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Miguel María de la Nava y Carreño

Biografía

Nava Carreño, Miguel María de la. Madrid, 22.VIII.1703 – 29.X.1783. Gobernador del Consejo de Castilla, Caballero de la Orden de Calatrava.

Miguel María de la Nava Carreño era hijo de Matías de la Nava Mansilla, secretario real y contador mayor de Hacienda, y de Bárbara José Carreño, viuda de José Blasco de Orozco que, a su vez, también había sido consejero de Castilla. Por línea paterna entroncaba con una estirpe de administradores de la Monarquía que él mismo llevó a sus más altas cumbres al alcanzar el cargo de gobernador interino del Consejo de Castilla. En el plano personal se sabe que casó con Jacinta Manrique de Lara, oriunda de Madrid, y que este matrimonio no tuvo descendencia.

Recibido como colegial del Mayor de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid el 9 de septiembre de 1722, mes y medio antes de la concesión del hábito de la Orden de Caballería de Calatrava —el 30 de octubre de 1722—, desarrolló en el mismo la carrera típica, aunque no se conoce la fecha en que se licenció y, probablemente, se doctoró en dicha Universidad. Así, el 19 de junio de 1727 fue nombrado rector interino del Colegio de Santa Cruz, cargo que tuvo en propiedad desde el 29 de septiembre de 1732.

Su carrera administrativa comenzó con el nombramiento como fiscal del Consejo de Navarra y abogado del Real Patrimonio el 16 de octubre de 1732, tras ser consultado en primer lugar en la terna presentada por la Cámara de Castilla. Tras nueve años de servicio en Navarra, el 14 de mayo de 1741 fue nombrado, por decisión directa de Felipe V, sin consultar con la Cámara, alcalde de Casa y Corte. En los trece años que sirvió este oficio, llegando a ser decano de la Sala de Alcaldes, compaginó el cargo con una comisión en Murcia que le fue encargada por Felipe V y resolvió acertadamente, y la Asesoría del Real Sitio del Buen Retiro, para el que fue nombrado el 13 de octubre de 1751.

Tras ser, desde 1745, consultado reiteradamente por la Cámara de Castilla para diferentes cargos, finalmente el Rey le eligió —el 4 de agosto de 1754— como consejero del Consejo de Castilla, tras consulta tramitada el 1 de julio de 1754.

Como consejero de Castilla recibió a lo largo del tiempo una serie de nombramientos y prerrogativas de muy variado signo. Dentro de las competencias del Consejo, el 16 de julio de 1765 fue nombrado juez de Comisiones y el 2 de abril de 1767, juez de Montes, Plantíos y Sementeras de las veinticinco leguas alrededor de la corte. Pero los nombramientos no concluyeron ahí, pues intervino activamente en otros cargos de muy variado signo que estaban reservados exclusivamente a los consejeros de Castilla. Así, el 30 de diciembre de 1768 fue nombrado director de la Universidad de Cervera, el 4 de julio de 1769 se encargó del Juzgado de Imprenta, a la altura de 1774 era asesor de Cruzada, el 13 de mayo de 1775 se le designó protector del Monte de Piedad de Madrid, el 8 de abril de 1778 recibió los cargos de juez conservador de la Real Capilla de San Isidro y de las Memorias de la Emperatriz, y en noviembre de 1779 participó como miembro en una junta sobre una contribución extraordinaria de Guerra. De todos estos cargos, el más significativo fue su nombramiento el 21 de abril de 1766 como consejero del Consejo Extraordinario creado a consecuencia del Motín de Esquilache, siendo uno de los baluartes de la política antijesuítica encabezada por el conde de Aranda. Esta labor le dispensó el rápido nombramiento como camarista de la Cámara de Castilla el 9 de mayo de 1767.

Fuera del Consejo continuó su fluida relación con el ambiente cortesano, pues no sólo conservó la asesoría del Buen Retiro, sino que también fue nombrado, el 2 de abril de 1767, superintendente de los Reales Pinares de Balsaín.

Tan amplio historial en el Consejo de Castilla le llevó al Decanato de los consejeros y a ser nombrado, el 3 de abril de 1783, gobernador interino del Consejo de Castilla y de la Cámara de Castilla. En tal cargo murió en Madrid el 29 de octubre de 1783, y fue enterrado en la iglesia de Santa Cruz de Madrid.

 

Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos, libs. 736, 737 y 738, leg. 11.867; Estado, legs. 6.380 y 6.399; Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, leg. 143; Archivo General de Palacio, Sección Administrativa, Expedientes Personales, caja 1.266, exp. 13.

J. Álvarez de Baena, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario histórico por el orden alfabético de sus nombres, t. IV, Madrid, Oficina de Benito Cano, 1789-1791, págs. 126-127; M. Rubio y Borrás, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, vol. II, Barcelona, Joaquín Horta, 1915-1916, págs. 220-221; J. López Yepes, El Monte de Piedad de Madrid en el siglo XVIII, vol. II, Madrid, Conferencia Española de Cajas de Ahorros, 1971, págs. 317-318; J. Fayard, Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes biográficos, Madrid, Hidalguía- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Salazar y Castro, 1982; T. Egido e I. Pinero Iparraguirre, Las causas “gravísimas” y secretas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1994, pág. 31; C. de Castro, Campomanes: Estado y reformismo ilustrado, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pág. 208; M. Á. Sobaler Seco, Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1484-1786), Valladolid, Universidad, 2000, pág. 306; J. García Martín, El juzgado de imprentas y la utilidad pública: cuerpo y alma de una “monarquía vicarial”, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2002, pág. 388.

 

Manuel A. González Fuertes