Coloma y Escolano, Manuel. Marqués de Canales (II). Madrid, 11.IV.1637 – 3.XI.1713. Político, militar, embajador y consejero.
Manuel Coloma Escolano había heredado un título bastante reciente, el de marqués de Canales, creado por Carlos II en 1680 para su hermano primogénito, secretario entonces de Estado de Carlos II. De linaje originariamente catalán, pero de una rama riojana, Manuel Coloma era hijo de Pedro Coloma Navajas.
Natural de Navarrete (Logroño) y dedicado a la carrera administrativa, Pedro Coloma había casado en Madrid con Mariana Escolano y había ascendido hasta llegar a ser secretario de Estado de Felipe IV. El padre y varios de los hijos fueron caballeros de las órdenes militares; Manuel lo fue de Santiago desde los quince o dieciséis años, en atención a “los muchos y agradables servicios de su padre”; estudió como colegial mayor en Salamanca, fue alcalde de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid, oidor de la de Granada, fiscal en el Consejo de Órdenes, miembro de ese mismo Consejo mientras trabajaba en una embajada, enviado extraordinario en Holanda y consejero honorario de Castilla, embajador después en Londres.
Contrajo matrimonio con una hermana del príncipe Tserclaes de Tilly. En septiembre de 1703, siendo ya marqués de Canales y superando los sesenta años de edad, Felipe V le nombró secretario del Despacho Universal de Guerra, es decir, ministro de la Guerra.
Canales se convertía así en el primero de los ministros del rey absoluto en España, llamados a trabajar con el monarca despachando con él, a tener iniciativa y a asumir la responsabilidad en sus correspondientes áreas específicas. Iniciaba una nueva forma de gobernar, la del rey con sus ministros, frente al gobierno tradicional con los Consejos, irresponsables como cuerpos colegiados. De forma inmediata, la decisión de Felipe V en 1703 respondía a la necesidad de sacar adelante la Guerra de Sucesión y de defender el propio territorio frente a los ataques aliados. Así lo especificaba el nombramiento de Canales: se refería sólo los asuntos de guerra y mientras durase esta, “para que tengan más fácil y pronta expedición”. Ahora bien, el gobierno del rey con sus ministros resultó permanente por el fortalecimiento del poder del rey que se traducía en una mayor rapidez y eficacia en el gobierno, una mayor agilidad en la administración y una apertura a las reformas del siglo xviii.
Los Consejos no fueron suprimidos, aunque la figura de los ministros les hacía perder poder. Hasta entonces, el rey se había comunicado con ellos a través de sus secretarios, los secretarios del rey, reducidos a uno solo —Secretario del Despacho Universal— al llegar Felipe V a España. Tal secretario gozaba, inevitablemente, de influencia y hasta de cierto poder; pero, al carecer de iniciativa y de responsabilidad, su labor no era más que mecánica. Los nuevos ministros serían desde ahora el único vehículo entre el monarca y los Consejos. El secretario universal existente —Antonio de Ubilla, marqués de Ribas— quedaba, al ser nombrado Canales, como ministro de “todo lo más”, de todo lo ajeno a la guerra. Hasta terminar la de Sucesión no serían desdoblados los ministerios, aumentando desde entonces su número. De momento, Ubilla y Canales tuvieron que colaborar; quedan algunas notas —pocas— que así lo demuestran. Se hace preciso tener en cuenta, en cualquier caso, que cada ministro despachaba a solas con el Rey, y que éste fue siempre el único coordinador entre ellos. Su objetivo consistía en utilizar esos despachos para inclinar al monarca a tomar las decisiones que cada uno consideraba convenientes. En el caso de Canales, era muy grande la responsabilidad que asumía en 1703, la de hacer frente a una contienda para la que España no estaba entonces preparada. No estaba solo, sin embargo; trabajó secundado por el francés Juan Bautista Orry, enviado aquí desde 1701 para aumentar los recursos de la Hacienda española. Entendido no sólo en finanzas, sino también en cuestiones militares, tenía una fuerte capacidad de iniciativa; gozó siempre, además, de la confianza de Felipe V.
La actividad del nuevo ministro de la Guerra se centró inmediatamente en acelerar los reclutamientos y en organizar un ejército con el que prevenir la invasión aliada que se esperaba desde Portugal. Para ello era preciso disponer de recursos. De ahí que, el 2 de octubre de aquel año, fuera creada la Tesorería Mayor de Guerra; era independiente de la Tesorería General existente, adscrita ésta al Consejo de Hacienda, dependiente de su gobernador y en la que entraba el grueso de las rentas de la Corona. Al frente de la Tesorería de Guerra se puso a Juan de Orcasitas, conde de Moriana, financiero de origen vizcaíno seleccionado por Orry. El primer objetivo consistía en centralizar en esta tesorería todos los fondos destinados a las tropas del territorio español. No fueron demasiados al principio; pero irían creciendo a lo largo de los años a costa de los ingresados en la Tesorería General preexistente, de forma que en 1710 esta última apenas recibía ingresos. No era ése el único objetivo, sin embargo; se hacía también preciso disponer de un tesorero directamente dependiente del ministro de la Guerra, uno a quien poder dar órdenes de efectuar con rapidez los pagos militares más apremiantes, eliminando así la interferencia del gobernador de Hacienda. Hasta entonces era éste quien expedía las libranzas que autorizaban los pagos; además de los ordinarios, recibía órdenes del rey sobre otros nuevos, o sobre cuáles habían de ser los preferentes en cada momento. No resulta, pues, de extrañar el conflicto pronto surgido entre Canales y el gobernador heredado de la situación anterior, el conde de Estrella.
Estrella se vio desposeído de sus atribuciones sobre la distribución de caudales, quedando reducido a supervisar la recaudación; recibía órdenes continuas del ministro, redactadas siempre en nombre del rey, y le fue prohibido disponer, como era habitual, de los ingresos del año siguiente para atender pagos, como los intereses de los juros y otras deudas de la Corona, los de las Casas Reales, los inválidos o las viudas. Cuando osó protestar, la respuesta fue tajante: en nombre del monarca, como cualquier orden o despacho de los ministros, se le decía que su principal función consistía en obedecer. Es decir, que el hasta entonces poderoso gobernador del Consejo de Hacienda quedaba subordinado a quien despachaba a solas y habitualmente con el rey.
No podía ser fácil, desde luego, el engranaje de los ministros con los Consejos, y los primeros años habían de resultar cruciales, precisamente aquellos en que la urgencia de la situación bélica no permitía vacilaciones.
No sólo se aceleraron los reclutamientos, tema en el que se había hecho muy poco hasta la llegada de Canales. Había también que dar al ejército una organización nueva y más eficiente, y había que sanear las finanzas militares. Siguiendo el ejemplo francés de las últimas décadas, se fue poniendo fin a la laxitud existente en los pagos militares, laxitud capaz de elevar indebidamente los costes de la guerra.
De ahí que el tesorero mayor de Guerra quedara encargado de nombrar “pagadores” en cada uno de los ejércitos y en otros lugares donde se hiciera preciso; sólo estos pagadores recibirían el dinero enviado por el tesorero mayor, le rendirían cuentas mensuales y pagarían a los oficiales y soldados tras los recuentos y revistas pertinentes. Los “comisarios de muestras” y “veedores” encargados de esos recuentos serían nombrados por el ministro Canales. Las revistas de las tropas resultaban ahora imprescindibles para recibir los pagos; y sólo podrían ser realizadas por oficiales militares que merecieran la confianza del ministro de la Guerra. Los conflictos que pudieran surgir con alguno de los capitanes generales de los ejércitos españoles, como efectivamente sucedió, se solucionaron de la misma forma expeditiva que con el gobernador de Hacienda.
Al mismo tiempo, se fue reorganizando el ejército sobre la marcha, mientras se preparaba la invasión de Portugal, iniciada en marzo de 1704; esa nueva organización de las fuerzas regulares, que respondía básicamente al modelo francés, plasmaría en las Ordenanzas del 28 de septiembre de aquel año, modelo de las posteriores. La organización de los mandos seguía respondiendo ante todo a las Ordenanzas de Flandes de 1702, aunque variaran los nombres de algunos de ellos. Pero lo más importante es la reducción de los antiguos tercios españoles, de entre mil y tres mil hombres, a los nuevos regimientos, sólo de mil. Cada uno de esos regimientos, con un coronel y una plana mayor al frente, estaría compuesto por doce compañías de cuarenta o cincuenta hombres, cada una al mando de un capitán con un teniente y un subteniente; por razones de organización y disciplina, se reducía notablemente el número de soldados de las compañías, que en los antiguos tercios podía alcanzar los doscientos o doscientos cincuenta. Crecía el gasto en sueldos de oficiales, pero también lo hacía la eficacia. Aunque de momento había que contentarse con medios regimientos, o “batallones”, iban quedando sentadas las bases de la estructura definitiva.
La caballería se fue reorganizando de forma similar.
No sólo eran más estrictas las ordenanzas del marqués de Canales, sino que estaban orientadas a la creación del ejército permanente del que España carecía, y que surge a partir de entonces. Uno de los puntales de la reforma consistió en la creación de un auténtico cuerpo de oficiales controlados desde el ministerio de la Guerra. Canales esperó a los primeros días de marzo de 1704, cuando salía Felipe V de Madrid hacia Portugal, para publicar un Real Decreto que terminaba con la laxitud anterior en los nombramientos de mandos y oficiales militares. A partir de ese momento será el ministro de la Guerra quien decida todos los nombramientos y los ascensos, siempre en nombre del rey. No era sólo una medida de centralización y control para ir seleccionando un cuerpo eficaz de oficiales; se empezaba al mismo tiempo a vigorizar y prestigiar la carrera militar, como efectivamente sucedió en aquel reinado. Cuando se reciban protestas del Consejo de Guerra, que intervenía hasta el momento en los ascensos y nombramientos, mandará Felipe V responder, sencillamente, que ya tenía él nombrado ministro de ese ramo. Fue igualmente entonces cuando se inició la formación de cadetes en algunas de las compañías.
Canales puso también en marcha la formación de una fuerza auxiliar, las Milicias, que hasta entonces habían tenido una organización provincial, fuera del control central, y en las Ordenanzas del 1 de febrero de 1704 se conciben ya a nivel nacional.
Por otro lado, la mera existencia del ministro de Felipe V iba a provocar conflictos con el Consejo de Castilla, bastante más difíciles éstos de superar que los surgidos con el gobernador de Hacienda o con el Consejo de Guerra. Se produjeron durante la preparación de la campaña de Portugal, cuando se trató de obligar a los carreteros de la Real Cabaña a contribuir a los transportes masivos de cereales para las tropas, ignorando sus privilegios sin buscar la sanción del Consejo; se produjeron, ante todo, cuando se lanzó la convocatoria de los hidalgos a la guerra con una simple orden real, ignorando igualmente el trámite tradicional a través del Consejo de Castilla.
En ambos casos habría de dar marcha atrás el ministro, a quien no convenía dejar abierto un conflicto con el más poderoso de los Consejos, el de Castilla.
Éste era felipista, fiel a la nueva dinastía, pero había publicado siempre las pragmáticas, las reales cédulas, los decretos y reales órdenes. De ello dependía la obediencia de los tribunales, las autoridades territoriales y las locales. De forma que, aunque también pierde poder con la aparición de los ministros, lo hace menos que el resto. El rey podrá enviarle menos asuntos a consulta y más reales resoluciones, órdenes y decretos para que los publique, pero cumpliendo así los trámites tradicionales hasta el final del Antiguo Régimen.
El ministerio del marqués de Canales será breve. La campaña de Portugal no constituyó el éxito esperado; pero no fue ni mucho menos un fracaso. Sí lo fue, en cambio, la pérdida de Gibraltar, mientras el grueso de las tropas volvía de Portugal aquel verano de 1704.
La armada aliada gozaba de libertad de movimientos alrededor de nuestras costas, en contraste con la lentitud de movimientos de los ejércitos de Felipe V por tierra. Mal abastecida la escasa guarnición de la plaza y sin refuerzos, Gibraltar cayó el 4 de agosto. Con ella cayó Canales, muy a pesar de Felipe V, pero responsable como ministro de la Guerra en opinión de su poderoso abuelo Luis XIV. El monarca español tardaría cerca de un año en gobernar de nuevo con ministros, el de Guerra y Hacienda esta vez —reconociendo así lo inseparable de ambos campos— y el de “todo lo demás”. Al ser destituido, Canales fue nombrado por el rey consejero de Estado y gentilhombre de cámara, “atendiendo a los buenos y dilatados servicios que [...] ha hecho a la Corona y a la satisfacción mía con que los está continuando y espero los continúe”.
Es decir, que Felipe V no pensaba prescindir de quien había colaborado con él para inaugurar una nueva forma de gobernar, la del rey absoluto con sus ministros; quien había iniciado, además, la formación de un ejército permanente y bien organizado. En julio de 1705, al volver a sentirse dueño de la situación haciendo ministro de Guerra y Hacienda a José de Grimaldo y de “todo lo demás” al marqués de Mejorada, Felipe V añadió un nuevo nombramiento a los que ya tenía Canales. Le hizo “director de los negocios de la guerra”, porque necesitaba contar —decía el monarca— con las opiniones de alguien experto en asuntos bélicos. Era toda una rehabilitación, más que un simple nombramiento.
Como director de esos negocios de guerra, el marqués de Canales estuvo asesorando al ministro del ramo, José de Grimaldo, durante más de un año, especialmente sobre nombramientos militares y otros asuntos referentes a la organización del ejército. En enero de 1707 había sido ya sustituido por Fernando de Moncada, duque de San Juan, pasando él a ocupar la plaza de capitán general de Artillería. Fue el cargo que ocupó hasta el final de la Guerra de Sucesión y que le hacía, no sólo proporcionar la información que le iba pidiendo Grimaldo, sino también cumplir las órdenes que recibía sobre distribución de las armas y los medios artilleros existentes. Junto a Grimaldo, al duque de San Juan, y junto al mismo Orry mientras permaneció éste en España, fomentó la producción de nuestras fábricas de armas y de municiones frente a la importación de otras francesas.
A finales de 1713, cuando rondaba los setenta y cinco años de edad, se rumoreaba ya ser necesario nombrar otro capitán general de Artillería por estar Canales al final de sus días; pero un año después escribía aún a Grimaldo desde Cádiz comunicándole estar allí cumpliendo órdenes y dispuesto a seguir en el servicio del rey.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Secc. Estado, legs. n.º 259, 469, 664, 692; n.º 20, 696, 744, 772, 777, 791, 799, 825, 2002, 2426, 2343, 2835; n.º 23, 4844; n.º 7, 6403 (2) y 3456 (2); y lib. 696; Secc. Consejos, legs. 5240 y 9270; Secc. Órdenes Militares, Santiago, legs. 2012 y 2013; Calatrava, leg. 609 bis.
J. A. Portugués, Colección General de Ordenanzas Militares, sus innovaciones y aditamentos, Madrid, Imprenta de Antonio Marín, 1768; A. y A. García Carraffa, Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, t. 22, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1925; F. Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española (1521-1812), Madrid, Consejo de Estado, 1984, págs. 410; M. Artola, La Monarquía de España, Madrid, Alianza Editorial, 1999; R. Gómez Rivero, “Consejeros de Órdenes. Procedimiento de designación (1598-1700)”, en Hispania. Revista Española de Historia (Madrid), vol. LXII/2, n.º 214 (mayo-agosto de 2003), págs. 740; C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons, 2004.
Concepción de Castro Monsalve
