Sanz, Francisco de Paula. Málaga, 1748 – Potosí (Bolivia), 15.XII.1810. Superintendente y gobernador de Potosí.
Nació en Málaga en 1748 aunque se desconoce la fecha exacta. Al finalizar Sanz los estudios universitarios de Jurisprudencia y desempeñar varias funciones en la Península viajó (1778) a la capital del virreinato de La Plata, donde comenzó a ocupar cargos de responsabilidad.
Primero fue director general de la Real Renta del Tabaco y después superintendente subdelegado de la Real Hacienda en el tiempo de la reforma administrativa de Gálvez. La creación del virreinato del Río de la Plata (1776) supuso una gran transformación en la administración del amplio territorio que comprendía el virreinato del Perú, desde Centroamérica hasta el Cono Sur. Cuando Buenos Aires se convirtió en la sede capitalina del nuevo virreinato, era una ciudad que, a la vez que carecía de los recursos necesarios para sostener la naciente burocracia, civil y militar, había sido hasta entonces marginada y desatendida por la política de la Corona, comenzó a recibir entonces recursos de lejanas regiones incorporadas al nuevo virreinato.
Así, desde 1777 las cajas reales de Carangas, Chucuito, Cochabamba, Carabaya, Potosí, La Plata, Mizque, Oruro y La Paz, antes tributarias de Lima reorientaron el envío de su plata a Buenos Aires. De este modo las ciudades de la cordillera andina, las que formaban el Alto Perú, quedaron incorporadas administrativamente al nuevo virreinato del Río de la Plata.
Donde destacó fue en Potosí por la labor que realizó como superintendente y gobernador de aquella provincia (1788-1810) cuando sustituyó a Juan del Pino Manrique. Hacia 1790, la metalurgia argentífera de Potosí tenía una estructura tripartita de dueños rentistas, empresarios arrendatarios y trabajadores. Estos últimos estaban integrados por 2376: 1509 en las minas y 867 en los ingenios, y 2583 libres: 1544 en las minas, y 1039 en los ingenios. La reorganización llevada a cabo por Sanz en Potosí consiguió estabilizar el número de mitayos que estaba sufriendo un descenso paulatino: de 4145 en 1692, pasó a 3199 en 1736 y a 2817 en 1740, y en 1801 se llegó a contabilizar 2805. En términos generales, la mita en Potosí no era otra cosa que el repartimiento forzado de los indios para los diversos servicios personales del comercio, agricultura, minería, etc.
Mientras el número de mitayos permanecía prácticamente constante entre esas fechas, aumentó el volumen de mineral a beneficiar, lo que conllevó una mayor intensidad del trabajo forzado. Las tres visitas efectuadas por Sanz al Cerro Rico de Potosí (1790, 1792 y 1793) muestran un cuadro matizado pero que esencialmente confirma ese proceso de aumento de tareas. La visita de 1790 sólo ofrece datos para dos minas explotadas por un único empresario en las que las tareas son de veinticuatro y cuarenta cargas respectivamente, en 1792 la visita informa acerca de dieciséis casos, siete con tareas entre dieciséis y veintinueve cargas, seis con obligación de treinta cargas, y tres casos que oscilan entre treinta y cinco y cuarenta y ocho cargas y en 1793, aparte de los valores obligatorios, el intendente hizo excepciones en siete casos, donde estableció límites máximos, en promedio de veintiséis cargas. En algún caso los mitayos se quejaron del aumento, tres o cuatro veces, que habían experimentado sus tareas. Y tenían razón, el aumento de la producción se consiguió por un incremento de las tareas de los trabajadores. Cada semana el mitayo del Cerro potosino tenía que cumplir hasta siete turnos de trabajo, es decir, cinco noches y dos días, lo que implicaba trabajar dos (doblas) o aun tres (redoblas) turnos sin interrupción. Se instauraba un proceso de trabajo que abarcaba ininterrumpidamente las cincuenta y dos semanas del año; se modificaron las características del trabajo individual y la familia del mitayo que lo había acompañado en la migración lo ayuda en sus tareas. El censo poblacional de Potosí del año 1779 confirma esta dimensión familiar de la migración mitaya. La renta de la mita no sólo impuso límites a la inversión productiva, sino que acotó las posibilidades del reformismo borbónico en Potosí, encarnado éste en la villa imperial por Juan del Pino Manrique y especialmente por su sucesor, Francisco de Paula Sanz, “dispuesto a decir lo que pensaba y a promover lo que deseaba”.
Una cuestión que había que resolver de forma casi inmediata, además de la conducción de los caudales desde las cajas reales interiores al puerto bonaerense, era el transporte de azogue desde el puerto hasta el altiplano andino, atravesando una distancia superior a los tres mil kilómetros. Por primera vez la metalurgia de la plata de aquellos territorios, y en especial la más importante, la potosina, iba a ser surtida más regularmente desde la Península a través de Buenos Aires. Esto suponía un auténtico desafío, porque a las características físico-químicas del azogue había que añadir los accidentes geográficos que tenía que sortear el transporte, lo que obligaba a disponer de una costosa y extensa infraestructura que combinara carretas con recuas de mulas, arrieros y peones acarreadores y guardas de almacén, entre otro personal, que el asentista debía mantener y vigilar para que el azogue llegara en buenas condiciones y sin mucha demora a los centros metalúrgicos.
El gremio de azogueros fue paulatinamente controlado por cuatro o cinco mineros, entre lo que sobresalieron dos de sus diputados, Luis de Orueta y Pedro Antonio de Azcárate, muy ligados ambos a Sanz, que consiguieron defender los intereses de aquéllos, frente a la forma especulativa que tenía el asesor Cañete de distribuir el azogue. No obstante, la decadencia de los trabajos en los socavones del Cerro Rico era evidente y Sanz se vio obligado a comunicar, el 26 de septiembre de 1796, en dos escritos, a Diego Gardoqui, sobre el deplorable estado de aquella azoguería, y de los medios con los que se podían evitar la ruina absoluta del gremio y darle el fomento que necesitaba. El informe estaba fundamentado en los artículos de la ordenanza del Banco de San Carlos relacionados con la cuestión.
Hasta 1779, muy rara vez la metalurgia altoperuana había recibido azogue por el Río de la Plata, le llegaba desde Huancavelica, o desde Almadén vía Lima. La puesta en marcha del nuevo virreinato planteó un debate acerca de su autonomía en la minería y la metalurgia, en especial la argentífera.
La aceleración del crecimiento de la producción argentífera conducía a mayores incrementos en los ingresos de la real hacienda, pero el fomento de la minería y metalurgia potosina planteaba problemas específicos.
A diferencia de Gálvez en la Nueva España, Sanz en Potosí no podía confiar en que los estímulos estatales a la rentabilidad minero-metalúrgica se tradujeran en más inversiones de las que eventualmente conducían a nuevos incrementos de la producción. Toda rebaja de los costos traía como consecuencia un alza de los arrendamientos. Era, por tanto, el propietario del ingenio el que se beneficiaba de las concesiones estatales, sin que el estímulo alcanzara al empresario arrendatario.
Sanz, al igual que Pino Manrique antes, inspirándose en la cultura ilustrada europea más que en el programa de los Borbones, encaró una reforma profunda de la minería y metalurgia tendente a modificar esa situación: promovió un expediente en el que Friederich Mothes refería “las mensuras del Cerro de Potosí y descripción del método seguido en el levantamiento del plano de la superficie y subterráneo comprendiendo quinientas noventa y siete cordadas”, con todos sus detalles y observaciones y el cálculo de las proyecciones horizontales y verticales de cada cuerda.
El programa de Sanz se concretó en un extenso proyecto legislativo, el Código Carolino (redactado por su teniente asesor Pedro Vicente Cañete) basado en el informe que dirigió al virrey, Nicolás Arredondo, y en el que le daba cuenta de la nueva ordenanza de minería titulada La Carolina (Potosí, 26 de mayo de 1794). Su núcleo consistía en la limitación de la libertad de los dueños de ingenios para imponer una tasa máxima a los arrendamientos y aumentar el número de mitayos para posibilitar su concesión a más unidades de producción. Se trata de una recopilación de todas las ordenanzas de minería y metalurgia de América, pero con notables modificaciones hechas por las observaciones y presentadas con un plan metódico y ordenado que revelaba gran laboriosidad y detenido estudio de muchas cuestiones tanto jurídicas como en lo referente a la explotación y beneficio del mineral. Al proyecto se opusieron los dueños de ingenios que lo consideraban contrario a sus intereses; pero en contra de la mita se pronunció el humanista Victorián de Villava, fiscal de la Audiencia de Charcas. A esto hay que unir que, en la Península, desde 1792, los ímpetus reformistas habían sido reemplazados por una política de consolidación de lo alcanzado. Cuando en 1797 se rechaza definitivamente dicho proyecto, seguramente los funcionarios peninsulares confiaban en que la producción de plata potosina, que se había duplicado en cincuenta años sin mayores intervenciones oficiales, siguiera su lento y continuo crecimiento.
Pero el siglo XIX traería nuevas y críticas circunstancias.
Mientras tanto, en 1799, se trabajaban treinta y nueve ingenios en la Ribera de la Vera Cruz, que con mil doscientos indios mitayos obtenían setecientos noventa cajones de mineral por semana.
Fuentes y bibl.: Archivo General de Indias (Sevilla), secc. Charcas, Expedientes sobre reconocimiento y arreglo de las minas de Potosí, años 1787-1799, 700; secc. Charcas, Cuentas de la real hacienda de Potosí, en tiempos de Sanz como subdelegado de la real hacienda, s. f., n.os 666 a 671.
E. Maffei y R. Rua Figueroa, Apuntes para una Biblioteca española de libros, folletos y artículos, impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias auxiliares, León, 1781 (ed. facs., en VI Congreso Internacional de Minería, La Minería Hispana e Iberoamericana, vol. II, Cátedra de San Isidoro, 1970); J. Garcés y Eguía, Nueva Teoría y práctica del beneficio de metales de oro y plata para fundición y amalgamación [...], México, Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1802 (reimpr. D. E. Marley, México, 1977); M. Omiste, Crónicas potosinas. Estadísticas, biográficas, notas históricas y políticas (ed. González y Medina), t. I, La Paz, 1919; M. Bargalló, La minería y la metalurgia en la América Española durante la época colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1955; G. Rene-Moreno, “La Mita de Potosí en 1795”, en Revista del Instituto de Investigaciones Históricas, Villa Imperial de Potosí (Bolivia), Imprenta de la Universidad Tomás Frías, 1959; R. M. Buechler, The mining society of Potosí 1776-1810, Michigan, Department of Geography Siracuse University, 1981; E. Tandeter, Trabajo forzado y libre en el Potosí colonial tardío, Buenos Aires, Centro de Estudio de Estado y Sociedad, 1984; Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial 1692-1826, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas y Enrique Tandeter, 1992 (Archivos de Historia Andina, vol. 15) (ed. en fr., en J. P. Zúñiga, Paris, Editions de Lécole des Hautes Études en Sciences Sociales, 1997); G. C. Mira Delli-Zotti, Ilustración y reformismo borbónico en el Alto Perú. El Intendente Sanz y la minería de Potosí a fines del período colonial, tesis doctoral, 1989 (inéd.).
Manuel Castillo Martos
