Redondo García, Francisco. Becerril de Campos (Palencia), 19.IX.1777 – Oviedo (Asturias), 9.VIII.1835. Fiscal de la Cámara de Castilla, magistrado del Supremo Tribunal de España e Indias y procurador en Cortes.
Nació en Becerril de Campos el 19 de septiembre de 1777. Obtuvo los grados de bachiller en Filosofía y en Cánones por la Universidad de Valladolid. Fue miembro numerario de la Academia de Jurisprudencia Teórico-Práctica y Derecho Público de San Carlos de la Real Chancillería de Valladolid, y de la de Práctica y Derecho Público Nuestra Señora del Carmen de Madrid, en la que sirvió los oficios de revisor de disertaciones y fiscal. En julio de 1800 fue nombrado por el Rey director supernumerario de división del Seminario de Nobles, y en septiembre de 1801 director de número. En este seminario estudió dos años Matemáticas. En 1802 fue recibido de abogado de los Reales Consejos. El 4 de diciembre de 1808, después de haber trabajado los tres días anteriores en destinar a los seminaristas, desocupar el seminario y defenderlo de las tropas francesas, salió de la Corte a pie y sin equipaje, y se presentó al Gobierno central en la ciudad de Sevilla a fin del mismo mes. Por ello, fue condecorado por el Rey con la cruz de distinción concedida a los habitantes de Madrid que resistieron a los franceses los días 1 a 3 de diciembre. En agosto de 1809 fue nombrado individuo de la Junta de Ordenación y Redacción de los informes y memorias que se presentaban a la central relativos a la reforma y mejora de los ramos de guerra, marina, hacienda y justicia. En septiembre del mismo año es nombrado oficial de la secretaría general del supremo Consejo de España e Indias. Este cargo lo desempeñó conjuntamente con la anterior comisión, sin percibir más que el sueldo de 1000 reales mensuales.
El 17 de febrero de 1812 es propuesto por el Consejo de la Cámara en primer lugar y con dos votos en segundo para la fiscalía de la Audiencia de Asturias.
También iba propuesto, en primer lugar, con los votos de los camaristas Pascual Quílez Talón y Justo Ibar-Navarro, Antonio Fernández del Castillo, ex vocal de la Junta de Extremadura y que había sido juez de imprentas y de los expedientes de subastas de Manuel Godoy. La Regencia del Reino nombró a Redondo para dicha fiscalía. Aunque la mayor parte del Principado estaba ocupado por las tropas francesas al mando del general Bonet, se embarcó en Cádiz para ir a servir su nuevo destino. Hasta el 3 de julio no toma posesión de él. Allí fue individuo de número de la Sociedad Económica de Amigos del País y censor en ella. Intervino de fiscal de la junta de reintegro de bienes confiscados en Asturias por el gobierno intruso, conforme a la cédula de 3 de agosto de 1814.
Fue fiscal de la Junta superior de Sanidad de Asturias.
El comandante general del principado le nombró censor de los escritos que se intentaran imprimir a partir del decreto de 4 de mayo de 1814, que limitaba la libertad de imprenta.
Restablecida la Constitución en 1820, ocuparía una plaza de magistrado en la Audiencia de Madrid, de la que tomó posesión el 30 de octubre. Abolida la Carta Magna en 1823 sería envuelto en una causa injusta y calumniosa de la cual finalmente fue absuelto y repuesto por el Consejo de Castilla en pleno el 1º de septiembre en la fiscalía de la Audiencia asturiana, de donde fue trasladado el 5 de diciembre de 1824 a otra igual de la Audiencia de Valencia, vacante por jubilación de Manuel Ortiz de Pinedo.
En 1832, un decreto despachado el 25 de octubre por María Cristina de Borbón, habilitada para el despacho de todos los negocios del Estado durante la enfermedad de Fernando VII, le confiere la tercera fiscalía del Consejo y Cámara de Castilla, ahora restablecida.
El 24 de marzo de 1834 se crea el Supremo Tribunal de España e Indias. Un decreto de 1º del mes siguiente nombra los nuevos magistrados: Andrés Subiza, José Martínez de Areta, José Montemayor, José Villanueva, José Mier, Teótimo Escudero, Matías Herrero Prieto, Rafael Paz y Fuertes, José María Calatrava y el becerrileño. La provincia de Palencia, de donde era natural, conociendo su ilustración —era un gran humanista y filósofo— y patriotismo, le eligió su representante en las Cortes de 1834.
Había contraído matrimonio en Oviedo el 12 de marzo de 1818 con María Teresa Pontigo Cañedo, nacida en Oviedo, e hija de Juan de Pontigo y Ventura Cañedo. No tuvieron sucesión. Un día antes de fallecer, el 8 de agosto de 1835, formaliza testamento en Oviedo, donde reside accidentalmente en la casa de los marqueses de Gaztañaga. En él atribuye todos sus bienes a su mujer y cuando ésta fallezca dispone que se dividan en dos partes iguales, una para sus sobrinos, los hijos de José Posada, hermano político de su mujer, y la otra para los sobrinos restantes, hijos de Dorotea Pontigo, mujer de José Faera, vecino de Toledo.
Una orden real de 22 de noviembre de 1835 concede a su viuda la pensión anual de 14.000 reales.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Ministerio de Hacienda, leg. 527/13; Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, leg. 4613/5397.
Gazeta de Madrid, 30 de octubre de 1832 y 7 de noviembre de 1835; Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 11 n.º 4.
Ricardo Gómez Rivero
