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Eduardo Callejo de la Cuesta

Biografía

Callejo de la Cuesta, Eduardo. Madrid, 22.IX.1875 – 21.I.1950. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la dictadura de Primo de Rivera (1925-1930).

En 1885 inició sus estudios de segunda enseñanza en Sigüenza y los acabó en Cáceres, adonde se había traslado su familia. En la Universidad Central de Madrid realizó los primeros años de la licenciatura en Derecho que concluyó en 1897 en la Universidad de Valladolid, donde se doctoró en 1899 y comenzó su carrera docente hasta llegar a ser catedrático de Derecho natural en 1912, alternando, en los primeros años de su vida académica, la docencia con otras actividades, como la de secretario del Gobierno hasta el momento en que quedó configurado el Directorio Civil presidido por el general Miguel Primo de Rivera, del que formó parte al ser nombrado ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, cargo que ocupó desde el 3 de diciembre de 1925 hasta el 30 de enero de 1930.

Eduardo Callejo, antiguo militante de las juventudes mauristas, en la etapa del Directorio Militar primorriverista se implicó tempranamente en tareas políticas.

Impulsó la Unión Patriótica castellana en su etapa fundacional y pasó posteriormente a presidir la Unión Patriótica de Madrid. En la capital de España fue, igualmente, concejal del Ayuntamiento. Con todo, su responsabilidad principal, y por la que se le conoce, fue la de ministro de Instrucción Pública.

Coincide la biografía política de Callejo con una etapa de la historia de España en que la crisis de la Restauración canovista dio paso a un régimen dictatorial en principio saludado por la gran mayoría de los españoles, decepcionados por los vanos intentos de enderezar la política nacional, tanto desde el Gobierno como desde las fuerzas de la oposición que clamaban por una catarsis que mejorara la situación del país. Los partidos, la opinión pública, los cuarteles, la Iglesia se inclinaban por un cambio transformador, si bien desde parámetros diferentes. Sólo en este singular contexto puede entenderse adecuadamente la figura de Eduardo Callejo.

El futuro ministro vivió años decisivos para la historia española: la “revolución desde abajo” no había podido superar el fuerte radicalismo con que se pretendió solucionar los problemas sociales que venía arrastrado la España de la restauración. En este clima se produjo una escisión sociopolítica que facilitó la llegada de la dictadura tras sucesos históricos que se iniciaron ya con la Semana Trágica en 1909 y posteriormente, en 1917, y años sucesivos, en los que la escalada sindicalista acabó deteriorando la paz social.

El Ejército, tras el 98, sufría los resultados de aquella derrota a la que se vino a sumar la política africana de España. Los militares, desde un proceder vigilante y respetuoso con los gobernantes, pasaron a implicarse en la vida política hasta tomar sus riendas en 1923, con el consentimiento de Alfonso XIII, ante la creciente desestabilización del país. La respuesta militar facilitó posteriormente, durante la Segunda República, una reforma que parecía obligada para “republicanizar” al Ejército acusado de colaborar preferentemente con las fuerzas conservadoras.

Por su parte, la Iglesia recuperó con el advenimiento de la dictadura primorriverista un lugar relevante, especialmente en la enseñanza. Conviene recordar cómo el hecho religioso en la España contemporánea ha formado parte de su propio devenir frente a una cultura laica que se había hecho presente en momentos anteriores a la etapa dictatorial. En este contexto caló con gran fuerza de arrastre en determinados acontecimientos de amplia radicalización un anticlericalismo igualmente presente en la vida española. En cualquier caso, la Iglesia sufrió en los años que precedieron a la dictadura una singular hostilidad sin que esa misma Iglesia española revisase “su enemistad con el proceso social y la convivencia cívica” de una etapa histórica en la que reforma e innovación tenían igualmente sus representantes y sus órganos de expresión, no siempre aceptados por el sector católico integrista.

En este ámbito, y especialmente por sus repercusiones en la vida académica y en la misma caída de la dictadura, hay que subrayar la polémica que se suscitó en torno a la enseñanza confesional, a la que se pretendía sustituir por una enseñanza pública laica. Las fuertes controversias existentes sobre libertad religiosa, sobre neutralismo docente que tomaron carta de naturaleza en el siglo xix, seguían vigentes en el primer tercio del siglo xx, años en que se polemizaba sobre el modelo de enseñanza o, lo que era lo mismo, sobre el modelo socioeducativo planteado por divergentes posturas ideológicas y recogido en unos extremados debates parlamentarios. Clima que conocía muy de cerca el catedrático Callejo de la Cuesta.

Fueron años en los que, pese a los desentendimientos existentes, la alta cultura española no dejó de prestigiarse a través de conocidos representantes de varias generaciones de intelectuales que se dieron cita en una España en crisis. Una intelectualidad escasamente proclive a los planteamientos del poder político, pero que depositó ciertas esperanzas en el cambio suscitado en septiembre de 1923.

La dictadura tomó las riendas del país hasta constituir el Directorio Militar en el que empezaron a colaborar seguidores del dictador, como fue el caso de Callejo. El manifiesto intervencionismo de aquel Directorio se mostró irreconciliable con las expectativas de los liberales y de la oposición al régimen monárquico, hasta tal punto que las tensiones no sólo no cesaron, sino que fueron tomando perfiles cada vez más agudos.

A finales de 1925, el general Primo de Rivera dio un giro a la situación, nombrando un gobierno compuesto mayoritariamente por civiles, institucionalizando políticamente la dictadura mediante el reforzamiento de la Unión Patriótica y la organización en 1927 de una Asamblea Nacional Consultiva.

Pretendía Primo de Rivera consolidar la dictadura mediante la implementación de actuaciones que asegurasen un cambio social. En este proyecto se sitúa la política de instrucción pública y la figura de Eduardo Callejo de la Cuesta. No faltaron objetivos reformistas en aquellos iniciales años del Directorio Civil.

Pero tales intentos de reformar chocaron tempranamente con la interpretación que se daba al cambio por parte de los representantes de la oposición. Una oposición que fue creciendo y en la que algunos católicos del momento trataron de mostrarse innovadores y tolerantes, empeñándose en una tarea que se manifestó en una reflexión religiosa de distinto talante y en proyectos pedagógicos que no lograron, por otra parte, limar asperezas entre contrarios.

Eduardo Callejo, al frente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, intentó introducir planteamientos educativos renovadores. En el terreno socioeducativo y en el período de (1925 a 1930) se reconocen varios escenarios polémicos, reflejo, sin duda, de las inquietudes de la sociedad del momento.

Los enfrentamientos que subyacían en materia de enseñanza obedecían a las diversas ópticas ideológicas existentes. La Iglesia, que había mantenido hasta entonces un pulso con los liberales, no deseaba perder su influencia en la educación de cuño católico, fórmula que pretendía utilizar en aras de recatolizar a buena parte de la sociedad española cuya preferencia por los colegios privados, casi todos dirigidos por religiosos, era bien conocida. Perdió en cambio su influencia en el cada vez más desarrollado mundo de los trabajadores, que se alejaron de la Iglesia y la fustigaron de diversos modos. Grupos elitistas social y culturalmente siguieron los postulados de la Institución Libre de Enseñanza, apartándose de la enseñanza confesional e interviniendo, bajo la tutela de los liberales, en la política educativa de los años anteriores a la dictadura, por lo cual su oposición al Directorio en la segunda mitad de los años veinte era rotunda.

Otras tendencias más radicalizadas se esforzaban en promover otro tipo de educación, aunque siempre tuvieron en España un menor seguimiento social. En este contexto de difícil entendimiento, la legislación primorriverista, de la mano de Callejo, facilitó, si no alentó, la vieja polémica que trascendía la escuela y llegaba al terreno de las creencias y del pensamiento.

La dictadura, en tanto que defensora de un orden sociopolítico que representaba específicamente una “masa burguesa neutra”, estaba, como ha señalado E. González, ávida de una prosperidad en la que emergía la antigua burguesía vinculada a la aristocracia y, en cualquier caso, unida a pingües negocios.

En materia de enseñanza, el Gobierno trataba de recuperar valores cristianos que la corriente laicizadora anterior había pretendido enmascarar con mejores o peores resultados. Pero cabe subrayar, como señaló C. Serrano, que la religión en la etapa primorriverista apareció también como un “recurso, como una ultima ratio regis”, que protegía y unificaba a las fuerzas entonces en el poder. Igualmente se ha barajado esta conducta como propia de un eje clericomilitarista que asume el poder y pretende conservarlo.

Conducta avalada por el Somatén Nacional o por la misma Unión Patriótica. Fuera cual fuese la finalidad buscada, la realidad favoreció la reforma educativa emprendida hasta consolidar, especialmente, el llamado “Plan Callejo”.

Los programas de instrucción nacional favorecieron el descenso del alto analfabetismo existente. Se multiplicaron las escuelas a tenor del amplio crecimiento demográfico de aquellos años. Los estudios de Magisterio, sin embargo, no recibieron el mismo impulso, incluso se dejó en suspenso el antiguo Plan Bergamín de 1914, que había desarrollado la formación pedagógica de los maestros, si bien con distinta filosofía que la del nuevo Ministerio Callejo. Debe reconocerse que en aquellos pocos años se realizó un indudable esfuerzo gubernamental por mejorar la escuela pública que todavía arrastraba signos de un deterioro que Luis Bello denunció en sus conocidas publicaciones. Denuncia que traslucía igualmente un enfrentamiento de clase, ya que se abordaba un tema como era el de “cultura de elite/cultura de masas”, entre escuela confesional/escuela neutra y hasta el de escuela para ricos/escuela para pobres. En esta etapa se crearon las direcciones de Enseñanza Superior y de Secundaria (Real Orden de 18 de diciembre de 1925) y se dio luz verde al proyecto de una Ciudad Universitaria en Madrid (Real Decreto-Ley de 17 de mayo de 1926). Los institutos de segunda enseñanza vieron remodelados los estudios de bachillerato que se planteó en dos etapas: la del bachillerato elemental y la del universitario; se separaron los estudios de Ciencias de los de Letras; por entonces comenzaron a ser realidad los institutos femeninos.

Desde el Ministerio de Instrucción Pública emprendió Callejo, al mismo tiempo, la reforma de las universidades como una de las empresas de mayor urgencia. De ahí que el ministro abogase por revitalizar la universidad que decía, literalmente, “estaba enferma” y por ello había que poner todos los medios para mejorar su situación (discurso pronunciado en 1928). En este sentido se planteó la cuestión de la autonomía universitaria en términos que no convencieron plenamente. Desde el punto de vista legislativo, el 9 de junio de 1924, se aprobó un Real Decreto por el que se reconocía el interés público de universidades y facultades y se les otorgaba personalidad jurídica propia. Entre los reales decretos que Callejo presentó para su aprobación casi de inmediato, cabe señalar el de 21 de mayo de 1926 por el que se consolidaba la Junta para Ampliación de Estudios, hechura de la corriente institucionista (Institución Libre de Enseñanza) y que tanto prestigio había adquirido en años anteriores. La medida fue bien recibida, pero buena parte de los universitarios rechazaron los cambios introducidos, debido a que entre las transformaciones efectuadas se imponía un tiempo limitado a los cargos de vocal de la Junta y se daba paso a un intervencionismo ministerial hasta entonces inexistente. En el fondo lo que se pretendía era recortar el casi omnímodo poder que se había otorgado a la Junta en etapas previas a la dictadura. Otro Real Decreto de 25 de junio de 1926 modificó el Consejo de Instrucción Pública que había creado el ministro Silió en su día (14 de octubre de 1921).

A tenor de lo señalado, podría decirse que la célebre “guerra de ideas” tomó nueva fuerza y mantuvo el carácter pedagógico de otras etapas, inspirada, una vez más, por intelectuales, profesores y estudiantes universitarios.

A este ambiente contribuyeron medidas tomadas por la dictadura como la clausura del Ateneo de Madrid, el destierro de Miguel de Unamuno a Fuerteventura y la subsiguiente respuesta de algunos catedráticos de la Universidad española. Cuando Callejo se hizo cargo del ministerio, existía ya un cierto desencanto respecto a las cuestiones universitarias. Se hicieron patentes, siguiendo las pautas de la política global dictatorial, los estrechos cauces de expresión y de libertad de pensamiento que reflejaban las reformas educativas primorriveristas, en relación con las expectativas de la comunidad universitaria.

La presentación a dictamen, el 14 de febrero de 1928, del Proyecto de Bases para la Reforma Universitaria no fue bien acogida: se daban pasos en cuanto a la descentralización, pero no se reconocía la plena autonomía. En 19 de mayo de 1928, el Consejo de ministros aprobó el Real Decreto-Ley que confirmaba la reforma de la enseñanza superior. En el texto se determinaba que los centros privados de carácter universitario, es decir, los colegios de El Escorial, dirigido por agustinos, y el de Deusto, gestionado por jesuitas, equiparaban la validez de sus enseñanzas a las de los centros públicos. Tal medida levantó protestas de enorme magnitud entre determinados grupos de profesores y estudiantes. Recuérdese la fuerza de arrastre de la Federación Universitaria Escolar (FUE), organizada en 1927. A este clima de enfrentamiento vino a sumarse la supresión de la Universidad de Murcia, el 4 de febrero de 1929, por carecer de un número suficiente de estudiantes. Inquietud y rechazo produjo también el decreto que regulaba la continuidad de la carrera académica de los cadetes de Artillería al terminar sus estudios. Sh. Ben-Ami señala que fueron los estudiantes de Ingeniería y los de Arquitectura los que rechazaron la medida, sabedores del exceso de títulos que ello supondría, pese al crecimiento económico del país y la necesidad de profesionales en esas materias.

Las agitaciones del curso 1928-1929 posibilitaron nuevas protestas estudiantiles, especialmente contra los afiliados a la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, con motivo de la celebración de la fiesta de Santo Tomás, momento en que Callejo quiso mediar sin lograrlo. La política dirigista de la dictadura repercutió en la falta de entendimiento del ministro con las autoridades académicas y con los estudiantes.

La crispación en torno a la cuestión universitaria iba en aumento. Las celebraciones en 1929 de las Exposiciones Universal en Barcelona e Iberoamericana en Sevilla, así como la reunión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones en Madrid, presagiaban el brote de nuevas agitaciones. La delicada situación del momento evidenciaba el fracaso político de la Unión Patriótica, que a su vez comprometió los logros económicos y las reformas educativas. Como P. Laín mantuvo, en España, a finales del año 1928, se hizo imposible el entendimiento social. Se buscaba una transformación de aquella realidad, ya que en el país, en 1929, “la vida se hizo pura y absoluta inquietud”.

La tensión creció hasta el punto de que Primo de Rivera tuvo que ceder ante las presiones de los estudiantes y las no menos interesadas peticiones de los empresarios y comerciantes que veían deteriorado el clima social español hasta el punto de temer por sus propios negocios. Así, el Gobierno hubo de derogar el polémico artículo 53 de la Ley Universitaria referente a los centros superiores privados e igualmente se revocó la desaparición de la Universidad de Murcia.

Eduardo Callejo de la Cuesta tuvo que seguir los dictados de una realidad que ponía fin a lo que pretendidamente quiso ser un “paréntesis” en la vida nacional.

 

Obras de ~: El contrato del trabajo, discurso leído en el acto del grado de doctor en Derecho, Valladolid, Jorge Montero, 1899; Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1922-1923, en la Universidad de Valladolid, Cuesta, 1922; Relaciones del derecho positivo con el derecho natural, discurso leído el 31 de mayo de 1948 en su recepción pública en la Academia de Jurisprudencia, Madrid, [s. n.], 1948.

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Mercedes Samaniego Boneu