Santillán y Figueroa, Hernando de. Sevilla, c. 1519 – Lima (Perú), 8.VI.1574. Jurista, historiador y clérigo.
Nació en el seno de una familia acomodada entroncada con la nobleza sevillana. Su abuelo, Pedro de Santillán, fue caballero de la Orden de Santiago y comendador de Mérida. Su tío abuelo, don Hernando, ocupó la sede episcopal de Osma y fue embajador de los Reyes Católicos en Roma. Por línea materna, su abuelo, Juan de la Cueva y Figueroa, estaba vinculado con los duques de Feria y Albuquerque. Su abuela, Beatriz de León, estaba emparentada con los duques de León. Se casó con Ana Dávila de Baamonte y Sandoval, cuya madre estaba emparentada con el marqués de Denia, de la estirpe de los futuros duques de Lerma y de Uceda.
Se trasladó al Perú a finales de la década de 1540 para desempeñar el cargo de oidor en la Audiencia de Lima, junto con el doctor Melchor Bravo de Saravia, el licenciado Pedro de Maldonado y el licenciado Andrés de Cianca, a quien Pedro de La Gasca (1547-1550) nombró como segundo oidor. La participación forzosa de los indios como cargadores en las sangrientas guerras civiles entre pizarristas y almagristas (1544-1548), las epidemias y los trabajos excesivos habían consumido a los habitantes de los valles de los ríos Chillón o Carabayllo, Lurín y Rímac.
Después de la derrota de Gonzalo Pizarro en Jaquijahuana (9 de abril de 1548), La Gasca llevó a cabo la famosa tasación general (1549). El Pacificador nombró setenta y dos visitadores para que recorrieran los repartimientos del Perú y Charcas (llamado también Chuquisaca o La Plata), con el objetivo de fijar las tasas y estudiar las instituciones socio-económicas del Inga. Tenían que recorrer personalmente todos los lugares señalados, observando la ubicación de las tierras, los productos que rentaban, así como averiguar la cantidad que los indios podían tributar a la Corona.
Concluidas las visitas, La Gasca integró una comisión en la que participaron algunos oidores de la Audiencia de Lima, como el licenciado Hernando de Santillán y el licenciado Andrés de Cianca, así como diversas autoridades eclesiásticas de signo lascasiano, entre los que cabría destacar al arzobispo de Lima, Jerónimo de Loayza, (1498-1575), primer obispo de Lima (1541) y primer arzobispo del Perú (1546), los dominicos fray Tomás de San Martín, provincial de los dominicos, y fray Domingo de Santo Tomás, autor de la primera gramática quechua y futuro obispo de Charcas (1567). Posteriormente, La Gasca hizo un nuevo repartimiento de las encomiendas vacantes, expidiendo los correspondientes títulos de propiedad (15 de enero de 1550).
Durante las inspecciones efectuadas a lo largo de la visita, el licenciado Santillán recopiló información sobre los pueblos andinos, informando al Rey acerca de la dificultad que presentaba la evangelización y doctrina de los indios por encontrarse cada vez más dispersos y apartados unos pueblos de otros. Tras la partida de La Gasca en 1550, la Audiencia se hizo cargo del gobierno del Perú hasta la llegada del nuevo virrey.
Pero en su seno se dibujaban ya las personalidades antagónicas de sus miembros.
El 12 de septiembre de 1551, entraba en Lima el virrey Antonio de Mendoza. La Audiencia entregó el gobierno al anciano virrey para recuperarlo poco después tras su muerte el 21 de julio de 1552. Fueron años turbulentos en los que el licenciado Santillán tuvo que organizar un ejército y hacer frente a la rebelión de los encomenderos que encabezó un antiguo poblador de Popayán, el carismático extremeño Francisco Hernández Girón (1553-1554). Su actuación como militar fue muy criticada, especialmente tras la derrota del bando realista en Villacuri, motivo por el cual la Audiencia le retiró el mando. Santillán volvió a Lima, pero aún participó en la batalla de Pucará (8 de octubre de 1554), en la que Hernández Girón fue derrotado.
A finales de 1556, el sobrino de Santillán, también de nombre Hernando de Santillán, casó con Ana de Villegas, hija del fallecido capitán Jerónimo de Villegas y heredera de las encomiendas de Carima, Ilo, Arica, Tarapacá, Yumina y Capuaya que habían pertenecido al conquistador Lucas Martínez Vegazo. La contienda judicial que habían enfrentado a ambos se hubiera saldado a favor del último si el tutor de la joven Ana de Villegas, Juan de la Torre, no hubiera terciado en el asunto. Efectivamente, el que fuera el mejor aliado de Lucas Martínez Vegazo en la Audiencia de Lima, Hernando de Santillán, se convirtió en un poderoso enemigo. Pero el viejo conquistador de Arequipa no se quedó de brazos cruzados y el litigio continuó.
Para asegurarse los apoyos necesarios sobornó al nuevo virrey del Perú y II marqués de Cañete, Andrés Hurtado de Mendoza (1556-1560), así como al oidor de la Audiencia, Gregorio González de Cuenca.
A su vez, Santillán hizo lo propio y trató de sobornar al relator de la Audiencia, Cristóbal Ramírez de Cartagena, para que fallara en contra de Lucas Martínez; pero no lo consiguió. Como último recurso, Santillán presentó ante el virrey una petición de recusación contra ellos, que fue rechazada.
El año de 1557 significó la rehabilitación de Lucas Martínez Vegazo, antiguo militante en el bando de Gonzalo Pizarro pero defensor de los intereses del Rey y la Audiencia contra la rebelión de Girón, y la primera derrota de Santillán. Mientras tanto, el virrey decidió enviar a su hijo, García Hurtado de Mendoza, como gobernador a la provincia de Chile en substitución de Pedro de Valdivia, muerto a manos de los indios araucanos de Tucapel en 1552. El nombramiento suscitó las críticas de algunos miembros de la Audiencia de Lima, especialmente las del licenciado Melchor Bravo de Saravia, quien aspiraba también al cargo. La responsabilidad otorgada al joven marqués era grande. Don García apenas contaba veintidós años de edad y por esa razón eligió un asesor entre los oidores de la Audiencia de Lima en quien más confiaba. El elegido no fue otro que Hernando de Santillán, a quien nombró justicia mayor y teniente general suyo en esas provincias. La confianza en Santillán era tal que en su primera misa en tierras chilenas, el nuevo gobernador puso en la iglesia de Santiago un sitial para él y una silla algo apartada para el licenciado.
Una de sus principales tareas consistió en visitar la tierra y estudiar el régimen de encomienda a que estaban sometidos los indígenas, haciendo instrucciones y ordenanzas. Se le asignó un sueldo de 3000 pesos de oro anuales, con la prohibición de tomar encomiendas o repartimientos. El letrado se trasladó a la diócesis de Santiago del Extremo para visitar los establecimientos españoles y analizar la condición de los naturales, que eran sometidos a constantes malos tratos. Su experiencia en la elaboración de las tasas de tributación y en gobierno de la Audiencia le demostraba que no era posible eliminar la encomienda de servicio personal, puesto que sin ella los conquistadores no habrían podido explotar sus tierras y extraer oro de los lavaderos. Esta última actividad también era de importancia para la Corona, dado que sus rentas en Chile dependían del quinto real que gravaba la extracción de metales preciosos.
En este orden de cosas, Santillán presentó al gobernador un proyecto de ordenanzas reales que transformaba los antiguos servicios personales en tributos. El texto fue sancionado por Hurtado de Mendoza el 20 de enero de 1559 y se conoció como la Tasa de Santillán.
Una vez deducido el quinto real, la Tasa dividía el producto del oro explotado en seis partes. Cinco de ellas correspondían al encomendero, quien se ocupaba de los gastos de explotación; la sexta parte pertenecía a los indios que trabajaban en los lavaderos de oro. Pero, en la práctica, los encomenderos controlaban dicha parte, junto con los curas doctrineros, quienes les enseñaban las virtudes del ahorro y administración de sus propios bienes. También organizó el sistema de la mita, que consistía en la obligación del cacique de enviar un indígena de cada seis para las minas, y uno de cada cinco para el trabajo agrícola.
Se eximía del trabajo a las mujeres y hombres menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y se ordenaba que los indígenas fueran mantenidos por los encomenderos, quienes además debían curarlos en la enfermedad, cuidar de su evangelización, y no ocuparlos como bestias de carga ni hacerlos trabajar los domingos y festivos.
En 1559 fue condenado a destierro por juicio de residencia. En 1561 volvió nuevamente a Lima para ejercer el cargo de oidor. El 24 de marzo de 1561, el nuevo virrey del Perú, Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva (1561-1564), desembarcó en Lima acompañado de los comisarios Diego Briviesca de Muñatones, miembro del Consejo de Castilla, Ortega de Melgosa, del Consejo de Hacienda, y Diego de Vargas Carvajal. Inmediatamente se celebraron Juntas en las que evaluar la venta de las encomiendas a perpetuidad, siguiendo las instrucciones del 23 de julio de 1559. A mediados de 1562, las negociaciones entre la Corona y el partido de los encomenderos se habían estancado. Su exigencia en “la plena jurisdicción civil y criminal” sobre los indios dificultaba el entendimiento entre ambas partes. Los religiosos, por su parte, no dieron su brazo a torcer. Los provinciales de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín escribieron un Memorial al Consejo de Indias, con fecha en Lima, 8 de abril de 1562, en que afirmaban que la concesión de la perpetuidad significaría la total destrucción del Perú. Poco después, el 4 de mayo de 1562, los comisarios escribieron un informe a Felipe II en el que mostraban su desconfianza de la fidelidad de los encomenderos a largo plazo al tiempo que reconocían la necesidad de asegurar la mano de obra indígena para la explotación de la industria minera.
Las tensiones entre los encomenderos y el clero iban en aumento. En este orden de cosas, personalidades destacadas de la Audiencia de Lima, como los licenciados Mercado de Peñalosa, Juan Polo de Ondegardo y Hernando de Santillán, defendían posturas conciliatorias, como la perpetuidad de las encomiendas sin jurisdicción civil ni criminal. Aconsejaban reservar una parte de los repartimientos incorporados a la Corona para remunerar con ella a los descendientes de los conquistadores y vecinos principales.
En 1562 viajó a España para cumplir la pena de destierro. Allí escribió para Felipe II su Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas (1563). Se trataba de una respuesta-informe a la Real Cédula, promulgada en Valladolid en diciembre de 1553, en la que el rey solicitaba información fiscal sobre los señores naturales, el tributo que pagaban en tiempos de su gentilidad y después de su incorporación a la Corona de Castilla. Santillán recogió información de indios viejos, mestizos y españoles que conocían la lengua de los indios. A su juicio, antes de los Incas no existía un gobierno unificado. Con cierta admiración describe las instituciones políticas y económicas de los antiguos señores del Perú, así como su transformación y desorden a causa de la entrada de los españoles. Su objetivo es demostrar que la transición del orden antiguo al tiempo de los españoles no se había hecho por el bien y la conservación de los naturales.
Acusaba a los caciques de maltratar a sus indios y recomendaba enviar visitadores para supervisar la administración del virreinato.
En la primavera de 1564, Santillán partió desde España a Panamá, y de allí se embarcó para Lima (22 de julio de 1564). Pero permaneció poco tiempo en la capital. En septiembre de 1564 fue nombrado presidente de la nueva Real Audiencia de Quito, creada un año antes. Su dilatada experiencia adquirida en Lima y Chile no le ayudó en el ejercicio de su misión.
Allí tropezó con la oposición del único oidor de la Audiencia, Francisco Rivas, quien se alió con el penúltimo gobernador del distrito de Quito, Salazar de Villasante, a quien Santillán residenció y ordenó salir de la ciudad. Esta resolución judicial fue criticada por muchos amigos del oidor. En junio de 1566, un vecino llamado Francisco Martín dirigió una carta al Rey acusando a Santillán de desfavorecer a los leales servidores de su majestad. A pesar de estas dificultades, Santillán consiguió imponer su autoridad rebajando la tasa de los tributos indígenas. Asimismo, favoreció el proyecto de reducir los indios a pueblos y fundó un hospital de indios.
Las arbitrariedades del presidente de la Audiencia de Quito lo condenaron nuevamente a destierro y a pagar diversas multas, volviendo a España en 1570.
Allí se encontró con las críticas vertidas por Diego Fernández, el Palentino, en su recién editada Historia del Perú (Sevilla, 12 de septiembre de 1571). El libro exoneraba a Bravo de Saravia, muerto en 1577, en la ciudad de Soria, y acusaba al oidor andaluz de toda clase de irregularidades y mal gobierno. Santillán expuso 68 objeciones a lo narrado por Diego Fernández y finalmente, tras el dictamen del cronista Juan López de Velasco, se prohibió su impresión. En el ocaso de su vida, hizo profesión religiosa y el 17 de octubre de 1572 fue nombrado obispo de Charcas en substitución de fray Domingo de Santo Tomás, fallecido el 28 de febrero de 1570. Sin embargo, Santillán falleció en Lima en 1574 sin llegar físicamente a su diócesis.
Obras de ~: Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas, 1563 (Lima, Editores Técnicos Asociados, 1968, Biblioteca Peruana, 1.ª parte, t. III) [también en Crónicas peruanas de interés indígena, est. prelim. de F. Esteve Barba, Madrid, Atlas, 1968 (Biblioteca de Autores Españoles, 209)].
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Alejandro Coello
