Ulloa y Lemos, Lope. Ferreira (Lugo), c. 1561 – Concepción (Chile), 8.XII.1620. Militar, gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia del Reino de Chile.
Era hijo de Antonio de Lemos y Cadórniga, señor de la casa de Ferreira, y de Francisca de Ulloa. Pertenecía a una vieja familia hidalga de Galicia y se decía pariente del conde de Lemos, ministro de Felipe III. Sirvió desde joven en el Ejército Real y en 1587 era soldado en la compañía de Jorge Arias de Arbieto, en el Reino de Castilla.
Embarcado para América, se estableció en Nueva España en 1595. Allí fue comisario general de la expedición conquistadora de Nuevo México en 1596; general de las naos de la carrera de las Filipinas en 1597; defensor del puerto de Cabite contra la armada de Taicozama, tirano de Japón, en 1597 y 1598; protector de indígenas de Nueva España, en 1598; teniente del virrey, conde de Monterrey, estuvo al mando de un socorro destinado a las islas Filipinas para defenderlas de los corsarios holandeses en 1599 y 1600; tuvo entonces una vida novelesca pues, arrojado de su nave a las costas del Japón en 1601, escapó de la persecución que le hizo el príncipe Taicozama, y debió padecer muchas y peligrosas peripecias antes de volver a Filipinas y a Nueva España en 1603.
Cuando el de Monterrey fue nombrado virrey del Perú en 1604, Lope de Ulloa se fue con él y, como general del Mar del Sur, fue portador del Real Tesoro enviado a Tierra Firme en 1604. En Lima, ya viudo de su primera mujer, casó, después de 1604 con Francisca Lucero y de la Coba, recibiendo una dote ascendente a 100.000 patacones. En Perú, se desempeñó como capitán de la compañía de gentiles hombres de la guardia del virrey; general de la Caballería y miembro de la junta de guerra. Tenía entonces cuarenta y cinco años. En Lima era, además, prefecto de una congregación de seglares de la Compañía de Jesús, lo que aseguraba su absoluta adhesión a la persona del padre Valdivia y de la Orden de que éste formaba parte. Por ello, tal vez, el virrey, enterado de la muerte de Alonso de Ribera, decidió nominar a su hombre de confianza, Ulloa y Lemos, en el cargo de gobernador, capitán general y presidente de la Audiencia de Chile, por título de 23 de noviembre de 1617. Ya en 1610, el virrey marqués de Montes Claros decía de él: “De éste mozo he tenido y tengo buenas esperanzas, si depusiese algo de la dureza que tiene en seguir y contentarse de su parecer: en otro cualquier gobierno de menos riesgo podría comenzar, y creo daría buena cuenta”.
Sin embargo, esta característica con la cual se le condecoraba no era más que una cierta arrogancia fundada en su orgullo nobiliario y en la posesión de una gran fortuna, lo que se reflejaba en la ostentación de su casa y de su persona, y en creerse merecedor a más altos puestos. Por lo mismo, cuando vino a Chile se rodeó, junto a su esposa, de un sin número de joyas, ropas y muebles desconocidos en este país, y que contrastarían enormemente con la vida mucho más modesta que llevaban sus habitantes. Esto queda claro con el lenguaje que usó en algunas cartas que mandó al Rey, en las cuales alegaba que el sueldo que se le pagaba era insuficiente para “vivir con la limpieza y rectitud” que necesitaba, por lo que pedía un aumento “como lo merecía su persona y servicios”. Incluso, en su correspondencia jamás disimuló que la aceptación de este cargo sería el primer peldaño de una carrera ascendente que quería seguir.
Junto con dos compañías de infantes formadas por ciento sesenta hombres, Ulloa y Lemos partió del Callao el 9 de diciembre en una embarcación de dos navíos y el 12 de enero de 1618 desembarcaba en Concepción. El licenciado Talaverano Gallegos, que había gobernado el reino durante diez meses, le entregó el mando ante el Cabildo de la ciudad el 14 de enero, y enseguida regresó a Santiago para reasumir su cargo de oidor de la Real Audiencia.
Al igual que muchos gobernadores, la primera impresión que se formó de la capitanía general fue desfavorable. De hecho, a su arribo llegaba a Concepción la noticia de que los indios preparaban un ataque contra el campamento central de Yumbel. Por lo mismo, se hicieron indispensables tropas para atender a su defensa. El Ejército que entonces había en Chile, ascendía a mil cuatrocientos quince hombres, distribuido en los dos acuartelamientos de Yumbel y de Arauco y en la guarnición de los fuertes. Ulloa juzgó que esas fuerzas eran del todo insuficientes para la defensa del Reino, y desde el primer momento se dirigió al Soberano para pedirle que “con la mayor brevedad y presteza que fuere posible, enviase mil soldados bien armados”.
Aunque los hechos demostraban la inseguridad de la frontera a pesar de los anunciados progresos de la pacificación, Ulloa y Lemos continuó con la política de la guerra defensiva. Visitó los fuertes en compañía del padre Valdivia y se empeñó en que las tropas y demás funcionarios militares y civiles respetaran la autoridad del párroco y cumplieran sus órdenes. También, hizo hincapié en recomendar al Rey los trabajos ejecutados para la pacificación.
El gobernador inició viaje hacia Santiago para recibirse del mando civil. Allí, además, pensaba establecer la abolición del servicio personal de los indígenas para dar cumplimiento a las repetidas cédulas que el Rey había dictado sobre el particular. El Cabildo se había preparado anticipadamente para recibirlo con las aparatosas ceremonias que se acostumbraban en tales casos. Pero el arrogante Lope de Ulloa exigía que se le rindiesen honores que en las colonias españolas se hacían sólo a los virreyes. El Cabildo, después de laboriosas discusiones, obedeció las órdenes del gobernador, y le recibió el juramento el 18 de abril. La Real Audiencia, que debía reconocerlo en su carácter de presidente titular, opuso mayores dificultades, las cuales duraron más de un mes.
Al saberse en Santiago que el gobernador Ulloa y Lemos traía tales propósitos, el Cabildo celebró dos acuerdos para representar los inconvenientes de esta medida. Y cuando en junio dictó el gobernador la ordenanza por la cual convertía el impuesto de trabajo en una contribución en dinero que los indios encomendados debían pagar a sus encomenderos, se alzó una protesta general, se celebró un cabildo abierto, y tuvo que aplazar el cumplimiento de su reforma, concediendo la apelación de su resolución ante el virrey del Perú y ante el Rey de España.
Esperando salvar esta dificultad para establecer aquella reforma, dos años más tarde pedía al Rey que por cuenta de la Corona mandase a Chile mil negros para que por su cuenta fuesen vendidos al costo. El gobernador creía, como los jesuitas, que era inhumano el someter a los indios a un trabajo obligatorio, pero que era lícito el robar negros en las costas de África y someterlos en las colonias a la más dura esclavitud.
Su gobierno duró poco tiempo, dado que, enfermo, testó en Concepción ante el escribano Fernando de la Concha, el 26 de noviembre de 1620, y dejó de existir en esa ciudad, el 8 de diciembre de 1620. Sus restos fueron sepultados en San Francisco de Concepción y más tarde, en 1621, trasladados a Lima. Su viuda siguió juicio contra el albacea del gobernador en 1621 por la posesión de sus bienes, los que en principio le fueron confiscados porque, acusada ella de tener parte en la muerte súbita del gobernador, fue encarcelada y procesada.
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Julio Retamal Ávila
