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Fernando Joaquín Fajardo de Zúñiga y Requesens

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Biografía

Fajardo de Zúñiga y Requesens, Fernando Joaquín. Marqués de Los Vélez (VI). Zaragoza, 1635 – Madrid, 2.XI.1693. Gobernador de Orán, virrey de Cerdeña y de Nápoles, consejero de Estado, presidente del Consejo de Indias y superintendente general de Hacienda.

Segundo hijo de Pedro Fajardo, V marqués de Los Vélez, que había servido a Felipe IV en el sitio de Fuenterrabía, la guerra de Cataluña, la embajada ante la Santa Sede y como virrey de Sicilia donde murió en 1647, se convirtió en el heredero de los títulos y honores de su padre por la decisión de su hermano mayor de hacerse carmelita, por lo que además sucedió como V marqués de Molina y III de Martorell. Su madre, María Engracia de Toledo, logró garantizar sus derechos y atribuciones en la Corte hasta su mayoría de edad en 1650 gracias a la abigarrada red de solidaridades y clientelas derivada de su relación de parentesco con las influyentes casas de Oropesa y de Alba.

No en vano, al nacer el futuro Carlos II llegará a convertirse en el aya del Príncipe de Asturias, lo que incrementará notablemente las posibilidades de promoción de su hijo y reforzará la tradicional colaboración de Vélez en la administración de la Monarquía.

Formado desde su infancia en la Corte en el respeto a un ideal nobiliario de servicio y fidelidad a la Corona, Fernando Joaquín Fajardo, en calidad de marqués de Los Vélez, era asimismo el titular de un extenso territorio señorial, además de usufructuario, por su cargo de adelantado y capitán mayor, de una notable influencia en el reino de Murcia. A pesar del alejamiento de sus territorios patrimoniales, el marqués de Los Vélez recurrió a todo tipo de expedientes para reforzar su intervención en los asuntos locales mediante la concesión de mercedes a sus allegados y la adopción de un variado repertorio de instrumentos simbólicos capaces de exteriorizar su patronazgo sobre dichos dominios. En su deseo de aparecer como el protector natural del reino de Murcia, una de las primeras medidas adoptadas por el joven marqués de Los Vélez en 1657 fue la de retomar el pleito sostenido con la Corona para equiparar el cargo de capitán mayor al de capitán general, lo que le permitió igualar su título al ostentado por el marqués de Mondéjar, capitán general de Granada. Aunque la Corona nunca aceptó la ampliación de sus competencias, era indiscutible que el marqués de Los Vélez gozaba de una serie de atribuciones semejantes a las del resto de los adelantados del sur peninsular, como el hecho de disponer de una guardia personal, de ostentar competencias en asuntos de guerra, en especial para asegurar el socorro de las costas, y nombrar capitanes en las levas de tropas.

Otro mecanismo destinado a consolidar la posición de su casa y velar por la legitimidad de sus pretensiones y derechos consistió en movilizar toda una publicística genealógica capaz de rastrear, en plena inflación de honores, los fundamentos de la grandeza de primera que le correspondía a la casa de los Fajardo.

Labor encomendada a partir de 1658 a Eugenio Ortiz de Ribadeneira que fue encargado de buscar en los archivos las cartas enviadas por Carlos V a su antecesor, en las que dejaba constancia de la pertenencia de la familia al selecto grupo de los Grandes de España. A la postre, el fortalecimiento de su posición en la Corte revertía de manera directa en su capacidad de patronazgo en la esfera local y convirtió al marqués en el principal mediador a la hora de canalizar la concesión de la gracia real en el reino de Murcia, en un verdadero factor de las mercedes de la Corona.

La labor de los publicistas y genealogistas al servicio de la casa se vio consolidada gracias a la activa participación del VI marqués de Los Vélez en las tareas de gobierno al servicio del Rey y a la adopción de una serie de medidas destinadas a reforzar su imagen de caballero virtuoso y piadoso. De este modo, durante su primer cargo de importancia en calidad de gobernador de Orán, procedió a la expulsión de los judíos en el único reducto donde aún mantenían una nutrida comunidad en el seno de la Monarquía hispánica, excepción hecha de Ceuta. En una larga misiva remitida al padre Nithard en 1667, el marqués de Los Vélez subrayaba las tensiones que provocaba en los presidios de Orán y Mazalquivir el constante crecimiento demográfico de una comunidad capaz de movilizar los recursos necesarios para facilitar una posible ofensiva contra dichas plazas por parte de los piratas berberiscos en un momento en el que, como ponía de manifiesto el asalto definitivo a Creta, los otomanos parecían haber recuperado la iniciativa en el Mediterráneo.

A ello había que sumarle que los criterios de utilidad que habían sido esgrimidos hasta el momento para permitir la presencia judía se habían desdibujado, pues la mayor parte de los cristianos ya dominaban el árabe, por lo que no necesitaban del papel mediador de los quinientos hebreos allí residentes. El 31 de marzo de 1669 se hizo público el decreto de expulsión que, en palabras de Buenaventura Tondi, autor de un panegírico publicado en 1682 en Nápoles bajo el elocuente título de Gli Eroi Fassardi: “Alabará inmortalmente la fama de su celo y piedad, ya que, a imitación de sus reyes, eternos perseguidores de los infieles y de los enemigos de la verdad evangélica, expulsó de las ciudades y estados de Orán a la pérfida y obstinada nación hebrea por lo que se ha ganado el título de pío”.

El impacto de su labor de gobierno en el norte de África sirvió de catapulta para seguir escalando puestos en la maquinaria burocrática de la Monarquía en consonancia con los clásicos mecanismos de promoción y movilidad de las elites en el seno de los diferentes territorios que componían una monarquía multiterritorial y con importantes problemas de cohesión. Tras un período de tres años, entre 1672 y 1675, como virrey de Cerdeña, donde adquirió la necesaria formación en los asuntos italianos en un momento crítico debido a la inestabilidad provocada por el estallido de la guerra con Francia y el levantamiento de Mesina en 1674, el marqués de Los Vélez fue nombrado virrey de Nápoles en septiembre de 1675. Tomando como modelo el gobierno del conde de Oñate a principios de la década de 1650, Fernando Joaquín Fajardo se empeñó en la aplicación de una política de reformas y regeneración destinada a abordar los complejos problemas de orden público, tensión social y marasmo financiero que sufría un reino que, junto a Castilla, era el mayor proveedor de hombres y de recursos financieros para atender a las innumerables obligaciones de la Monarquía. En un principio se vio obligado a recurrir a todo tipo de expedientes para sofocar la rebelión en Sicilia. Además de coordinar junto al embajador español en La Haya, Francisco Manuel de Lira, la acción de la flota holandesa de dieciocho navíos de alto bordo que al mando de Ruyter debía sumarse a las escuadras españolas, los sucesivos fracasos sufridos por dichos efectivos le constriñeron a multiplicar el número de patentes de corso para operar en la zona, lo que impulsó aún más si cabe el contrabando. Las exigencias de la guerra permitieron recabar un número creciente de donativos sin que se pudiera evitar la implantación de nuevos impuestos, como el gravamen del 33 por ciento sobre las rentas de que disfrutaban los extranjeros en el reino y del 50 por ciento sobre aquellas provenientes de las gabelas y de los arrendamientos. En 1679, la necesidad de recabar una suma de 300.000 ducados destinados a financiar la boda de Carlos II con María Luisa de Orleans supuso la imposición de un nuevo monopolio regio sobre el aguardiente. Su deseo de sanear las finanzas del reino para poder hacer frente a los nuevos asientos alcanzados con unos hombres de negocios que cada vez veían con más aprehensión el establecimiento de convenios con una monarquía en quiebra financiera, le condujo a revalorizar el valor de las monedas extranjeras que circulaban en el reino y a un fracasado intento de reordenación del sistema monetario napolitano.

Ahora bien, la energía con la que el marqués de Los Vélez tomó medidas fuertemente impopulares como la reducción de las rentas situadas sobre las entradas enajenadas de la Caja Militar, le valieron la calurosa felicitación de Madrid pero provocaron un fuerte descontento entre aquellos que se beneficiaban de un tipo de renta pública con fuerte arraigo en la sociedad napolitana. Las tensiones internas se vieron agravadas por las masivas levas de soldados y por la presencia de nutridos destacamentos en la ciudad de Nápoles, lo que empeoró de manera sustancial los ya de por sí graves problemas de orden público. En el mundo rural el bandolerismo endémico contaba con el sustento de los barones locales que recurrían asimismo al contrabando de manera casi oficializada.

La llegada el 28 de abril de 1679 del último visitador general designado por Madrid, el milanés Danese Casati, tenía como propósito proceder a una exhaustiva indagación sobre la actuación de los tribunales, los ministros de Hacienda, consejeros, jueces y abogados del reino de Nápoles desde 1631 hasta ese momento. La Iglesia en un principio mostró sus reticencias a colaborar con los ministros reales, lo que aumentó los motivos de fricción que ya existían entre el virrey y el clero por cuestiones de jurisdicción y por el masivo contrabando, de manera especial en la frontera con los Estados Pontificios. La determinación con la que el marqués de Los Vélez se afanó por mantener el orden en el interior del reino, con medidas como la puesta en pie de la Giunta degli inconfidenti destinada a procesar a todo aquel que colaborase con los enemigos de la Monarquía, no fue suficiente para limitar el aumento de la delincuencia y la difusión del bandolerismo.

El 27 de enero de 1683 y después de siete años al frente del gobierno del reino de Nápoles, el marqués de Los Vélez volvió a Madrid, donde fue nombrado consejero de Estado. Gracias a su amplia red de lazos familiares y clientelares en el seno de la Corte no tardó en obtener una posición de primer orden en la toma de decisiones del gobierno de la Monarquía.

Los constantes problemas de protocolo protagonizados por el duque de Osuna, que se hallaba enfrentado al todopoderoso duque de Medinaceli, hicieron que el por entonces primer ministro de Carlos II le destituyese del cargo de caballerizo mayor de la Reina para ponerlo en manos de su cuñado, Fernando Joaquín Fajardo. La precipitada dimisión de Medinaceli en abril de 1685, impulsada por sus desavenencias con la Reina, y el control del poder por parte del conde de Oropesa supusieron un imponente impulso en la carrera política del marqués de Los Vélez. Los vínculos familiares que le unían al nuevo primer ministro se sumaban a las ventajas derivadas del control de la Secretaría de Despacho Universal por parte de Francisco Manuel de Lira con el que había colaborado estrechamente durante los duros momentos de la rebelión de Mesina. El 12 de noviembre de 1685 obtuvo la presidencia interina del Consejo de Indias hasta que el duque de Medinaceli volviera de su destierro de la Corte. A cambio, cedió su cargo palatino de caballerizo mayor de la Reina al marqués de los Balbases y, a finales de 1687, consolidaba su puesto en el Consejo de Indias por la renuncia del propio Medinaceli.

Para entonces se había convertido en una pieza clave de la política de regeneración económica emprendida por Oropesa y Lira que valoraban la experiencia que había adquirido en los asuntos financieros durante su gobierno en el reino de Nápoles. El 14 de octubre de 1686 se procedía a una consistente devaluación de la moneda de plata, lo que, a pesar de las duras críticas desatadas por los hombres de negocios extranjeros, dotó de una estabilidad sin precedentes al sistema monetario castellano. En 1687, inspirándose en las reformas institucionales aplicadas en Francia por Colbert, se creaba para el marqués de Los Vélez el cargo de superintendente general de Hacienda.

Desde un principio se abordó una rigurosa reforma presupuestaria y se estudiaron alternativas capaces de sustituir al ineficaz e insolidario impuesto de millones mediante la creación de una contribución única sobre los hogares semejante a la que existía en Nápoles. Las dificultades para poner en marcha una reforma que cuestionaba demasiados privilegios obligó a recurrir a una sucesión de expedientes extraordinarios mediante una Junta de medios presidida por Oropesa o por el propio marqués de Los Vélez. Por entonces Fernando Joaquín Fajardo había recibido la cuantiosa herencia de su primera mujer, la hermana del duque de Medinaceli, por lo que contrajo matrimonio con la joven hija de los condes de Ayala mientras sus crisis de gota no hacían sino empeorar.

La entrada de la Monarquía en la guerra de la Liga de Ausburgo vino a dar al traste con los deseos de reforma y obligó a recurrir a nuevas ventas de cargos y dignidades, situación que sumada al enfrentamiento de la nueva reina, Mariana de Neoburgo, con Oropesa provocó una avalancha de críticas y de denuncias de corrupción en las que se vio envuelto el marqués de Los Vélez y, de manera especial, su colaborador personal, García de Bustamante. La dimisión de Lira y la posterior destitución de Oropesa en 1691, le forzaron a abandonar su cargo de superintendente de Hacienda y a jubilarse de su puesto de presidente del Consejo de Indias, el 20 de septiembre de 1693.

Pocos días después falleció en Madrid sin posteridad, por lo que su herencia recayó en su hermana, María Teresa Fajardo, casada con el VIII duque de Montalto, Fernando de Moncada y Aragón.

 

Fuentes y bibl.: Archivo General de Simancas, Estado, leg. 3391; Embajada de España en La Haya, Estado, leg. 8500; Archivio di Stato di Napoli, Segreterie dei Viceré, leg. 1298; 1791; 1828; 1830; Secretarías Provinciales, leg. 195; Biblioteca Nacional de España, ms. 10695; Archivo Ducal de la Casa de Medina Sidonia (Sanlúcar), leg. 550; leg. 655; leg. 2095.

V. Parrino, Teatro eroico e politico de governi de viceré del Regno di Napoli, Napoli, stamperia di G. Gravier, 1730; G. Maura y Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Madrid, Aguilar, 1911; I. Fuidoro, I giornali di Napoli dal MDCLX al MDCLXXX, ed. de V. Omodeo, Napoli, 1939-1943; R. Colapietra, Vita pubblica e classi politiche del viceregno napoletano (1656-1734), Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1961; G. Coniglio, I viceré di Napoli, Napoli, Fiorentino, 1967; H. Kamen, La España de Carlos II, Barcelona, Crítica, 1981; G. Galasso, Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica, cultura, società, Florencia, Sansoni, 1982; J. L. Ruz Márquez, “Los escudos de los Vélez”, en Revista Velezana, XIV (1995), págs. 45-72; J. A. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II, Madrid, Siglo XXI, 1996; J. I. Israel, “The Jews of Spanish Oran and their Expulsion in 1669”, en J. I. Israel, Conflicts of Empires. Spain, the Low Countries and the Struggle for World Supremacy, 1585-1713, London, The Hambledon Press, 1997, págs. 220-239; J. M. García Marín, Teoría política y gobierno en la Monarquía Hispánica, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998; J. F. Schaub, Les juifs du roi d’Espagne, Paris, Hachette, 1999; B. Alonso Acero, Orán-Mazalquivir, 1589-1639: una sociedad española en la frontera de Berbería, Madrid, Biblioteca de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000; F. J. Ruiz Ibáñez y J. D. Muñoz, “Sirviendo a la Corte en la aldea, sirviendo a la aldea en la Corte: veteranos, agentes y medios de relación en el siglo XVII castellano”, en J. Bravo Lozano (ed.), Espacios de poder: Cortes, ciudades y villas (s. XVI-XVIII), t. II, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2002, págs. 227-247; F. J. Guillamón, J. D. Muñoz, G. Sabatini y D. Centenero de Arce, Gli Eroi Fassardi. Los héroes Fajardos. Movilización social y memoria política en el reino de Murcia (ss. XVI al XVIII), Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2005.

 

Manuel Herrero Sánchez

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