Enrique III. El Doliente. Burgos, 1379 – Toledo, 25.XII.1406. Rey de Castilla.
Hijo de Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón, este monarca de Castilla murió joven, y por su naturaleza enfermiza fue apodado el Doliente. Cuando muere Juan I en octubre de 1390 la situación del reino es catastrófica. Las relaciones con Portugal se sostenían en una frágil tregua que requería confirmación y la situación con Inglaterra era precaria. La guerra había dejado sin recursos la hacienda real y la situación interna estaba plagada de revueltas.
En 17 de septiembre de 1388 se casó con Catalina de Lancáster, hija de Juan de Gante, duque de este título, y nieta, por parte de su madre, de Pedro I de Castilla. Este matrimonio se había realizado en virtud del Tratado de Bayona de 22 de julio de 1388. El matrimonio hubo de ser confirmado más adelante por la escasa edad de los contrayentes. La minoría de Enrique III, que dura tres años aproximadamente, es turbulenta, pero no estéril. Ya el propio Juan I había dejado claro que no era posible confiar a su segunda esposa, la joven reina Beatriz, de tan sólo dieciséis años, la regencia. Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, había tenido buen cuidado de ocultar la muerte de Juan I hasta que el niño fue reconocido como Rey. Se hacía preciso designar una regencia, y para ello fueron convocadas las Cortes de Madrid de 1391.
En una reunión del Consejo previa a las Cortes, Pedro Tenorio, que había ocultado el testamento hecho por el Monarca difunto en 1385, antes de la batalla Aljubarrota, defendió la designación de una tutoría compuesta por una, tres o cinco personas, con arreglo a lo determinado por las Partidas. La opinión general era, sin embargo, la de una regencia múltiple que funcionase como una delegación y representación de las Cortes, cuestión que no agradó a Pedro Tenorio; primero, porque una regencia personal siempre contaría con él, mientras que en un consejo amplio, su influencia quedaría mermada; y segundo, porque teniendo en cuenta que se trataba de ejercer el poder real durante años, una asamblea numerosa, donde el acuerdo fuera difícil de alcanzar, no parecía lo más idóneo.
Las Cortes de Madrid significaron el asentamiento de la regencia sobre el Consejo dominado por la nobleza, aunque sin olvidar la representación total del reino para acabar con las dudas sobre su legitimidad. La primera medida de las Cortes fue de tipo populista, al actualizar la moneda que desde Briviesca en 1387 había creado numerosos recelos, puesto que a la “blanca” no se le daba el mismo valor en todo el territorio. La cuestión quedó zanjada al establecer la equivalencia de un real de plata al de tres maravedís, y éste al de dieciocho blancas. Esta y otras medidas de carácter monetario fueron una victoria de la pequeña nobleza capitaneada por el arzobispo de Santiago.
En el Ordenamiento de Cortes de 31 de enero de 1391 se decide que la mejor forma de regir el reino durante la minoridad del Rey es un consejo. Se decidió constituir una diputación de veinticinco personas, once ricos hombres y caballeros y catorce procuradores de las ciudades, que se encargarían de hacer las designaciones y redactar las normas. Así pues, fueron designados: Fadrique Enríquez, duque de Benavente; Alfonso de Aragón, marqués de Villena; Pedro, conde de Trastámara; Pedro Tenorio, y Juan García Manrique, arzobispos respectivamente de Toledo y de Santiago; los maestres de las Órdenes de Calatrava y Santiago (Gonzalo Núñez de Guzmán y Lorenzo Suárez de Figueroa) y ocho procuradores de las ciudades. Pedro Tenorio, descontento por un consejo tan numeroso y basándose en principios jurídicos sobre los nombramientos, se negó a jurar, se apartó de la Corte marchando a Alcalá de Henares y comenzó a enviar a las ciudades copias del testamento de Juan I, en el que, designando una comisión de regencia muy semejante a la formada en las Cortes, se excluía al duque de Benavente. Fue éste entonces quien se apartó del Consejo, al enfrentarse a la pequeña nobleza y al arzobispo de Santiago y se unió a Pedro Tenorio y al maestre de Calatrava. De esta forma, trataban de dar a entender que rechazaban la legitimidad del Consejo. En realidad se trata de dos concepciones muy diferentes de la potestad y autoridad reales: de un lado, los que daban preferencia a la voluntad del Monarca, expresada en su testamento; de otro, los que pensaban que es el reino, en caso de vacante, quien genera el nuevo principio de autoridad. Se formaron dos bandos.
El presidente del Consejo, Juan García Manrique, arzobispo de Santiago, procuró consolidar su postura en el plano internacional con embajadas al Papa, a Inglaterra y Francia, pero sin mucho éxito. Mientras tanto, se negociaba con Pedro Tenorio, pero también sin mucho éxito. Las Cortes se clausuraron el veinticinco de abril con las negociaciones todavía en marcha, aunque el Consejo conservó la legalidad de su parte. Leonor de Navarra hizo valer su intervención concertando entre los dos partidos una entrevista en Perales. Allí se acordó la aceptación del testamento del Monarca difunto, añadiendo a los regentes en él consignados, el duque de Benavente, el conde de Trastámara y el maestre de Santiago. Una regencia de nueve miembros. Por otra parte, el Consejo, que no se disolvió, acompañaba al Rey a todas partes, e incluso ponía documentos a la firma del Monarca. La entrevista de Perales había de ser ratificada en las Cortes de Burgos de 1392, pero éstas se presentaban turbulentas. Los regidores de Burgos elevaron un plan para mantener la paz en la ciudad y asegurar el éxito de las Cortes. Así, a cada partido se le instaló en un lugar diferente y se negoció con cada uno por separado para conseguir un acuerdo previo, de tal manera que las sesiones de Cortes sólo tendrían un carácter formal. Pero el conde de Benavente y el arzobispo de Santiago entraron con las armas, lo que provocó que se pidiera que abandonaran todos la ciudad, quedando en ésta el Rey. La situación tardó en resolverse una semana. En Burgos se analizaron por parte de dos equipos de juristas, uno por cada bando, el testamento, la concordia de Perales y el resto de los argumentos. Se decidió que la regencia se formaría por un Consejo, cuyos componentes se decidirían por las Cortes.
Esa imposición significaba una amenaza para el monopolio político que la nobleza había conseguido establecer. Leonor de Navarra advirtió que tal proposición daría a los ciudadanos, el tercer estamento, una superioridad tal que sus opiniones serían las que realmente se tendrían en cuenta. Había que elaborar un plan para que los dos primeros estamentos tuvieran ocho votos, frente a los seis de los ciudadanos. Se hizo la propuesta de establecer dos turnos de siete personas por turno. Si eclesiásticos y nobles permanecían unidos, serían los dueños del Consejo. Pero las rencillas, ataques y sospechas hicieron que los acontecimientos se precipitaran. Al final los procuradores decidieron, con amplia mayoría del estamento ciudadano, mantener el testamento del difunto Rey. De hecho se produjo entonces una situación de verdadera guerra civil. Juan Hurtado de Mendoza “el limpio” pasó a formar parte del Consejo. Salió de la prisión Alfonso Enríquez, el turbulento conde de Noreña, y exigió la entrada en la regencia. A pesar de las compensaciones económicas que les fueron ofrecidas, tanto él como el duque de Benavente, abandonaron la Corte. Por otra parte, Pedro Tenorio había chocado con los demás miembros de la regencia que incluso le habían puesto en prisión y arrebatado Talavera, Uceda y Alcalá. El arzobispo de Toledo, haciendo uso de las facultades que la ley canónica le otorgaba, pronunció un entredicho sobre la diócesis de Zamora, Palencia y Salamanca.
El legado pontificio, ausente de Castilla, no mostró oposición. Juan García Manrique, arzobispo de Santiago, no se tomó la condena en serio y consiguió aislar a Tenorio, que terminó encarcelado. La vuelta del legado pontificio a Burgos en junio de 1393, supuso que Enrique III tuviera que pedir perdón en la catedral por todos los pecados cometidos. Enrique III, en las Huelgas de Burgos (1393) decidió tomar por sí mismo las riendas del gobierno. Faltaban dos meses para su mayoría de edad.
La regencia tuvo que solucionar diversos problemas que surgieron tanto en política interior como exterior. El Consejo asumió la dirección de la política exterior una vez acabadas las Cortes de Burgos y tras trasladarse a Segovia, designando procuradores para la nueva negociación con Portugal, Navarra, Avignon, Granada e Inglaterra. Con Granada estuvo a punto de abrirse un conflicto tras la muerte repentina de Yūsuf, sucesor de MuÊammad V, sin que se confirmasen las negociaciones para una nueva tregua. MuÊammad VII amenazó Murcia, pero la razzia se solucionó de forma favorable a Castilla. También se firmaron acuerdos con los comerciantes genoveses, en el sentido de que los castellanos no tendrían preferencia a la hora de descargar sus barcos en Sevilla, ni podrían hacer reclamaciones sobre asuntos anteriores a la firma del acuerdo.
Las relaciones con el duque de Lancáster fueron el principal escollo, ya que no se había pagado la renta anual de 40.000 francos fruto de los acuerdos del Tratado de Bayona, pero se pudo hacer frente a la deuda utilizando las rentas de beneficiados extranjeros que las Cortes de Burgos habían confiscado. En cuanto a las relaciones con Portugal, el Consejo no pudo sino aceptar las condiciones de la tregua presentada en Sabugal en 1393 que prorrogaba la anterior otros quince años, otorgándose libertad de comercio entre ambos países.
En cuanto a la política interior, lo más llamativo del período de regencia fueron las matanzas de judíos en 1391. En aquella fecha fatídica, se unió a la debilidad de una minoría, el fallecimiento en 1390 del arzobispo de Sevilla Pedro Gómez Barroso que convirtió provisionalmente al arcediano de Écija, Ferrán Martínez, en la única autoridad eclesiástica en aquella diócesis provocando con sus fanáticos sermones antijudíos una serie de motines en diversas ciudades andaluzas, comenzando por la propia Sevilla. Las matanzas de Sevilla llegaron a conocimiento de los regentes, que estaban con el Rey en Segovia, y ordenaron a los concejos que tomaran las medidas necesarias para salvaguardar la vida y hacienda de los judíos, que eran propiedad del Rey. Pero en una clara demostración de la falta de autoridad de aquel Consejo, ni siquiera la propia Segovia se libró de algunos coletazos de la marea antijudía. En Castilla las matanzas fueron mucho menores que en la Corona de Aragón, y en el valle del Duero fue más el miedo que los hechos, pero fue suficiente para que se produjera un gran número de conversiones, y que algunas juderías desaparecieran para siempre. Tras su mayoría de edad, Enrique III restableció en 1393 el estatus judío invocando las antiguas tradiciones, pero aplicó de manera decidida las disposiciones conciliares en relación con la residencia obligatoria de los judíos en barrios señalados, la generalización del uso de la rodela bermeja, y la supresión de los antiguos privilegios judiciales.
No se puede pensar que la declaración de mayoría de edad convirtiera a Enrique III en Rey de hecho. Lo que sí podía era consumar el matrimonio, haciendo irreversible el Tratado de Bayona. El acontecimiento era importante, puesto que se cerraba la fisura abierta con la muerte de Pedro I y el matrimonio suplía los defectos que la legitimidad de origen pudiera planear sobre su persona. Había paz, pero también había pobreza en el erario público, como quedó demostrado en las primeras Cortes que inauguraban su reinado al aprobarse sin votación la percepción de moneda. En 1393, Enrique III se encuentra ante una gran inestabilidad interna agravada por las recientes matanzas de judíos. Las ambiciones de los nobles no se calmaron con el gobierno personal del Rey. De esta forma, el reinado de Enrique III fue una constante lucha para mantener el orden y el ritmo de reconstrucción interna, intentando modernizar las estructuras de la monarquía castellana, y sosteniendo el equilibrio exterior. El primer gesto del Monarca fue el de convocar Cortes, como era la costumbre, pero no inmediatamente, sino para finales de año. La razón de dicho retraso puede encontrarse en la necesidad de Enrique III de acudir a Vizcaya para prestar juramento y ser reconocido como señor natural de esa tierra. La pérdida del control de Asturias a causa del retorno del conde de Noreña, daba esa importancia a Vizcaya, señorío integrado al patrimonio de la Corona desde 1375, y que proporcionaba suculentos beneficios comerciales. Pero según la costumbre no hay señor en Vizcaya hasta que el titular personalmente acude a tomar posesión y jurar los fueros y libertades; por consiguiente, no se consideraban obligados a pagar los pechos de los últimos tres años. El Rey juró observar las libertades, privilegios y fueros; los vizcaínos habían “tomado” señor. Pero Vizcaya no era un señorío homogéneo. Así en las Cortes de Madrid de 1393 se empezaron los trámites para constituir una Hermandad que sirviera como vehículo de pacificación y de sometimiento de los linajes de hidalgos.
Ante las Cortes se hizo una confirmación de las decisiones y actos realizados por la Regencia en política exterior: estrecha alianza con Francia, apoyo al Papa de Avignon, cumplimiento de los acuerdos con el duque de Lancáster, apertura de las relaciones comerciales con Inglaterra, treguas generales prorrogadas con Portugal. También en el orden interno, se otorgaron rentas a Leonor de Navarra, al conde de Noreña y al de Trastámara, sustituyendo las que el Consejo de Regencia les había reconocido. Al mismo tiempo, el Monarca lucha en el interior. Él supo comprender que los dos principales elementos de discordia eran su tío Alfonso Enríquez y Leonor, esposa de Carlos III de Navarra. En un mismo año acabó con ambos. Leonor de Navarra aducía problemas de seguridad, y que temía por su vida, para no regresar a Navarra. Ante este hecho el Consejo recabó la opinión de los prelados de Palencia y Zamora, quienes concluyeron que dadas las seguridades ofrecidas exigía la obligación de devolver a Leonor a Navarra. Así, se obligó a la infanta a regresar al lado de su marido.
El otro problema era Alfonso Enríquez en Asturias. Éste se refugió en Gijón, un pueblo casi inexpugnable. El Monarca y el rebelde llegaron al acuerdo de someterse al arbitraje de Carlos VI de Francia. Éste se encontró en una posición difícil y muy comprometida. No le convenía generar un nuevo enemigo, pero tampoco herir a un aliado como el Rey de Castilla. Se negó a dar sentencia ya que carecía de la información necesaria y propuso una prórroga de seis meses. Pero el conde de Noreña expuso sus razones en París: se le había despojado de sus tierras, no tenía otro deseo que servir al Rey, y Castilla había abandonado la amistad de Francia y la había sustituido por Inglaterra. Carlos VI se negó a dictar sentencia, y recomendó al conde que se sometiera a Enrique III. La crisis se resolvió por sí sola. Gijón, incendiado y abandonado por sus defensores, dejó de ser un peligro para Enrique III.
Entre 1395 y 1399 Enrique III dedicó su atención a los asuntos interiores reorganizando la Administración. La reordenación interna favoreció a los nobles debido a los reajustes en sus propiedades y señoríos. La caída de los parientes del Rey puso en manos de Enrique III un gran número de estados señoriales, disponibles para ser entregados a los nobles como remuneración. Los nobles tenían conciencia de que dentro de la comunidad humana que formaba el reino ellos eran una minoría superior por su origen y forma de vida. El sostenimiento de esta forma de vida correspondía mayoritariamente a las rentas, y en menor proporción al comercio. Las transformaciones sociales del siglo XIV habían propiciado que los sectores más elevados del tercer estado quedaran asimilados en muchos aspectos a la nobleza, y reclamaron la exención de tributos. Las Cortes de Toro de 1398 dictaminaron que hidalguía era una condición hereditaria que poseían únicamente los de solar conocido, esposas y viudas, pero no las hijas que casasen con no hidalgos.
Otra característica del reinado de Enrique III es una tendencia a afirmar la independencia en la administración de justicia. El Rey no quería modificar las atribuciones de los jueces locales, en los concejos y los señoríos, pero reforzó el sistema de alzadas y la intervención de los altos funcionarios reales. Con esto, lo que pretendió fue más eficacia. En 1396, la institución de los corregidores fue entendida por la nobleza como un fuerte golpe, pero a los ojos de los ciudadanos eran funcionarios reales encargados de poner orden donde éste faltaba. Ubicó la Audiencia Real o Chancillería en Valladolid, acometiendo una depuración entre jueces y oidores.
La postura de Castilla frente al Cisma había venido marcada por la relación mantenida con Francia durante la Guerra de los Cien Años. Tras la muerte del Papa en Avignon, Clemente VII en 1394, eligió al aragonés Pedro de Luna que tomó el nombre de Benedicto XIII. La Universidad de París ya había elaborado un informe con las tres vías posibles para solucionar el escándalo que representaba la dualidad papal. En 1395 los duques de Berry, Borgoña y Orleans, presionaron a Benedicto XIII a fin de acelerar una solución, lo que causó la protesta de Castilla. Sin embargo, en 1397, se sumó a la embajada francesa e inglesa, la cual obtuvo un rotundo fracaso. Castilla, siguiendo el ejemplo francés, en una asamblea del clero reunida en Alcalá de Henares el 13 de diciembre de 1398, hacía pública la decisión de sustraer obediencia a Benedicto XIII. Igual que ocurriera en Francia, no se trataba de si Benedicto XIII era o no verdadero Papa; lo que se atacaba era el principio mismo de la autoridad pontificia. A ello había que sumar la protesta que en las Cortes de Madrid de 1393 habían realizado los procuradores de las ciudades contra el número excesivo de extranjeros que eran designados para los beneficios eclesiásticos de Castilla. Por ello, y para impedir la salida de oro y plata, Enrique III embargó todos los bienes de estos beneficiados extranjeros. El Papa solicitó que se levantase el embargo, pero la muerte del Pontífice, en 1394, había interrumpido estas negociaciones. Sin embargo, esta sustracción de obediencia era una situación insostenible, debido a que tanto en Castilla como en Francia estaban naciendo Iglesias autocéfalas rígidamente sometidas a los deseos de la Monarquía. En Castilla se publicaron unas ordenanzas para la administración de las iglesias, que las ponía en manos del Rey; los beneficios serían cubiertos por designación episcopal, y las abadías por elección de los monjes; el nombramiento de obispos quedaba a discreción del Soberano. También hubo desilusión entre quienes esperaban que la sustracción aliviara la recaudación de tasas y otras contribuciones económicas: las autoridades laicas eran más exigentes que las apostólicas.
Tras la muerte de Pedro Tenorio en mayo de 1399, van a ir ganando posiciones los partidarios de la restitución dirigidos por Pablo de Santa María. El fracaso de la sustracción estaba próximo. A pesar de la amistad entre Castilla y Francia, Enrique III mantenía contactos con Martín I en Aragón. Ambos Monarcas habían contemplado cómo el malestar entre el clero imponía una pronta restitución de obediencia. Así, en 1401 Enrique III volvió a someterse a Benedicto XIII, aunque el acto público, tal y como exigía el Papa no se celebró hasta el 29 de abril de 1403 en la Colegiata de Santa María la Mayor de Valladolid. La sustracción terminaba en fracaso.
La paz concertada con Juan I de Portugal en 1393, duró poco tiempo. Los regentes de forma precipitada se comprometieron a liberar sin rescate todos los prisioneros y a estudiar las indemnizaciones que debían pagarse por los casos de violación de la tregua. Pero estos prisioneros portugueses eran muchos y en la mayor parte de los casos en paradero desconocido. Por otro lado, la deuda adquirida con Portugal debía ser aplazada hasta que no se pagara la contraída con el duque de Lancáster. Todo esto hizo entender a Portugal que tenía derecho a ejecutar represalias. Así pues, en 1396, este Monarca rompió súbitamente las hostilidades, tomando a Badajoz por sorpresa y haciendo prisionero al obispo. Aun cuando los portugueses conquistaron más adelante Tuy, la guerra fue, en general, desfavorable para ellos, pues mientras el almirante Diego Hurtado de Mendoza se adueñaba del mar, Ruy López Dávalos obligaba al enemigo a levantar el cerco de Alcántara y conquistaba Miranda de Duero. Las pérdidas sufridas por ambas partes superaban ya el montante global de las indemnizaciones anteriormente reclamadas; además, el comercio con los genoveses y con Inglaterra estaba sufriendo graves pérdidas por los ataques marítimos en la zona del Estrecho y en Galicia. Fueron los comerciantes genoveses quienes tomaron la iniciativa para una nueva negociación de paz. Así, a partir de diciembre de 1398, se fueron negociando treguas sucesivas, pero el interés se centraba en conseguir un tratado de paz; las negociaciones no prosperaron al considerar los castellanos inaceptables las condiciones portuguesas.
El 15 de agosto de 1403 se firmó una tregua por otros diez años. Sólo desde entonces pudo Enrique III atender al problema de Granada. Aun cuando las treguas con este reino se mantienen, una serie de incidentes van agriando las relaciones. En 1394, un portugués “desnaturado”, Martín Yáñez de la Barbuda, maestre de Alcántara, invadió el Reino de Granada en plena paz y sufrió una derrota que le costó la vida. En 1397, fray Juan Lorenzo de Cetina y fray Pedro de Dueñas, intentaron predicar el Evangelio en el reino moro y fueron degollados. Desde 1406 la tregua se rompe a causa de los granadinos que invadieron el Reino de Murcia. El cruce de embajadas granadinas y castellanas hacía entrever la firma de una tregua que debía durar dos años. Pero MuÊammad VII no quiso o no pudo controlar a los suyos que en plenas negociaciones intensificaron los ataques. Los cristianos se defendieron bien en todas partes y aun cuando perdieron Ayamonte, obtuvieron una victoria cerca de Baeza en la batalla llamada de “los Collejares” (1406).
La política de Enrique III alcanza una extensión insospechada, índice de la vitalidad de Castilla. Una escuadra castellana destruyó Tetuán en 1400, que era un nido de piratas. El famoso Pero Niño, conde de Buelna, verificó un crucero por el Mediterráneo en busca de piratas musulmanes. En 1404, dos franceses, Juan de Bethencourt y Gadifer de la Salle, tomaron posesión de las principales islas Canarias, con subsidios y bajo la soberanía castellana. Pero acaso lo más curioso de su política exterior sean las dos embajadas a Tamerlán, muestra de una preocupación por el avance de los turcos, muy natural en aquel tiempo. La primera estuvo formada por Payo Gómez de Sotomayor y Hernán Sánchez de Palazuelos. Asistieron a la batalla de Angora y regresaron con suntuosos regalos. La segunda, compuesta por Ruy González de Clavijo, fray Alonso Páez de Santa María (OP) y Gómez de Salazar, asistió a los últimos momentos de la vida de Tamerlán y nos es conocida a través de una sugestiva relación escrita por Ruy González. El 14 de noviembre de 1401 Catalina de Lancáster dio a luz una niña, María. Este nacimiento alejaba al infante Fernando, que hasta entonces había actuado como heredero reconocido del Trono. Desde luego no se iba a resignar a ser desplazado de forma radical. Pero las esperanzas de asumir el trono se desvanecieron definitivamente en 1405, cuando Catalina dio a luz al que sería Juan II.
La monarquía de Enrique III se caracterizó por un fuerte centralismo, haciendo del Consejo un verdadero órgano de gobierno en manos de algunos linajes privilegiados, que se repartían los oficios: la justicia para los Stúñiga, la mayordomía para los Mendoza, condestables son los Dávalos, camareros los Velasco... La confirmación de heredero se produjo en las Cortes de Valladolid de 1405, cuando la enfermedad del Rey hacía prever un cambio en la titularidad de la Corona. Ello permitió a las Cortes recuperar el protagonismo perdido desde 1393.
Enrique III murió el 25 de diciembre de 1406. Por utilizarse entonces la era de la Natividad, era aquél el primer día del año; ésta es la razón por la que en muchos libros se da el año 1407 como fecha de su muerte. Enrique III había convocado Cortes para atender a los gastos de la guerra musulmana cuando murió. Al infante don Fernando le correspondería terminar el avance.
Bibl.: G. González Dávila, Historia de la vida y hechos del rey don Henrique Tercero de Castilla..., Madrid, Francisco Martínez, 1638; L. Suárez Fernández, “Problemas políticos de la minoridad de Enrique III” y “Nobleza y monarquía en la política de Enrique III”, en Hispania, XII (1952); E. Mitre Fernández, “Enrique III, Granada y las Cortes de 1406”, en VV. AA., Homenaje al Excmo. Sr. D. Emilio Alarcos García, vol. II, Valladolid, Universidad-Facultad de Filosofía y Letras, 1965; F. Pérez de Guzmán, Generaciones y Semblanzas, ed. de R. B. Tate, Londres, Tamesis Books Limited, 1965; E. Mitre Fernández, Evolución de la nobleza de Castilla bajo Enrique III (1396-1406), Valladolid, Universidad, 1968; “Cortes y política económica de la Corona de Castilla bajo Enrique III”, en Cuadernos de Historia (Madrid), VI (1975); “Las relaciones castellano-aragonesas al ascenso al trono de Enrique III”, en Anuario de Estudios medievales (Barcelona), 17 (1987); P. López de Ayala, Crónica del rey don Enrique tercero de Castilla e de León, Barcelona, Planeta, 1991; F. Suárez Bilbao, “Enrique II, rey de León y Castilla. El Cambio Institucional (1391-1396)”, en Archivos Leoneses, 93 y 94 (1993); E. Mitre Fernández, Una muerte para un rey. Enrique III de Castilla (Navidad de 1406), Valladolid, Universidad, Ámbito, 2001.
María Teresa Martialay Sacristán y Fernando Suárez Bilbao
