Martínez de Areta Sainz, José María. Rincón de Soto (La Rioja), 1774 – c. 1840. Consejero de Castilla y magistrado del Tribunal Supremo de España e Indias.
Hijo de Pedro Martínez de Areta y de Josefa Sainz, nació en 1774 aunque se desconoce la fecha exacta. Se graduó de bachiller en Leyes el 18 de junio de 1796 por la Universidad de Zaragoza. En 1799 se trasladó a la Corte con el objeto de concluir su pasantía. Fue individuo de la Real Academia Teórico-Práctica de Derecho Real titulada Espíritu Santo, establecida en San Isidro el Real. Se recibió de abogado en el Consejo de Castilla el 23 de mayo de 1800. El año siguiente, el conde de Bornos le nombró para la alcaldía mayor de las villas de Ausejo, Alcanadre y Murillo de Río Leza, de la que tomó posesión el 4 de agosto, y sirvió por espacio de un sexenio y cuatro meses. De ahí se trasladó a su pueblo natal y de éste, de donde huyó en 1809 del gobierno intruso, abandonando sus propiedades y a su madre viuda con seis hijas, a Sevilla. La Junta Central del reino le nombró aquel año corregidor de Pedro Muñoz, pero no llegó a tomar posesión por hallarse aquel pueblo ocupado por las tropas francesas.
Amenazada Sevilla por los ejércitos franceses, se retiró a Ayamonte, y Tavira en Portugal, donde permaneció hasta el mes de agosto de 1810. Luego pasó a Cádiz, donde desempeñó la relatoría de la Junta Superior de Secuestros y Confiscos, y la del Tribunal Real Apostólico de Cruzada, esta última con el salario anual de 3.000 reales. La Regencia del reino le nombró el 18 de septiembre de 1812 para la judicatura de primera instancia de la ciudad de Alcalá la Real. La propia Regencia le promovió el 13 de agosto de 1813 a una plaza de magistrado de la Audiencia de Valladolid, que estuvo sirviendo hasta que Fernando VII, por decreto de 7 de agosto de 1815, se dignó nombrarle para una plaza de oidor de la Chancillería de Valladolid, vacante por haber pasado a servir otra de igual clase en la de Granada José Manescau, de la que tomó posesión el 29 del mismo.
Durante el Trienio Constitucional padeció persecución por parte de los liberales, quienes marcaron la puerta de su casa con el dictado de “servil”, y designándole como cabeza de los que titulaban serviles o facciosos de la Audiencia. Fue uno de los magistrados que conoció en grado de apelación la causa formada y sentenciada por el juez de primera instancia de Burgos contra Domingo Baso y otros cómplices acusados de haber proyectado sacar de Madrid en junio de 1820 al Rey y su familia. El juez de Burgos condenó a ocho a la pena de garrote. Los magistrados de la Audiencia de Valladolid, entre ellos Areta, condenaron solamente a Pío Aguilar y Victoria Pérez en la prisión que habían sufrido y en todas las costas. A los pocos días de publicado el fallo, fue trasladado el 29 de agosto de 1822 a la Audiencia de Galicia. El Tribunal Superior de Justicia, considerando que la sentencia que habían dictado los magistrados no guardaba proporción con el atroz delito cometido por los acusados, les mandó el 20 de diciembre de 1822 que se presentaran en la Corte para formarles causa. Finalizado el régimen constitucional, el Consejo pleno de Castilla le repuso el 7 de septiembre de 1823 en la plaza de oidor que servía en la Chancillería de Valladolid con anterioridad al 7 de marzo de 1820.
El Consejo de la Cámara propuso el 27 de agosto de 1825, en segundo lugar, a Areta para la regencia de la Audiencia de Mallorca, vacante por jubilación de Lucas Hiscio Fernández. El Rey le nombró para dicha plaza. El nuevo regente llegó a Palma de Mallorca el 30 de noviembre y dos días después tomó posesión. El 1 de marzo de 1831 ascendió a la regencia de la Chancillería de Granada, aunque demoró su posesión hasta el 13 de junio. Un decreto despachado dos meses más tarde, el 9 de agosto, lo promovió a una alcaldía de Casa y Corte, vacante por ascenso de José María de Zuaznavar al Consejo de Órdenes. Areta tomó posesión de la alcaldía el 8 de octubre. Debía el ascenso al ministro de Justicia Tadeo Calomarde; ambos habían sido condiscípulos en la Universidad de Zaragoza y en la Academia de Derecho Real en San Isidro de Madrid.
En 1832, un decreto despachado el 25 de octubre por María Cristina de Borbón, habilitada para el despacho de todos los negocios del Estado por decreto de 6 del mismo, confirió cuatro plazas de consejeros de Castilla a los sujetos siguientes: José Villanueva y Arévalo, oidor decano de la Audiencia de Sevilla; Andrés Subiza, decano de la Chancillería de Granada; José Ayuso y Navarro, gobernador de las Salas del Crimen de la misma, y al soriano. En estas fechas el salario anual de un consejero de este tipo era de 50.000 reales.
El 24 de marzo de 1834 se creó el Supremo Tribunal de España e Indias. Un decreto del 1 del mes siguiente nombró a los nuevos magistrados: Andrés Subiza, Rafael Paz y Fuertes, José Montemayor, José Villanueva, José Mier, Teótimo Escudero, Matías Herrero Prieto, Francisco Redondo, José María Calatrava y José Martínez Areta. Un año y medio mes después, un decreto de la Reina gobernadora de 13 de septiembre, atendiendo a los achaques y a la larga carrera de los magistrados del Tribunal Supremo José Martínez Areta, Matías Herrero Prieto y Rafael Paz, los jubiló con los honores y sueldo que les correspondían por clasificación. El sueldo que percibía en activo era de 50.000 reales y le quedaron como jubilado 10.000 menos. Areta había contraído matrimonio con Leonarda Magarola y Gómez, natural de Cádiz.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Ministerio de Hacienda, leg. 1542/46; Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, leg. 4579/4970; Gazeta de Madrid, 30 de octubre de 1832.
Ricardo Gómez Rivero
