Cerda Enríquez Afán de Ribera Portocarrero y Cárdenas, Juan Francisco Tomás Lorenzo de la. Duque de Medinaceli (VIII). Medinaceli (Soria), 4.XI.1637 – Madrid, 20.II.1691. Gentilhombre de Cámara, presidente del Consejo de Indias, consejero del Consejo de Estado y del de Guerra, capitán general, primer ministro, Grande de España.
Fue hijo de Antonio Juan Luis de la Cerda, VII duque de Medinaceli, VI marqués de Cogolludo, VII conde de El puerto de Santa María, y II marqués de La Laguna de Camero Viejo, y de Ana María Luisa Enríquez de Ribera Portocarrero y Cárdenas (1613-1645), V duquesa de Alcalá de los Gazules, VII marquesa de Tarifa, X condesa de los Molares, III marquesa de Alcalá de la Alameda y baronesa de Antella. Heredó los títulos de VIII duque de Medinaceli, VIII conde de la ciudad y gran puerto de Santa María, VII marqués de Cogolludo, VI duque de Alcalá de los Gazules, marqués de Tarifa y de Alcalá de la Alameda, XI conde de los Morales, barón de Antella, señor de las villas de Deza, Enciso, Beja, Lobón y Chucena. Según consta en su partida de bautismo, nació en la villa de Medinaceli el miércoles 4 de noviembre de 1637 y fue el licenciado Andrés de Roncales, clérigo, presbítero y capellán en la capilla de palacio de esta villa, quien le dio el agua de necesidad ante su delicado estado de salud. Transcurridos unos días, el 10 de noviembre, el doctor Pedro del Castillo, abad de la Santa Iglesia Colegial de la mencionada villa, calificador y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, le bautizó en una pila que para este efecto se ubicó en la capilla mayor de la mencionada colegial. Fueron sus padrinos Pedro Enríquez de Ribera y Girón y Antonia María Luisa Bernarda de la Cerda, sus tíos paterno y materno respectivamente.
Contrajo matrimonio el 1 de mayo de 1653 en la ciudad de Lucena con la princesa Catalina Antonia de Aragón Folch de Cardona (1635-1697), VIII duquesa de Segorbe, IX duquesa de Cardona, V duquesa de Lerma, IX marquesa de Denia y VIII marquesa de Comares, habiéndose otorgado capitulaciones matrimoniales para el desposorio ante el escribano de número, Fernando Martínez, en Lucena el 7 de diciembre de 1652.
A los cuatro meses y veinte días de otorgadas las capitulaciones, concretamente el 27 de abril de 1653, Antonio Juan Luis de la Cerda entregó a su hijo y contrayente, Juan Francisco Tomás Lorenzo de la Cerda, la instrucción original que debía ejecutar cuando hizo su viaje a Lucena con el fin de desposarse con Catalina Antonia de Aragón. En la mencionada instrucción se hizo constar: “Lo que haveis de guardar en el discurso de este viage para vuestro mayor acierto, que como el primero que hacéis, aunque no fuera acción tan pública como la de casaros, es bien que procuréis el crédito de vuestras acciones”.
Fruto del enlace nacieron doce hijos: Luis Francisco de la Cerda y Aragón, IX duque de Medinaceli, IX conde de El Puerto de Santa María, IX duque de Segorbe, X duque de Cardona, X marqués de Denia, VIII marqués de Comares, VIII marqués de Cogolludo, VII duque de Alcalá de los Gazules, IX duque de Segorbe, X duque de Cardona y VIII marqués de Comares, contrajo matrimonio con María de las Nieves Téllez-Girón y Sandoval; Francisco de Paula (1675-1681), sin sucesión; Ana María (1654-1658), sin sucesión; Mariana Josefa Gabriela (1656-falleció en la infancia); Feliche María de la Cerda (1657- 1709), que se casó con el VII marqués de Priego, Luis Mauricio Fernández de Córdoba; y fue madre del X duque de Medinaceli; Antonia Basilisa (1662- 1679), se desposó con Melchor de Guzmán Osorio, XII marqués de Astorga de Velada, de San Román, de Ayamonte y de Villamanrique, conde de Trastámara, Villalobos y Santa Marta, sin sucesión; Ana Catalina (1663-1698), casada en primeras nupcias con Pedro Antonio de Aragón y, en segundas nupcias, con Juan Tomás Enríquez de Cabrera, VII duque de Medina de Rioseco, XI Almirante Mayor de Castilla, conde de Modica, sin sucesión; Juana (1664- 1724), contrajo matrimonio con Francisco Fernández de la Cueva, X duque de Alburquerque, marqués de Cuéllar y de Cadreita, conde de Ledesma, Huelma y La Torre; Teresa María (1665-1685), casada con Diego de Benavides y de Aragón, III marqués de Solera, sin sucesión; Lorenza Clara (1666-1697), se desposó con Felipe Alejandro Colonna, príncipe y duque de Palliano, duque de Tagliacozzo y Marino, sin sucesión; Isabel María (1667-1708), casada con Carlos Felipe Spínola Dona, duque de Sesio y San Severino, IV marqués de Babeases, con sucesión; María Nicolasa (1680-?), casada con Diego Gaspar Vélez, marqués de Guevara, XI conde de Oñate, conde de Villamediana y Campo Real, sin sucesión.
Aparte de los mencionados títulos y honores, el VIII duque de Medinaceli prestó destacados servicios al monarca Carlos II, como el de sumiller de corps en virtud de título fechado en Madrid el 25 de marzo de 1675; caballerizo mayor del Rey por nombramiento expedido el 15 de noviembre de 1683, habiendo hecho dejación de este puesto Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, X almirante de Castilla y caballerizo mayor del soberano; gentilhombre de Cámara; presidente del Consejo de Indias por título fechado en Madrid el 2 de febrero de 1679; consejero de Estado como consta en la certificación original despachada en Madrid el 20 de enero de 1676 por Pedro Coloma; consejero de Guerra; capitán general del mar océano, del ejército y costas de Andalucía en virtud de nombramiento expedido por la Señora Gobernadora Mariana de Austria en Madrid el 17 de octubre de 1668, por dimisión de Antonio Juan Luis de la Cerda, padre de Juan Francisco Tomás Lorenzo de la Cerda, VI duque de Alcalá y VIII duque de Medinaceli; caballero de la Orden del Toisón de Oro por Real Decreto de Mariana de Austria fechado el 15 de agosto de 1670, a nombre de Carlos II, otorgándosele la merced de la insignia del Toisón que había servido el VII duque de Cardona, padre de la duquesa de Alcalá, y miembro de la Orden de Alcántara según consta en la certificación expedida en Madrid a 7 de septiembre de 1647.
Medinaceli accedió oficialmente al cargo de primer ministro en febrero de 1680 como fruto de la relación de confianza que el Rey depositó sobre él. Sin embargo, Íñigo Melchor Fernández de Velasco y Guzmán, VIII condestable de Castilla, y los grupos cortesanos sobre los que tenían influencia, entraron en lid con ocasión de dicho nombramiento.
El primero accedió a tal posición al cumplir con los criterios electivos, es decir, poseer alcurnia y trayectoria política. Era un Grande de España perteneciente a una de las estirpes más antiguas de la alta nobleza. Su casa, de alto rango, emparentada con otras importantes casas nobiliarias, detentaba un amplio número de títulos y honores. Junto a la elevada posición de este aristócrata andaluz, con posesiones señoriales en Andalucía, Aragón y Valencia, se advertía una sólida experiencia política adquirida durante su presidencia en el Consejo de Indias, en las funciones como consejero de Estado y Guerra, así como capitán general del mar océano, del Ejército y costas de Andalucía y en su gestión en la Junta de Medios y en la Junta de Moneda, promovidas durante el gobierno de Juan José de Austria. Destacó también su intervención en la elaboración de proyectos económicos dirigidos a solventar la grave crisis económica del país.
Además, la reina madre, Mariana de Austria, y la reina reinante, María Luisa de Orleans, se consagraron a las intrigas cortesanas siempre a favor del condestable de Castilla que, en otros tiempos, había apoyado a la reina viuda.
En suma, la lucha por el poder se resolvió a favor de Medinaceli, siendo la primera vez que un noble de tan alto linaje recibió por expreso mandato del Rey el encargo del gobierno de la monarquía, oficializándose su posición al recibir el título de primer ministro.
Este oficio, insertado en la cúpula del organigrama político-administrativo, implica, en palabras de Tomás y Valiente, “una tentativa de delimitar la figura y encorsetarla dentro de un ámbito de competencia amplio pero no absoluto, ancho pero con fronteras, poderoso pero no soberano”. En tal sentido, desde un punto de vista jurídico, este ámbito competencial se traduce en la existencia de un desdoblamiento de poder entre el Rey y su primer ministro. Diarquía que queda materializada al estar legitimado Medinaceli para centralizar en sus manos los asuntos de Estado, solicitar consultas a los Consejos sobre los temas pendientes de resolución y asumir oficialmente el despacho directo con el monarca, entre otras funciones.
El duque, recién llegado al cargo, hubo de hacer frente a un número importante de dificultades ante la delicada situación económica de la monarquía. En tal sentido destacan las manipulaciones monetarias que, desde los reinados de Felipe III y Felipe IV, se habían ejecutado por las necesidades financieras originadas por las guerras. El gobierno de Medinaceli recoge los efectos perniciosos que estas prácticas habían ocasionado, tales como la paulatina paralización del comercio y el encarecimiento de los precios. A tal problemática se unieron una serie de catástrofes naturales, como las sequías, inundaciones, epidemias, recrudeciéndose la situación con los motines y conatos de huelgas originados por la hambruna y las actividades fraudulentas en el comercio americano, pilar de la economía cuya gestión había heredado el primer ministro en un estado deficitario. Medinaceli afrontó la situación con la puesta en práctica de reformas tales como la reducción del gasto bélico con el fin de mejorar la situación financiera.
Respecto a su política económica, ya en 1679, como presidente del Consejo de Indias y antes de acceder al cargo de primer ministro, emitió su voto particular contra la decisión de la Junta de Moneda de reducir el valor del vellón. La pragmática se dictó diez días antes de su acceso al cargo, por lo que hubo que gestionar las consecuencias de una medida que no le parecía la adecuada. La pragmática posterior, de 1684, sí se acerca más a su voto particular de 1679 dirigido hacia la estabilidad monetaria.
Por tanto, dicha política económica, a pesar de haber sido calificada de negativa a corto plazo, representa, siguiendo los últimos estudios, el inicio del cambio de coyuntura encaminada a lograr la mencionada estabilidad monetaria y de precios que sentó las bases del crecimiento en la etapa borbónica.
En suma, la grave crisis económica y las dificultades en política interior crearon el contexto favorable para el despliegue de estrategias cortesanas encaminadas a la caída del primer ministro. Tales conspiraciones dirigidas, en gran medida, por la reina madre lograron unir a los aristócratas descontentos contra Medinaceli.
Malos tiempos se presentaron para un primer ministro que era consciente de los negativos resultados de su gestión política, de los desaires públicos que sufría por parte del Soberano, del malestar de la alta nobleza ante el declive económico y del aislamiento que padecía por parte de quienes le encumbraron al cargo.
Tales circunstancias lo colocaron al final de su ministerio, solicitando al Monarca numerosas licencias para apartarse del real servicio argumentando su delicado estado de salud. El Rey le exoneró de su empleo en abril de 1685 y renunció a sus cargos políticos.
Posteriormente, en junio del año indicado, le ordenó su salida de la Corte. Imponerle su retiro de la Corte era tanto como desterrarle. Se trasladó a Cogolludo, lugar de sus estados, durante años. A continuación, se dirigió a Guadalajara, pero ante el agravamiento de sus enfermedades los familiares de Medinaceli solicitaron su retorno a Madrid para la curación de los achaques. La séptima hija del duque, Ana Catalina de la Cerda Aragón, esposa de Pedro Aragón, fue la que imploró personalmente al Monarca el regreso de su padre, logrando el beneplácito con la condición de que renunciara a todos los cargos palatinos que hasta el momento ostentaba. Retornó Medinaceli a Madrid, pero el empeoramiento de la perlesía lo llevó a la muerte el día 20 de febrero, a las 8 de la mañana, del año 1691 y fue enterrado en el convento de capuchinos de San Antonio (Madrid).
La actuación de Medinaceli en la política había concluido para siempre desde que el Rey le concedió licencia para retirarse del cargo de primer ministro en abril de 1685; en el empleo le sucedió el conde de Oropesa, presidente del Consejo de Castilla que coadyuvó, según consta en la documentación, a “derribar al duque, como efectivamente le derribó”.
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María Dolores Álamo Martell
