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Diego López de Zúñiga y Velasco

Biografía

López de Zúñiga y Velasco, Diego. Conde de Nieva (IV). Burgos, 1500 – Lima (Perú), 19.II.1564. Virrey del Perú.

Perteneció a una excelsa familiar nobiliaria y vistió el hábito de la Orden de Santiago. Fueron sus padres Antonio de Velasco y Francisca López de Zúñiga, III condesa de Nieva, de quien sucedió en el título.

Casó con María Enríquez de Almansa, hija del marqués de Alcañices. Del matrimonio nacieron tres hijos y dos hijas. Participó con las tropas del Emperador en la campaña de Túnez de 1535 y después en las de Italia y Provenza. Acompañó al príncipe Felipe en 1548 por Italia, Alemania y Flandes. Éste le nombró gobernador y capitán general de Galicia en 1556, cargo que mantuvo hasta ser designado virrey de Perú, cargo para el que fue nombrado en diciembre de 1558, pero no zarpó de Sanlúcar de Barrameda hasta principios de 1560, ostentando además el cargo de capitán de la Armada. Durante la travesía se perdió una carabela que fue a estrellarse a la altura de la costa venezolana. El virrey solicitó que se le indemnizase por los 20.000 ducados suyos perdidos en el accidente, más otros 15.000 de sus criados, pero la petición no fue atendida. En Panamá cayó enfermo, lo que retrasó su llegada a Perú. Finalmente tomó posesión de su cargo en Lima el 11 de febrero de 1561.

Se hizo acompañar desde España de un nutrido séquito, en el que no faltaban músicos, y muy pronto impregnó el palacio virreinal de un espíritu cortesano nunca visto hasta ese momento. Sólo la inexperiencia de Felipe II o la urgencia en el relevo del marqués de Cañete, pueden explicar el nombramiento de una persona más dada a la vida fácil de la Corte que a las urgencias que demandaba el virreinato.

De acuerdo con las Instrucciones recibidas, uno de los asuntos prioritarios de su mandato fue la realización de indagaciones sobre el debate de la perpetuidad de las encomiendas. Le acompañaron hasta Perú tres comisarios (Briviesca de Muñatones, Diego de Vargas Carvajal y Ortega de Melgosa) con el fin de recabar información, elevar al Monarca sus opiniones acerca del tema y reorganizar la Real Hacienda. El problema de las encomiendas se remontaba a los primeros años de la conquista y giraba en torno al compromiso de la Corona de premiar a los conquistadores por sus servicios mediante encomiendas y la defensa del principio de libertad que se reconocía a los indios.

Los abusos de los encomenderos movieron al Rey a suprimir las encomiendas en 1542, pero las presiones de éstos obligaron a volver a la situación anterior. Un año después de su llegada, el virrey y los comisarios habían reunido información suficiente y daban por concluida su misión. Los resultados pusieron de manifiesto las posturas contrapuestas defendidas por los encomenderos, a través de los Cabildos, y las de las comunidades indígenas y los religiosos, entre ellos el arzobispo Loaiza. Los primeros solicitaban la perpetuidad de las encomiendas, mientras que los segundos pedían su supresión. El conde de Nieva y los tres comisionados, en un voluminoso informe (4 de mayo de 1562), propusieron una solución intermedia que satisficiese las demandas de unos y otros. Recomendaron que una tercera parte de las encomiendas, en efecto, se concediera en perpetuidad a los más beneméritos; otra tercera parte se mantendría sólo por una vida; finalmente, el tercio restante pasaría a la Corona a medida que los indios fuesen vacando. El Rey no resolvió en ningún sentido y pospuso la resolución del problema para una época posterior.

Otro asunto de gran relevancia que debía acometer el conde de Nieva y los comisarios fue el hacendístico.

Las nuevas directrices de la Corona para la administración de este ramo (1557) suponían grandes cambios, toda vez que se trataba de unificar toda la organización fiscal de la Monarquía en un solo organismo, el Consejo de Hacienda de Castilla, suprimiéndole al Consejo de Indias las amplias funciones que en esta materia gozaba desde su creación. Era una medida encaminada a salvar la grave situación financiera heredada por Felipe II. El estado en que encontraron el conde de Nieva y los comisarios la Hacienda virreinal era bastante comprometido después de la poco afortunada gestión del marqués de Cañete y el breve gobierno de la Audiencia. Fueron sus primeros actos en esta materia revocar buena parte de lo mandado por el anterior virrey, tarea en la que mostraron mayor diligencia los comisarios. Por contra, el conde de Nieva vino a hacer gala de poco entusiasmo, más preocupado por los asuntos mundanos que por el gobierno político. Conjuntamente propusieron al Rey en 1562 una serie de medidas en materia financiera, conforme a las Instrucciones recibidas: imposición de una plusvalía en el almojarifazgo pagado por las mercaderías; introducción de la alcabala, quedando eximidos de su pago los artículos de primera necesidad; remate en la Corona de oficios que antes se daban con carácter particular y la renunciación de oficios a cambio del pago de la quinta parte de su valor.

Tras el regreso de los comisarios a España a finales de 1562, el virrey quedó encargado personalmente de los asuntos financieros. Su política, sin embargo, contribuyó más a vaciar las arcas reales que a incrementar sus fondos, por lo que los envíos de caudales a España se redujeron considerablemente. Además de incrementos de sueldos, no tuvo reparo, contraviniendo las leyes, en otorgar cargos a familiares y criados que habían viajado con él, y ello provocó el malestar de los beneméritos afincados en Perú. Entre otras actuaciones arbitrarias, proveyó contador de la Caja de Lima a Juan de Palomares, camarero suyo; dio la gobernación de Quito a Manuel de la Vega; el corregimiento de La Paz, a un sobrino de Diego de Vargas; el de los Chachapoyas, a un paje; el corregimiento de Trujillo, a un pariente del comisario Briviesca; el alguacilazgo mayor de Cuzco, a un criado de éste. Muchos de los abusos del virrey quedaron sin efecto por Reales Cedulas de enero y mayo de 1562. Entre enero y noviembre de 1563 continuó proveyendo numerosos cargos: corregidores, protectores de indios, juez de Callao, administradores de pueblos, veedores de minas, alguacilazgos y plazas en la guardia del virrey.

Tampoco atendió las órdenes recibidas para la supresión de los repartimientos hechos por su antecesor, así como el desmantelamiento de la Compañía de Gentileshombres, argumentando que con su proceder trataba de evitar sublevaciones y escándalos.

Se interesó el conde de Nieva por el desarrollo de la ciudad de Lima, cuya plaza mayor embelleció con arcos y una fuente; arregló las acequias y construyó alcantarillas y un acueducto para llevar agua potable a Lima. Todas estas obras superaron los 20.000 pesos, que en parte se financiaron con el establecimiento del Impuesto de la Sisa sobre la Carne que se vendía en la capital y en Callao. Las obras de conducción del agua se prolongaron durante diez años, siendo concluidas en tiempos del virrey Toledo. Introdujo mejoras y reorganizó la casa fundada por su antecesor para acoger y educar a hijas mestizas de los conquistadores. Elevó el beaterio de Nuestra Señora de los Remedios a la categoría de monasterio, bajo el nombre de la Encarnación.

Promulgó unas Pragmáticas reglamentando el protocolo en las ceremonias (tratamientos, preferencia en los asientos de las autoridades, etc.) Autorizó al arzobispo Loaiza la fundación del Hospital de San Lázaro en Lima para los leprosos (1563).

Impulsó la política colonizadora apoyando expediciones a nuevas tierras y la fundación de ciudades.

En 1561 comisionó a Gómez de Tordoya para que poblase los territorios al oriente del río Tono; a Juan Nieto para la conquista de Apolobamba y a Melchor Vázquez de Ávila la región de los Quijos y los indios Canelos y a Diego Alemán la conquista de los Moxos, expediciones que terminaron todas ellas en fracaso.

Al capitán Ñuflo Chaves se debió la fundación de Santa Cruz de la Sierra (1561) en la región de los chiriguanos, siendo destruida tres años después. En el valle de Chancay promovió la fundación de una villa que bautizó con el nombre de Arnedo, en recuerdo de su lugar de origen (1562). La fundación corrió a cargo de Luis Flores y más tarde cambió su nombre por el de la actual Chancay. De acuerdo con las instrucciones del virrey, en aquella ciudad debían establecerse españoles beneméritos, señalándose para su servicio hasta ochenta indios durante un período de diez años. Hasta ella pensó trasladar la Universidad de San Marcos y que los alumnos pudieran aprovechar mejor sus estudios, pero su propuesta no tuvo acogida en la Corte. Procuró el entendimiento con el inca Titu Cusi, refugiado en las montañas de Vilcabamba, arreglando un matrimonio con el hijo de éste y la heredera de Sayri Túpac, que finalmente no se realizó. Comisionó al capitán Baltasar Rodríguez para la fundación de Santiago de Miraflores, en el valle de Saña (1563), entre las ciudades de Trujillo y San Miguel.

Su objetivo era fomentar la población de aquella zona. Con los mismos propósitos decidió la fundación de Valverde de Ica (1563), encomendando la misión a Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo. Cinco años después fue trasladada de lugar y bautizada como San Jerónimo de Ica. Por entonces se recibieron en Perú, las nuevas Ordenanzas promulgadas por Felipe II el 13 de julio de 1563 en el bosque de Segovia sobre nuevos descubrimientos y poblaciones.

Firmó con los mineros de Potosí un asiento, según el cual obtenían jurisdicción independiente de la ciudad de La Plata (1561) y el título de Villa Imperial para la ciudad. A cambio hubieron de desembolsar la suma de 79.000 pesos. En este tiempo se descubrió el mineral de Atunsuya, en la provincia de Huamanga, para cuyas minas Polo de Ondegardo elaboró unas Ordenanzas (1562), pioneras en su género. Trataban del fomento y desarrollo de la producción de plata, así como la regulación del régimen laboral indígena. La producción de azogue, hasta entonces muy reducida, experimentó un gran avance con el impulso dado por el virrey. Mediante Provisión (21 de julio de 1561) derogó las medidas restrictivas impuestas por su antecesor y permitió la libre búsqueda y el laboreo de los yacimientos de azogue, a cambio del pago del quinto real. Como resultado de ello, fueron descubiertas por Amador de Cabrera y con la ayuda indígena, las minas de Huancavelica (1563). El yacimiento se encontraba a 3.800 metros de altitud y muy pronto se convirtió en el más importante centro productor de azogue de América. El hallazgo permitió abastecer los minerales de plata peruanos y reemplazó las remesas procedentes de Almadén. El 1 de enero de 1564 Amador de Cabrera registró oficialmente el descubrimiento, al que se fueron incorporando nuevos hallazgos. En febrero de ese año el conde de Nieva determinó que la explotación de aquellas minas era regalía de la Corona y que ningún particular podía explotarlas sin licencia expresa del propio virrey.

Publicó unas Ordenanzas de la coca (1563), continuando la labor legislativa sobre esta materia iniciada por su antecesor en 1558. En ellas se reglamentaba todo lo referente a la organización laboral, salarios, período de trabajo y forma de prestaciones, otorgando a los curacas un protagonismo decisivo de intermediarios entre los españoles y los indígenas. Establecía penas y multas menores para los transgresores que las contempladas en el código de 1558. Durante estos años el número de chácaras y el comercio de la coca aumentaron de forma significativa, siendo la región de Cuzco donde se centralizó la mayor parte de la producción. Esta normativa fue sustituida por el virrey Toledo y sus nuevas ordenanzas de la coca (1572 y 1575).

En 1559 se creó, con sede en La Plata, la Audiencia de Charcas con cinco oidores y un presidente. El conde de Nieva fijó sus límites territoriales en torno a cien leguas alrededor de la capital, lo que pareció muy poco y llevó a Felipe II a extender su jurisdicción mediante Real Célula de 29 de agosto de 1563.

En ella se incluían los territorios de la provincia de Tucumán, Mojos, Chuncos y Cuzco que se separaba de la de Lima. Esta Audiencia planteó, desde su fundación, conflictos con el poder virreinal y algunos la consideraron innecesaria. Los años posteriores vinieron a confirmar los temores sobre sus deseos de independencia con relación al virrey y los sucesivos pleitos a que ello dio lugar. En Quito se creó otra Audiencia (1563), continuando la descentralización de Perú. Gobernaba los territorios de Quito, Popayán y Yaguarsongo. Su primer presidente fue Hernando de Santillán, quien no tardó en enfrentarse con el virrey y con la Audiencia de Lima al tratar de gobernar con autonomía el territorio de su jurisdicción.

El conde de Nieva murió sorpresivamente en febrero de 1564. Sobre la causa de su fallecimiento circularon interpretaciones diferentes. Una de ellas, recogida por Ricardo Palma en sus Tradiciones peruanas, atribuyó el desenlace a sus inclinaciones amorosas, siendo víctima de un marido deshonrado, concretamente Rodrigo Manrique de Lara, a cuya esposa cortejaba el virrey.

No faltaban argumentos, ya que eran conocidos por toda la población los amoríos del conde de Nieva. Tal es así que había dado lugar a que el Rey le remitiera una Real Cédula (27 de febrero de 1563) instándole a llevar una vida más recatada. Los oidores de la Audiencia y el Cabildo limense ofrecieron la versión de que el motivo de la muerte fue un ataque de apoplejía, esto es, una hemorragia cerebral espontánea, que le sobrevino en palacio seis o siete horas antes. La misma opinión compartieron el arzobispo Jerónimo de Loaiza y fray Reginaldo de Lizárraga, siendo ésta la causa que más se acerca a la verdad.

Tras su muerte, la Audiencia embargó sus bienes en prevención de los excesos cometidos y las partidas arbitrarias ordenadas con cargo a la Real Hacienda.

Conocedor Felipe II de las escasas dotes políticas del conde de Nieva y su vida licenciosa, decretó en 1563 su relevo, aún antes de haberse cumplido el tiempo de su mandato. Su sucesor, el licenciado García de Castro, llegó a Lima (octubre de 1564) varios meses después de la muerte del virrey. Entre otras atribuciones tenía la de tomar residencia al conde, poner fin a sus dispendios y corregir su ruinosa actuación en materia hacendística. Al licenciado Castro se le dieron también facultades para residenciar a los corregidores y otros oficiales nombrados por Nieva. Sus pesquisas vinieron a confirmar la pésima gestión que denunciaron los comisarios y fiscales de la Audiencia.

Su labor como virrey no ha merecido una opinión favorable. Ismael Sánchez Bella escribió que el conde de Nieva no reunía las condiciones necesarias para la misión que le había sido confiada y más parece que aceptó el cargo principalmente para enriquecerse. Por su desidia, codicia y liviandades defraudó la confianza depositada en él por Felipe II. A su vez, Vargas Ugarte lo consideró como un hidalgo de gustos refinados y más hecho a la vida cortesana y fácil que a las tareas de gobierno, no destacándose por su labor administrativa.

 

Obras de ~: Ordenanzas de la coca, 1563 [ed. de G. Lohmann Villerra, “Ordenanzas de la coca de Nieva (1563)”, en Jahrbüch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, band 4 (1967), págs. 283-302].

 

Bibl.: M. Mendiburu, Diccionario histórico-biográfico del Perú, t. V, Lima, Imprenta Bolognesi, 1885, págs. 76-83; I. Sánchez Bella, “El gobierno del Perú, 1556-1564”, en Anuario de Estudios Americanos, XVII (1960), págs. 407-524; J. A. Busto Duthurburu, El conde de Nieva, virrey del Perú, Lima, Instituto Riva-Agüero, 1963; R. Vargas Ugarte, Historia General del Perú, t. II, Lima, Carlos Milla Batres, 1966, págs. 105-127; G. Lohmann Villena, “Ordenanzas de la coca del conde de Nieva (1563)”, en Jahrbüch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, band 4 (1967), págs. 283-302; L. Hanke, Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria, Perú I, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1978, págs. 55-69; G. Lohmann Villena, Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII, Lima, Pontificia Universidad Católica de Perú, 1999; L. Deza, “La muerte del virrey conde de Nieva y la aparición de las enfermedades vasculares en la historia médica peruana”, en Revista de Neuro-Psiquiatría, 2001, págs. 292-301.

 

Miguel Molina Martínez