Cassola Fernández, Manuel. Hellín (Albacete), 26.VIII.1837 – Madrid, 10.V.1890. Militar y político.
Su padre, Alberto Cassola, era profesor de primera enseñanza y al poco de fallecer, Manuel ingresó, con quince años, en el Colegio Militar de Infantería de Toledo como cadete. Fue un prototipo de militar que procedía de fuera del Cuerpo, de familia de clase media, con una buena formación académica y una brillante hoja de servicios que se concretaba en once años de permanencia en Ultramar (Santo Domingo y Cuba) y su contribución en la lucha en España contra los carlistas y republicanos.
Realizó estudios en la Academia y fue ascendido a subteniente en 1856, asignándosele destino en Madrid, donde mantuvo un valeroso comportamiento del 16 al 18 de julio del mismo año, que le hizo merecedor de la condecoración de la Cruz de San Fernando de 1.ª clase. Fue ascendido a teniente por antigüedad.
Marchó a Cuba en 1862 y al año siguiente salió con una expedición para aplacar una insurrección en Santo Domingo, logrando como recompensa la concesión del grado de capitán. Volvió nuevamente a Cuba y ocupó el cargo de profesor de Matemáticas en la Academia Militar de La Habana y, cuando en 1868 comenzó la guerra colonial, organizó una partida de voluntarios llamada “La 1.ª Guerrilla Volante”, operando en las Villas Orientales. Como consecuencia de méritos de guerra se le ascendió a teniente coronel en 1869 y se le concedió la Encomienda de Carlos III. Habiendo enfermado en 1871 se vio obligado a volver a España.
Colaboró con el Gobierno en su lucha contra los carlistas en Navarra y las provincias Vascongadas a finales de 1872 y primeros meses de 1873 y en agradecimiento se le otorgó el grado de coronel. Durante 1874 intervino en la ocupación de la Guardía, Ontón, Somorrostro, la liberación de Bilbao y operó en Vizcaya, lo que le supuso ascensos a coronel, brigadier y general. Se le dio el mando de la 2.ª Brigada de la División de Castilla la Nueva, conquistando Sigüenza y Campillo del Alto Buey para continuar las operaciones en 1875 por el resto de la provincia de Guadalajara y Cuenca. A mediados de mayo estuvo en el Maestrazgo e intervino en la zona de Aragón y Valencia. En 1876 fue designado comandante general de la División de Vizcaya, iniciando un ataque a Santa Águeda, que obligó a los carlistas a abandonar sus posiciones desde donde amenazaban Bilbao y su ría. Finalizada la guerra, se le nombró comandante general de la 4.ª División de Castilla la Nueva y jefe de la instrucción táctica de todas las tropas a pie de la Administración de Madrid.
Recrudecida la guerra en la isla de Cuba, solicitó su incorporación, desembarcando en La Habana el 13 de noviembre de 1876, haciéndose cargo de la Comandancia de Santa Clara (Villas Occidentales).
Nombrado comandante general y gobernador civil del Departamento del Centro, inició un hostigamiento constante contra el enemigo, tomando parte activa en la Paz de Manjón (28 de febrero de 1878).
Aquí se casó con Carmen Gutiérrez Arce, y a consecuencia de su salud, regresó nuevamente a España, otorgándose el grado de teniente general, en recompensa por sus servicios.
De nuevo en España, alternó lo militar y la actividad política durante los primeros años de la Restauración.
Fue nombrado capitán general de Granada (1879), vocal de la Junta Consultiva de Guerra (1878-1883) y director general de Artillería (1883-1886). Pertenecía al Partido Liberal y fue elegido diputado a Cortes en las legislaturas de 1879, 1881 y 1886, senador en la de 1885 y designado ministro de Guerra en 1887.
Ocupó este Ministerio en una etapa en que había un amplio sentir sobre la necesidad de algunas reformas para racionalizarlo y modernizarlo. Sin embargo, ni moderados ni liberales tomaban la iniciativa. Los modelos de referencia eran los del Ejército francés y alemán, mostrándose Cassola más inclinado a seguir este segundo.
Recién designado en el cargo, presentó inmediatamente a las Cortes la Ley Constitutiva del Ejército (22 de abril de 1887), un ambicioso plan de reformas militares que no logró sacar adelante. Se trataba de un proyecto importante que trataba de corregir algunos aspectos de calado profundo, necesarios en un ejército moderno. Abarcaba muchas cuestiones relacionadas con los principios fundamentales de la organización del Ejército.
En primer lugar, pretendía reorganizar las demarcaciones militares, exigía facilidades para la concentración de fuerzas en caso de movilización y demandaba asambleas periódicas. En segundo lugar, proponía el principio igualitario en el servicio al Ejército, sin posibilidades de redención o sustitución, o sea, el servicio militar obligatorio. Éste fue el punto que más oposición registró en el debate en las Cortes. Cassola defendía que era injusto un sistema en el que quedaban excluidos quienes disponían de dinero o cultura.
Ello chocaba con los intereses de las clases adineradas que no deseaban que sus hijos realizasen el servicio militar. En tercer lugar, suprimía el favoritismo y las desigualdades en los ascensos y alivió las dificultades de los oficiales jóvenes. Para ello fijó principios fundamentales a los que debían ajustarse los ascensos y las recompensas, basados en la antigüedad en tiempos de paz y por méritos en tiempos de guerra. En cuarto lugar, precisaba las atribuciones y especial misión de cada arma e instituto, reorganizando sus plantillas en armonía con las necesidades del servicio, abriendo las escalas cerradas en las armas especiales de Artillería e Ingenieros y equiparándolas, por consiguiente, a las de Infantería o Caballería. En quinto lugar, planteaba modificar las competencias del Consejo Supremo de Guerra y Marina, preservando sus atribuciones de orden judicial, pero eliminando las de orden gubernativo y reglamentario. En último lugar, reconocía y daba rango legal a los tribunales de honor, hasta entonces de carácter consuetudinario.
Se propuso, además, la creación de un Banco Militar de Préstamos para aliviar la mala situación económica de muchos militares.
El Gobierno sabía que se enfrentaba a una reforma compleja y, por ello, designó a Canalejas como presidente de la comisión que preparaba el dictamen del proyecto de ley para presentar a las Cortes, convirtiéndose en su firme defensor en el Parlamento. Dichas propuestas encontraron una fuerte resistencia en las Cortes, originando intensos y largos debates, que despertaron un apasionamiento social en la calle, animado por los medios de opinión pública y una decidida oposición en el Ejército, sobre todo, las referidas a la imposición del servicio militar obligatorio y al sistema de ascensos.
A pesar de las dotes de orador de Cassola, que le llevó a realizar una apasionada e ingeniosa defensa de su proyecto ante las Cortes, no logró su aceptación, ya que la comisión y sus compañeros de gabinete le mostraron un apoyo tibio ante la oposición cerrada de los conservadores encabezados por Cánovas del Castillo, quien estaba en contra de la medida de imponer el servicio militar obligatorio, sin posibilidad de redención en metálico, ya que ello podía generar una “reacción antimilitarista que pudiese suscitar en los jóvenes de extracción burguesa y, concretamente, en los estudiantes, deseosos de volver a sus libros”.
Además, estaba en desacuerdo la mayor parte de la cúpula militar, incluyendo algunos generales liberales que eran diputados como Martínez Campos, Weyler, Primo de Rivera y Federico Ochando.
Incluso el Gobierno pareció dividido ante estas reformas militares, por lo que Sagasta, desde la presidencia, procuró evitar la cuestión, consciente de la tensión originada, el desgaste de un año de debate en las Cortes y la enemistad de la oficialidad, retirándole su apoyo.
Ante ello, Cassola presentó su dimisión que no le fue aceptada (enero de 1888), aunque unos meses después renunció al cargo (14 de junio de 1888) con ocasión de un conflicto protocolario que le enfrentó al capitán general de Madrid, Arsenio Martínez Campos.
Poco después abandonó el Partido Liberal y sus seguidores murcianos, se pasaron al Partido Conservador.
La mayoría de las propuestas de reforma fueron abandonadas por el nuevo gobierno, aunque Canalejas, ministro de Fomento, y el militar Tomás O’Ryan, ministro de Guerra, consiguieron imponer mediante real decreto algunas de las medidas menos contestadas en las Cortes. Y aprobaría en las Cortes una ley adicional que se limitaba a regular aspectos orgánicos, ascensos y recompensas, postergando las medidas más polémicas y de mayor alcance propuestas por Cassola.
Durante los dos últimos años de su vida estuvo apartado de la actividad política y del Ejército y tras su muerte en 1890, la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena le concedió honores de capitán general y se le erigió un monumento en Madrid (1892), realizado por Mariano Benlliure, que representa al general empuñando con la mano derecha el pergamino refiriéndose al proyecto de reforma del Ejército.
Formó parte de algunas comisiones militares, como vocal de la Comisión Reorganizadora del Ejército (1873), presidente de la comisión encargada de estudiar el reglamento en las colonias militares en la isla de Cuba (1881), vocal de la comisión para redactar el nuevo proyecto de Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército (1884), presidente de las Juntas de Estudios de Transporte Militar por Ferrocarril (1884) y vocal de la Comisión de Codificación Militar (1885).
Recibió algunas condecoraciones, como la Placa de la Orden de San Hermenegildo (1880), la Gran Cruz de San Hermenegildo (1884) y la Gran Cruz de laOrden portuguesa de San Benito concedida por el rey de Portugal (1889).
Bibl.: D. E. C. y D. J. V., Cassola: Reformas militares, Madrid, La Europea, 1888; L. de Armiñán, La Patria, los políticos y el ejército. Cartas y juicios del General Cassola, Paris, Imprimerie Garnier, 1898; J. Roa Erostarbe, Crónica de la provincia de Albacete, t. II, Albacete, 1898, págs. 390-392; D. R. Headrick, Ejército y Política en España (1866-1898), Madrid, Tecnos, 1981, págs. 236-239; A. Moreno, Gente de Hellín, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1982, págs. 104- 108; M. Alonso Baquer y M. Hernández Sánchez-Barba, Historia Social de las Fuerzas Armadas Españolas, vol. III, Madrid, Alhambra, 1986, págs. 166-175; F. Puell de la Villa, “El reformismo militar durante la Restauración y la Regencia”, en VV. AA., Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia Institucional y Social, t. III, Madrid, Alhambra, 1986.
Manuel Requena Gallego
