Río González, Juan del. Marqués de Campoflorido (I). Madrid, c. 1667 – ?, c. 1725. Ministro de Hacienda de Felipe V.
Pertenecía a una familia originaria de San Mamés, en las montañas de Burgos, aunque su padre —Carlos del Río— había nacido ya en Madrid. Casó con Isabel González de la Herrán, también natural de Madrid, pero cuya familia procedía de Mates, en las mismas montañas burgalesas. En los primeros años de la Guerra de Sucesión, concretamente en 1703, aparece como abastecedor de los ejércitos peninsulares de Felipe V en unión con otros dos asentistas. Deshecha aquella asociación, se le encuentra poco después abasteciendo en solitario a los Ejércitos de Galicia hasta 1707. El negocio de los abastecimientos podía reportar grandes beneficios, pero presentaba también sus riesgos. En los contratos de aprovisionamiento militar, la Real Hacienda se comprometía a ir pagando a los asentistas, en unos plazos fijos, determinadas consignaciones ajustadas a las compras y conducciones de granos. Como lo normal era que se les pagara tarde —a veces muy tarde—, dado que aquel Estado andaba siempre necesitado de adelantos, los asentistas necesitaban capital suficiente para continuar por su cuenta las operaciones. De ahí que a veces compartieran ese negocio con el del arrendamiento de rentas, más seguro, como hizo Juan del Río González. De ahí también que algunos interrumpieran el aprovisionamiento, obligando así a la Hacienda a continuarlo apresuradamente por su cuenta; para ello, embargaba todas las existencias de aquellos abastecedores. Pero la Corona podía también premiar los “servicios” de aquellos hombres de negocios con cargos administrativos, generalmente relacionados con la Hacienda, y con títulos de nobleza. Todo indica haber sido ese el caso de Juan del Río González, quien en junio de 1707 era ya marqués de Campoflorido. Hay más, sin embargo. El 1 de julio del mismo año, sin vencer aún su contrato de abastecimiento hasta fin de octubre, fue nombrado tesorero mayor de Guerra. Era sólo el inicio de una brillante carrera administrativa y política.
Queda, por supuesto, la pregunta de a cuánto ascendían los créditos no cobrados por el abastecedor al recibir aquel título y aquel cargo de Hacienda.
Sin que desapareciera la Tesorería General, adscrita al Consejo de Hacienda y a su gobernador, la Tesorería Mayor había sido creada en octubre de 1703; nacía entonces de la necesidad de centralizar los recursos destinados a la defensa del territorio español en la Guerra de Sucesión, de agilizar también su distribución y de controlar las finanzas militares. Muy poco antes, en septiembre, había nombrado Felipe V al marqués de Canales secretario de Estado y del Despacho de Guerra, el primero de los ministros especializados y responsables de la monarquía absoluta en nuestro país. La estrecha colaboración entre el tesorero mayor y el ministro de la Guerra era, pues, obligada.
Campoflorido sucedía en el cargo al conde de Moriana, y lo hacía cuando José de Grimaldo ocupaba ya el Ministerio de Guerra y Hacienda en sustitución de Canales. El tesorero mayor realizaba los pagos que, siempre en nombre del Rey, le iba ordenando el ministro. Pero no era la suya una labor puramente mecánica. Había que conocer a los hombres y a las casas de negocios para elegir entre ellos con acierto; había que saber también qué pagos resultaban preferentes y cuáles se podían aplazar de forma más o menos indefinida. Sólo eso explicaría el acceso al cargo de financieros como Moriana o Campoflorido. Éste inició entonces una estrecha colaboración con Grimaldo, colaboración que se iba a prolongar al acceder al cargo de gobernador del Consejo de Hacienda y, concluida la guerra, al de ministro del mismo ramo.
Los tesoreros, generales o mayores de Guerra, dejaban su cargo a los tres o cuatro años para dedicarse, durante un tiempo similar, a elaborar y rendir sus cuentas. No fue el caso de Campoflorido, que el 1 de julio de 1709 pasó directamente a ocupar el gobierno del Consejo de Hacienda. Sabemos que presentó sus cuentas, aunque es posible que tuviera que emplear más “contadores” de lo habitual en estos casos. Pocas semanas antes, había sido nombrado superintendente y administrador general de parte de los puertos secos de Castilla y de los diezmos de la mar, contribuciones que Felipe V decide entonces poner en administración, al descubrirse los manejos del arrendador existente; al mismo tiempo, se le encargó la administración del monopolio del tabaco. Es posible que mantuviera estos encargos como gobernador; no estaban aún suficientemente delimitadas las funciones de los cargos públicos, de forma que la valía de las personas, o la confianza que se tuviera en ellas, podían producir acumulaciones de este tipo. En 1710 y 1711, se le irían sumando otros encargos específicos, ajenos al gobierno del Consejo de Hacienda; pero lo que más destaca es su acierto en ese cargo de gobernador, lo mismo que antes como tesorero. El gobernador se convertiría pronto en uno de los más estrechos colaboradores del ministro Grimaldo, asesorándole en todos los asuntos económicos y hacendísticos, en los que el antiguo asentista era, desde luego, más experto que el ministro de Guerra y Hacienda. De ahí que en ocasiones se le pidiera opinión, la supervisión incluso, en lo relativo a los aprovisionamientos de las tropas.
Durante la estancia aragonesa de los reyes en 1711, Grimaldo permaneció junto a Felipe V, ocupado fundamentalmente en los temas políticos, administrativos y bélicos. Su correspondencia con Campoflorido, en Madrid, muestra cómo fue este último quien llevó el peso de allegar y distribuir unos fondos que, desde Zaragoza, se consideraban bastante mayores de lo que en realidad eran. No sólo eso, sino que tuvo que ocuparse también de contratar la elaboración de uniformes y tiendas de campaña para las tropas. Las opiniones de Campoflorido fueron muy apreciadas, no sólo por Grimaldo, sino por el mismo Felipe V. Prueba de ello es cómo prevalecieron sus ideas cuando, en septiembre de 1710 y a iniciativa del Consejo de Castilla y de su fiscal Luis Curiel, se había iniciado la acuñación de una cantidad considerable de moneda de cobre. Durante toda la Guerra de Sucesión, escaseó aquí la moneda de pleno contenido, y la de vellón fue la generalmente utilizada. La moneda de cobre —dijo entonces el gobernador de Hacienda— “es útil en la República mientras no excede las necesidades del comercio, y ya la hay en el Reino; [...] con que aumentarla sería más de perjuicio que de utilidad”. Tras el informe de Campoflorido, Felipe V ordenó suspender la acuñación, y España se libró de la inflación de cobre.
Campoflorido permaneció en la gobernación de Hacienda hasta 1712. Pero, cuando, a finales de 1713, Orry y Macanaz introdujeron una reforma de gran calado en los Consejos, Campoflorido ocupó la segunda Presidencia del de Hacienda. Al caer en desgracia aquel equipo, en enero de 1715, Campoflorido era uno de los miembros de la Junta de Rentas Generales, creada a finales del año anterior por Orry para llevar la administración directa de las aduanas y los estancos; era aquélla una reforma hacendística importante que, a pesar de la caída del francés, Felipe V iba a mantener hasta 1725. Siguió, además, Campoflorido proporcionando a Grimaldo, y al Rey, los informes y opiniones que se le pedían. En 1717, con Alberoni, fue nombrado gobernador de Hacienda y superintendente de las mencionadas Rentas Generales, sustituida ya la primitiva Junta por la mayor eficacia de un solo gestor. El hecho de que el Vecindario General lleve el nombre del marqués se debe a que fue él quien, en 1717, exigió el envío de los vecindarios que se habían pedido cinco años antes. Al caer el valido en diciembre de 1719, fue ministro de Hacienda, acumulando con esa cartera la gobernación del Consejo y la Superintendencia de Rentas Generales que venía detentando. Denunció entonces el desorden que hallaba en las finanzas reales, y se dedicó a poner orden; sólo pudo lograrlo en parte, dada la prioridad de unos gastos militares y cortesanos excesivos frente a los ingresos existentes.
Dimitió al subir al trono Luis I en enero de 1724; adujo motivos de salud, de la que venía quejándose hacía tiempo; aunque el pronto regreso a la gobernación de Hacienda y a la Superintendencia de Rentas Generales, al morir pocos meses después el joven rey, añade otros motivos de índole político. En esta última etapa como gobernador recibió amplias atribuciones respecto a las del entonces ministro del ramo, el escasamente dotado para el cargo Juan Bautista de Orendayn.
Pero el deterioro de su salud era ya por entonces una realidad. En marzo de 1725 tuvo que delegar parte de sus funciones; el 13 de agosto hizo dejación de todos sus cargos, siendo sustituido por Francisco de Arriaza y desapareciendo de la historia del período. Todo indica, pues, que aquella enfermedad de Campoflorido era terminal.
Fernando José Máximo del Río, hijo suyo y segundo marqués de Campoflorido, logró más tarde, en 1735, un hábito de Santiago; era algo a lo que al padre le había resultado difícil aspirar por su primitiva profesión de abastecedor de los Ejércitos.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Estado, legs. 6401; 864; 490; 357; 781; 772; 791; 392; 708; 395; 831; 788; 794; 769; 849; 496; 751; 752; 762; 768; 2974; Consejos, legs. 7.127; 7135; Fondos Contemporáneos, Colección de Órdenes Generales de Rentas, n.º 300; 305; 405; 430; Órdenes Militares, Santiago, exp. 6997; Archivo de la Real Academia de la Historia, Colección Sempere, T X.
F. Bustelo García del Real, “Algunas reflexiones sobre la población española de principios del siglo XVIII”, en Anales de economía, n.º 151 (1972); H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España. 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974; J. L. Barrio Moya, “Una biblioteca pre-ilustrada: la del primer marqués de Campoflorido”, en Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 78 (1994), págs. 477-512; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles?, Madrid, Actas, 1998, págs. 758-761; C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons, 2004.
Concepción de Castro Monsalve