Camacho de Alcorta, Juan Francisco. Cádiz, 26.IX.1813 – Madrid, 23.I.1896. Banquero, político y hacendista.
Hijo de Juan Bautista Camacho y de Josefa de Alcorta, natural de Azpeitia; destaca en su formación el conocimiento que adquirió de los temas económicos y especialmente de los relacionados con la banca y las finanzas. Muy pronto se trasladó a Madrid, ya que en 1837 figura como capitán de la Milicia Nacional en la capital, y se ocupa de asuntos financieros.
Esto se deduce de que durante la regencia de Baldomero Espartero aparece como prestamista importante del Tesoro. Además de dedicarse a la actividad bancaria, perteneció al Liceo Artístico y Literario, del que fue vicepresidente, desarrollando una muy importante labor.
Su buena formación en los ámbitos de la banca y de las finanzas hace que sea llamado a ocupar el cargo de director general de la Sociedad Española Mercantil e Industrial, sociedad que, al amparo de lo establecido por la Ley de Sociedades de Crédito de 28 de enero de 1856, crearon los Rothschild. Las sociedades de crédito, según dicha ley, tenían un campo amplio para el desarrollo de su actividad, pues podían prestar al Gobierno, recaudar impuestos, llevar a cabo operaciones propias de un banco comercial y promover inversiones industriales. El mismo 28 de enero de 1856, la Reina firmó tres leyes de autorización de constitución de esos bancos de inversión, promovidos los tres por banqueros franceses, y al día siguiente apareció en la Gaceta de Madrid la concesión. Uno de esos bancos era la Sociedad Española Mercantil e Industrial, creada con un capital de setenta y seis millones de pesetas, que nunca llegó a tener desembolsado, lo que no fue obstáculo para su desenvolvimiento, ya que podían operar las sociedades de crédito con sólo el 10 por ciento del capital total autorizado. La Mercantil e Industrial, que presidió Alejandro Mon desde su fundación hasta el año de 1868, tiene en su primer Consejo de Administración cinco consejeros que también lo son del Banco de España, donde ocupaban muy altos puestos, y, naturalmente, estaban también los representantes de James Rothschild en Madrid, Daniel Weisweiler e Ignacio Bauer. El negocio principal y casi el único de la Mercantil e Industrial fue el del ferrocarril, aunque una de sus primeras operaciones fue conceder, junto con las otras dos sociedades de crédito francesas radicadas en Madrid, el Crédito Mobiliario Español y la Compañía General de Crédito en España, un préstamo al Gobierno. Nació la Mercantil e Industrial para ser el banco de la empresa ferroviaria que la casa Rothschild monta en España, la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y al Mediterráneo, constituida en Madrid el 31 de diciembre de 1856 para ocuparse de la explotación de los ferrocarriles de Madrid a Almansa y el de Almansa a Alicante y de la construcción y explotación del ferrocarril de Madrid a Zaragoza. Esta compañía, de la que Camacho fue directivo, el 10 de enero de 1857 tomó el nombre de Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante y la presidió igualmente Alejandro Mon desde su creación hasta el año 1867. La Sociedad Española Mercantil e Industrial suscribió sesenta y cuatro mil de las doscientas cuarenta mil acciones de la empresa ferroviaria, mientras que Hermanos Rothschild tuvo sesenta y seis mil.
Pero no han sido sólo esas líneas las que ocuparon la atención de la sociedad, sino que también la Mercantil e Industrial atendió la construcción del ferrocarril de Alar del Rey a Santander, conocido como Ferrocarril de Isabel II.
Camacho fue designado, en 1887, director de la Compañía Arrendataria de Tabacos, empresa muy vinculada entonces al Banco de España. Estuvo poco tiempo en esa dirección, ya que dimitió con motivo de la huelga que hubo en la compañía en octubre de ese año.
Durante noventa días, en 1883, Camacho fue gobernador del Banco de España y en 1891, también por poco tiempo, volvió a ocupar ese cargo. No obstante, ese poco tiempo que estuvo al frente del ya único banco emisor español dejó huella de su capacidad y buen criterio. Hay que señalar también que en la primera ocasión le designó un gobierno liberal, con José Posada Herrera como presidente, y en la segunda lo hizo un gobierno conservador, presidido por Antonio Cánovas del Castillo.
En el ámbito de la vida política, militante primero del Partido Liberal, en 1855 pasó a la Unión Liberal y después al Partido Constitucional (sagastinos), Juan Francisco Camacho fue diputado desde 1853 hasta 1872, aunque ya consiguió escaño por Alcoy en 1852, pero no llegó a tener el acta de diputado al producirse la disolución del Congreso. En los años siguientes lo fue por otros distritos también valencianos.
En 1872, en las elecciones del 15 de abril, fue elegido senador por la provincia de Orense y en 1877, por Real Decreto de 10 de abril, fue nombrado senador vitalicio. Su participación en las tareas parlamentarias se vio interrumpida en 1891, cuando excusa su asistencia a varias sesiones por enfermedad.
Alejandro Mon Menéndez, en 1857, cuando por quinta vez fue ministro de Hacienda, ofreció a Camacho el cargo de director del Tesoro, ofrecimiento que fue rechazado por él. Años más tarde, en 1865, sí aceptó ser subsecretario de Hacienda, y lo fue, en el gobierno de Leopoldo O’Donnell, hasta 1866, siendo ministro de Hacienda Manuel Alonso Martínez. Antes, en 1864, había rechazado la cartera de Hacienda, que le ofreció Alejandro Mon, y la volvió a declinar en 1868, en este caso ofrecida por Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre. Sí aceptó ser ministro de Hacienda, en el reinado de Amadeo de Saboya, en el Gabinete que presidió Práxedes Mateo Sagasta Escolar, y lo fue desde el 20 de febrero hasta el 26 de mayo. Tiempos de dificultades para el erario público, el déficit de 1871 ascendió a doscientos cuarenta millones de pesetas, cantidad equivalente al total de ingresos ordinarios de la Hacienda, poco cabía esperar de la gestión que podía hacer el ministro en tres meses.
En 1874, en el Gobierno que volvió a presidir Sagasta, fue de nuevo ministro de Hacienda, el último de la etapa revolucionaria, desde el 3 de septiembre hasta el 31 de diciembre. En esos meses adoptó medidas que fueron objeto de críticas. El problema del equilibrio presupuestario cabía tratar de solucionarlo creando impuestos nuevos o recuperando los impuestos indirectos que habían sido suprimidos. Emilio Castelar en el último gobierno de la República estableció por decreto algunos impuestos extraordinarios y Camacho completó esa política, restableciendo en el presupuesto de 1874-1875 la contribución sobre consumos y la imposición sobre la sal. Al volver a los impuestos sobre los consumos, lo que ha sido considerado como un gran retroceso en la evolución del sistema tributario español, trató de no incurrir en los defectos que en administraciones anteriores habían sido notados y quedó establecido que sólo se exigiesen sobre algunos productos. Esta contribución estaba en la reforma tributaria de 1845, firmada por el ministro de Hacienda, Alejandro Mon, y desde el primer momento fue considerada por los progresistas como figura tributaria a suspender, lo que hicieron en 1854 y en 1868. Al restaurarla, Camacho añadió nuevos tributos, esperando tener unos ingresos tributarios muy superiores a los que había antes de su supresión, pero no fue así. También puso fin al debate acerca del monopolio en la fabricación y venta de tabacos y el de las loterías, debate que se había desarrollado con gran fuerza durante el Sexenio Revolucionario.
Los progresistas no eran partidarios de los monopolios estatales y tampoco contemplaban a los sorteos como medio para obtener recursos. Lo que se hizo fue ampliar el monopolio del tabaco a las provincias vascongadas, con el fin de que hubiese unidad fiscal y poder enfrentarse al contrabando, así como limitar las rifas que los particulares y entidades benéficas podían hacer, lo que era lo mismo que fortalecer la lotería oficial. El aumento en la recaudación por esos dos conceptos mostró la eficacia de las medidas para el erario público.
Ya en el reinado de Alfonso XII, en el Gabinete que presidió de nuevo Sagasta, fue Juan Francisco Camacho otra vez ministro de Hacienda, del 8 de febrero de 1881 al 9 de enero de 1883. Una de las disposiciones adoptadas en este nuevo mandato fue la creación, por Real Decreto de 10 de marzo de 1881, del Cuerpo de Abogados del Estado, que tenía como función principal la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, funciones que partían de la creación de la Dirección General de lo Contencioso del Estado y del Cuerpo de Oficiales Letrados de la Hacienda Pública.
Es en este largo mandato cuando llevó a cabo, hasta donde le fue posible, el programa de reformas que consideraba más conveniente para el erario público.
Sin duda, lo más destacado de su gestión fue la conversión de la Deuda del Estado en Deuda amortizable al 4 por ciento, con reducción del principal a devolver y de los intereses a abonar. De 1864 a 1880, la Deuda del Estado había pasado de tres mil millones a casi trece mil millones de pesetas, a lo que contribuyeron los gastos ocasionados por la Tercera Guerra Carlista. Con la concesión del monopolio de emisión al Banco de España en 1874 el sector público dispuso de una entidad financiera con gran capacidad crediticia y capaz de facilitar los recursos que el sector público no podía obtener por la vía de los impuestos, ni por la venta de bienes desamortizados que quedaban, ni del mercado de capitales, que no atendía la petición de adelantos al Estado si no era con condiciones que comprometían aún más la capacidad para hacer frente al pago de intereses y a las amortizaciones. El Banco de España hacía los adelantos y recibía papel del Estado. Como las obligaciones por Deuda crecían de año en año, se recurrió al aplazamiento y al recorte de los pagos de intereses y amortizaciones, lo que, sin ser un repudio pleno, disminuía la carga de esas obligaciones.
Así, fue posible el arreglo de Pedro Salaverría, de 1876, que supuso el repudio, por al menos cinco años, de las dos terceras partes de los intereses del 91 por ciento de la Deuda del Estado.
Cuando Camacho se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, en 1881, la Deuda del Estado era de 12.590 millones de pesetas y la del Tesoro, de 1.127 millones, al tiempo que la diversidad de deudas, con condiciones diferentes, hacía muy complicada la gestión del Tesoro. Hay que tener eso presente para entender la medida de Camacho, que tuvo tres objetivos: unificar y simplificar los créditos frente al Estado; hacer economías en el presupuesto por servicios de la Deuda, y rebajar la presión en el endeudamiento del Tesoro.
Eso lo hizo por leyes de 9 de diciembre de 1881 y de 29 de mayo de 1882.
La conversión de la Deuda llevada a cabo por Camacho fue considerada un éxito y el que también fue ministro de Hacienda, Fernando Cos-Gayón y Pons —antecesor suyo en el cargo y que también había proyectado actuaciones en ese sentido—, la calificó como la operación más beneficiosa que jamás había hecho la Hacienda Pública española. El “arreglo” de Camacho recibió elogios por la importante reducción que supuso al nominal de la Deuda del Estado y a la del Tesoro en circulación, en la primera del 50 por ciento en 1883 respecto a 1880 y en la segunda del 80 por ciento entre los mismos años. A ello hay que añadir, como se ha señalado, que la rapidez con la que fue llevada a cabo la operación y la extensión de su alcance hicieron que los títulos recuperasen pronto su aceptación y se volviese al camino de la normalidad.
No obstante, como a los tenedores extranjeros de Deuda se les garantizaba el pago de los intereses, en París o en Londres, en francos o en libras, lo que era tanto más importante cuanto lo era la depreciación de la peseta, eso contribuyó a que saliese de España el poco oro que había en la caja del Banco de España y en las de los demás bancos, oro que ya salía para el pago de intereses y dividendos a los poseedores extranjeros de títulos privados españoles, para cubrir el déficit de la balanza comercial, y por motivos especulativos, debidos a las diferencias de precios del oro en el mercado internacional y en el español. El “arreglo” de Camacho contribuyó, pues, a que hubiera de tomarse la medida de suspender la convertibilidad de los billetes en oro en 1883, medida que dejó a España ya definitivamente fuera del patrón oro, pues el intento de volver a él durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera —para lo que se nombró una comisión que informase acerca de ello— no condujo a que se reestableciese.
En ese mandato, en 1882, a propuesta del ministro, se firmó un tratado comercial hispano-francés, que —en favor del vino español— establecía que en un período de diez años habría una importante rebaja de los derechos que habrían de pagar los géneros franceses que entrasen en España. También en ese año, el 6 de julio, igualmente por inducción de Camacho, las Cortes votaron una ley que levantaba la suspensión de la base quinta de la Ley de Bases de 1 de julio de 1869. Esa base quinta disponía que durante seis años, hasta 1875, se mantendrían los derechos clasificados como extraordinarios y que a partir de esa fecha irían reduciéndose hasta que en el duodécimo año, en 1881, se equiparasen a los derechos fiscales.
Por Ley de 17 de julio de 1876 quedó suspendida esa base quinta. El nuevo texto legal que se aprobó en 1882 establecía que los derechos entre el 15 y el 20 por ciento se reducirían al 15 por ciento el 1 de agosto de ese año y los que estaban por encima del 20 por ciento se rebajarían por terceras partes, hasta que quedasen en el 15 por ciento en 1892.
Volvió a ser nombrado ministro de Hacienda Juan Francisco Camacho, en el Gobierno presidido por Sagasta, el 27 de noviembre de 1885 y estuvo al frente del ministerio hasta el 2 de agosto de 1886. Por disensiones con sus correligionarios terminó la vinculación de Camacho con el partido progresista y pasó a militar en el partido conservador de Antonio Cánovas del Castillo. Estaba en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica, de la de la Orden de Nuestra Señora de Villaviciosa, de la del Reino de Portugal y de la de Leopoldo de Bélgica.
Obras de ~: Proyectos de Ley presentados a las Cortes en 11 de mayo de 1872 por D.~, siendo Ministro de Hacienda, Madrid, Biblioteca del Congreso, 1872; Un plan de Hacienda. Leyes de reformas económico-administrativas propuestas por el Excmo. Sr.
D. ~ Ministro de Hacienda, Madrid, 1882; Memoria de la Hacienda Pública en España en 1881 a 1883, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1883; Reformas jurídicas en el Ministerio de Hacienda, Madrid, 1886; Proyecto de Ley, Memoria sobre el estado de la Hacienda, del Tesoro y Presupuestos Generales del Estado para el año económico de 1886-87, presentados a las Cortes por el Ministro del ramo D. ~, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1886.
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Rafael Anes y Álvarez de Castrillón
