Fernández Martín, Manuel. Badajoz, 13.VII.1915 – Madrid, 28.XI.1982. Comandante auditor honorífico del Cuerpo Jurídico Militar y procurador en Cortes.
Militó durante los años de la Segunda República en las Juventudes de Acción Popular (JAP), organización juvenil de la CEDA, partido de derecha creado por Gil Robles y en 1931 se matriculó en Medicina en la Universidad de Sevilla, aprobando cuatro asignaturas y en el curso siguiente en la de Derecho, aprobó en junio Economía política y Penal y en septiembre Hacienda pública; en el de 1933 pese a estar matriculado no se presentó.
En su hoja de servicios acredita un total de veintisiete años, un mes y un día, desde el 1 de julio de 1936 al 30 de abril de 1964, de los que casi veinticinco lo fueron como oficial honorario auditor del Cuerpo Jurídico-Militar y de la Fiscalía Jurídico Militar en las Auditorías de Guerra de la Primera y Segunda Región Militar.
Soldado el 1 de julio de 1936 en Badajoz, se incorporó a las fuerzas sublevadas del coronel Monasterio en octubre de ese año, al manifestar tener la licenciatura en Medicina por Salamanca, siendo habilitado a los seis días como alférez médico, actuando en dicha condición en los hospitales de campaña y con la población civil de Valdemoro y Pinto, en la clínica de enfermos del tórax y corazón; a partir de abril de 1938, previa baja en la escala de sanidad, se le nombró alférez de 3.ª honorario del Cuerpo Jurídico Militar por el ministro de Defensa Nacional, a instancia suya, por declarar ser licenciado en Derecho y manifestar su deseo de cooperar con el Movimiento Nacional, fue designado vocal de la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados afectos al Cuartel General del Ejército del Sur y del Campo de Concentración de Mérida hasta septiembre de 1939, fecha en que figuraba como oficial de tercera honorario del cuerpo jurídico militar; ascendió en 1940 a oficial de segunda, en 1941 a oficial de primera, 1942 a capitán y 1960 a comandante.
Durante el período de 1940 al mes de abril de 1944 simultaneó la anterior actividad jurídico-militar con la de jefe de negociado de Justicia de la Fiscalía de Tasas de Badajoz, destino civil en el que, por tres veces, juró por escrito no percibir otros sueldos del Estado.
Fue secretario nacional del Sindicato Vertical de la Piel, jefe de la Sección Económica Central y vocal de la Comisión Permanente del Consejo Económico Sindical y presidente de las Comisiones Técnicas para la importación de cueros.
Procurador en Cortes designado por los técnicos del Sindicato Vertical de la Piel, en dos legislaturas, la de 1947 y 1949, y en la de 1961, por la empresas del ramo; participó activamente en diversas comisiones de esas Cortes, para la discusión de proyectos de ley, entre ellas, la de reforma del Código Penal (1961), presentando enmiendas a las definiciones del delito y falta de intrusismo y en la de creación de la Jurisdicción Especial de Orden Público, segundo semestre de 1963, siendo recomendado al presidente de las Cortes por los ministros del Ejército, Pablo Martín Alonso, y del Movimiento, José Solís Ruiz.
El primero le nombró agregado a la Auditoría de Guerra de la Primera Región Militar para el despacho de asuntos relacionados con actividades extremistas y asesor jurídico de su secretaría en 1962, coincidiendo en dicho destino con otros conocidos militares: Sabino Fernández-Campos, Alfonso Armada, José Yuste, Fernando Morillo y Juan Sánchez-Bilbao. Pronunció una conferencia en marzo de 1963 en la Escuela de Estudios Jurídicos del Ejército, con la presidencia del ministro de Hacienda Navarro Rubio con el título “Subversión, justicia. Problemas que plantea a la función jurídico militar”, que tuvo amplia reseña en los diarios de Madrid.
Actuó como fiscal y vocal-ponente que, según el Código de Justicia Militar, debería tener y ser licenciado en Derecho, en miles de consejos de guerra, celebrados en el período 1940 a 1964, en las plazas de Madrid, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Ocaña, Ávila, Segovia y Cuenca, en los que se dictaron muchas penas de muerte, la mayoría ejecutadas, y largas condenas de prisión contra adversarios políticos del gobierno, siendo el de más relevancia mediática por sus repercusiones exteriores, la del dirigente comunista Julián Grimau, fusilado en Madrid el 20 abril de 1963.
Desde 1954 a 1959 vistió la toga y compareció como abogado ante la Audiencia Provincial de Badajoz y otros actos públicos; actuó como asesor jurídico de determinadas mercantiles utilizando papel impreso con dicha cualificación profesional.
El abogado de Madrid Antonio Cases y Martínez de Rincón formuló el 22 de febrero de 1964 una querella por falsedad en documentos públicos y una denuncia al capitán general de la Primera Región Militar, al figurar Manuel Fernández Martín como abogado y asesor jurídico de diversas mercantiles, careciendo del título de licenciado en Derecho, acreditando dicho extremo con las certificaciones negativas expedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia y de las Facultades de Derecho de España, incluida la de Sevilla, donde sólo tenía aprobadas las tres antes referidas asignaturas.
Por su condición de procurador, en la que cesó el 2 de julio de 1964, pasó a ser procesado el 29 de dicho mes y año por el Consejo Supremo de Justicia Militar en la causa 1/1964, imputándosele tres delitos, permaneció en libertad provisional y percibiendo sus haberes, dictándose por el Pleno de dicho órgano sentencia el 22 de diciembre de 1966 condenatoria a un año y seis meses de prisión por usurpación de funciones; ejecutar actos de la profesión militar con título válido pero con causa ilegítima, con atenuante de no haber tenido intención de producir un daño de tanta gravedad, siendo absuelto de los otros delitos: ejercicio ilegítimo como alférez médico militar desde octubre de 1936 a abril de 1938; el de haber prestado tres declaraciones falsas en la Fiscalía de Tasas de Badajoz, y en el de la utilización indebida de la toga y condición de abogado en actos públicos, por aplicación a todos ellos de la prescripción de la acción penal, por el tiempo transcurrido desde su comisión.
Fuentes y bibl.: Archivo de la Capitanía General de la Primera Región Militar, Recurso Extraordinario de Revisión n.º 1/34-89 ante la Sala 5.ª del Tribunal Supremo a instancias del Fiscal General del Estado Javier Moscoso, solicitando la nulidad de la Sentencia de 18 de abril de 1963, dictada por un Consejo de Guerra en la Causa 1601/62, seguida contra Julián Grimau; Causa 1/1964 instruida contra el ex comandante honorífico del Cuerpo Jurídico-Militar Manuel Fernández Martín por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
“Todas las Legislaciones han penado siempre los actos contra la seguridad del Estado”, en Pueblo (Madrid), 22 de marzo de 1963; “A la subversión hay que combatirla con los Tribunales y la Justicia Social”, en YA (Madrid), 23 de marzo de 1963; “La ilegalidad del Juicio contra Julián Grimau o Historia del Comandante Fernández Martín”, en Boletín Informativo (Centro de Documentación y Estudios de París), 21 de abril de 1964; J. Lago, “Fue un asesinato de Estado, Fernández Martín, abogado sin título, fue ponente en este y otros consejos de guerra”, en Interviú (Madrid), 27 de junio de 1979; A. Armada, Al Servicio de la Corona, Barcelona, Editorial Planeta, 1983; J. J. del Águila, El TOP, La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Editorial Planeta, 2001; J. Paredes, “El impostor que juzgó a Grimau”, en El Mundo (Madrid), año XV, n.º 467, Crónica, 26 de septiembre de 2004.
Juan José del Águila Torres
