López Rodó, Laureano. Barcelona, 18.XI.1920 – Madrid, 11.III.2000. Jurista, catedrático, político, procurador en Cortes, diputado, ministro y embajador.
Laureano López Rodó fue el primer hijo de Laureano López Bodría y María Teresa Rodó Romeo. Nació en Barcelona justo al comienzo de la década de 1920, en una ciudad maltratada por los conflictos sociales y la violencia política, en un momento en que la crisis del sistema político de la Restauración iba a agudizarse todavía más con el asesinato del presidente del Gobierno Eduardo Dato y el desastre del Ejército español en Annual.
Una vez terminado el bachillerato, cuya mayor parte la realizó en el colegio barcelonés de Nuestra Señora de la Bonanova, cursó estudios de Derecho en la Universidad Central de Barcelona. A la licenciatura le seguiría el doctorado en Madrid, con Premio Extraordinario (1943), y, tras algunos años más de dedicación académica, la cátedra de Derecho Administrativo, primero en la Universidad de Santiago de Compostela y más tarde, desde 1953, en la Complutense de Madrid.
“Hombre madrugador”, era sobre todo “un universitario”, como recordaba un periodista de France-Soir en una entrevista publicada el 9 de febrero de 1971. Un universitario que conocía al detalle los intríngulis de la Administración española y que muy pronto, al poco de ocupar la cátedra en Madrid, perfiló una idea muy clara de las reformas que, en su opinión, era urgente realizar para modernizar el Estado y responder así a los retos de un mundo que estaba cambiando a gran velocidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Primero falangista durante su juventud y luego miembro del Opus Dei desde 1941, no parece que llegara a la política como resultado de una búsqueda activa y una vocación bien definida, sino por la atracción que ejercieron sus ideas sobre la reforma de la Administración española en el círculo de poder de Franco. De hecho, su incorporación al equipo de tecnócratas que a la sombra del almirante Carrero Blanco protagonizaron el giro en las políticas económicas y administrativas de la dictadura a partir de 1959, se debió, en primer lugar, a su condición de experto administrativista.
Lo primero sería llegar hasta Carrero Blanco, para convertirse poco después en uno de sus consejeros más cercanos. Ocurrió a través de Antonio Iturmendi, a la sazón ministro de Justicia. Una conferencia pronunciada en la Universidad de Santiago de Compostela en el año 1956 fue el desencadenante. El ministro de Educación, Jesús Rubio, que asistía al acto, quedó gratamente sorprendido, tanto que, al día siguiente, mientras se celebraba el Consejo de Ministros, no dudó en elogiar la intervención de aquel catedrático de Derecho Administrativo. Iturmendi, muy satisfecho por las buenas palabras que había merecido López Rodó, le pidió a éste una copia del discurso para hacérsela llegar a Franco. “Esa fue la circunstancia que me hizo acceder a la política”.
No tardó Franco en transmitir a Carrero su interés por las propuestas enunciadas por López Rodó en su conferencia, tras lo cual Carrero le encargó unas notas más precisas sobre el modo de llevar a cabo la mencionada reforma administrativa. Elaboradas con tanta precisión como urgencia, esas notas llegaron a manos de Franco unos días más tarde; recomendaban, entre otras medidas, la creación de una Secretaría General Técnica en la Presidencia de Gobierno. Convencido de que la Administración española estaba desfasada y que era propia de la realidad social y económica del siglo XIX, López Rodó pensaba que nuevas y crecientes necesidades sociales demandaban una reforma urgente del Estado si no se quería que el malestar social creciese y se volviera contra el régimen.
Proponía algo más que un cambio jurídico: ya no se trataba de apuntalar los elementos del discurso tradicional católico que había reforzado durante años la legitimidad carismática y fundacional de la dictadura, sino de emprender una nueva marcha caracterizada por la “eficacia” en la gestión. Y todo eso con la mirada puesta en un nuevo tipo de legitimidad basada, no sólo en los principios tradicionales característicos del lenguaje de la victoria, sino además en el ejercicio del poder.
El proceso de reforma y desarrollo estaba en marcha y uno de sus principales protagonistas iba a ser el propio López Rodó, que el 14 de diciembre de aquel año conflictivo en el terreno estudiantil, se convertía en el primer titular de la nueva Secretaría General Técnica. Apenas tomada posesión, pocas semanas después estaría listo un borrador para la nueva Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En ese texto, que López Rodó explicó personalmente a Franco el 23 de enero de 1957, se diseñaban las líneas maestras del proceso que en los años siguientes iba a transformar sustancialmente el funcionamiento de la Administración del Estado.
Aquel era un momento especial en la evolución política del franquismo. En febrero de 1957 hubo una remodelación del gobierno que, con la marginación de Arrese, la desaparición de Girón y los nombramientos de Navarro Rubio y Ullastres, suponía un giro sustancial y una primera e importante victoria de Carrero. El almirante, como señalara Javier Tusell, deseaba contar con conservadores alejados de la demagogia falangista, que fueran monárquicos y católicos, pero sobre todo especialistas, personas competentes que trabajaran eficazmente y que contribuyeran a crear un nuevo marco institucional para el crecimiento económico y la mejora de la imagen exterior del país. Como señaló el propio López Rodó, con aquel cambio de Gobierno se abrieron las puertas para que empezara “la reorganización de la Administración central” que él había preparado.
De este modo, aquel profesor de Derecho Administrativo entró de lleno en el selecto grupo de personas que iban a preparar, no ya “la larga marcha hacia la Monarquía”, que también, sino las reformas económicas, administrativas e institucionales que habrían de coadyuvar a la transformación de la sociedad española y que provocarían cambios políticos de consecuencias notorias, aunque no siempre deseadas, para la futura transición democrática. 1956 fue el primer año de una dilatada carrera política que abarcaría algo más de dos décadas, durante las cuales ocuparía, casi en su totalidad, un asiento de procurador en Cortes.
Tras un lustro al frente de la Secretaría General Técnica, el 26 de enero de 1962, Franco, a propuesta de Carrero y de algunos de los ministros que estaban ejecutando las directrices de la política de estabilización económica y apertura, optó por convertir a López Rodó en el principal responsable de la nueva Comisaría del Plan de Desarrollo. Era el instrumento creado para llevar a la práctica esa planificación indicativa que por entonces deslumbraba a sectores importantes de la política europea, convencidos, como lo estaba el nuevo comisario español, de que en la recién estrenada etapa de desarrollo económico era necesario que el Estado se implicara en un nuevo papel regulador y planificador.
Fue ese puesto el que permitió a López Rodó participar de forma decisiva en la preparación y ejecución de la política económica del desarrollismo. Tres años más tarde, en la remodelación del Gobierno que se produjo en julio de 1965, gracias al trabajo desempeñado en aquella Comisaría del Plan, pero principalmente por la influencia creciente de Carrero sobre Franco, pasó a ocupar un Ministerio sin cartera (7 de julio de 1965 a 11 de junio de 1973), lo que reforzó su capacidad de acción y maniobra política, a la vez que le permitió seguir al frente de los Planes. Él vería aquel paso como una oportunidad de incrementar su influencia política para que Franco designara un sucesor “a título de Rey”, descartando así la posibilidad -que él consideraba peligrosa- de una solución regencialista. Si hacemos caso de la composición del nuevo gobierno elegido cuatro años más tarde, en octubre de 1969, tras el escándalo Matesa, lo cierto es que el binomio Carrero-López Rodó había conseguido una gran influencia política con cuatro de los once nuevos ministros procedentes de la comisaría del Plan. El segundo alcanzaba así “la apoteosis de su poder político”, como ha señalado Joaquín Bardavio. En el momento en que se aprobaba la tercera edición de los Planes de Desarrollo, algunos de sus más cercanos colaboradores, como López de Letona, habían sido nombrados ministros.
Que consiguiera afianzar su carrera política de ese modo, se tradujo en una mayor capacidad para influir en la toma de decisiones sobre el futuro de la dictadura después de Franco. López Rodó fue, de hecho, uno de los principales impulsores de la Ley de Sucesión y de una reforma institucional del régimen que, según sus planes, debería haber hecho posible la continuidad de este en forma de Monarquía tradicional. Porque el hecho de que fuera uno de los impulsores de la modernización administrativa no significa que respaldara a su vez una transformación política que equiparara el sistema político español al de sus vecinos de la Europa occidental. Para él, los principios de una Monarquía liberal y parlamentaria estaban descartados, y la sucesión debía ser, por tanto, una garantía de la continuidad institucional, como bien ha explicado su principal biógrafo, Antonio Cañellas. Además de sus contactos con don Juan de Borbón -en quien inicialmente depositó sus esperanzas para que se entendiera con Franco y aceptara ser el sucesor dentro de la continuidad institucional de los Principios del 18 de julio- y de sus gestiones e informes destinados a convencer a Franco de la necesidad de concretar los términos de la sucesión —algo que formaba parte de lo que él mismo denominaría la “operación salmón”, para referirse al nombramiento del entonces Príncipe de España como heredero—, también fue preceptor del joven príncipe Juan Carlos, al que había conocido en el año académico 1960-1961 en un curso de doctorado sobre “Organización administrativa” que él mismo dirigía. “Urge —le dijo a Franco el 8 de enero de 1969— que V.E. designe al Príncipe Don Juan Carlos porque su actual situación ambigua, conforme pasa el tiempo, se hace cada vez más insostenible”. El 29 de mayo Franco anunciaría a Carrero que había decidido nombrar sucesor al príncipe antes del verano.
La crisis de gobierno de 1973, en la que por primera vez se hizo cargo de la Presidencia de Gobierno una persona diferente al jefe del Estado, el almirante Carrero Blanco, llevó a López Rodó hasta la cartera de Asuntos Exteriores (del 11 de junio de 1973 al 3 enero de 1974). Cansado de una década al frente de los Planes de Desarrollo, así como de la leyenda que le situaba como la “eminencia gris” de Carrero, le pidió a este último que le relevara de su puesto para así poder “asumir la responsabilidad de un Ministerio autónomo y directamente ejecutivo”. El nuevo Gobierno tenía una peculiaridad esencial de cara a una futura transición: su presidente, a decir de López Rodó, había consultado con don Juan Carlos su composición, en perspectiva de que éste no se encontrara a disgusto con el mismo en caso, bastante probable, de convertirse en jefe de Estado.
“Mi fuerza política —escribió López Rodó en La larga marcha hacia la Monarquía— derivaba de mi relación con Carrero, que llevaba a Franco mis notas, mis propuestas y mis proyectos”. Estrechamente vinculado, por tanto, al nuevo presidente de Gobierno, su carrera política sufrió un vuelco inesperado con el asesinato de Carrero perpetrado por ETA a finales de 1973. Tras un breve período de presidencia interina de Torcuato Fernández-Miranda, político pragmático y cercano al príncipe, las intrigas del círculo íntimo de la mujer de Franco hicieron posible un giro de ciento ochenta grados, con el nombramiento de Carlos Arias Navarro y la marginación del grupo de Carrero. A López Rodó se le buscó un retiro político en la embajada de Austria, lo que le alejó de los puestos de responsabilidad política durante ese tiempo decisivo de la agonía de Franco y el comienzo de la transición.
Un mes después de dejar la embajada en Viena, el 16 de diciembre de 1976, cuando ya Suárez había encarrilado por el buen camino su proyecto de reforma política, López Rodó encabezó una nueva fuerza política formada en Barcelona y denominada Acción Regional, grupo que acabaría integrado en la coalición de Alianza Popular. De este modo, volvería a la política nacional casi dos años después de la muerte de Franco, de la mano de aquella singular coalición presidida por Manuel Fraga, para afrontar la etapa abierta tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política y la convocatoria de elecciones a Cortes.
Elegido por Barcelona en junio de 1977, pudo así lograr un escaño en el primer Parlamento de la democracia. Desde el grupo parlamentario de Alianza Popular, del que también formaban parte antiguos exministros de la dictadura, López Rodó tuvo la oportunidad de cerrar su amplia carrera política participando en los debates constituyentes. Allí, en una línea coherente con su trayectoria previa, destacó por su defensa de un modelo de Monarquía con resabios tradicionales, en la que el Rey tuviera una cierta reserva de facultades de gobierno, aún cuando éstas fueran contrapesadas por otras instituciones. De ahí sus numerosas enmiendas al proyecto inicial de Constitución y su convencimiento de que el Rey debía contar con un Consejo del Reino que le asesorara en el ejercicio de sus competencias, como por ejemplo en la disolución de las cámaras. Eso, unido a su desacuerdo con la forma en que el Título VIII de la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1978 había configurado la España de las autonomías, le alejaron de una realidad política y social que le era cada vez más ajena. De ahí que alguien como Gonzalo Fernández de la Mora, con quien había compartido larga experiencia política y grupo parlamentario, aunque luego siguieran caminos diferentes, señalara tras su muerte que López Rodó había sido “un exiliado político en el interior”.
Tuviera o no razón el exministro de Obras Públicas, lo cierto es que López Rodó había formado parte de una larga y antigua tradición de políticos conservadores españoles y europeos, cuyas raíces se extendían incluso hasta la época de la Ilustración, caracterizada por un considerable saber hacer; expertos juristas y economistas que recelaban de los supuestos políticos del pluralismo liberal, pero que confiaban en una política tecnocrática para modernizar la Administración y el país.
No conforme con el procedimiento por el cual se había elegido la candidatura de la Coalición Catalana Democrática, abandonó Alianza Popular en enero de 1979 y se retiró de la política, dedicándose a la Universidad y a la abogacía.
Autor de más de una docena de libros y varias decenas de artículos en revistas de Derecho, fue miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde tomó posesión, el 29 de mayo de 1963, con un discurso sobre “La administración pública y las transformaciones socioeconómicas”. Perteneció también a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde ingresó el 5 de marzo de 1984 con un discurso titulado: “En torno a la definición constitucional del modelo de Estado”; y a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona. Fue nombrado doctor honoris causa por las Universidades de Coimbra y Aix Marsella.
Obras de ~: Estructura y funciones de la administración financiera, Madrid, Boletín Oficial del Estado (BOE), 1959; Objetivos y estructuras del plan de desarrollo económico, Madrid, BOE, 1963; La Administración pública y las transformaciones socioeconómicas, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1963; “Prólogo”, en P. Massé, El plan o el antiazar, Barcelona, Labor, 1966; Política y desarrollo, Madrid, Aguilar, 1971; Discurso del Excmo. Sr. D. ~, Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo, en defensa del III Plan de Desarrollo Económico y Social ante el Pleno de las Cortes Españolas, 9 de mayo de 1972, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1972; “Prólogo”, en W. W. Rostow, Política y etapas de crecimiento, Barcelona, Dopesa, 1972; Discurso en la XXVIII Asamblea General de las Naciones Unidas: Nueva York, 28 de septiembre de 1973, Madrid, Oficina de Información Diplomática, 1973; La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, Noguer, 1978; Aspectos económicos y fiscales de la autonomía, Barcelona, Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 1979; Las Autonomías. Encrucijada de España, Madrid, Aguilar, 1980; Estado y comunidades autónomas, Madrid, Abella, 1984; Testimonio de una política de Estado, Barcelona, Planeta, 1987; Ambigüedades y silencios de la Constitución, Barcelona, 1988; Memorias, vol. I, Barcelona, Plaza y Janés, 1990; Memorias. Años decisivos, vol. II, Barcelona, Plaza y Janés, 1991; Memorias. El principio del fin, vol. III, Barcelona, Plaza y Janés, 1992; Memorias. Claves de la Transición, vol. IV, Barcelona, Plaza y Janés, 1993.
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Manuel Álvarez Tardío
