Licenciado en Derecho por la Universidad de León en 1982, solo dos años después se incorporó por oposición a la judicatura, ejerciendo como juez en Torrelavega, Santoña, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. En 1988 ascendió a magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, puesto en el que se encargó, entre las múltiples resoluciones que dictó, de la sentencia del “caso Urbanor”, absolviendo a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, pero fue revocada posteriormente por el Tribunal Supremo. Miembro del secretariado y portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (1994-1998) y vocal del Consejo del Poder Judicial designado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (2001-2004), se mostró contrario a la Ley de Partidos que terminaría con la ilegalización de Batasuna por su apoyo al terrorismo etarra; también, ya antes de incorporarse al máximo organismo interno de los jueces, colaboró, junto a María Teresa Fernández de la Vega, ex vocal del mismo y quien ocupó la vicepresidencia del gobierno en el que Alonso ejercería como ministro, en programas de formación de jueces en Latinoamérica. [...]