Cursó Derecho en la Universidad de Valladolid e ingresó en el Colegio de Abogados de Estella y en el de Gestores Administrativos. Su actividad profesional estuvo relacionada con la asesoría laboral y fiscal en su ciudad natal.

Su primera participación en la vida política se produjo al ser elegido concejal del Ayuntamiento de Estella por el tercio de cabezas de familia en 1973. Al año siguiente, el 21 de enero de 1974, era nombrado alcalde de la localidad. Ese mismo año fue elegido diputado provincial por la merindad de Estella.

En la nueva Diputación, se alineó junto a Ignacio Irazoqui y Félix Visus para promover la adaptación de las instituciones forales al proceso democratizador iniciado tras la muerte de Franco. Este grupo contó con la oposición mayoritaria del resto de la Corporación, los diputados Amadeo Marco, Julio Asiaín, Jesús Fortún y Julio Iturralde. Uno de los principales hitos de la iniciativa reformadora de estos tres diputados se produjo el 21 de julio de 1976, cuando Visus, Arza e Irazoqui presentaron una moción para el replanteamiento del sistema foral, apoyados por José Javier Uranga, director de Diario de Navarra, y Miguel Javier Urmeneta, ex diputado foral, cuya candidatura a esta misma Diputación había sido boicoteada por el gobernador civil. Los tres principios en que se basaba la moción eran la autonomía, con la recuperación de todas las potestades dejadas o perdidas por Navarra y la reintegración foral plena; institucionalización, mediante la delegación en el Consejo Foral Administrativo de las competencias legislativas de la Diputación para evitar la concentración de poder, y representatividad, de modo que los miembros de la Diputación y del Consejo Foral Administrativo fueran elegidos mediante sufragio universal por los habitantes de cada merindad. La moción fue rechazada con los cuatro votos contrarios de Marco, Asiaín, Fortún e Iturralde, conocidos como “los cuatro”. El rechazo de la moción provocó la retirada voluntaria temporal de Irazoqui y Visus. Posteriormente, la Diputación apoyó sus tesis reformistas con la aprobación, el 3 de diciembre de 1978, de un acuerdo sobre ordenación de las instituciones que daría pie al Real Decreto de 26 de enero de 1979. [...]