Vázquez de Arce, Rodrigo. Señor de la villa de El Carpio. Sevilla, 1526 – El Carpio (Valladolid), 24.VIII.1599. Oidor de la Chancillería de Granada y del Consejo Real, y presidente del Consejo de Hacienda y del Consejo Real.
En su comienzo, la carrera de este letrado se vio favorecida por el apoyo de varios familiares situados en altos puestos judiciales y administrativos al calor del grupo “ebolista”. Como su tío materno Francisco de Menchaca (miembro de Consejo Real, Cámara y Suprema) o sus hermanos Juan Vázquez de Arce (consejero de Indias) y Fernando Vázquez de Menchaca, quien, además de su decisiva contribución al nacimiento del Derecho Internacional, ejerció como oidor de Valladolid y de Contaduría Mayor. Como estos personajes, Vázquez de Arce accedió al colegio de Santa Cruz de Valladolid, en cuya universidad desempeñó diversas cátedras menores (Código antigua y Digesto Viejo), hasta que abandonó la institución como licenciado en Leyes, para llegar en 1556 a la chancillería de Granada en calidad de oidor. En la obtención de esta plaza resultaron decisivos sus apoyos cortesanos. En su larga permanencia en este tribunal (al abandonarlo en 1570 era el decano) destacó por su resuelta colaboración con la política “confesionalizadora” aplicada por el cardenal Espinosa. Ayudado por su valedor Francisco de Menchaca, quien intervino en la Junta constituida en 1566 para ejecutar medidas represivas contra los moriscos, se convirtió en un colaborador principal del presidente Pedro de Deza en la Chancillería.
Usando de sus relaciones, su petición de relevo al cardenal Espinosa se tradujo en su ingreso en el Consejo Real el 26 de noviembre de 1570. Como consejero intervino en asuntos relacionados con su ocupación previa en Granada, como la población del reino tras la deportación de los moriscos, y a partir de 1575 puso su formación legal al servicio del Consejo de Guerra, en el que entró como asesor letrado en sustitución del alcalde Salazar, y de la Suprema, a la que perteneció desde el 1 de febrero. Estas promociones fortalecieron su compromiso con el grupo “castellanista” y sus principios políticos, según denotó su apoyo en julio de 1576 a la retención de los breves papales que ordenaban indagar los expolios de Carranza y, sobre todo, su intensa actividad contra ministros del grupo favorable a Roma como el regente del Consejo de Italia, Cutinario. Su ubicación política y su rigidez forense —tan extrema que el presidente Pazos decía ser Vázquez de Arce capaz de hacer justicia aún “contra sus padres”— le convirtieron en idóneo para intervenir en cuestión de tan intensa complejidad jurídica como la sucesión de la corona lusa. Tras su intervención en la Junta Política de Portugal, tendría ocasión de defender la posición de su grupo sobre el terreno al ser enviado en la primavera de 1579 junto al doctor Molina —en refuerzo de Cristóbal de Moura y el duque de Osuna— para plantear formalmente el derecho de su rey al trono ante el anciano cardenal don Enrique. Si se atiende a la actitud que por lo general fue mostrando la nobleza y destacados miembros del aparato administrativo luso, su intervención fue decisiva para crear un estado de opinión partidario de la unión peninsular.
Los riesgos de su misión aumentaron cuando tras la muerte de don Enrique (31 de enero de 1580) tomó forma la solución militar y se produjo la rebelión de don Antonio, que cogió a los agentes castellanos en Setúbal. Huidos, alcanzaron al ejército del duque de Alba en Estremoz y después de ponerle al corriente de la actitud hacia la causa filipina de los principales notables lusos, tomaron camino de Badajoz donde llegaron el 5 de julio.
En premio a tan arriesgados oficios, Felipe II decidió usar del licenciado Rodrigo Vázquez y del doctor Molina como administradores de la gracia cerca de su persona durante la jornada que inició por tierras lusas. En su curso, además de intervenir en variopintas materias controló el funcionamiento del Consejo Real en compañía del secretario de oficios de justicia Antonio de Eraso, el confesor Chaves y su compañero el camarista Villafañe, con el que además deslindó las áreas de actuación del Consejo Real y la “Cámara de Madrid”. Entre las atribuciones que mayor poder le otorgaron se halló la supervisión de las propuestas de consejeros y corregidores formuladas por Pazos, que le permitió, mediante su desautorización, presentar a sus allegados. Igualmente, su influencia se basó en la participación en las juntas, que se multiplicaron en Portugal como instrumento apropiado para resolver con agilidad los asuntos llegados a la corte ambulante.
En este sentido, importancia fundamental tuvo su intervención con el doctor Villafañe, el confesor Chaves y Juan de Idíaquez —que actuó como secretario— en la junta que inspeccionó los acuerdos de la constituida en Madrid sobre expolios, sedes vacante y retención de bulas; que constituyó uno de los gérmenes de la conocida Junta de Santo Domingo iniciada en mayo de 1582. En ésta, Vázquez de Arce aumentó su papel cuando se le encomendó revisar la documentación que producía, junto con el confesor Chaves, como consecuencia del creciente atasco administrativo en la corte lisboeta. Como quiera que en este comité se veían cada vez más asuntos hacendísticos, mayor hubo de ser su intervención en este ramo.
Durante el resto de la jornada y aún al regreso a Castilla, debió de compatibilizar sus ocupaciones en Inquisición, Guerra, Consejo y Cámara con la hacendística, que finalmente terminó por absorberle cuando accedió a la Junta de los Cuatro desde el verano de 1583 —junto al presidente de Hacienda Hernando de Vega, el confesor Chaves y el licenciado Chumacero de Sotomayor— y sobre todo cuando sustituyó al primero al frente del Consejo de Hacienda, el 21 de junio de 1584. Tanto las circunstancias en que surgió la Junta de los Cuatro como el acceso de Vázquez de Arce a la presidencia de Hacienda han sido estudiados por el profesor Carlos Javier de Carlos Morales.
Durante la jornada aragonesa supervisó el desenvolvimiento de los organismos cortesanos junto al comendador mayor Juan de Zúñiga y el confesor Chaves, asistidos por el secretario Mateo Vázquez, al tiempo que recababa información para la instrucción del proceso contra Antonio Pérez, iniciada con anterioridad. Parece que ya poco después de la muerte del secretario Escobedo, el Rey encargó a Vázquez de Arce una información secreta al respecto, en relación con el caso que continuó con la toma de declaración a diferentes testigos en Lisboa, entre el 30 de mayo y el 7 de agosto de 1582, y posteriormente con la inspiración y aliento del proceso de visita conducido por el licenciado Tomás de Salazar, de la Suprema. Los cargos formulados por éste el 12 de junio de 1584, de orden económico pero también político —alteración de la traducción de la cifra y revelación de secretos— supusieron la continuidad de las discretas indagaciones de Vázquez de Arce, que no tardarían en adquirir nueva formulación procesal. Al margen del peculado y el juego en que había incurrido el secretario, tal actividad aparecía impulsada por claras motivaciones políticas, la eliminación de la facción proclive a Roma en la Corte hispana. Este trasfondo partidista se advirtió en el significativo acogimiento a sagrado del secretario, su prisión pese a ello, las inmediatas censuras papales dirigidas contra los ministros reales encargados de la detención y el endurecimiento del régimen penitenciario de Pérez. Espiral a la que contribuyó decididamente Vázquez de Arce, especialmente en su calidad de instructor de la denominada causa criminal en Castilla. Fue el entonces presidente de Hacienda quien convenció a Felipe II de la necesidad de llegar a las últimas consecuencias con Pérez, dada la voz pública sobre la implicación real en la muerte de Escobedo. Ello remediaría la duda planteada por el cardenal Gaspar de Quiroga al confesor fray Diego de Chaves (“Si el rey le mandó a Antonio Pérez que hiciese matar a Escobedo y él lo confiesa, ¿qué cuenta se le pide ni qué causas?”), al incidir en que a lo máximo que había llegado el Rey era a una autorización tácita de la eliminación de Escobedo, propiciada siempre por los artificios y falsedades del secretario. De nada valió a Pérez recusar a Vázquez de Arce, escollo que se salvó designándole como juez adjunto al licenciado Juan Gómez. El tormento que infligió al primero, tras las preceptivas tres intimaciones, impulsaron al secretario a la huida a Aragón, donde haber padecido tormento era motivo para acogerse al privilegio de manifestación.
El 1 de julio de 1590 los jueces de la causa condenaron a Pérez a muerte en ausencia. Vázquez de Arce formó también parte de la junta constituida para posibilitar su regreso a Castilla. Al margen de las alteraciones que provocó en el Reino de Aragón, que exceden el objetivo aquí, el celo del letrado en este asunto y la adscripción política que significaba le valió el eterno rencor pontificio, testimoniado en la correspondencia cruzada entre la Secretaría de Estado vaticana y la Nunciatura en España, inventariada por Olarra Garmendia, y acrecentado con la llegada de Vázquez de Arce a la presidencia de Castilla. Asimismo, como ha indicado Fairén, desde un punto de vista procesal la tarea del letrado es ejemplo del procedimiento inquisitivo, basado en la presunción de culpabilidad del acusado y abierto a la arbitrariedad del juez.
Al mismo tiempo, las evidentes cualidades para el despacho que había mostrado Vázquez de Arce en los desplazamientos regios le convirtieron, a los ojos de los integrantes de la Junta de Noche, en letrado apropiado para desempeñar labores de coordinación general de la actividad jurisdiccional. De esta manera, compatibilizó su tarea hacendística con la fijación de los asuntos por tratar en cada organismo, para evitar conflictos o resolverlos cuando se presentaran; opinó sobre oficios de justicia, tanto temporales como “de asiento” y emitió informes para mejorar y acelerar el expediente polisinodial.
La eficacia en esta labor se tradujo en la concesión de mercedes como el hábito de caballero de Alcántara (24 de marzo de 1589) y en el encargo de adaptar el Consejo Real a la remodelación administrativa, rectificando la desorganización inducida por la venalidad del conde de Barajas y la larga interinidad de Jiménez Ortiz. Accedió a la plaza de presidente del Consejo Real de Castilla el 22 de abril de 1592, desde la cúspide del Consejo de Hacienda, con el encargo de abocar al Consejo Real a su función jurisdiccional. Pero existía un inconveniente para que Vázquez de Arce realizara la misión que se le pedía desde el entorno regio. Siendo un letrado imbuido de la proyección del judicialismo de la Monarquía en su prosperidad y buen gobierno, cuando en abril de 1592 Cristóbal de Moura y el confesor Chaves le conminaron a ocupar el cargo de presidente, expresó su oposición a ser agente de lo que consideraba una degradación institucional del Consejo y llegó a solicitar la recuperación de la provisión de oficios de justicia perdida en 1588.
Sólo la invocación por el confesor de su común origen faccional venció la resistencia del licenciado, quien desde entonces expresó su deseo de abandonar la plaza siempre que se tentaba su posposición o la del Consejo. Ello se advirtió en su reacción en septiembre de 1593 ante los preparativos de la Instrucción para la Junta de Noche que —al legalizar la consumada recepción y revisión de las consultas de los organismos consiliares— refrendaba la sumisión orgánica del Consejo Real respecto al comité.
La coincidencia de este documento con la consideración de modificaciones en el procedimiento de los recursos de fuerza condujo a Vázquez de Arce a declarar al rey: “muchos días a que deseo escusar de oficios públicos por morir en quietud [...]”.
De esta junta procedieron los intentos de adaptación del Consejo Real al campo de actuación acotado, ante los que el presidente hubo de claudicar tras tenaz resistencia. La reforma madurada entre noviembre de 1597 y febrero de 1598 trató de agilizar tanto la actividad gubernativa del organismo como su despacho judicial, mediante su conducción por salas separadas.
Con todo, su oposición a los designios de Moura e Idiáquez no le sirvió para encajar sin novedades la sucesión de Felipe III en el trono. Aunque la reforma del Consejo fuera papel muerto ya desde finales de 1598 y entrara en Consejo de Estado desde el día siguiente al fallecimiento de Felipe II, el marqués de Denia aprovechó la jornada real a la Corona de Aragón para urdir el nombramiento del Juan de Zúñiga, sexto conde de Miranda, como presidente de Castilla el 25 de mayo de 1599. Aunque Cabrera de Córdoba atribuyó el alejamiento de Vázquez de Arce al consejo formulado con García de Loaysa a Felipe II, de prolongar la junta para guiar los primeros años de su hijo en el trono, en nuestra opinión se produjo por una orientación ideológica opuesta al favorito, nacida en el curso de las luchas faccionales que acogiera la Corte del difunto rey. Otorgado testamento ya el 20 de abril, se retiró a su estado de El Carpio, donde vivió entre muestras de condolencia hasta su muerte el 24 de agosto, se dijo que enfermo por su desgracia cortesana.
Ejemplar fue Rodrigo Vázquez de Arce en cuanto a la posición social alcanzada entonces por el grupo de los letrados. Por su testamento, otorgado en Madrid poco antes de su muerte, mandó edificar de nuevo la capilla mayor dentro de la iglesia parroquial de Santiago en El Carpio, con una bóveda sepulcral para sí y toda su descendencia, obra que andaba cercana a la culminación en 1603, según Vidal González Sánchez. Igualmente, entre los bienes que le habían pertenecido, según un inventario postmórtem de octubre de 1599, constaban un coche “de pesebrón”, tirado por cuatro caballos, vajilla de plata dorada con sus armas, varias imágenes sagradas de buena talla, así como pinturas de El Greco, cuyo pincel ahondara tan agudamente en su personalidad.
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Ignacio J. Ezquerra Revilla
