para que Pedro Fernández, señor de Híjar, se hiciese realista.
Seguramente en agradecimiento a estos servicios, Galacián de Tarba fue nombrado justicia de Aragón el 17 de septiembre de 1348, después de la batalla de Épila que significó la derrota de la Unión.
A él le tocó aconsejar al Rey en los procesos que se siguieron contra trece de los más principales unionistas de la ciudad de Zaragoza, que fueron condenados a muerte y a la confiscación de sus bienes. La sentencia se dictó en la Aljafería y fueron ahorcados en la puerta de Toledo y en otros lugares públicos.
Galacián estuvo presente en las Cortes convocadas para el 4 de octubre del mismo año y reunidas en la Casa y Convento de los Predicadores de Zaragoza. En ellas, se acordó la anulación y la destrucción incluso de los documentos de los privilegios de la Unión, de sus sellos y del resto de sus escrituras. Pero también aprobaron medidas que condujeron a un gran reforzamiento de la figura del justicia, al otorgarle la competencia de proceder contra el regente de la gobernación del reino y el resto de oficiales reales que actuasen contra fuero. Estos mismos cargos podían dirigir consultas al justicia en caso de tener dudas sobre la aplicación de los fueros. Quedaba, por tanto, como protector e intérprete de las leyes aragonesas.
Se acordó igualmente que el Rey no pudiera ordenar al justicia inhibirse en determinados casos, pero se preveía también que en caso de que el justicia no respetara los fueros o actuara incorrectamente, debería indemnizar por el daño causado y perdería el oficio si las Cortes así lo dictaminaban.
Debió de encontrarse Galacián de Tarba sin referencias documentales de sus antecesores, según se deduce por la carta de Pedro IV dirigida a los herederos o detentadores de los bienes de Jimén Pérez de Salanova, Sancho Jiménez de Ayerbe, Esteban Gil Tarín, Peregrín de Anzano, Peregrín de Oblitas y García Fernández de Castro, es decir, todos los justicias de Aragón que había habido desde finales del siglo xiii, en la que les ordenaba que entregasen al nuevo justicia todos los procesos, registros, memorias y escritos que conservaran.
Esta situación no es extraña si se considera que en esos momentos no existía una sede oficial para el justicia y, por lo tanto, cada uno de ellos guardaría los documentos que produjese en su propia casa.
En este mismo mes de octubre el zalmedina de Zaragoza se quejó en una carta al Rey de la actuación del justicia con el preso Antón Sánchez, preso en dicha ciudad, pero no se tienen noticias de si tuvo consecuencias o no dicha queja.
El 27 de mayo de 1349 el Rey solicitó al justicia desde Valencia una copia de la causa protestada ante la Curia General de Aragón por el procurador del infante Fernando, hermanastro del Rey, con el que estaba enfrentado por causa de los bienes donados al infante por Alfonso IV, padre de ambos.
La última mención documental conocida es de 5 de junio de 1349, fecha en la que el Rey le pidió a Galacián que incorporase en los Fueros de Aragón los nuevos capítulos aprobados, jurados y firmados por el Monarca en las Cortes que se estaban celebrando entonces en Zaragoza.
Aunque Latassa afirma que el 26 de agosto de 1389 Galacián de Tarba, señor de Salas Altas y Salas Bajas (Huesca), otorgó un treudo perpetuo de 40 sueldos jaqueses, es poco probable que fuera el propio justicia, sino que posiblemente sería un pariente o descendiente suyo. Pérez Martín afirma que Galacián de Tarba, justicia de Aragón, murió en aquel mismo año de 1349.
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María Dolores Barrios Martínez