Fernández de Córdoba y Velasco, Diego de. ?, f. s. xv – p. s. xvi – Valladolid, 15.IX.1558. Obispo de Calahorra y consejero de la Inquisición.
La inspección administrativa acometida en Castilla al comienzo de la década de 1550 fue la expresión de la tensión política que existía en la Corte entre facciones opuestas. Diego de Córdoba fue el encargado de visitar sucesivamente la Audiencia de Granada, la Universidad de Salamanca, la Chancillería de Valladolid y el Consejo Real. En esta designación influyeron tanto su experiencia previa en labores de inspección administrativa como su condición eclesiástica.
Diego Fernández de Córdoba y Velasco era hijo de Leonor Pacheco, primogénita del I marqués de Comares, y de Martín Alonso de Córdoba, VI señor y I conde de Alcaudete. Perteneciente a una estirpe militar, su condición de segundón le hizo orientarse por el camino de las letras. Adquirida la condición eclesiástica a edad temprana, fue integrado en la capilla real de Carlos V el 10 de julio de 1529. Esta merced venía a completar la distinción conferida a su padre con la concesión del título condal, que suponía una recompensa a sus servicios como virrey de Navarra y a cierto préstamo realizado al Emperador.
Asistió a la Universidad de Salamanca para realizar sus estudios. Si bien se ha referido su condición de colegial del de Santiago, su paso por dicha institución entraría en contradicción con el ejercicio del rectorado del Estudio durante los cursos 1533-1534 y 1537-1538, puesto que esta labor estaba prohibida a los estudiantes que eran colegiales o gozaban de prebenda, beneficio o capellanía por los Estatutos de 1529, aunque, por otra parte, también se ha puesto en duda la efectividad de dicha reglamentación.
Durante su ejercicio como rector mantuvo diferencias con el maestrescuela Juan de Quiñones sobre quién debía encargarse de dirigir una exposición ante el Emperador. La disputa entre ambos provocó la intervención de diversas instancias de la Universidad, que finalmente favorecieron la pretensión del rector.
Así, la ostentación del cargo le permitió realizar el recibimiento que se hizo en la Universidad salmantina a Carlos V en el verano de 1534, cuando realizaba un corto periplo por diversas ciudades castellanas. La estancia del Emperador se prolongaba varios días, lo que permitió diversos encuentros entre éste y el lector.
El desarrollo de sus funciones en el transcurso del primer rectorado se tradujo en la consolidación de la jurisdicción universitaria. Durante el segundo, las gestiones inherentes al cargo propiciaron un estrecho contacto con Juan Martínez Silíceo, lo que, sin duda, favoreció su posterior medro.
Finalizada su vinculación al establecimiento salmantino, recibió el encargo real de efectuar una visita a la Universidad de Valladolid en 1544, lo que hizo mostrando rigidez en el ejercicio de sus funciones, conforme a las directrices marcadas por la política imperial.
Sus merecimientos provocaron que le fuesen encargadas nuevas comisiones de este tipo. En tal sentido, cabe destacar que los asuntos acometidos no se diferenciaron notablemente de los que tuvo que atender en las inspecciones realizadas posteriormente. La labor de Diego de Córdoba en la Universidad de Valladolid debía orientarse a paliar una carencia que sufría esta institución. La falta de una normativa que reglamentara su funcionamiento era solventada de manera limitada por los Estatutos promulgados en 1517 y 1523. Era necesario contar con unas normas más concretas que limitasen las libres interpretaciones de las reglas referidas o la costumbre, así como los abusos arancelarios cometidos por el escribano Cristóbal de Menchaca. Diego de Córdoba presentó al claustro la comisión para efectuar la visita el 5 de febrero de 1544. A pesar del cariz del cometido que tenía encomendado, encontró un ánimo colaborador entre los miembros de la institución. Se creó una comisión mixta formada por el visitador y algunos doctores y, tras diversas reuniones, el claustro aceptó en septiembre del mismo año los Estatutos elaborados por Córdoba. No obstante, como solía acontecer en estos casos, poco después los componentes de la comisión presentaban ante el Consejo Real un informe sobre los agravios que encontraban en ellos. Los nuevos Estatutos fueron remitidos a la Universidad, firmados y sellados por el Emperador y el Consejo Real, en mayo de 1545. Simultáneamente, ayudado por el rector y el maestro Montoya, Córdoba se ocupó de revisar la reglamentación de 1541 en torno al contenido e impartición de los tres cursos de Gramática. Mostró además un especial interés por los cambios aprobados por el claustro respecto a la cátedra de Prima de Teología.
La eficacia con que Diego de Córdoba ejecutó su cometido hizo que el presidente del Consejo de Castilla, Fernando de Valdés, tratase de integrarlo en su red clientelar. El protagonismo político de Valdés se estaba incrementando desde la marcha de Carlos V en 1543, y el presidente procuraba cimentarlo con la generación de un nutrido grupo de clientes. El éxito de la gestión efectuada por Diego de Córdoba provocó que Carlos V le requiriese a su presencia, en principio sin asignarle una ocupación concreta. No obstante, en mayo de 1545, siguiendo el consejo de Valdés, el Emperador le ordenó emplearse en una ardua tarea: realizar una visita al reino de Sicilia.
Esta actuación convergía con la reorganización del tribunal inquisitorial del citado territorio. Ambos procesos estaban directamente relacionados con la evolución y pugna de las facciones cortesanas. En este sentido, la actividad de Córdoba favoreció que la instrucción se convirtiese en una clara manifestación de la oposición existente contra el virrey Ferrante Gonzaga, que fue sustituido en el desempeño de este cargo por Juan de Vega en 1545. En los informes que remitía a la Corte el visitador se encargaba de encomiar la nueva organización y la capacidad política del nuevo virrey y del inquisidor Bartolomé Sebastián. Así se estableció una clara colaboración entre Córdoba y Vega, a quien se acusaba de estar aprovechando la visita para fortalecer su poder personal. El apoyo inquisitorial redundaba en el cambio de las elites dirigentes del reino, proceso al que contribuyó Córdoba hasta que concluyó su labor a finales de 1549.
Producido su retorno a la Península, Córdoba pudo contar nuevamente con la mediación de Valdés ante el Emperador y el secretario Eraso para que le fuese encomendada una nueva visita. En este caso, la institución objeto de la inspección era la Chancillería de Valladolid. No obstante, la relación de Diego de Córdoba con Fernando de Valdés había sufrido modificaciones.
Sin duda, el episodio siciliano había perjudicado los intereses y el prestigio del visitador, que, por otra parte, recibió el encargo de volver a efectuar esa labor antes de que Valdés interviniese para lograr el mismo objetivo. Sin embargo, pudo contar con el apoyo del arzobispo de Toledo, Juan Martínez Silíceo, con quien había compartido su tiempo de estancia en la Universidad de Salamanca. Al tanto de las apuradas circunstancias atravesadas por Diego de Córdoba, el prelado le ofrecía la presidencia del consejo de gobernación del arzobispado.
Su designación como visitador de la Chancillería vallisoletana se debió a una iniciativa del propio Emperador.
Si bien la comisión para su instrucción se despachó el 2 de mayo de 1550, el comienzo efectivo se dilató hasta el mes de octubre. A mediados de dicho mes, Diego de Córdoba obtenía nombramiento como consejero de la Inquisición gracias a la protección que le dispensaba Fernando de Valdés. La ejecución de la visita fue desarrollada en un convulso ambiente faccional, aunque ello no impidió a Córdoba realizar un trabajo extenso y detallado. Carlos V propuso a Diego de Córdoba viajar a Austria junto a su hija doña María en calidad de capellán mayor. Cabe destacar que Córdoba proporcionaba a Fernando de Valdés informes confidenciales, antes de que se conociesen los cargos contra los oidores, para que éste promocionase a alguno de los mismos a destacados puestos en la Administración. El interés que el príncipe Felipe tenía por las medidas que modificaban el funcionamiento y la composición de la institución propició que ordenase al Consejo Real que intensificase la vista de los resultados que había deparado la inspección. Su intervención directa en este asunto motivó que mantuviera diversas reuniones con Diego de Córdoba. Por otra parte, como queda referido, los efectos de esta visita se mitigaron considerablemente para los protegidos de Valdés, mientras que el equilibrio faccional existente en el Consejo Real condicionó que ningún oidor fuese condenado a penas graves, y solamente dos de ellos merecieron reprobación.
Por tanto, la actuación desarrollada por el visitador destacó por sus resultados funcionales, puesto que los políticos fueron contentados por la simetría en el reparto del poder entre las facciones cortesanas. En este sentido debe señalarse la decidida intención del príncipe Felipe de favorecer la organización judicial.
La actitud del Consejo Real en la vista de la visita, respecto a la poca importancia que concedió a las irregularidades cometidas por los oficiales de la chancillería, principalmente a las económicas, sirvió para que el príncipe escuchase las múltiples voces que, sin atender a divisiones faccionales, solicitaban que el propio consejo se sometiese igualmente a una visita. Para llevar a cabo esta nueva inspección referida a la labor de los servidores de esta institución y del tribunal de alcaldes de Casa y Corte, don Felipe confiaba en la experiencia de Diego de Córdoba. Si bien este tipo de procedimientos extraordinarios estaban marcados por las pugnas faccionales y las mutaciones que se derivaban de éstas en la Corte, la visita encargada a Córdoba estaba determinada no tanto por estas motivaciones políticas como por el deseo del príncipe Felipe de que su acceso al trono fuese acompañado y se identificase con la imposición de la justicia. El trabajo desarrollado por Córdoba, del que don Felipe se encargó de informar al Emperador, se centró especialmente en detectar los abusos cometidos por alguaciles y escribanos, así como por los alcaldes. Como resultado de las indagaciones del visitador, el príncipe sancionó unas ordenanzas para el Consejo Real antes de viajar a Inglaterra. Asimismo encargó a algunos miembros de la institución la fijación del arancel que desde entonces debía aplicarse a los trámites judiciales del organismo.
Diego de Córdoba intuía que la ausencia del príncipe dificultaría la culminación de la visita. No obstante, esta situación favorecía su intención de evitar cualquier castigo a los clientes que Fernando de Valdés tenía en el Consejo. En este sentido, una valoración de la sentencia a que dio lugar la visita refleja el intento por parte del visitador de que resultasen culpados aquellos que no pertenecían al círculo clientelar de Valdés, o bien que llevaban muchos años en el desempeño de su oficio. Esta pretensión se veía favorecida por la marcha de Ruy Gómez de Silva junto con el príncipe. Su fidelidad fue premiada por el inquisidor general. A mediados de 1554, la proyectada publicación del Catálogo de Biblias implicó que diversos libreros tratasen de obtener el encargo de su impresión. En esta ocasión, Valdés volvió a favorecer a Diego de Córdoba, puesto que otorgó el correspondiente permiso a uno de sus familiares.
Las nuevas Ordenanzas impulsadas por el príncipe fueron culminadas por Diego de Córdoba y promulgadas el 12 de julio de 1554. No obstante, la coyuntura política propiciaba que, una vez promulgadas, su aplicación se dilatase en el tiempo. Sólo en 1556, cuando Felipe II accedía al trono, se revitalizaba el proceso de renovación administrativa. Así, la aprobación de las Ordenanzas del Consejo Real no se produjo hasta el 23 de junio de dicho año. Por otra parte, esta situación favorecía los intereses del grupo “ebolista”, mientras que, como consecuencia del creciente influjo político del mismo, se producía el intento de alejar a Diego de Córdoba de la Corte. El Rey le propuso para la mitra de Calahorra, cuya Bula de nombramiento fue firmada por Paulo IV el 1 de octubre de 1557. El licenciado Sepúlveda tomó posesión en su nombre el 6 de febrero del año siguiente.
El desempeño de la labor episcopal estuvo limitado por la lejanía del nuevo prelado, con lo que éste pudo evitar los problemas derivados de la gran extensión de la diócesis, en la que existían diferencias culturales y lingüísticas, del gran número de parroquias, así como del excesivo contingente de clérigos caracterizados por su ineptitud, dado el pobre conocimiento de la doctrina católica por parte de los feligreses, el control de muchas iglesias por parte de patrones laicos y la intensa resistencia del cabildo catedralicio a someterse a la visita episcopal. Su condición de miembro del Consejo de Inquisición le procuró la oportunidad de permanecer ausente de su obispado, al ser reclamado por Fernando de Valdés para intervenir en diversas cuestiones relacionadas con la censura de libros, así como en las pesquisas referidas a los grupos luteranos descubiertos en Sevilla y Valladolid. En efecto, Diego de Córdoba se encontraba familiarizado con esta cuestión, puesto que llevaba tiempo vinculado a la labor de censurar los escritos de los culpados y a las indagaciones relacionadas con las implicaciones que podían afectar al arzobispo de Toledo. Trató de manera significativa con la marquesa de Alcañices en torno a la relación que mantenía con Bartolomé de Carranza y sobre los escritos del prelado que tenía en su poder.
Así pues, ocupado en este cometido, la muerte le sorprendió el 15 de septiembre de 1558 sin que hubiese llegado a poner un pie en su diócesis episcopal.
A pesar de ello, había dispuesto que su entierro tuviese lugar en la sede de su mitra, pero, finalmente, el sepelio se efectuó en la capilla familiar de San Pedro Apóstol, situada en la catedral de Córdoba.
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Henar Pizarro Llorente
