Orozco y Manrique de Lara, Manuel Isidro. Madrid, 15.V.1681 – 10.I.1745. Canónigo de Toledo, obispo de Jaén, arzobispo de Santiago, consejero real, inquisidor general.
Hijo de Juan Orozco y Manrique de Lara, natural de Barcelona, y de Micaela Zapata y Chacón, marqueses de Olías y Mortara.
De niño sirvió a la reina Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II. Recibió esmerada educación y estudió en la Facultad de Leyes de Alcalá. Nombrado canónigo de Toledo, Felipe V le presentó el 11 de junio de 1732 al obispado de Jaén, siendo promovido 21 de junio, a esta dignidad, de la que tomó posesión el 17 de septiembre. Este mismo año —según Santiago Morales Talero, autor del libro Los santos de Arjona— concedía indulgencias a quienes rezasen un Padrenuestro y un Ave María delante de las imágenes de los santos Bonoso y Maximiano (antes arcángeles Miguel y Rafael), destruidas en 1936. Realizó visitas a su diócesis.
Elegido arzobispo de Santiago, el Monarca le presentó el 6 de marzo de 1738, siendo confirmado en el consistorio celebrado el 3 de mayo. Fue nombrado inquisidor general, con retención del arzobispado, por el pontífice Benedicto XIV. Fue confirmado en el cargo el 24 de enero de 1742, que desempeñó hasta su muerte (Galende Díaz da como fecha de su óbito el 1 de febrero), sucediendo a Andrés de Orbe y Larreátegui, arzobispo de Valencia. También fue consejero de Estado.
La actividad antimasónica del Santo Oficio entre los años 1740 y 1750 fue muy limitada (la Masonería fue condenada por Clemente XII mediante la bula “In eminenti”, siendo inquisidor general Orbe y Larreátegui), si bien el número de supuestos francmasones debía ser muy reducido. La primera persona de quien se sabe fue juzgada en España por su presunta pertenencia a una logia fue el presbítero Francisco Roscebet, sentenciado, en 1744, por el Tribunal de Madrid a ser penitenciado y desterrado del país.
En 1742, con motivo de la publicación por Gregorio Mayans y Siscar de cierta obra que desagradó a las más altas instancias eclesiásticas, se recurrió al Santo Oficio, en este caso el golpe vino del cardenal Molina, presidente del Consejo de Castilla. Le fueron confiscados el libro y sus papeles, pero el Tribunal no se atrevió a más.
A su muerte le sucedió como inquisidor general el obispo de Teruel, Francisco Pérez de Prado y Cuesta.
Bibl.: J. Pérez Villanueva y B. Escandell Bonet (dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2000; J. M. Walker, Historia de la Inquisición Española, Madrid, Edimat, 2001.
Fernando Gómez del Val
